Cuba: Cierra 2021 con cientos de presos políticos y sin amnistía en el horizonte

 Para manifestantes del 11 y 12 de julio, las condenas impuestas en juicios sumarios pueden oscilar desde 12 meses hasta 27 años en cárcel.

#Cuba #2021 #presospolíticos

Para finales de 2020, organizaciones dedicadas a la promoción de la democracia y los derechos humanos reportaban la cifra de 134 presos y condenados por motivos políticos en Cuba. Un año después, en el país caribeño hay cientos de personas privadas de su libertad por no comulgar con el régimen “socialista”. Las elevadas cifras emergen casi en su totalidad del estallido social del 11 de julio de 2021, cuando residentes de la mayoría de las provincias se lanzaron a las calles con reclamos heterogéneos bajo un común denominador: pedían “cambios”.

Eran momentos en que la etiqueta #SOSCuba se había vuelto viral en redes sociales debido al activismo ciudadano y a la solidaridad de decenas de personalidades internacionales como la exestrella porno Mia Khalifa, quien llegó a dar los “buenos días” a todos excepto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Se vivió también, por esas fechas de julio, la desesperación por la escasez de oxígeno para tratar a pacientes de COVID-19, el retorno de los apagones de fin de siglo, la falta de medicamentos y alimentos básicos, así como productos de primera necesidad.

Por acumulación —no de un año sino de 62—, los cubanos llegaron a las calles. Hicieron suyo el lema ‘Patria y vida’ de la canción homónima, y por unos días la esperanza volvió a la nación y no dejó indiferente al exilio. Los manifestantes demostraron que no era imposible gritar Libertad frente a los ojos del poder. Sobre todo, si el símbolo de ese reclamo es una anciana con un cubierto, golpeando una cazuela vacía. La “abuelita” cubana, como muchos empezaron a llamarla, se convirtió en un ícono de la resistencia y del estallido social. Su imagen recorrió pantallas y quedó grabada no solo en un mural de la Calle 8 en Miami, sino también en cada uno de sus coterráneos.

Del orgullo a la indignación

Los sentimientos, a lo largo de estos meses, han ido mutando. El orgullo inicial y la esperanza de cambio que suscitaron las protestas, tomaron forma de indignación por las severas condenas que imponen los órganos de justicia cubanos a los manifestantes. Pocos días después de las protestas comenzaron las detenciones y los juicios sumarios colectivos en los que fueron sentenciadas al menos 67 personas según admitió el Ministerio de Justicia (MINJUS). Fueron juicios colectivos (con o sin abogados defensores) en los que las penas de cárcel varían entre 8 y 12 meses. A medida que han pasado los meses, otros manifestantes han sido enjuiciados por la vía ordinaria en tribunales municipales.

Mientras los meses anteriores transcurrieron en espera de juicios a unos 800 manifestantes, diciembre ha venido a sustituir la pausa por la prisa en los tribunales. En la semana laborable del 13 al 17 de diciembre, de acuerdo con la plataforma Justicia 11-J —de documentación de presos políticos— dieron curso a juicios contra manifestantes del 11 y del 12 de julio, a los que la Fiscalía ha llegado a pedir hasta 27 años de privación de libertad. Si bien algunos familiares fueron notificados con muy poca antelación, la plataforma investigó que estaban previstos al menos 8 juicios a alrededor de 100 manifestantes del 11-J en varias provincias del país, que se suman a las otras 37 personas sancionadas en juicios ordinarios en semanas previas.

Más juicios antes de Navidad

Hasta ahora, aunque el MINJUS admite 67, Justicia 11-J ha documentado la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios, y de juicios ordinarios a 204 personas. Al menos otras 204 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio. Antes de Navidad, durante la semana del 20 al 24 de diciembre, documentan 8 juicios a unos 55 manifestantes del 11J en varias provincias del país, sumándose a los 108 juzgados la semana pasada. “Entre los delitos que se imputan están instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, denegación de auxilio, desobediencia, resistencia, evasión de presos y detenidos, y daños. Continúan los juicios por el delito (contra la Seguridad del Estado) de sedición”, expone la plataforma y precisa que además serán juzgados esta semana, sin relación con las protestas del 11J, los activistas y exprisioneros políticos Tony Salazar Deulofeo y Carlos Álvarez Rojas.

