Por Francisco Arellano, Eyleen Faure, María José López,
Paula Muñoz, Yercko Olivares y José Santos Herceg
Académicos de la Universidad de Chile y de Santiago analizaron
los cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los Derechos
Humanos que se emitieron en estos 60 días. Examinaron coincidencias,
discrepancias, fuentes usadas, heridos consignados y responsabilidades
atribuidas, entre otros ítemes. Sostienen que, pese a sus diferencias, los
cuatro reportes se complementan y muestran un panorama crítico. La fuerza y
rapidez con que las violaciones a los Derechos Humanos se esparcieron, llevan a
los autores de esta columna a sostener que “el Nunca Más, por el que tanto se
luchó, en realidad, nunca fue”.
Fuente: Ciper Chile.
Académicos de la Universidad de Chile y de Santiago
analizaron los cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los Derechos
Humanos que se emitieron en estos 60 días. Examinaron coincidencias,
discrepancias, fuentes usadas, heridos consignados y responsabilidades
atribuidas, entre otros ítemes. Sostienen que, pese a sus diferencias, los
cuatro reportes se complementan y muestran un panorama crítico. La fuerza y
rapidez con que las violaciones a los Derechos Humanos se esparcieron, llevan a
los autores de esta columna a sostener que “el Nunca Más, por el que tanto se
luchó, en realidad, nunca fue”.
* El informe fue elaborado por un grupo de investigación
sobre justicia y violaciones de derechos humanos de la Universidad de Chile y
USACH dirigido por los académicos María José López y José Santos e integrado
por estudiantes de posgrado.
La reciente publicación de los informes de Amnistía
Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas
por agentes del Estado, pone sobre la mesa -con datos y evidencia contundente-
la delicada situación vivida en Chile desde el 18 de octubre.
Los abusos fueron denunciados desde los primeros días por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Amnistía Internacional[1]
también monitoreó los hechos desde el comienzo. El 24 de octubre, Amnistía
envió un equipo regional para documentar e informar sobre la situación y casi
un mes después, el 21 de noviembre emitió un informe que denunció la existencia
de graves violaciones a los DD.HH.
Ante las continuas denuncias del INDH y de Amnistía, el
gobierno solicitó la visita de dos entidades internacionales para observar y
revisar la situación: Human Rights Watch[2] y la ACNUDH (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
El informe de HRW fue presentado el 26 de noviembre.
Adicionalmente, el 6 de diciembre, la CIDH (órgano principal y autónomo de la
OEA) emitió un tercer informe, más breve, y que se basa en gran medida en los
dos anteriores. Finalmente, el esperado cuarto informe de la ACNUDH salió a la
luz el pasado 13 de diciembre.
Estos cuatro informes fueron recibidos y tratados de manera
muy disímil por parte del gobierno. El primero -de Amnistía Internacional- fue
tajantemente rechazado en sus cifras, metodología y recomendaciones, mientras
que el segundo -de Human Rights Watch– fue bien recibido y valorado aludiendo a
los mismos aspectos por los que fuera rechazado el primero.
Los informes siguientes fueron recogidos, tanto por el
gobierno como por Carabineros, valorando las recomendaciones, pero discutiendo
las cifras y eludiendo hacerse responsable frente a los crímenes denunciados.
Lo más relevante de estos informes es, a nuestro juicio, el
diagnóstico que comparten: las Fuerzas Armadas y de Orden, especialmente
Carabineros, han cometido graves violaciones de derechos humanos contra los
manifestantes, tanto en las calles como durante las detenciones. En lo que
sigue, analizaremos comparativamente cómo estos informes abordan el actuar de
las fuerzas de seguridad, estableciendo coincidencias y divergencias en lo
relativo, principalmente, a sus recomendaciones y asignación de responsabilidades.
COINCIDENCIAS
Los informes reconocen de manera clara, basándose en
información y evidencia sólida, la existencia de graves violaciones a los
DD.HH. en diversas zonas del país desde el 18 de octubre.
En el caso de Amnistía, se las caracteriza como: “violaciones
de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes
de las fuerzas de seguridad”. Por su parte, en el informe de HRW se afirma que:
“miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves
violaciones de derechos humanos”; mientras la CIDH manifiesta su “grave
preocupación por el elevado número de denuncias de graves violaciones a los
derechos humanos”. En el caso de la ACNUDH se indica, una vez más, que “se ha
producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.
