La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un organismo internacional no gubernamental, fundado el 13 de Agosto de 1980, en Quito Ecuador, que impulsa la lucha por la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que registró violaciones masivas a los Derechos Humanos durante el gobierno de Jeanine Añez en Bolivia.
Paulo Abrão, quien encabezó la misión de la CIDH, recomendó que se forme una comisión de investigación internacional integrada por expertos similar a la que se formó para investigar la desaparición de 43 estudiantes en México.
«Normalmente en estas situaciones…. las instituciones nacionales no están preparadas para resolver un cúmulo tan masivo de violaciones a los derechos humanos» como los registrados en Bolivia tras la destitución de Evo, dijo Abrão en una entrevista en Cochabamba.
De acuerdo con la CIDH ya son al menos 33 los muertos desde el golpe de Estado como consecuencia de la represión a las manifestaciones contra el gobierno de facto.
Abrão fue recibido en la ciudad de Sacaba por miles de personas al grito de «justicia». Al menos 9 personas que participaban de las protestas fueron asesinadas en Sacaba por las fuerzas de seguridad que responden al gobierno de facto.
Los testigos de la masacre contaron a Abrão que las fuerzas de seguridad utilizan munición real para reprimir protestas pacíficas.
«Mi hermano Julio Pinto está en terapia intensiva», dijo Félix Pinto, un campesino indígena, a Abrão y a su equipo. «Es como si estuviera muerto ahora mismo.»
El gobierno de Áñez niega que las fuerzas de seguridad tengan responsabilidad en las muertes, y el fiscal general aseguró que las balas encontradas no son del tipo que se entrega a militares y a la policía.
Como es de público conocimiento, un informe de Amnistía Internacional responsabilizó a Piñera y el alto mando de Carabineros, y de otras ramas de las FF.AA durante el Estado de Emergencia, de «usar la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta».
La respuesta del gobierno estuvo a la altura de su incomprensión de las causas de la crisis y la incompetencia para manejarla.
Un personaje de segundo orden, la subsecretaria de derechos humanos, Lorena Recabarren, se limitó a recitar, impertérrita, el atildado discurso de la política del deber ser, tachonado de clichés, frases hechas y lugares comunes.
“El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que, sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
El gobierno cree que, con el expediente de «rechazar categóricamente» el informe de Amnistía Internacional, anula las atrocidades que describe.
Se trata además, como sello distintivo de este gobierno, de una mentira.
Como ellos trabajan con libreto, el ministro del interior, Gonzalo Blumel, propaló la misma mentira:
“Desde que asumí como ministro del Interior no he recibido ninguna solicitud para resolver las inquietudes y dudas que pueda tener Amnistía Internacional. Si ellos tienen el interés por supuesto que cuando quieran nos reunimos y les entregamos información necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias“.
La directora para las Américas del organismo, Erika Guevara, difundió un documento timbrado por la recepción de La Moneda que muestra indubitablemente que solicitó una reunión con el presidente Sebastián Piñera.
La carta, fue enviada el miércoles 13 de noviembre, y fue recibida en La Moneda al día siguiente. Solicitaba una reunión para el miércoles 20. No recibió acuso de recibo, ni menos, respuesta.
Luego, en el soliloquio de la subsecretaria, vino la acostumbrada falacia ad hominem:
“Lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado”.
Y coronó con otra especialidad de la casa; la afirmación porque sí, sin otro fundamento que la declaración de la autoridad:
“El gobierno ha tenido siempre y tiene un irrestricto compromiso con los derechos humanos” (…) «la única política que ha tenido el gobierno es la de resguardo y protección de los dd.hh”.
Esa es, entre otras, una de las razones por las cuales no dan pie con bola. La élite chilena se informa a través de sus propios medios. El problema es que les creen. Se intoxican con su propio veneno.
Llevan cuarenta años escuchando la música que ponen, mientras, afuera, crecía el número del baile de los que sobran. Cuando, inevitablemente, se estrellaron ambos mundos, no saben ni donde están parados.
El comunicado conjunto de las instituciones armadas, y el de carabineros, se limita al mismo negacionismo formal, igualmente parapetado en la falta de pruebas.
El comunicado conjunto del ejército, armada y fuerza aérea, proclama:
– “no existió ni existe ninguna política de las FF.AA. para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”
– “la extensa denuncia de Amnistía no contiene ninguna prueba directa o indirecta”.
– “los soldados, marinos y aviadores se sienten orgullosos de la confianza depositada por los chilenos a través de la historia, y están comprometidos con su seguridad y bienestar”.
La directora suplente de la Dirección de DD.HH., coronela Karina Soza, dictaminó:
– “jamás ha habido intención de dañar a las personas”,
– “como toda actividad humana está sometida a la posibilidad de que alguien se equivoque”.
Como va a ser posible que la élite chilena reduzca el debate a esos aspectos adjetivos, mientras evita hacerse cargo del problema central: la masiva y sistemática violación de los derechos humanos, perpetradas por fuerzas principalmente policiales, pero también por otras fuerzas de uniforme, con el objetivo de aplastar la insurrección popular iniciada el 18 de octubre pasado.
¿Qué otras pruebas pruebas necesitan, aparte de 25 muertos; más de doscientos ojos estallados; más de 2.500 heridos atendidos en hospitales; más de 340 querellas por torturas y más de 70 querellas por violaciónes y abusos sexuales a hombres y mujeres, registradas por el INDH, un organismo del Estado?
¿Qué otras pruebas necesitan, fuera de las advertencias del Colegio Médico y de la Sociedad de Oftalmología de Chile, de que el número de lesiones oculares por perdigones representa un triste record mundial, que no tiene parangón incluso comparado con conflictos tan violentos y seculares como el que sacude a Palestina, o el golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, o las protestas de los estudiantes en Hong Kong,
¿Que otras pruebas necesitan, además de los centenares de vídeos e imágenes que circulan en redes sociales, documentando de manera indubitable la desorbitada represión policial?
¿Qué otras pruebas necesitan, encima de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del equipo especializado enviado por la ONU?