Asimismo, el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C. alertó en un comunicado que la vida del activista Demis Valdés Sarduy corre peligro tras declararse en huelga de hambre desde hace más de una semana exigiendo atención médica. Valdés Sarduy participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio Placetas, Villa Clara, en el centro de la isla, y fue detenido el 18 de julio en el Hospital de Placetas donde se encontraba con su hijo enfermo. Fue trasladado a la Prisión La Pendiente, ubicada en Santa Clara, donde lo mantuvieron incomunicado. La vista oral del juicio de los procesados por las protestas del 11J ocurrió los días 15, 16 y 17 de diciembre en la ciudad de Placetas.

Reclamos y huelga

El reclamo de este centro busca que “las organizaciones de derechos humanos” y “los gobiernos libres del mundo” intercedan “ante el régimen de La Habana por la vida de Valdés Sarduy”, quien “padece estrechez de la uretra y tiene un marcapaso que debieron reprogramarle desde mucho antes de ir a prisión”.

“A modo de protesta mantiene una huelga de hambre a tal punto que en la vista oral se desmayó y lo retiraron una hora de la sala. El abogado solicitó un cambio de medida, pero no hay respuesta al mismo”, explicó desde Cuba Librado Linares García, líder del Movimiento Cubano Reflexión, quien agregó que al activista se le impide hablar por teléfono con su esposa.

Esta organización declaró que durante el mes de diciembre “se comenzaron a acelerar los juicios, luego se interrumpieron y comenzaron de nuevo”. Para un juicio celebrado el 14 de diciembre en el Tribunal de Juan Delgado y Carmen, en el municipio 10 de Octubre, La Habana (correspondiente a la Sala de la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial), “según fuimos informados, se sacaron los presos de madrugada, vestidos de civil, la casi totalidad de ellos eran de [la prisión] Combinado del Este, [en el este de la capital], y vinculados a los sucesos del 12 de julio en [el barrio habanero] La Güinera, las peticiones fiscales estaban entre 15 y 30 años de privación de libertad”.

En el mismo tribunal intentó testificar Aldo Delgado, familiar del manifestante cubano-canadiense Luis Compte, a quien le piden 24 años de cárcel. Contra toda lógica, Delgado fue detenido en el juicio. Nadie está a salvo en la repartición de sanciones que dirige el Estado cubano.

Con más de 1.300 personas en un listado de detenidos creado por iniciativa ciudadana —700 de ellas presas al día de hoy—, el gobierno se sigue mostrando tal cual es: impiadoso, conservador, atascado en rígidos y viejos esquemas sin cabida para el disenso ciudadano. Tan centrado está en perpetuarse en el poder, que se torna ciego y sordo ante la realidad espeluznante de mantener en sus cárceles, como parte de la alta cifra de presos políticos, a menores de edad. Diversas organizaciones y personas dentro y fuera de Cuba se han pronunciado por su liberación. Sin embargo, para los presos políticos, sean jóvenes o adultos, no parece haber amnistía en el horizonte.

Fuente: Diario las américas

Falleció Roberto Garretón, amigo y miembro del consejo de la ALDHU.

 

Lamentamos comunicar que el destacado abogado y miembro honorable del Consejo de la ALDHU, Roberto Garretón , falleció durante la madrugada del lunes a sus 80 años, tras varios días en los que presentó un estado de salud delicado. Garretón, será velado en en museo de la Memoria de Santiago de Chile a partir de las 11 horas.

Roberto Garretón, nuestro compañero y amigo, fue reconocido con el premio Nacional de Derechos Humanos en 2020 por su destacada trayectoria en pro de los derechos humanos durante la dictadura militar.