Para estos informes, estaríamos frente a conductas “generalizadas”
Para estos informes, estas graves violaciones, crímenes y
abusos no son hechos aislados o excesos individuales. Por el contrario,
estaríamos frente a conductas “generalizadas” (Amnistía) o masivas, de carácter
repetitivo (CIDH), que involucran a “miles de personas” (HRW), y que “son
reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los
supuestos perpetradores y las víctimas” (ACNUDH).
Más allá de la extensión -en cuanto al número de personas
afectadas-, lo que determina que estos hechos no puedan ser considerados
aislados es que son recurrentes, coordinados y no se corrigen en el tiempo.
Uno de los aspectos en los que se centran los informes es el
mal uso de armas tanto letales como no letales. Se habla, en efecto, de un uso
indiscriminado de armamento letal por parte del Ejército y, en menor medida,
por Carabineros y PDI (Amnistía), como también de un uso indebido de escopetas
de perdigones y municiones llamadas bean bag por parte de Carabineros (HRW).
Se recalca a este respecto la falta de gradualidad,
proporción y aviso (CIDH y ACNUDH) en el uso de la fuerza. Con detenido énfasis
se denuncia, además, el uso incorrecto y alarmante de armas no letales, como
escopetas de perdigones de goma -que resultaron no ser del todo de goma- o de
gases lacrimógenos, que en manos de Carabineros y disparados directamente al
cuerpo de los manifestantes -sin apego a las instrucciones de uso-, terminan
convirtiéndose en armas potencialmente letales o al menos capaces de generar
lesiones graves (ACNUDH). Asimismo, todos los informes expresan especial
preocupación por la perturbadora cifra de víctimas con traumas oculares.
Coincidencia en acciones abusivas y énfasis en informes de violencia sexual
También hay amplia coincidencia en el tipo de acciones
abusivas que comete específicamente Carabineros en situaciones de detención.
Abusos, malos tratos, hacinamiento, golpizas,
desnudamientos, torturas, simulacros de ejecuciones y distintas formas de
violencia sexual parecen ser la tónica de las prácticas policiales en el
contexto de las detenciones.
Especial énfasis ponen los informes en la violencia sexual
sobre grupos históricamente discriminados: mujeres, niños y niñas y personas
pertenecientes a la comunidad LGTBI+. Se habla particularmente de violencia y
vejaciones injustas contra la niñez. Asimismo, se identifica el sesgo hacia
estos grupos vulnerables en el ejercicio de violencia sexual.
Se denuncia “el uso de insultos y lenguaje sexista por parte
de Carabineros y del Ejército contra las mujeres” (ACNUDH), a lo que se añade
que “los Carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres
y niñas que a hombres” (HRW). Este mismo informe sostiene el uso de la
violencia sexual como forma de “castigo” frente, por ejemplo, a la condición
LGTBI+ de la víctima.
Un aspecto poco detallado, pero en el que todos los informes
reparan, es la obstrucción de Carabineros a la labor de observadores de
derechos humanos y a la atención que presta personal médico en el transcurso de
las manifestaciones. ACNUDH, por ejemplo, señala respecto de las y los
trabajadores de la salud, que: “En varios casos Carabineros les habría
disparado o arrojado gases lacrimógenos mientras prestaban asistencia de
primeros auxilios a los manifestantes heridos”.
En cuanto a las recomendaciones, los informes coinciden en
la importancia y urgencia de una reforma radical -al menos- de la institución
de Carabineros. Esta institución debe revisar tanto aspectos de su formación,
manejo y selección de armas, apego a los protocolos y prácticas de control del
orden público, como también los mecanismos de control interno de los
procedimientos de detención vigentes.
DIVERGENCIAS
Advertidas ya las fundamentales coincidencias entre los
informes, resulta preciso constatar ahora sus divergencias, construyendo así un
cuadro general que permita ponderar, en su justa medida, la relevancia del
diagnóstico común.