Siguiendo la lógica del negacionismo se llega al absurdo de que esas lesiones fueron autoperpetradas, o bien, perpetradas por otros manifestantes.
Parece que no se dan cuenta de que esa inagotable capacidad de mentir, característica de este gobierno, es otra de las razones de la ira de los chilenos.
Además de Piñera, un todo-terreno de esa especialidad, ha destacado con luces propias al director general de Carabineros, Mario Rozas, el cual declaró, el pasado día 22 de noviembre, en la comisión que estudia la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick:
“Ningún carabinero es formado para hacer mal a las personas. Al contrario. Somos ciudadanos que hemos salido de la comunidad para servir a la comunidad. Por lo tanto, me indigna mucho cuando alguno de los nuestros comete un abuso o un exceso y soy el primero en condenarlo. Nosotros tenemos 489 casos de civiles heridos por perdigones o por impactos balísticos y nosotros los hemos denunciado al Ministerio Público y hemos iniciado los sumarios administrativos».
Parece que se le olvidó que el 13 de noviembre, absolvió de manera anticipada a los funcionarios sumariados.
Respecto de los protocolos y los perdigones en el poco más de un mes que lleva la revuelta social ha sostenido a lo menos cinco versiones, sin que en cada una de ellas se le haya movido un músculo de un rostro de suyo pétreo.
Las más de las veces, ha afirmado que existe un protocolo, que ha sido recientemente actualizado, y que los funcionarios se ciñen estríctamente a él.
Luego, cuando la pruebas son abrumadoras, como en el caso de la agresión con perdigones a alumnas del Liceo 7, o el disparo que cegó a Gustavo Gatica, ha recurrido a la ley del corte del hilo por lo más delgado, y le ha endosado responsabilidades individuales a los funcionarios que oprimieron el gatillo.
Después, tuvo la tupé de desmentir un informe pericial de la Universidad de Chile, el cual detectó plomo y silicatos en los perdigones, que Rozas asegura son de goma.
Sin embargo, como consecuencia de ese informe, el 12 de noviembre anunció un uso acotado de las escopetas de perdigones.
El 19 de noviembre, emitió una declaración en la que confirmó que suspende el uso de balines antidisturbios, y que la escopeta de perdigones “sólo podrá ser utilizada al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”.
Una nueva falacia, puesto que Patricio Costa, presidente de la Cruz Roja en Chile, acusó que Carabineros no está cumpliendo con la restricción del uso de las escopetas antimotines en las manifestaciones:
“Hemos seguido recibiendo heridos con perdigón, incluso anoche, entonces quiero ser categórico: aquí no pueden haber dos verdades, hay una sola. O alguien está faltando a su palabra, o hay otro tipo de personajes haciendo uso de este tipo de elementos que son tan peligrosos“.
Pero, además de todas esas inconsecuencias, Rozas miente con el mayor de los descaros.
Como director general de la institución, no puede ignorar un estudio del Departamento de Criminalística de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, denominado Disparos con Escopetas Antidisturbios con Empleo de Cartuchería con Perdigón de Goma y sus Efectos en la Superficie del Cuerpo Humano, fechado en noviembre de 2012.
La principal recomendación del estudio es inequívoca:
“Se recomienda el uso de la escopeta antidisturbios en Carabineros de Chile a una distancia superior a los 30 metros y apuntando siempre hacia el tercio medio inferior del cuerpo, ya que corresponde a zonas menos vulnerables o expuestas, al estar protegidas por las vestimentas y el calzado, con la finalidad de evitar la generación de lesiones graves durante su uso y solo se cumpla la función de dispersar a las personas“.
O sea, Carabineros sabía desde esa fecha el daño que causaban los perdigones en la represión de protestas y disturbios.
En términos someros, el estudio consistió en diversas pruebas balísticas en el polígono de tiro de Carabineros, sobre blancos colocados desde cinco a treinta metros, con una escopeta antidusturbios Hatsan modelo Escort, con cartuchos calibre 12, con perdigón de goma marca TEC, el 21 de noviembre de 2012.
La prueba estuvo a cargo de la capitana Carla Fernández Martínez, perito balística y experta en criminalística; y en ella participaron el tirador, sargento Luis Peña Iturra; el fotógrafo, sargento Orlando Candia Meza, y la médico legista Vivian Bustos Baquerizo.
Los blancos consistían en planchas de madera terciada de 9 milímetros de espesor, «con el fin de simular las zonas del cuerpo humano con hueso subyacente o de mayor densidad, antecedentes con los cuales la Dra. Bustos puede desprender lesiones que pudieran generar los perdigones de goma en las distintas zonas del cuerpo, tanto en hueso como en tejido blando».
La primera prueba fue con el blanco a cinco metros.
Disparo desde 5 metros:
Dice el informe:
«Luego de analizar la superficie de impacto y los daños generados, es posible establecer que un disparo con escopeta antidisturbios, a 5 metros de distancia, generará en la superficie corporal, las heridas que se describen en la siguiente tabla:
Disparo desde 10 metros
Disparo desde 15 metros:
Disparo desde 20 metros:
Disparo desde 25 metros:
Disparo desde 30 metros:
Si Carabineros hubiese obrado con arreglo a sus propios estudios, la tragedia que afecta a centenares de familias de compatriotas no se hubiese producido, Carabineros no estaría entre las instituciones peor evaluadas por los chilenos, ni ostentaría el dudoso récord de la policía con mayor número de lesiones oculares en el mundo.
Medios de todo el mundo publicaron los resultados del informe de Human Right Watch.
Los diferentes medios de comunicación internacionales han reaccionado por el informe entregado por Human Right Watch (HRW) sobre la violación de Derechos Humanos.
The New York Times, medio estadounidense, menciona el informe entregado por la organización de derechos humanos en una nota titulada "Piñera pide ayuda de los militares a pesar de que aumentan las acusaciones de abusos". En el artículo recalcan la disociación de acciones del Gobierno en relación a los resultados del informe, donde el presidente pide "liberar a las fuerzas policiales … para proteger la seguridad de los ciudadanos".