Garretón se incorporó al comité Pro Paz, hasta el año 1981, al ser encargado del Área Judicial de la Vicaría de Solidaridad, desde cuya institución prestó apoyo a las victimas de la dictadura.

En materia internacional, Garretón fue vicepresidente (1993) de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, representante para América Latina y El Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, parte del Comité Asesor sobre la Prevención del Genocidio mientras Kofi Annan fue secretario general de Naciones Unidas, además de estar vinculado a la defensa de los Derechos Humanos en más de 60 países.

El Secretario General de la ALDHU, Juan de dios Parra, comentó al respecto: “ALDHU rinde homenaje a este hombre, el cual puso su talento y toda su energía al servicio de las victimas de las violaciones de los Derechos Humanos. Te saludamos compañero. Descansa en paz.“

  

   Juan de Dios Parra

Secretario General ALDHU

 Nota de Prensa

Panamá: Las víctimas de la invasión aún esperan justicia.

 La invasión de Estados Unidos contra Panamá y sus consecuencias

Por: Olmedo Beluche (2017) 

1. La invasión perpetrada por el Ejército de Estados Unidos contra Panamá, el 20 de diciembre de 1989, fue un acto de extremada e injustificada violencia. Esta acción bélica, realizada contra una población completamente desprevenida, contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas.

En esta acción militar, que se ha conocido con el nombre de "causa justa", participaron 25,000 mil soldados norteamericanos. Además de las tropas normalmente acantonadas en las bases ubicadas en el área del Canal de Panamá, bajo las órdenes del Comando Sur, participaron en la invasión:

• La 7ma. división de infantería procedente de Fort Ord-California.
• Un batallón mecanizado de la 5ta. división de infantería acantonada en Fort Polk-Loussiana.
• Una brigada de la 82a. división aerotransportada de Fort Bragg-Carolina del Norte.
• Dos batallones rangers.

El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el "arte" de hacer la guerra, y que luego han sido usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico:

• Bombarderos Stealth F-117.
• Bombas de 2,000 libras.
• Misiles Hell Five.
• Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra.
• Aviones de asalto A-37.
• Cañones de fuego rápido de 30 mm.
• Vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre.
• Fusiles M-16 con mirilla infrarroja.

Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideran que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que es violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que "prohibe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios" (ALDHU, revista Tareas No. 78, pág. 12).

2.Los primeros objetivos militares de la invasión fueron los principales cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá, y las áreas civiles aledañas fueron las más afectadas, tanto por la acción directa de las tropas norteamericanas como por el saqueo posterior. Las áreas más afectadas fueron:

• El Chorrillo, donde estaba el Cuartel Central.
• San Miguelito, cuarteles de Tinajita y de la XI Zona Militar.
• Panamá Viejo, cuartel del escuadrón UESAT.
• Fuerte Amador, en el área revertida.
• Aeropuertos de Tocumen y Paitilla.
• Batallón 2,000 en Pacora.
• Río Hato.
• Fuerte José Domingo Espinar.

Según la Comisión Especial enviada por ALDHU a Panamá, entre el 21 y el 25 de febrero de 1990, y que estuvo conformada por prestantes figuras del continente, encabezadas por el jurista norteamericano Robert White: "...el bombardeo del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa provocó el incendio generalizado y la destrucción de los barrios de San Miguelito y El Chorrillo" (Ibidem, pág. 15).

Al respecto ALDHU concluye que: "Algunos de los objetivos militares perseguidos por los invasores se encontraban dentro de zonas densamente pobladas. Este hecho obligaba a las fuerzas de ocupación a extremar las medidas de seguridad que garantizaran la vida y bienes de la población civil. Sin embargo, parece evidente que las medidas adoptadas por los norteamericanos privilegiaron la protección de sus propias vidas, aumentando el riesgo de la población invadida" (Ibid., pp 16-17).

Mapa de la invasión a Panamá

3.Esta negligencia del ejército norteamericano respecto a la población civil y sus bienes se manifestó con especial dramatismo en las cifras de muertos y heridos. Sin que se haya llegado a una estimación oficial respecto a este punto, los datos recabados por diversos organismos confirman el alto número de víctimas civiles producidas por la llamada "operación causa justa".