En primer lugar, los informes guardan diferencias
metodológicas en lo relativo a sus fuentes documentales. En efecto, y aunque la
mayoría de ellos trabaja sobre la base de cifras proporcionadas por el INDH y
Fiscalía, con los testimonios de víctimas y testigos, y apoyándose en material
fotográfico y registros audiovisuales, HRW recoge además expresamente las voces
de la Defensoría Penal Pública, la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de
Salud, de médicos y abogados, del gobierno y, de modo marcado –mas no
necesariamente positivo para la propia institución-, de Carabineros.
El informe de la CIDH, por su parte, no considera
testimonios de víctimas, pero sí apunta constantemente a las reacciones del
gobierno (declaraciones, compromisos, oficios, proyectos de ley) frente a los
hechos denunciados. Finalmente, el informe elaborado por el equipo de ACNUDH es
el más completo en términos de fuentes: visitó 7 regiones del país, se reunió
con decenas de autoridades públicas y con más de 300 miembros de la sociedad
civil, y, además, realizó 235 entrevistas con víctimas y 60 entrevistas con
Carabineros activos.
En segundo lugar, de manera más evidente, los informes
exhiben diferencias de contenido referidas a la categorización, explicación y
proyección de la crisis de derechos humanos.
Así pues, al diagnóstico compartido que declara la comisión
de graves violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros, Amnistía
suma la presencia de hechos catalogables como crímenes de derecho internacional
y recalca con énfasis el rol victimario de militares durante el Estado de
Emergencia. Adicionalmente, Amnistía enmarca las violaciones de derechos
humanos en una política cívico-policial deliberada, intencional y sostenida de
daño y castigo a manifestantes. Afirma la existencia de un patrón de tipo y
modo de violación y de una coordinación en la represión.
En lo relativo a este aspecto preconcebido y metódico de los
ataques, HRW y la CIDH no se pronuncian. Sin embargo, de ambos informes sí
podría desprenderse que se admite intencionalidad individual en la acción de
ciertos Carabineros, al dar cuenta, por ejemplo, de disparos de armas
antidisturbios directamente al cuerpo de los manifestantes. Amnistía señala
también, explícitamente, el carácter generalizado de las agresiones. A este
respecto, aunque HRW y la CIDH no se pronuncian, sí es posible inferir tal
categoría a partir de la lectura de los informes y sopesando la magnitud de las
cifras que exponen. Cabe destacar que el informe de la CIDH se detiene, casi a
modo de caso paradigmático, en la situación de violencia indiscriminada
padecida en la población Lo Hermida de Peñalolén, Región Metropolitana.
Amnistía explica las violaciones ocurridas como parte de una
práctica ideada para desincentivar la protesta -incluso la pacífica- y como un
ensañamiento injustificado de las fuerzas de seguridad. De ahí su insistencia
en la necesidad de evidenciar e investigar las responsabilidades
(responsabilidad penal individual) de los mandos civiles y policiales, y
particularmente del Presidente, en la perpetuación de la situación de crisis.
ACNUDH resalta que la forma en que se reprime la protesta
atenta contra el derecho humano a reunión y asamblea pacífica, pero no asigna
intencionalidad de producir un efecto ulterior en la población. HRW, por su
parte, encuentra la explicación de las violaciones en la ignorancia o
incumplimiento de los protocolos por parte de Carabineros y en las alarmantes
deficiencias institucionales de control y supervisión de los uniformados. De
ahí que en este informe no se sugieran responsabilidades penales para el mando
político. La CIDH, por su lado, no entra en una consideración explicativa de
los hechos y solo habla a modo general de presuntos responsables, sin
especificar su estatus policial o político. Además, se detiene a reafirmar la
solidez de la institucionalidad democrática y de DD.HH. del país.
“hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”
El informe de ACNUDH, a diferencia de los otros, consigna
las acciones que el gobierno declara haber realizado como medidas generales
para enfrentar la situación de derechos humanos. Sin embargo, en el caso
específico de los reiterados daños oculares a los manifestantes, señala que
“hubo una omisión por parte de los responsables al no adoptarse medidas
eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”. De
este modo, la ACNUDH hace una imputación fundada de responsabilidad a las
autoridades políticas por estas violaciones de derechos humanos.