El trasandino El Clarín empieza con la conferencia de prensa entregada por HRW hoy con la frase de José Miguel Vivanco: "Miembros de las fuerzas policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos". Además el medio argentino relató cómo se llevó a cabo la conferencia donde se comunicaron detalles del informe de 18 páginas.
El Comercio de Perú titula con "El lapidario informe de HRW que denuncia violaciones a los derechos humanos por abuso policial en Chile". El diario peruano revisa la metodología del informe y pone en contexto las denuncias hechas por la organización, con los heridos y fallecidos durante el estallido social.
El argentino Página 12 comienza resaltando que este documento se suma al llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el informe de Amnistía Internacional. Principalmente se centran en los abusos cometidos a detenidos y la utilización excesiva de fuerza por Carabineros.
El medio radial colombiano, RCN Radio, habla sobre que la policía chilena cometió "graves violaciones de derechos humanos" y repasó las conclusiones sacadas del documento y las "pruebas consistentes" conseguidas en el informe sobre disparos con perdigones, fallecidos y abusos a personas detenidas por parte de Carabineros.
El Tiempo, medio venezolano destacó del informe de HRW que "Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas".
El diario uruguayo El Observador titula con "'Golpizas brutales y abusos sexuales' de Carabineros en la represión de protestas en Chile" y se destacan las coincidencias con el reporte de la semana pasada entregado por Amnistía Internacional.
El medio alemán Deutsche Welle comienza con la reunión sostenida por Vivanco y Sebastián Piñera antes de la entrega oficial del informe en el que se dieron a conocer que: "En Chile se han registrado graves violaciones a DD.HH por parte de Carabineros" y añade sobre la reforma a la fuerza policial que se le solicita al Gobierno.
El diario español El País hace un repaso por todo el informe entregado por la organización y señala como una de las principales denuncias las hechas por "el uso excesivo de la fuerza contra transeúntes y manifestantes, como abusos durante la detención de los ciudadanos, tales como palizas brutales y abusos sexuales".
Otro medio de ese país, La Vanguardia resalta la frase dicha por el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, "no puede haber simpatías ni justificaciones por el exceso de uso de la fuerza en el control del orden público".
Al Jazeera de Medio Oriente recalca el rechazo hecho por el Gobierno al informe entregado la semana pasada por Amnistía Internacional. Además subraya la petición que hizo Human Right Watch de que la policía chilena tiene que reformarse urgentemente después de las graves violaciones a los derechos humanos producidos durante las más de cinco semanas de protestas.
La investigadora para contextos de crisis del organismo apuntó a una "responsabilidad de mando que claramente va a tener que rendir cuentas". Con el informe dado a conocer este jueves esperan que la comunidad internacional tome cartas en el asunto.
En entrevista con CNN Chile, la investigadora para contextos de crisis del organismo, Pilar Sanmartín, sostuvo que “la generalidad de estos ataques dan cuenta de una responsabilidad de mando que claramente va a tener que rendir cuentas“.
“Las conclusiones son bastante contundentes. Tenemos toda la convicción de que el Estado cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional“, comentó.
Sanmartín afirmó que “estas cifras escandalosas dan cuenta de que efectivamente hay un patrón y una intención”.
Ante la pregunta de si es posible hablar de una violación sistemática de DD.HH., la investigadora respondió que “no lo descartamos, habría indicios, es algo que tiene que ser analizado”.
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“Hemos visto una concertación de agentes del Estado para cometer estas graves violaciones de DD.HH.”, agregó.
¿Qué consecuencia puede tener el informe?
Sanmartín explicó que “la intención del informe es dar claves a las autoridades respecto de lo que está pasando”.
“Para que cese la represión nos parece que el rol de la comunidad internacional es fundamental. Necesitamos que de una vez por todas tomen cartas en el asunto y presionen al gobierno de Sebastián Piñera para que cese la represión de forma inmediata“, dijo.
Hoy se sumaron otros tres muertos luego de enfrentamientos entre seguidores de Evo Morales contra policías.
La Paz.- Al menos otras tres personas murieron por heridas de arma de fuego y otras 30 resultaron heridas este martes en la ciudad boliviana de El Alto en enfrentamientos de seguidores de Evo Morales con militares y policías en una refinería, informó una fuente oficial.
Los enfrentamientos, que tuvieron lugar en medio de la crisis tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, se registraron durante un operativo de las fuerzas de seguridad para facilitar la salida de camiones cisterna para abastecer de combustible a la vecina ciudad de La Paz, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
"De acuerdo con información preliminar, las tres personas habrían fallecido producto de impacto de arma de fuego, se desconoce las circunstancias en que ocurrió el hecho", de acuerdo con un reporte de esta entidad.
Los heridos fueron llevados a hospitales de El Alto y de La Paz, algunos de gravedad que "requieren de cirugía", según la Defensoría, que alertó de que se necesitan "médicos y medicamentos con suma urgencia" para atenderlos en alguno de estos centros sanitarios.
La entidad reclamó la desmovilización de las Fuerzas Armadas "a fin de evitar más muertes", al entender que la situación en el país "requeriría sólo la intervención policial con fines disuasivos y de diálogo".
Por su parte, las Fuerzas Armadas aseguraron en un comunicado que habían recibido "información de inteligencia" sobre el riesgo de que la refinería de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fuera tomada y destruida.
El Ejército y la Policía realizaron una operación conjunta para preservar "un servicio público esencial estratégico", que se desarrollaba "de forma pacífica" hasta que "enardecidos y vándalos destruyeron parte de las instalaciones", según los militares.
Los violentos, añade el comunicado, utilizaron "explosivos de alto poder", con riesgo de "una explosión en cadena" en la instalaciones.
Los incidentes se produjeron después de que militares y policías, con vehículos blindados y el apoyo de un helicóptero, escoltaran un convoy de camiones cisterna en su salida hacia La Paz para abastecer gasolineras de la ciudad, en la que escasea el combustible.
Los militares y policías realizan operaciones conjuntas desde el 11 de noviembre para frenar la violencia en el país, donde desde los comicios del 20 de octubre han muerto al menos 27 personas y más de 700 han resultado heridas, según datos oficiales.
