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martes, 20 de febrero de 2018

Un tribunal de Perú ordena un nuevo juicio al expresidente Alberto Fujimori por el caso de Pativilca



La Sala Penal Nacional de Perú informó este lunes que el expresidente Alberto Fujimori será juzgado por los asesinatos de seis agricultores en 1992.
La corte también espera que otras 22 personas sean enjuiciadas por los asesinatos del caso conocido como "Pativilca".

El anuncio de nuevo juicio al exmandatario se produce a casi dos meses de un indulto presidencial que concedió la libertad a Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años por abusos contra los derechos humanos y corrupción.

El expresidente había recibido el indulto por motivos humanitarios, pero la Sala Penal Nacional indicó que esto no se aplica al nuevo caso.

La medida, otorgada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, generó división en la opinión de los peruanos, pues algunos lo consideran producto de un pacto político.
Fujimori, que gobernó desde 1990 hasta el 2000 (con un autogolpe en 1992), es una figura política que sigue generando controversia en Perú.

Es respetado por una parte de quienes le reconocen el desarrollo económico y la lucha contra la violencia armada en el país, pero otra parte lo rechaza por las violaciones contra los derechos humanos por las que se le condenó.

En 2009 fue sentenciado a seis años de cárcel por cargos de soborno y abuso de poder. Dos años después, a otros 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y la Cantuta, en 1992, y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, ocurridos también en 1992.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación estima que entre 1980 y 2000, el conflicto entre los grupos armados y el Estado pudo haber dejado unos 69.000 muertos y desaparecidos.

El caso Pativilca

En enero de 1992 fueron detenidos en Pativilca seis agricultores: John Calderón Ríos, de 18 años, Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29).
Los responsables de la detención eran integrantes del grupo Colina, un destacamento del ejército peruano que actuaba bajo las órdenes del mayor Santiago Martín Rivas, quien a su vez respondía al jefe del ejército, el general Nicolás Hermoza.

Los seis agricultores fueron torturados y asesinados presuntamente por "encargo" de Hermoza, quien recibió un aviso de un empresario que señalaba a que eran parte del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Los cuerpos de las víctimas fueron arrojados en un campo de esa región al norte de Lima.

Este tipo de unidades militares eran llamadas "escuadrones de la muerte" en esa época, grupos usados como instrumentos de choque en la época en la que gobernaba Fujimori.

Un integrante del grupo Colina, Jorge Ortiz Mantas, declaró ante un tribunal en 2008 sobre este caso y señaló a Hermoza, Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos del manejo de ese comando militar.


Información es de http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43121107

domingo, 11 de febrero de 2018

ONU llama al Gobierno colombiano y el ELN a respetar derecho internacional humanitario:


La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al Gobierno de Colombia y al insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) a respetar el derecho internacional humanitario y abstenerse de acciones que afecten la población civil.

"Las acciones realizadas tanto por el ELN como por la Fuerza Pública deben respetar las normas del derecho internacional de los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario, incluyendo el principio de distinción y abstenerse de afectar a la población civil", señaló la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un comunicado.

Por tanto, deben de respetarlos "tanto los servidores públicos como los particulares… también tienen que ser respetados por las personas que hacen parte del ELN y de los grupos criminales de diverso tipo", añade el comunicado.

A principios de este mes, el Frente de Guerra Urbano Nacional, perteneciente al ELN, se adjudicó un atentado con bomba en una comisaría de Barranquilla (norte), el cual dejó cinco policías muertos y 41 más heridos, y otro contra una estación de policía que dejó media decena de policías heridos en el municipio de Soledad (Atlántico, norte).

La Oficina de la ONU llamó a las partes a "persistir en sus esfuerzos de construir la confianza necesaria que permita alcanzar un acuerdo de paz basado en el respeto y garantía de derechos humanos".

El Gobierno y el ELN mantienen diálogos públicos de paz en Quito desde febrero de 2017, pero a raíz de una serie de atentados perpetrados por la guerrilla desde el pasado 9 de enero, luego de que ese día terminara un cese al fuego bilateral de 101 días, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció la suspensión de las conversaciones.

Los diálogos buscaban poner fin a un conflicto armado de más medio siglo a través de un acuerdo similar al que el Gobierno alcanzó en noviembre de 2016 con la ahora extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

martes, 6 de febrero de 2018

Costa Rica albergará a defensores de derechos humanos en riesgo


San José, 5 feb (Elpaís.cr).- Este lunes se anunció que se establecerá en Costa Rica el Programa Shelter City: un Centro de Protección Integral donde se brindará una alternativa de reubicación temporal a defensoras y defensores de derechos humanos en situación de riesgo provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Esta iniciativa busca solventar el riesgo al que se exponen las personas defensoras en su labor cotidiana, y la criminalización de la que son objeto por parte de los grupos de poder nacionales, cuyos intereses se ven amenazados.