En el campo de las recomendaciones, las de Amnistía son
multifocales, poco detalladas, pero radicales. Además de una reforma aguda a la
policía, el organismo llama a un cese inmediato de la represión, a una
investigación judicial de las responsabilidades de mando, a reformas
estructurales relativas a derechos económicos y sociales, y a dar inicio a un
proceso constitucional inclusivo.
Las recomendaciones realizadas por HRW, mientras tanto, se
orientan de modo exclusivo a la esfera policial, ya buscando desactivar
prácticas (uso de perdigones, desnudamientos, arbitrariedad de detenciones), ya
promoviendo implementar otras (uso de cámaras, nuevo sistema disciplinar, nuevo
protocolo para revisiones médicas). Resalta, además, la preocupación de HRW por
el aseguramiento de óptimas condiciones laborales para Carabineros.
Por su parte, las recomendaciones de la CIDH -que más bien
son recordatorios- apuntan a un cese inmediato del uso desproporcionado de la
fuerza, a una reforma institucional de Carabineros, a un fortalecimiento de las
instituciones de protección de los DD.HH. y a una promoción del diálogo social.
ACNUDH coincide con lo señalado en los otros informes sobre
la necesidad de reformas a las fuerzas de orden y seguridad, pero agrega
recomendaciones de carácter estructural sobre los derechos humanos en Chile.
Entre ellas sobresale aquella referente al proceso constituyente, que sugiere
“que sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la
paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la
participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la
sociedad”. Además se destaca la recomendación de ratificar el Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Finalmente, los informes difieren en su actitud discursiva.
El de Amnistía manifiesta –desde su título- el propósito de
denunciar. Se vale de una constante y punzante adjetivación para marcar la
gravedad de los hechos acusados. Asimismo, sostiene una mirada crítica sobre el
proceder de las autoridades políticas y de seguridad.
El informe de HRW, por su
parte, procura ante todo informar y recomendar. Se vale de un lenguaje condicional
frente a casos de posibles violaciones aún no resueltas judicialmente y, sin
caer necesariamente en la liviandad, discurre cuidándose de no juzgar o valorar
dudosas acciones policiales de carácter procedimental o administrativo.
El informe de la CIDH, más condensado que los anteriores,
busca informar hechos, recordar acuerdos y protocolos, y celebrar reacciones
gubernamentales o judiciales. Se vale de un tono neutro y formal, y se esfuerza
por mantener una posición de imparcialidad frente a los sucesos de violencia.
ACNUDH es el informe más extenso en sus fuentes, casos y
actores entrevistados y realiza una exposición más acabada de las denuncias
incluyendo calificaciones jurídicas más precisas. Expresa un tono moderado, que
sin emitir juicios definitivos y recurriendo a la cita textual de testimonios
de víctimas, indaga en profundidad las implicancias políticas y penales de los
hechos acontecidos.
Resumen de cifras entregadas por los informes
|
Amnistía
Internacional
|
Human
Rights Watch
|
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
|
Informe
ONU (ACNUDH)
|
|
N°
|
Fuente
|
N°
|
Fuente
|
N°
|
Fuente
|
N°
|
Fuente
|
Fallecidos
|
5
|
INDH:
4
atribuidos a FFAA y 1 a Carabineros.
2 por
armamento militar, 1 por perdigones.
|
26
|
Casos
Investigados por Fiscalía.
1 por
haber recibido una golpiza de Carabineros.
3 por
disparos letales de militares.
1
atropellada por Infantes de Marina
|
26
|
5 por
acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado.
|
26
|
4 de
estos involucran la presunción de la acción de agentes del Estado
|
Lesionados
|
2.300
|
INDH
|
1.100
|
Lesionados
moderados o graves en Servicios de Urgencias
|
2.808
|
Heridos
constatados por el INDH en hospitales.
|
4.903
(M. de Justicia)
3.449
(INDH)
|
INDH:
3449 (51 sufrieron heridas por balas, 1.554 por perdigones, 198 por disparos
de armas de fuego no identificadas y 180 por balines. 1.466 personas
sufrieron heridas por golpes, inhalación de gas y otros al 06/12).
|
Heridos
con arma de fuego
|
1.400
|
INDH
|
1.015
|
INDH
|
|
|
51
|
INDH
|
Trauma
ocular
|
220
|
INDH
|
220
|
INDH.