El 10 de noviembre, Evo Morales anunció su renuncia tras casi catorce años en el poder, forzado por las Fuerzas Armadas, y al día siguiente salió hacia México, donde está asilado.
as protestas comenzaron al día siguiente de las elecciones entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que fue proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo, pero renunció tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios.
La renuncia de Morales ha sido calificada de "golpe de Estado" por varios gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
La llegada al país de esta avanzada de la CIDH tiene como propósito organizar la visita de los comisionados a partir de la información recogida, y tomar decisiones sobre los temas, lugares y personas que serán entrevistadas. “Esta es una misión técnica preparatoria que se realiza tanto para los aspectos procedimentales como para los sustantivos. Consiste en una escucha preliminar, tanto de los actores estatales como de los organismos autónomos y de la sociedad civil”, explicó en la instancia Paulo Abrao.
Este lunes 18 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio a la investigación en terreno sobre los múltiples casos de violaciones de los DDHH en Chile, en el marco de las movilizaciones desarrolladas desde el 18 de octubre.
La Casa Central de la Universidad de Chile, una de las instituciones que expuso ante el organismo internacional la situación del país en la audiencia pública celebrada el pasado 11 de noviembre en Quito, fue el espacio en el que se desarrolló la primera reunión de trabajo de la CIDH a nivel local. En la instancia, su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, recibió a representantes de unas 50 organizaciones de la sociedad civil para recabar información sobre vulneraciones a los Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales.
La llegada al país de esta avanzada de la CIDH tiene como propósito organizar la visita de los comisionados a partir de la información recogida, y tomar decisiones sobre los temas, lugares y personas que serán entrevistadas. “Esta es una misión técnica preparatoria que se realiza tanto para los aspectos procedimentales como para los sustantivos. Consiste en una escucha preliminar, tanto de los actores estatales como de los organismos autónomos y de la sociedad civil”, explicó en la instancia Abrao.
A partir de esta instancia, y antes de la visita en pleno de la Comisión, Abrao aclaró que es posible que se emita un “primer comunicado descriptivo que incluya algunos mensajes fundamentales que deben ser dirigidos al Estado ya en este momento, porque puede ser que existan cosas que la Comisión tiene que enviar como mensaje fundamentalmente ahora.
Por su parte, el coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, aseguró que para el equipo que colaboró en hacer posible esta misión “es muy satisfactorio que comience el trabajo para preparar la visita in loco en nuestra Casa Central. Esperamos que esta sea una visita con real participación de la ciudadanía y que constituya efectivamente un mecanismo de supervisión y protección de Derechos Humanos”.
El reporte de la sociedad civil
Uno de los representantes de los organismos de la sociedad civil presentes en la instancia fue el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez. El dirigente estudiantil explicó que la llegada de la CIDH “tiene una relevancia tremenda porque las organizaciones de la sociedad civil vemos en la Comisión un foco de esperanza, porque sabemos la posición que han tenido el Gobierno y el Estado en relación con la brutalidad policial y a no escatimar, en ningún momento, el uso y la exacerbación de la violencia en la resolución de los conflictos que tienen un tinte político antes que únicamente de orden social, que es un efecto de problemas políticos y sociales que se arrastran de hace tiempo”.
El abogado y representante del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, Pascual Cortés, explicó que tanto la audiencia como la llegada de una comisión investigadora de la CIDH a Chile son medidas necesarias, “considerando que el país pasó por un período de excepcionalidad en cuanto a las medidas de emergencia que se adoptaron. Sabemos que en Chile es muy difícil que se esclarezcan los hechos cuando se trata de un contexto de violencia policial, que se establezcan sanciones contra los funcionarios que incurren en esos actos de violencia y lo sabemos como Comité de Derechos Humanos de La Legua, porque eso es algo que los pobladores y pobladoras vienen viviendo hace casi 20 años, que es lo que ha durado la intervención policial”.
“Como Londres 38 Espacio de Memoria creemos que es sumamente importante que organismos internacionales se pronuncien sobre la situación en Chile. Nosotros estamos conscientes y hemos sido un punto de primeros auxilios en todos estos días de manifestaciones y hemos visto de primera fuente la cantidad de heridos, la desproporcionalidad que existe en la represión de las Fuerzas Especiales de Carabineros, y en su momento los militares, y lo que esperamos es que al CIDH recoja todas las denuncias, las sistematice y que haga recomendaciones al Estado respecto de esto”, señaló la coordinadora ejecutiva de Londres 38, Alexandra Benado.
Los informes a la fecha
De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del 15 de noviembre pasado, se han constatado 6.362 personas visitadas en comisarías, de las que 759 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la institución ha presentado 346 acciones judiciales, de las que 5 corresponden a querellas por homicidio, 7 por homicidio frustrado, 58 por violencia sexual y 246 por torturas y tratos crueles,
En su presentación ante la CIDH en Ecuador, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, informó que en relación con los casos recibidos directamente por la institución, 174 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de vulneraciones a sus Derechos Humanos a lo largo de Chile. De ellos, 12 han sufrido heridas por balas, 12 por perdigones y cinco han sido víctimas de traumas oculares.
Finalmente, de acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio Público, durante las jornadas de movilizaciones se han verificado 1.089 víctimas de delitos constitutivos de vulneraciones a los Derechos Humanos, de las cuales 161 son niños, niñas y adolescentes. La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, en tanto, ha recibido un total de 1.015 denuncias en el marco de las movilizaciones.
Acusa que uniformados agredieron a personal médico con disparos de armas anti disturbios que terminaron con una funcionaria del SAMU herida, mientras atendían a un hombre en paro cardíaco en Plaza Italia. El afectado, Abel Acuña de 29 años, murió en ex Posta Central.