La Iglesia Católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341 eran civiles. Ellos estiman los heridos en 2,007, de los cuales tan sólo 124 eran militares panameños (Panorama Católico 14/01/90).

Los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registran 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabiliza 556 muertos y 93 desaparecidos (Beluche, O. La verdad sobre la invasión, CELA, Panamá, 1991, pp 95-102). Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben "alrededor de 4,000" (Ibidem, pág. 102).

       Fosa común tras la invasión a Panamá

Tomando como válidos los datos aportados por la Iglesia Católica y relacionándolos con las cifras de víctimas norteamericanas, 26 muertos y 324 heridos de acuerdo al Comando Sur, nos muestra una alta cifra de 25 panameños muertos por cada norteamericano.

4.Otro de los aspectos en que ha quedado evidenciada la acción destructora de la invasión norteamericana sobre la población civil es el alto número de personas que perdieron sus hogares, y que han pasado a considerarse damnificados o refugiados de la invasión. De acuerdo a testigos presenciales, citados en diversas investigaciones, el combate más duro se produjo en el área residencial de El Chorrillo, comprendida entre las calles 25, 26 y 27, en las que habitaban más de 30,000 personas en un área que no excede de 20 hectáreas.

Encuestadas en el campo de refugiados montado en la Escuela Secundaria de Balboa, a donde fueron llevados inicialmente los chorrilleros evacuados, se contabilizaron 18,000 personas agrupadas en 2,800 familias que perdieron sus hogares en El Chorrillo. Allí fueron destruidos también 123 comercios de diversa índole. A las familias refugiadas de El Chorrillo, hay que agregar otras 48 familias que perdieron sus hogares por la invasión en la ciudad de Colón y un número no precisado de casas que fueron afectadas por los combates en San Miguelito.

El elevado número de hogares y edificaciones afectadas por la invasión demuestra que las tropas norteamericanas no hicieron el menor intento por limitarse a blancos militares, evitando daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.

Bombardeo en la invasión a Panamá

Pese a las promesas del gobierno norteamericano de compensar los daños causados en las viviendas de estos refugiados, hay que señalar que los afectados se han manifestado insatisfechos con los trabajos de reparación y construcción realizados. Además de que consideran insuficiente la compensación monetaria de $ 800.00 que se les asignó (no a todas las familias) para que repusieran sus muebles y ropas pérdidas durante la invasión. En este sentido, el ex ministro de vivienda, Arq. Alfredo Figueroa, ha negado que Estados Unidos hayan pagado los 40 millones de dólares prometidos para reparar los daños hechos en El Chorrillo. Según él, sólo pagaron 22 millones de dólares (La Prensa, 8/4/91).

5.Respecto a los daños económicos causados por la invasión norteamericana a Panamá las estimaciones también varían de acuerdo a los criterios que se utilicen. En este aspecto, como con las pérdidas humanas, el gobierno nacional surgido con la invasión se ha negado a conformar una comisión especial que cuantifique, con parámetros consensuales, el monto total de las pérdidas.

Para algunos, como el economista Juan Jované, hay que incorporar a las pérdidas materiales producidas por la invasión, las pérdidas sufridas por la economía panameña por culpa de las sanciones económicas norteamericanas impuestas a partir de marzo de 1988. "Tan sólo en el primer año de sanciones, 1988, el producto interno bruto cayó en un 17.1 por ciento y los ingresos corrientes del estado bajaron un 44 por ciento..." (Beluche, Op. cit., pág. 104).

Dentro de las pérdidas sufridas en la propia invasión hay que considerar los daños directos causados por el enfrentamiento militar, sobre todo en las instalaciones públicas y de las FFDD, y los daños directos causados a propiedades privadas por la invasión y el saqueo que generó.

Hasta ahora no ha habido un informe oficial sobre las pérdidas globales sufridas por el estado panameño, como ya se ha dicho. El ejército norteamericano además de la destrucción directa causada a las armas e instalaciones de las FFDD, decomisó un enorme arsenal cuyo valor puede alcanzar varios millones de dólares, que debe computarse entre las pérdidas del estado panameño.