MINSAL:
16 casos de pérdida total visión en un ojo, y 34 heridas graves que podían
resultar en pérdida total
|
Entre
194
y 283
|
MINSAL
(194)
Colegio
Médico (283)
|
Entre
239 y 345
|
345
(Sociedad chilena de Oftalmología);
352(
INDH)
239
(MINSAL)
|
Torturados
|
1.100
|
Denuncias
ante Fiscalía
|
|
|
44
|
Investigación
de Fiscalía.
|
133
|
INDH
|
Delitos
de carácter sexual
|
70
|
Denuncias
ante Fiscalía
|
|
|
98
|
Investigación
de Fiscalía.
|
24
|
(INDH)
14 mujeres, 6 hombres, 3 niñas, 1 niño.
|
Denuncias
por violación o abuso sexual
|
16
|
Denuncias
ante Fiscalía
|
|
|
26
|
Investigación
de Fiscalía.
|
108
|
Querellas
presentadas por el INDH, relativas a 166 casos (59 mujeres, 28 niñas, 52
hombres, 28 niños)
|
Violación
de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
|
|
|
327
|
Defensoría
de la Niñez. 118 lesiones físicas
54
lesiones por perdigones y balas
|
422
|
Investigación
de Fiscalía.
|
374
|
Defensoría
de la Niñez
|
Investigaciones
sobre abusos
|
|
|
2.278
|
Fiscalía.
173
Carabineros, 4 Carabineros y 5 FFAA han sido formalizados
|
|
|
2.670
|
IND;
M.de Justicia (2.052 denuncias son contra miembros de Carabineros [74%], 183
casos contra personal del Ejército, 50 casos contra la PD y 26 contra
personal de la Marina)
|
Carabineros
heridos
|
1600
|
Carabineros
|
1896
|
Carabineros
|
|
|
2.705*
|
*Carabineros,
PDI y personal de Ejército (M. del Interior)
|
Carabineros
con lesiones graves
|
70
|
Carabineros
|
127
|
Carabineros
|
|
|
|
|
Heridos
en servicios de urgencia relacionados con las manifestaciones
|
|
|
11.564
|
Servicios
de Urgencia
|
12.652
|
MINSAL.
|
12.738
|
M. de
Salud
|
Casos
de violaciones a los derechos humanos
|
23
|
Documentado
por Amnistía Internacional
|
|
|
2.670
|
Investigación
de Fiscalía.
|
2.141
|
INDH
|
Evidencia
de uso innecesario y excesivo de la fuerza
|
130
|
Documentado
por Amnistía Internacional
|
|
|
|
|
|
|
Detenidos
|
|
|
15.000
|
Carabineros.
Retuvieron a 2000 personas por incumplir toque de queda.
INDH
señala que detenidos son 6.972
|
20.645
|
|
28.210
|
M. de
Justicia
|
Querellas
|
|
|
442
|
INDH:
por lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y
tentativas de homicidios. 341 torturas y trato inhumano, 74 abuso sexual
|
|
|
|
|
CONCLUSIONES
Al día de hoy la situación de DD.HH. en Chile puede ser
calificada de crítica. Las conclusiones ofrecidas por los cuatro informes
referidos en este texto fundamentan esta afirmación de manera consistente. A
pesar de sus diferencias estos reportes se complementan y construyen un
panorama exhaustivo y acabado de la delicada situación en materia de derechos
humanos que vivimos actualmente en nuestro país. A partir de lo planteado,
quisiéramos enfatizar dos puntos que revisten una gravedad extrema y que, a la
vez, plantean enormes desafíos actuales y futuros para Chile.
La sola constatación de la ocurrencia de graves violaciones
a los DDHH, acaecidas desde el 18 de octubre, representa en sí misma una
situación de suma urgencia que debe ser corregida, investigada y reparada.
Según plantean los informes, estas violaciones se han concentrado especialmente
en dos ámbitos. Primero, en lo que atañe al uso indebido y desproporcionado de
armas no letales- por parte de Carabineros de Chile, percutadas hacia el cuerpo
de las y los manifestantes (balines, perdigones y bombas lacrimógenas) de
manera reiterada en el tiempo.