Tanto los funcionarios del SAMU, como el Colegio Médico y diversas organizaciones vinculadas a la salud y los DDHH, denunciaron hoy el accionar represivo de Carabineros que impidió atender debidamente a una persona que sufrió un paro cardíaco anoche en Plaza Baquedano, hoy rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad
Anoche: Repudiable ataque de carabineros a SAMU en el que una funcionaria de la institución, que reanimaba a persona en PCR, recibió perdigón en medio actuar de lacrimógenas y lanzaaguas .
Paciente falleció y funcionaria resultó con lesiones.
“Como ya es de público conocimiento, el día viernes 15 de noviembre, a las 21.22 horas, personal del Servicio de Atención Metropolitana de Urgencia (SAMU) acudió a un llamado por un paciente en paro cardíaco en las inmediaciones de Plaza Italia, quien estaba siendo asistido por brigadas de voluntarios SAMU. Por la gravedad de lo relatado, se envió al equipo de la ambulancia tripulada con personal médico para la reanimación del paciente”, señala el comunicado difundido esta mañana.
“Durante el procedimiento se realizaron todos los esfuerzos por darle la mejor atención al paciente, sin embargo el equipo médico y primeros respondedores, fueron agredidos por personas de Fuerzas Especiales de Carabineros, a través de carro lanza aguas, gases lacrimógenos y disparos de armas antidisturbios“, acusan.
“Esta agresión impidió dar los cuidados necesarios al paciente, debido a la inseguridad de la escena”, indican en el texto.
“Durante este procedimiento resulta herida en una pierna por balines una de las funcionarias SAMU que estaba reanimando al paciente. Existen testimonios audiovisuales de toda la situación, y la constatación de lesiones correspondiente. Lamentablemente el paciente falleció en la Urgencia de HUAP (ex-Posta Central), a pesar de los esfuerzos del personal de urgencias que atendió esta situación”, lamentaron los funcionarios del SAMU.
En ese sentido, en el documento señalan que “como funcionarios de la salud no podemos tolerar el actuar de la Fuerza Policial. En nuestro desempeño habitual colaboramos mutuamente con Carabineros en distintas instancias, y no tenemos registro de una situación en que la propia Fuerza Policial agrediera a personal de salud”.
Frente a esta situación, desde el Colegio Médico y las asociaciones de funcionarios SAMU exigieron una respuesta inmediata y contundente a las autoridades. Además, aseguraron que, pese a este amedrentamiento, no cesarán en sus labores de atención pre-hospitalaria. Se dejó constancia de estos hechos en una denuncia realizada en la Fiscalía Metropolitana.
La declaración fue firmada por el presidente de la Asociación de Funcionarios SAMU, Héctor Romero, el presidente de la Asociación de Funcionarios Profesionales SAMU, Alejandro Landeros, y el presidente del Capítulo Médico del SAMU Metropolitano, el doctor Jorge Ramírez.
Este es el vídeo de Carabineros mojando a la ambulancia que tenía que asistir a Abel, el joven que murió de un paro mientras reprimían a los paramédicos en Plaza Dignidad.
Lamentamos esta situación y exigimos que el Estado se haga responsable.#Chilepic.twitter.com/XOwwvkw7GE
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU comentó la noticia: "Si bien la sociedad debiera hacer un esfuerzo para reducir la tensión y eliminar la violencia de las calles, el cuerpo de Carabineros debiera también empezar a ceñirse a los protocolosrespecto al armamento y a las prácticas utilizadas y aceptar las responsabilidades respecto a la vulneración de los derechos humanos que ya sucedieron; haciendo también especial atención a la represión que se da aun en las protestas pacíficas".
It's Mutiliation: Chilean Police Are Blinding Protesters: We Spoke to the Injured | The Dispatch Es Mutilación: La policía chilena deja ciegos a los manifestantes: Nosotros hablamos con los heridos | En Envío
La Defensora de la Niñez, Patty Muñoz García, fue directa y vehemente en su exposición sobre la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes
"Como Defensora de la Niñez, puedo sostener responsablemente que existen antecedentes calificados para sostener que en Chile se han violado grave, sistemática y generalmente los derechos humanos". Esta fue la potente frase que expresó con indignación y vehemencia, la Defensora de la Niñez, Patty Muñoz García, en el marco del 174º período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en la ciudad de Quito.
Además de representantes del gobierno, también estuvieron presentes ante la plenaria de la comisión, exponentes de la sociedad civil y la academia, como la Universidad de Chile participa a través de la Cátedra de DD.HH. de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, en la que estuvieron incluídos el Centro de Estudiantes de Derecho (CED), la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, entre otros.
La Presidenta de la comisión, Esmeralda de Troitiño, administró con severidad el tiempo de las partes que concurrieron a la sesión y a la hora de tomar la palabra, reconoció el protagonismo de adolescentes y estudiantes en Chile en abanderar la defensa de los DDHH, y expresó preocupación por la violencia y por expulsiones que han enfrentado Niños, Niñas y Adolescentes en castigo a su compromiso por los DDHH.
El relator de la comisión, Luis Ernesto Vargas saludó que el gobierno de Chile haya autorizado la visita in loco de observación sobre la situación general de los Derechos Humanos, en el marco de las protestas sociales. Vargas lamentó que sus anteriores llamados a la administración del Presidente Piñera, no fueran escuchados.
La voz cantante por parte del estado, estuvo a cargo de Mijail Bonito (Ministerio del Interior de Chile), quien hizo una pormenorizada exposición de los daños de infraestructura, tanto pública como privada, así como las medidas que en materia de protocolo sobre el uso proporcional de la fuerza, han adoptado los organismos de seguridad y militares.
Sobre el resguardo a la libertad de expresión, Bonito recordó que ha habido coordinación entre los canales de televisión y diarios que “estaban siendo amenazados para saquearlos y quemarlos”.
Pero las afirmaciones de la Defensora de la Niñez arrancaron aplausos de los concurrentes. "En la frialdad que tienen los números no alcanzan a reflejar la brutalidad de la violencia policial con niños, niñas y adolescentes a lo largo de Chile. El Estado a incumplido su deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos ¿donde está la subsecretaría de la Niñez? ¿donde está la subsecretaría de Derechos Humanos?".
Los autores escriben aquí a título personal,
como abogados y no como consejeros del INDH.