Como una muestra de las millonarias pérdidas sufridas por otras entidades del estado, basta mencionar que la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia estimó daños en 386,000 balboas. En el plano fiscal el estado dejó de percibir por lo menos 4 millones de dólares debido a la invasión, según el Prof. Roberto Méndez (Revista Tareas No. 74, pp 41-42).

En el sector privado, si bien en un primer momento el economista y empresario Guillermo Chapman estimó las pérdidas ocasionadas por la invasión en 1,500 millones de dólares, posteriormente el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá (CEECAM) ha dado cifras más pequeñas pero confiables. Esta información, que fue obtenida por el CEECAM a través de una encuesta aplicada a 1,147 empresas comerciales e industriales, estimó que se había perdido durante la invasión el 90 por ciento de los inventarios y un 10 por ciento de los activos fijos.

Según los datos de la CEECAM los comercios mayormente afectados por el saqueo producido durante la invasión-ocupación, fueron las ciudades de Panamá y Colón, en las que las tropas norteamericanas aniquilaron a las Fuerzas de Defensa panameñas. El interior de la república, donde casi no hubo combates, NO se registraron saqueos.

O sea, el saqueo se produce en las áreas que sufren directamente la invasión. Datos del CEECAM (Informe, mayo de 1990) revelan que las áreas más afectadas por el saqueo fueron, en ese orden: Calidonia, Bethania, Bella Vista, San Miguelito, Santa Ana y Juan Díaz. Según las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta, que citan el informe de CEECAM: "Las áreas más alejadas fueron las que menos sufrieron daños materiales...En cuanto a las áreas rurales, las mismas no sufrieron destrozo alguno." (Muñoz, L. y Huerta, M. Causas y efectos de la invasión a Panamá, pág. 145).

Los daños económicos a las empresas comerciales e industriales de las ciudades de Panamá y Colón han sido estimados por CEECAM en 432.1 millones de dólares. De los cuales 334.8 millones corresponden a mercancías perdidas, 67.2 millones a instalaciones físicas perdidas, 8.7 millones a materias primas, 21.4 millones se estiman en la categoría no especificada de "otros".

En cuanto a rubros específicos los datos de CEECAM señalan que se perdieron 58.7 millones de dólares en alimentos, 44 millones en el área de transporte, 11.9 millones de dólares en medicinas y productos químicos y 14.9 millones se perdieron en el área de la construcción. Tan sólo en la ciudad de Colón se contabilizan pérdidas por un monto de 68 millones de dólares.

A estos datos hay que agregar que la invasión produjo la pérdida directa de 15 mil empleos, los que se deben agregar a los 60 mil empleos perdidos en 1988 con las sanciones económicas. Esta situación elevó el índice de desempleo en el país a más del 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que agravó las condiciones de miseria socioeconómica de cientos de miles de panameños. El Ministerio de Planificación calcula que la población que subsiste con ingresos inferiores al mínimo necesario para vivir sobrepasa el 40 por ciento de los panameños.

Recuperar el ritmo del crecimiento económico a los niveles previos a la invasión y a las sanciones económicas no será fácil para Panamá. Según Juan Jované: "En todo caso, las pérdidas producidas durante la invasión deberían ser sumadas a las generadas por la aplicación de las sanciones, dando como resultado un impacto total que ha sido calculado por varias fuentes en cerca de 4,000 millones de balboas. Esta cifra equivale a aproximadamente el 75 por ciento del valor total corriente del PIB de 1987".

Jované agrega que: "Esto significa que, sólo para volver al nivel absoluto de 1987, se necesitaría cerca de 3 años. Más aún se necesitarían aproximadamente 6 años y medio a esa alta tasa (del 20 %) para recuperar el nivel del PIB por habitante de 1987" (Economía Nacional: Balance y Perspectivas en 1991, Revista Este País No. 31).