Con la firma del Convenio entre la República de Costa Rica y Fundación Acceso para el establecimiento del Programa “Shelter City Costa Rica”, en conjunto con la Vicepresidencia de la República de Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), y la Embajada del Reino de los Países Bajos.

La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, comentó que este convenido reafirma el compromiso del país con la protección de los derechos humanos.

“Costa Rica como referente de políticas públicas en favor de los derechos humanos, considera valioso este programa, porque además de respaldar las acciones migratorias, devuelve la seguridad y la protección a personas que ven en riesgo sus vidas por defender y luchar por los DDHH.”.

El Programa Shelter City, financiado en sus primeras etapas por el Programa Nexos Hivos y la Embajada del Reino de los Países Bajos, será coordinado e implementado por Fundación Acceso, organización de derechos humanos con 25 años de trabajo en Centroamérica.

Shelter City nació en Holanda, y se ha extendido a otras regiones del mundo, como África y Georgia, donde se coordinan diversas modalidades de protección y reubicación según los contextos y la situación específica de las personas defensoras.

“Como Embajador de Holanda para Centroamérica, viajo mucho por la región. Ahí, siempre me reúno con defensores de derechos humanos. Sé lo valioso de su trabajo y los riesgos que toman. La violencia, arbitrariedades y asesinatos son muchos. Tenemos que apoyarlos. Por eso respaldamos Shelter City Costa Rica. Sin defensores de derechos humanos, no hay derechos humanos”, comentó el Embajador del Reino de los Países Bajos en Costa Rica, Peter Derrek Hof.

El Convenio que se firma hoy entre el Gobierno de la República de Costa Rica  -representada por la DGME-  y Fundación Acceso, dotará al Programa de un marco jurídico para su funcionamiento, así como de un estatus migratorio especial para las y los defensores participantes, denominado “Mecanismo de Protección Temporal”, el cual es único en la región y sólo podrá ser solicitado por  Fundación Acceso ante la DGME.

“Con este programa Costa Rica demuestra una vez más su compromiso y solidaridad con las personas vulnerables y, en este caso en particular, con los activistas, promotores y defensores de los derechos humanos en la región centroamericana.  Impulsamos el brindarles un estatus de protección temporal siendo que se han vuelto objetivos de grupos opresores que pretenden restringirlos o debilitarles. Nos sentimos orgullos de dar este paso. Esta es una muestra de ese compromiso en vías a caminar por la senda que queremos en materia de derechos humanos. Una ruta por la que hemos trabajado por muchos años como nación”, expresó Manuel González Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Las personas defensoras permanecerán en el país por un plazo de tres meses, contemplando situaciones específicas en las cuales el plazo podría ser menor, o bien, extenderse por un máximo de seis meses.

“Para la Dirección General de Migración y Extranjería ha sido un honor crear un procedimiento adecuado de acuerdo a nuestra naturaleza jurídica y a nuestra ley de migración, trabajo realizado con el objetivo de que este proyecto sea una realidad. De esta manera ayudamos a las personas defensoras de los derechos humanos en Centroamérica, reforzando nuestro propósito como país de seguir siendo defensores de los derechos humanos”, comentó la Directora General de la Dirección General de Migración y Extranjería, Gisella María Yockchen Mora.

Durante su estadía, las personas defensoras estarán acompañadas por un equipo interdisciplinario y podrán intercambiar experiencias y conocimientos con otras personas y organizaciones defensoras en el país, realizar colaboraciones a nivel comunitario e institucional y, a la vez, recibir acompañamiento integral para fortalecer su capacidad de resiliencia, de manera que puedan enfrentar situaciones difíciles, tales como criminalización, amenazas a su integridad física y emocional, estigmatización, y otros ataques sufridos por el simple hecho de defender los derechos humanos.

“Este programa responde al contexto global y particularmente centroamericano. Según el reciente informe de Front Line Defenders 2017, en el mundo se registraron 312 asesinatos a defensores y defensoras, el 85% en América Latina. Actualmente los derechos civiles se están restringiendo, se han transferido poderes extraordinarios a los cuerpos militares en los países, y como bien lo expone la CIDH existe un uso indebido del derecho penal por parte de los actores estatales y no estatales con el objetivo de criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.” Tanya E. Lockwood, Directora Ejecutiva, Fundación Acceso.