Las violaciones graves a los derechos humanos
en Chile con ocasión de las masivas protestas que ocurren desde hace tres
semanas están sorprendiendo a la comunidad internacional. No sólo los
observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas están presentes en el
país, sino que también observadores de ONGs internacionales como Amnesty
International y muchas otras, todos quienes han expresado desde ya su
preocupación por la gravedad de lo que han podido apreciar. Asimismo, el lunes
tomará lugar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
donde representantes de la sociedad civil expondrán la situación de derechos
humanos, la que está en la retina del resto del mundo.
La violencia institucional que se ha revelado
con rasgos bastante masivos en cuanto a las víctimas, por cierto, no es una
consecuencia necesaria de la violencia, sea anómica u organizada, que ha
llevado a saqueos e incendios, ni menos del control del orden público frente a
las movilizaciones populares.
Los miles de heridos, cientos de ellos con
heridas oculares, incluyendo estallidos y pérdida de visión, ponen de
manifiesto la falta de respeto a sus propios protocolos de uso de la fuerza por
parte de Carabineros, de manera que, aunque se ejerza pacíficamente el derecho
a reunión y protesta, ello puede resultar en un riesgo a la vida e integridad de
los ciudadanos y ciudadanas. Aún más indignantes son las denuncias de torturas,
incluyendo las que implican violencia sexual, así como las muertes ocasionadas
por agentes estatales.
Esto sigue sucediendo en todo el país, con la
misma recurrencia y crudeza, aunque ya ha sido advertido por diversas
instituciones, se le ha representado a las autoridades y pedido que tomen
medidas para evitarlo.
“Ayer, expertos de la ONU han indicado que el
elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no
letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y ha violado los
requisitos de necesidad y proporcionalidad”.
Este nivel de violencia parece inédito para un
país que dejó atrás hace casi tres décadas una dictadura y cuyas élites se
ufanaban con sus promesas de desarrollo futuro. Sin embargo, no es tan
sorprendente, salvo en su magnitud y alcance, si se toman en cuenta patrones
que se han repetido a menor escala por años.
Por supuesto, la inequitativa realización de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el modelo
económico-social y constitucional vigente está a la base de las demandas
sociales, pero los mismos derechos civiles han sido atacados constantemente
respecto a ciertos grupos vulnerables, como se ve en la represión de la
protesta mapuche, la violencia contra la mujer, la discriminación contra los
extranjeros, la violencia contra la población LGBTI, y la represión de las
protestas estudiantiles, entre tantos otros ejemplos.
Lamentablemente, la violencia de quienes
actúan a nombre del Estado ya ha estado presente como una respuesta constante
frente a las manifestaciones de descontento y las demandas de transformación
profunda en la sociedad.
A pesar de esta realidad, también es evidente
que hemos visto en pocos días una escalada y concentración de violencia estatal
que ha roto todas las ilusiones de ser un país modelo de democracia.
Los desnudamientos, violaciones y abusos
sexuales que se han reportado nos develan un peligroso patrón que emerge cuando
se dirige la violencia por agentes estatales contra mujeres, e incluso niñas y
niños.
La violencia innecesaria al momento de las
detenciones, las denuncias recurrentes de tortura y otros tratos crueles nos
pone frente a los ojos, que las peores facetas de la violencia estatal no se
han erradicado completamente, pese a todos los esfuerzos por mejorar la
formación en derechos humanos de las fuerzas policiales.
Ayer, expertos de la ONU han indicado que el
elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no
letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y ha violado los
requisitos de necesidad y proporcionalidad. Ello incluye el uso de munición que
puede provocar y ha provocado heridas muy graves. De ello deriva, y de la
práctica de disparos directos a zonas vitales del cuerpo, con toda seguridad,
nuestro tristemente célebre record mundial e histórico en pérdida de visión por
armas de fuego, como lo ha indicado la Asociación de Oftalmólogos.
La forma en que han sido tratados adolescentes
en las manifestaciones, incluso con la irrupción de policías al interior de los
establecimientos escolares, y en su posterior detención, muestra como su
calidad de sujetos de derechos fundamentales no es respetada por las
autoridades.
Los extranjeros, durante estos días, también
han sido agredidos con fuerza policial excesiva, heridos, detenidos y tratados
con violencia.
“La pulsión por la modernización capitalista
que ha obsesionado a las élites para llevarnos a un mañana de bienestar, ha
chocado con las formas más sombrías del ayer, convertidas en tan solo 21 días
en prácticas recurrentes, dolorosas y persistentes de violencia estatal que
lamentablemente invaden los desafíos actuales de nuestra vida en común”.
Así también, los periodistas, de medios
nacionales y extranjeros han visto obstaculizado su trabajo y han resultado
heridos. Dicho sea de paso, el rol de los medios de comunicación de la más
variada naturaleza, ha vuelto a demostrar la importancia de la diversidad,
profundidad y prontitud del flujo de la información en circunstancias como la
presente, así como la compleja responsabilidad de distinguir lo real de lo
inventado.
Un aspecto que ha comenzado a aflorar y sobre
el que hay que poner especial atención, está dado por la creciente evidencia de
modalidades de vigilancia y represión políticamente dirigida. La convivencia de
una actividad policial cuyos excesos son arbitrarios e indiscriminados con una
que tenga objetivos políticos específicos y dirigida hacia líderes sociales de
diversos sectores debe ser motivo de honda preocupación y de denuncia explícita
y, sin duda, constituirá un factor relevante a la hora de calificar y
caracterizar, en clave de derechos humanos, el período que estamos viviendo.
La pulsión por la modernización capitalista
que ha obsesionado a las élites para llevarnos a un mañana de bienestar ha
chocado con las formas más sombrías del ayer, convertidas en tan solo 21 días
en prácticas recurrentes, dolorosas y persistentes de violencia estatal que
lamentablemente invaden los desafíos actuales de nuestra vida en común.
Sin el cese terminante de las graves de
violaciones a los derechos humanos, la aplicación de la resposabilidad a sus
autores, la adecuada reparación a las víctimas, y la modificación de las pautas
de comportamiento de los agentes del Estado tampoco podremos encontrar salida a
la crisis en que estamos ahora.