6.Un aspecto poco estudiado hasta ahora es el impacto sicológico que la invasión produce en las mentes de decenas de miles de panameños, sobre todo en los que vivieron directamente el escenario del combate armado, como los chorrilleros, y los habitantes de los barrios aledaños a los cuarteles. Este impacto sicológico, que también podríamos llamar trauma, es la causa objetiva de muchos comportamientos anormales y de extremada violencia que vivieron los panameños los días y semanas subsiguientes a la invasión.

Nos dice la sicóloga Berta Jaramillo que: "Si impresionante fue ver horas y días después, y aún hoy, el área afectada... detengámonos a observar otro panorama: el de las vivencias de la gente que allí vivía". Y agrega: "El que vivió los momentos difíciles del día 20 de diciembre en este barrio, y que hoy experimenta sus efectos, te dirá: ¡tú no puedes comprender!... Esto es realmente cierto" (IDEN. Los efectos sicosociales de la destrucción de El Chorrillo, en El Chorrillo: situación y alternativas. pág. 74).

Definitivamente la invasión con su lógica de destrucción y muerte produce un trauma en la mente de miles de panameños. El hecho de enfrentarse a la destrucción repentina de las instituciones sociales que daban solidez a su existencia, desde las más íntimas como la familia y el hogar, hasta las instituciones públicas, son parte del impacto sicológico de la invasión. El sentimiento de temor, y muchas veces pánico, a perder la vida, puesta realmente en peligro; la ansiedad producida por no saber de la suerte corrida por familiares y amigos; la inseguridad respecto al futuro del núcleo familiar, si contará con medios para alimentarse, si será afectada su vivienda, si sus vidas están o no en riesgo; todos estos aspectos que sufrieron decenas de miles de panameños que habitan las ciudades de Panamá y Colón, forman lo que denominamos trauma de la invasión.

Para las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta los testimonios recabados en el transcurso de su investigación confirman el hecho traumático sicológico de la invasión. Según ellas: "La no comprensión de un hecho tan violento, en el caso concreto de los niños, obtiene resultantes negativas en los individuos: inseguridad, agresividad, conductas atípicas, apatía u obsesión ante determinada situación o actitudes suicidas incluso..." (Muñoz y Huerta. Op. cit., pág. 165).

Y agregan, las sociólogas Muñoz y Huerta, que estos comportamientos anómalos se manifiestan no sólo individualmente, sino que también se sufren colectivamente. "Colectivamente se crean conductas similares a las individuales, pero que crean rasgos distintivos de alienación; indiferencia colectiva, formación de líderes negativos (aquellos en los cuales se da la tendencia a agruparse o formar individuos sin conciencia moral, ni social, ni conductual)" (Ibidem, pág. 165).

La combinación de los efectos sicológicos con los efectos económicos de la invasión es la raíz en la que hay que buscar la explicación de la elevada criminalidad aparecida inmediatamente después del 20 de diciembre. Las cifras de crímenes ocurridos entre los meses de enero y febrero de 1990 revelan que se había producido un acontecimiento tan traumático, que había afectado el comportamiento social.

El gobierno de Estados Unidos es responsable, no sólo por los daños directos a la vida y bienes de los panameños, sino también es responsable por los daños psíquicos causados a la población, y por los daños materiales que personas emocionalmente afectas por la invasión hayan causado. El factor sorpresivo de la acción militar aumentó el efecto de este trauma. De haberse advertido a la población panameña, se habría evitado el impacto sicológico y muchos daños materiales. La principal diferencia entre las víctimas del ataque norteamericano en Iraq y en Panamá, es que los iraquíes sabían lo que iba a pasar, y hasta sabían cuándo iba a suceder.

7.Todos los testimonios, análisis e informes sobre la invasión señalan claramente que el saqueo generalizado de almacenes e instalaciones comerciales e industriales se produce después de que las tropas norteamericanas han atacado y liquidado a las FFDD de Panamá, y cuando éstas tienen bajo su control las áreas neurálgicas de la capital.