En segundo lugar, en el campo desregulado de las
detenciones, ámbito en el que -como hemos visto- se han documentado actos
vejatorios de tipo sexual, uso desmedido de la fuerza y torturas, en un
contexto en el que los procedimientos para la detención y retención de personas
son poco transparentes, carentes de revisión y control interno. En este
sentido, resulta importante destacar que el informe ACNUDH hace mención a la
recurrencia de abusos de tipo sexual contra mujeres, niños, niñas y disidencias
sexuales, perpetrados por Carabineros, actos en los que se expresa, además, una
discriminación específica propia de la cultura patriarcal. Incluye entre sus
recomendaciones al Estado de Chile, la obligación de hacerse cargo de esta
situación de manera particular, enfatizando la gravedad que reviste la
violación de los DD.HH. de la infancia. El reporte señala que el 10% de los
detenidos en las manifestaciones son niños y niñas, una cifra sin precedentes,
y que transgrede los tratados internacionales suscritos por Chile.
Otro aspecto preocupante en extremo lo constituye la actitud
asumida por el gobierno respecto al tema de DD.HH. en general y a los informes
en particular. Se ha podido observar que en el discurso público del gobierno ha
primado sobre todo la preocupación por el orden y el resguardo de la propiedad
privada y pública, antes que la defensa de los derechos de las personas. De
igual manera, la reacción del gobierno ante la publicación de los informes ha
estado caracterizada por el negacionismo y el cuestionamiento, tanto a las
metodologías, como a las conclusiones que los documentos exponen. Así, respecto
al informe elaborado por Amnistía Internacional, el mismo día de su publicación
el gobierno negó su validez a través de declaraciones emitidas por la
subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren, quien se hizo presente en los medios
de comunicación solamente para cuestionar públicamente las conclusiones
presentadas por el organismo internacional. Asimismo, Carabineros de Chile
refutó las conclusiones del informe de HRW, discutiendo, principalmente, la
cantidad de lesionados, la cifra de personas fallecidas por responsabilidad
policial y los casos de abusos sexuales.
La información presentada por estos reportes reafirma que
las policías han cometido graves violaciones a los DD.HH. que se han
multiplicado en el tiempo. Esto especialmente en el caso de Carabineros de
Chile, institución que, además de refutar públicamente los resultados del
trabajo de organismos internacionales (Amnistía, HRW), ha atacado a personal
defensor de los DD.HH. (ACNUDH, INDH), a trabajadores de la prensa nacional y
extranjera, y ha transgredido sucesivamente protocolos internacionales sobre el
uso de la fuerza, gestión de reuniones masivas, uso de armas no letales
(balines, perdigones, gases), maltratos y torturas a personas detenidas,
violencia sexual, derechos de los niños/as y registro y control de detenciones
(Amnistía, HRW, CIDH, ACNUDH).
La gravedad de este comportamiento y de sus consecuencias,
demanda un esfuerzo colectivo que apunte a la comprensión de lo que está
ocurriendo, con el objetivo de llegar a alguna explicación que nos acerque a
posibles soluciones. Los informes ofrecen algunas interpretaciones iniciales,
no pretendiendo explicarlo del todo.
Lo cierto es que más allá del contexto inmediato, la
ocurrencia de estas graves violaciones a los DDHH durante la crisis aún en
curso y la reacción del gobierno y de Carabineros de Chile, son consecuencias
de que en Chile no ha existido una política relativa a la violación a los DDHH
que actúe en los distintos niveles en los que un problema de este tipo exige
ser tratado: promoción, prevención, investigación, sanción, reparación y
garantías de no repetición. La consecuencia evidente de ello es que los
atentados contra los DDHH por parte de agentes del Estado durante los últimos
30 años no ha sido excepcional.