El titular de la ONU está “profundamente
preocupado” por la situación en el país sudamericano, incluida la dimisión del
presidente Evo Morales, y hace un amplio llamado para que todos se abstengan de
la violencia, reduzcan las tensiones y respeten los derechos humanos.
“El Secretario General sigue profundamente
preocupado por la situación en Bolivia y toma nota de los acontecimientos
recientes, incluida la dimisión del presidente Evo Morales”, ha asegurado este
domingo su portavoz, Stephane Dujarric.
Foto: ONU/Eskinder Debebe
El Secretario General António Guterres habla
ante la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.
António Guterres “insta a todos los actores
relevantes a abstenerse de la violencia, reducir la tensión y ejercer la máxima
moderación”.
Además, les pide que cumplan con el derecho
internacional, especialmente los principios fundamentales de derechos humanos.
El Secretario General también les hace un
llamado “para que se comprometan a lograr una solución pacífica de la crisis
actual y a garantizar elecciones transparentes y creíbles”.
La declaración se produce después de conocerse
la dimisión del presidente del país, Evo Morales, este domingo tras varias
semanas de protestas que comenzaron después de que la oposición y varios
movimientos cívicos denunciaran un supuesto fraude en el recuento de votos de
los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, lo que le habría dado su
cuarto mandato consecutivo.
La ONU con todos los bolivianos
Poco antes de conocerse la dimisión de
Morales, la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia publicó un comunicado en
el que asegura que “se une a las voces de la sociedad boliviana por restablecer
el orden y la paz social”.
Y hace un llamado para prevenir la vulneración
de los derechos humanos de todos los bolivianos, en especial el derecho
fundamental a la vida.
Finalmente, reitera su compromiso por la paz
social, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la
democracia.
“Por fin me dieron la libertad tras la prisión
preventiva. Quiero darle un saludo enorme a todo el pueblo de Chile que está
peleando”. Esas fueron parte de las palabras de David Veloso Codocedo (21),
soldado de la Tercera Brigada Acorazada “La Concepción” en Antofagasta, que se
negó a participar en el Estado de Excepción, al quedar en libertad la noche de
este jueves.
Lo anterior, luego que la Corte Suprema
ordenara este jueves -en fallo unánime- su liberación. Según se reveló en su
momento, la madrugada del domingo 20 de octubre el militar estaba a punto de
embarcarse a Santiago, cuando botó su fusil al suelo y se retiró.
De acuerdo a lo informado por T13, Veloso
mostró su gratitud sosteniendo que “quiero dar las gracias a todo el pueblo de
Chile que compartió mi causa, que era totalmente desconocida”.
En esa misma línea, el joven militar añadió
que “por comentarios de mi familia supe que todo esto se estaba divulgando y
gracias al apoyo de todos ustedes puedo estar ahora donde quería: con mi
familia”.
Si bien la segunda sala de la Suprema revocó
el fallo en el recurso de amparo de la Corte Marcial, el proceso administrativo
contra el militar sigue en curso.
Según indicó el abogado de Derechos Humanos
Cristian Cruz, quien representa a David Veloso, lo ocurrido es “una señal de
que los soldados pueden razonar, que no están obligados a cometer delitos”.
“Se reconoce la hidalguía de este soldado, que
quizás era el último dentro de la jerarquía, atreviéndose a hacer lo que los
oficiales y altos mandos no hacen, que es usar la cabeza y respetar a sus
compatriotas y conciudadanos”, sostuvo Cruz.
La
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU, ante los
acontecimientos que se han vivido en Chile en las últimas semanas en los que la
represión a la protesta social ha adquirido niveles de brutalidad solo
comparables con lo ocurrido en los tiempos de la dictadura militar, declara que
repudia y condena las detenciones arbitrarias, torturas, homicidios,
violaciones sexuales y vejaciones que han sido prácticas generalizadas en el
accionar de la policía y militares responsables de la represión.
Más de
10mil detenidos, 2.500 heridos, 20 muertos, 15 casos de violencia sexual, 179
denuncias de torturas e innumerables situaciones de tratos crueles inhumanos y
degradantes han caracterizado la violencia con que el gobierno chileno ha
intentado enfrentar la movilización social.
En estas
acciones represivas, la policía militarizada chilena ha puesto en práctica una
nueva modalidad de terrorismo estatal, consistente en la mutilación ocular. En efecto, durante la represión a los
manifestantes, tiradores policiales expertos y entrenados, utilizando certeros
disparos de balines de goma han impactado deliberadamente en un ojo a casi 200
personas provocándoles irremediables mutilaciones oculares.
Ésta
práctica criminal constituye un atentado flagrante a la vida de las personas
que condenamos por cuanto su efecto apunta a producir daños irreparables a las
víctimas y causar terror en la población.
Advertimos
a la comunidad democrática internacional sobre esta nueva práctica de violencia
estatal inaugurada por la policía militarizada chilena. Y llamamos la atención
acerca de la necesidad de identificar su origen para precisar dónde, cuándo y
cómo adquirieron esta experticia criminal que debe ser condenada y desterrada
del accionar policial en la región.
Por nuestra
parte, apoyamos las acciones judiciales que en defensa de las victimas impulsan
tanto el instituto nacional de Derechos Humanos INDH cuanto la defensoría de la
niñez y las demás instancias defensoras de los DDHH en Chile, con el propósito
de impedir que estas acciones criminales queden en la impunidad.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago de Chile
declaró admisible este miércoles una querella interpuesta contra el presidente
Sebastián Piñera por el delito de crímenes de lesa humanidad cometidos en el
marco de las masivas protestas ciudadanas de las últimas semanas.
La acción legal fue presentada el pasado lunes
por representantes de la Defensoría Popular, del Comité de Defensa del Pueblo
Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica, representando un total de
16 abogados.