El Programa no busca ser la única respuesta a las situaciones de riesgo vividas por las personas defensoras. “Actualmente, muchas organizaciones de sociedad civil dirigen sus esfuerzos a fortalecer la protección de las y los defensores, brindando acompañamiento, apoyo psicosocial, asesoría legal y/o seguridad digital.


El gobierno señaló que las necesidades de protección son muchas y urgentes, de manera que la reubicación temporal o de emergencia resulta vital y por eso el Programa brinda la posibilidad a las personas defensoras de retomar su lucha con energías renovadas y regresar a sus países con nuevas herramientas para su protección integral”, comentó Luciana Peri, Coordinadora del Programa Shelter City Costa Rica, Fundación Acceso.
https://www.elpais.cr/2018/02/05/costa-rica-albergara-a-defensores-de-derechos-humanos-en-riesgo/

lunes, 5 de febrero de 2018

ALDHU califica la Jornada cívica en Ecuador de "Ejemplar"

JORNADA CIVICA EJEMPLAR


La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU, calificó como una Jornada Cívica Ejemplar, el evento de consulta popular verificado este domingo 4 de Febrero en Ecuador.

La masiva concurrencia de votantes que ejercieron su derecho a sufragio de manera ordenada y pacífica, da cuenta de la madures democrática del pueblo del Ecuador, que convocado por el Presidente Lenin Moreno, concurrió a las urnas para pronunciarse soberanamente sobre un conjunto de interrogantes planteadas por el presidente.

Una jornada comicial, transcurrida en paz y armonía, con pleno respeto entre los ciudadanos, demuestra que la ciudadanía ecuatoriana prefiere la convivencia y el ejercicio democrático por encima de la confrontación y el conflicto.

La importancia de las cuestiones sometidas a la consulta popular, exige un análisis serio acerca de la naturaleza del mandato que emerge de esta consulta. Es claro que el Ecuador quiere desterrar la corrupción, el abuso de poder, la manipulación de las instituciones y el autoritarismo, así como también es claro que la protección del medio ambiente, los derechos de los niños y la probidad son cuestiones que la ciudadanía reclama y demanda.

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, afirmó que el Presidente Lenin Moreno ha recibido una muestra contundente de apoyo de parte de los ciudadanos, esta contundencia es a la vez una exigencia, en el sentido de profundizar la lucha contra la corrupción y el autoritarismo.

Ecuador reclama nuevos días, una forma distinta de liderazgo, respetuoso de la gente y sus derechos.

ALDHU concluye que los resultados de esta consulta deberán compeler al gobierno a satisfacer esta demanda nacional, desterrando de verdad la corrupción y devolviendo a las instituciones públicas su carácter de servidoras del bien común y no botín del poder.

Juan de Dios Parra

Secretario General 

jueves, 1 de febrero de 2018

ALDHU se suma a condena internacional por muerte de periodistas en Brasil.


RIO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato de los periodistas brasileños Ueliton Brizon y Jefferson Pureza ocurridos el 16 y 17 de enero.

La Relatoría Especial de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expresó su "preocupación" e instó a las autoridades brasileñas a "actuar con prontitud y diligencia para aclarar los motivos de los asesinatos e identificar y sancionar a los responsables" a través de un comunicado.

El periodista Ueliton Brizon trabajaba en el portal de noticias "Jornal de Rondônia", en el estado homónimo (norte), donde publicaba noticias relacionadas con la política local y denuncias; además actuaba como concejal suplente en Cacoal, su ciudad natal.

Fue asesinado a tiros por dos individuos que circulaban en una moto; la policía todavía no identificó a los autores del asesinato y está investigando el crimen.
El periodista Jefferson Pureza, de la radio Beira Rio FM, trabajaba en Edelina, el estado de Goiás (centro), donde realizaba denuncias a nivel local y reportajes de investigación.

Según recuerda la CIDH fue asesinado con varios disparos de arma de fuego en el garaje de su casa; según la información disponible dos personas a bordo de una motocicleta le habrían abordado, disparado y huido inmediatamente después.

La Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH recuerda que los Estados están obligados a adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas y recuerda que concretamente Brasil cuenta con un "Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos" extendido a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

"Es esencial que este mecanismo se ajuste a las necesidades de los periodistas y sea ampliamente difundido (…) para que pueda ofrecer garantías efectivas a quienes se encuentran en una situación de riesgo por su actividad periodística", pidió el citado organismo.


Además, recuerdan que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que es deber de los Estados prevenir e investigar los hechos, sancionar a sus autores y asegurar a sus víctimas una reparación adecuada.