Una vez finalizada la dictadura de Augusto Pinochet, el
Estado ha respondido de manera insuficiente en el ámbito de los DDHH. Algunos
puntos de conflicto en este sentido lo constituyen: una política de reparación
parcial basada en información proporcionada por las víctimas y organizaciones
de la sociedad civil, resguardando el secreto y el silencio de las FF.AA. y de
Orden; la mantención de colaboradores directos de la dictadura en el aparato
del Estado, en las grandes empresas y en el mundo político y la aplicación de
justicia solo en casos excepcionales. Asimismo, en lo que respecta al período
1990-2018, agentes del Estado de Chile se han visto implicados en una serie de
casos de violaciones a los DDHH, en los que, en su mayoría, no han operado
procedimientos claros en cuanto a la investigación de los hechos, sanción a los
implicados y reparación a las víctimas.
A la luz de lo dicho, la única conclusión posible es que el
“Nunca Más” por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue.
Se ha visto constantemente cómo las instituciones estatales
han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos. Estas prácticas
incluyen acoso, discriminación arbitraria, amenazas, tortura y tratos crueles,
violencia sexual, violación de derechos de niños, y una larga serie de tristes
actos cometidos permanentemente en democracia por parte de las fuerzas
policiales. Todo esto bajo el amparo de un discurso del orden y la lucha contra
el “terrorismo” y la delincuencia común. Por su parte, la prensa ha legitimado
este discurso y contribuido al silenciamiento de estos temas.
Durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y
Chile Vamos, las políticas represivas se han aplicado con particular vigor
sobre dos grupos específicos: la población indígena en general (focalizada en
el Wallmapu) y los movimientos estudiantiles. Casos emblemáticos como los de
Pedro Ortiz, José Huenante, Daniel Menco, Claudia López, Johnny Cariqueo, Alex
Lemún, Matías Catrileo, Lorenza Cayuhán, Brandon Hernández Huentecol y Camilo
Catrillanca, entre muchos otros, en los que los agentes del Estado actuaron
violando los derechos humanos en la ejecución de actos como tortura, uso excesivo
de la fuerza o asesinato; constituyen una prueba flagrante de este hecho.
Lo cierto es que la política de Derechos Humanos durante los
primeros años de la llamada transición estuvo jalonada por la acción de los
movimientos sociales, agrupaciones de familiares y organizaciones de la
sociedad civil, sin que ello diera lugar a una reestructuración de las FF.AA. y
de Orden como principales actores en los hechos ocurridos durante la dictadura,
con el objeto de diseñar una política robusta de prevención de violaciones a
los derechos de las personas. Así, durante las últimas tres décadas, el Estado
de Chile ha mantenido una serie de resabios dictatoriales, tanto en el ámbito
de los procedimientos de control de la protesta social, como en el de las
políticas de seguridad y orden público, en la medida que la perspectiva de DDHH
no ha sido central para su accionar. Es decir, hubo un abandono consciente por
parte de los gobiernos civiles de las tareas indispensables para la
conformación de un Estado de derecho y un régimen democrático, que garantizara
que las atrocidades de la dictadura no siguieran ocurriendo.
NOTAS
[1] Amnistía Internacional es una Organización No
Gubernamental (ONG) surgida en 1961 en Londres, fundada inicialmente para la
defensa de los presos políticos en Europa y el mundo. Es organismo consultivo
del Consejo de Europa. En 1977 recibió el Premio Nobel de la Paz por su campaña
contra la tortura. De acuerdo a su sitio web, se financia a través de
donaciones individuales de sus miembros. No recibe financiamiento directo de
gobierno alguno.
[2] Human Rights Watch, por su parte, es una ONG que surge
en 1978 para apoyar a grupos disidentes en Europa del Este y la Unión
Soviética. En 1988 asume el carácter de ONG de promoción global de los derechos
humanos. Su sede está en Nueva York y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1997
por su campaña para eliminar las minas antipersonales. Es financiada por
individuos y fundaciones. No recibe financiamiento directo de gobierno alguno.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una
iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate
público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a
nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella
investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la
discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro
centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social
(COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Instituto
Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal.
Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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El secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, comentó al respecto:"Existen múltiples informes que critican la vulneración de los derechos humanos en Chile. El Estado y el Gobierno no pueden mirar hacia otro lado. Deben cambiar profundamente su manera de actuar y asumir responsabilidades. Los hechos acontecidos han sido etiquetados como incuestionables violaciones a los derechos humanos desde los distintos organismos internacionales y, sin embargo, son se reproducen diariamente en Chile. Los hechos y los culpables son conocidos".