La acción legal fue presentada el pasado lunes
por representantes de la Defensoría Popular, del Comité de Defensa del Pueblo
Hermanos Vergara Toledo y de la Cooperativa Jurídica, representando un total de
16 abogados. | Foto: El Dínamo
De esta manera, el organismo judicial pidió
que acudieran a declarar el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el general
director de Carabineros, Mario Rozas y el general de Ejército Javier Iturriaga.
Según los juristas, la querella contra el
mandatario “tiene por objeto que se investigue la participación criminal del
presidente Piñera como autor del delito de Lesa Humanidad, el que se encuentra
acreditado a través de las graves violaciones a los DD.HH., enmarcadas en un
ataque sistemático y generalizado contra la población civil que ha salido a las
calles durante estas dos últimas semanas“.
La acción judicial sostuvo que, desde el 19 de
octubre, las Fuerzas Armadas y policías habrían cometido, al menos, nueve tipos
de delitos entre los que se mencionan homicidios, torturas y apremios ilegítimos,
abusos sexuales, violaciones, detenciones ilegales y destrucción de globo
ocular de más de 150 personas.
En ese sentido, se agrega que dichas
violaciones “han sido constatadas por diversos organismos nacionales e
internacionales, abogadas y abogados de DD.HH., quienes han denunciado la
enorme cantidad de delitos en contra de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos
mayores y en general en contra de toda la población que ha ejercido su legítimo
derecho a manifestarse”.
Al respecto, los juristas sostienen que tanto
Piñera como las diferentes autoridades policiales y militares, "lejos de
controlar y condenar el alto número de atentados a la población civil, han
declarado públicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas
militares, y de orden y seguridad en los medios de comunicación nacionales”.
Comisión chilena de
DD.HH y actores presentan querella criminal en contra del Presidente Piñera
El presidente de la
comisión chilena de DD.HH, Carlos Margotta y los actores Alejandro Goic, Daniel
Muñoz y Daniel Alcaíno anunciaron que interpondrán una denuncia penal contra el
Presidente y quienes resultes responsables por las violaciones a los derechos
humanos durante las manifestaciones. "Vamos a establecer una denuncia
criminal contra quienes resulten responsables de apremios ilegítimos, abusos y
torturas en contra de un ciudadano chileno emblemático y que representa a miles
de chilenos que han sufrido apremios y abusos", anunció Alcaíno.
Al menos dos recursos
de amparo contra el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y el general
de Ejército, Javier Iturriaga, para esclarecer el paradero de civiles
extraviados durante el estado de excepción constitucional decretado por el
gobierno de Sebastián Piñera, se mantienen vigentes en la Corte de Apelaciones
de Santiago.
El primero denuncia la
desaparición del empleado de la Corporación Municipal de San Miguel, Francisco
Samuel Galdames Jara, quien fue visto por última vez con vida el 25 de octubre,
cuando salió de su casa en dirección al trabajo.
«Esa madrugada había
numerosas patrullas militares y policiales controlando tanto el sector de su
domicilio como la ruta de traslado, y se registraron múltiples arrestos por el
personal armado, la gran mayoría inmotivados», relata el escrito judicial
presentado a su favor por la Corporación de Defensa y Protección de los Pueblos
(Codepu).
En el amparo, el
abogado Hiram Villagra destaca que los familiares de Galdames «se han dirigido
a las diferentes unidades de Carabineros de Chile, como la Comisaría 36 y el
Retén Los Jardines de la comuna de La Florida, y hasta la fecha no han tenido
noticia o información de él, además comenzaron una campaña de búsqueda por
redes sociales y no han tenido noticias».
«(…) se tiene la
presunción, casi certeza, que fue intervenido por personal de las FFAA o
Carabineros y privado de libertad en el marco de la represión a las protestas
sociales que cruzan nuestro país», señala el jurista, pidiendo informes a
distintos organismos públicos.
Hasta el momento, en
la causa rol 2228-2019 del tribunal capitalino, solo se han allegado informes
del Ejército y el Ministerio Público.
Uno, firmado por el
general Iturriaga en su calidad de jefe de la Defensa Nacional para Santiago, indica
que la identidad del amparado «no se encuentra registrada con ningún
procedimiento desarrollado por esta repartición», mientras que el segundo,
suscrito por el fiscal jefe de La Florida, Jorge Martínez, plantea que se han
ordenado diligencias a la PDI, sin resultados a la fecha.
El otro expediente
analizado por Verdad Ahora (rol 2221-2019) corresponde al caso de Kristopher
Mario Pardo González, visto por última vez «alrededor de las 15:00 horas» del
día 20 de octubre, en la comuna de Santiago. Sus familiares también sospechan
de la eventual participación de agentes de Estado.
«La denuncia de su
presunta desaparición fue entregada a las organizaciones de defensoría y
derechos humanos, habiendo sido buscado en recintos policiales y Juzgados de
Garantía, sin tener noticias de su paradero. Se ha requerido información por
distintos medios de comunicación, esfuerzos que no han derivado en ningún
resultado positivo en torno a conocer en qué lugar y condiciones se encuentra»,
explica el recurso presentado por los abogados Yuri Vásquez y Nicolás Pavez.
Con fecha 29 de
octubre, el Ministerio del Interior que hoy está a cargo de Gonzalo Blumel,
pidió rechazar el amparo, indicando «que la presentación de esta acción no
cuenta con los antecedentes que permitan afirmar que don Kristopher Pardo haya
sido detenido, ni advertir una amenaza concreta a su libertad o seguridad
personal».
Igual que en el caso
anterior, el general Iturriaga descartó que el nombre de Pardo esté vinculado
con alguna acción militar. Por su parte, Carabineros dijo que, «consultadas las
Zonas dependientes de esta Zona Metropolitana… y Departamentos que realizan
servicios policiales, éstos manifestaron no haber participado ni adoptado
procedimiento policial alguno respecto del recurrente»
«Salvo lo señalado más
arriba, no existe otro antecedente que pueda vincular al Sr. Pardo González,
con alguna actuación policial ocurrida en la data señalada en el recurso»,
concluye el pronunciamiento, firmado por el asesor jurídico de Carabineros,
mayor Rodrigo Batek León.