"Producida la ocupación militar del país-dice el informe de ALDHU-, destruidas las Fuerzas de Defensa, desarticulada la mínima resistencia inicial y apresados miles de ciudadanos, las ciudades de Panamá y Colón quedaron bajo el total control de las fuerzas de ocupación".

"En estas circunstancias se produjo el saqueo masivo de negocios, tiendas, mercados e incluso residencias particulares. Miles de personas participaron en estos actos, asolando los barrios comerciales y las propias viviendas, especialmente aquellas que habían sufrido el allanamiento previo de las tropas de ocupación" (ALDHU, Op. cit., pp 18-19).

Analizando respecto a quién compete la responsabilidad del saqueo masivo de los negocios en las horas posteriores a la invasión, el informe de ALDHU señala: "De cualquier manera, resulta evidente que, si una potencia extranjera invade un país, debe tomar las providencias y precauciones del caso para cautelar los bienes y la propiedad, máximo cuando, como en este caso, la invasión eliminó las Fuerzas de Defensa y dejó a la población desamparada".

Y prosigue: "Lo cierto es que las fuerzas de ocupación, teniendo el territorio panameño bajo su control y habiendo diezmado a las fuerzas de defensa panameñas adoptaron para sí la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. Esta obligación de las fuerzas ocupantes no fue debidamente observada al no controlar los saqueos ni proteger los bienes y la propiedad particular" (ALDHU, ibidem, pág. 19).

Reportaje completo en: https://www.aporrea.org/internacionales/a256575.html

Invasión que golpeó lo más profundo del ser nacional. Panamá, 20 de diciembre.

Historia del la invasión. 

El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invadía Panamá, en lo que luego se conocería con el nombre de “Causa Justa”, una operación que involucró a 25.000 soldados estadounidenses, además de las tropas que habitualmente permanecían en las bases cercanas al Canal de Panamá.

#Panamá #CanaldePanamá #Invasión #EEUU

Su objetivo decían, era capturar al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, militar y político que mantenía en el país una dictadura instaurada por otros militares desde 1968. Su mandato comenzó en 1983, sucediendo a Rubén Darío Paredes y Omar Torrijos.

De ser uno de los más fieles colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), Noriega pasó a convertirse en enemigo de Washington.

El conflicto vino cuando el dictador anunció que que debía abandonar el territorio la Escuela de las Américas de EE.UU., una academia militar que había funcionado en Panamá desde 1946, calificada por los medios como la "escuela de asesinos", donde él mismo se había formado.

Luego de dirigir a la nación centroamericana una campaña de acciones encubiertas para desestabilizarla, el entonces presidente de EE.UU., George Bush (padre), justificó la invasión basado en cuatro razones: por un lado la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá; por otro, la restauración del sistema democrático y el querer asegurar el buen funcionamiento del canal; además de prometer capturar al general Noriega para su conducción a la justicia estadounidense.

No obstante, documentos secretos revelados mucho tiempo después daban cuenta de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca con este inverosímil operación. Una de ellas era abrogar los tratados que involucraban al Canal de Panamá, y asegurar su control más allá del año 2000, y por otra parte, cancelar los contratos con Japón para las alternativas al Canal y cortarle su ascenso al poder mundial.

Fuente: telesur

Invasión que golpeó lo más profundo del ser nacional. 

Art Opinión: Ramiro Guerra.   

Tan bárbara incursión militar en Panamá, no hay argumento que lo justifique. ¿capturar al general Manuel Antonio Noriega? Falso. Cuando tuvieron la oportunidad, le sacaron la tabla a una alzada interna de la fuerza de defensa. ¿Devolver al país, la democracia? Falso. ¿cuál democracia?   La que tenemos hoy, prebendaria y de control plutocrático.

¿Destrucción de las Fuerzas de Defensa y lo que de torrijismo quedaba? Cierto. El torrijismo en la fuerza pública, fue reducido a ceniza. La ruptura de lo que hoy, tenemos como fuerza pública, con el torrijismo fue brutal y violentamente extirpado.

Todo sentido progresista del Estado y de participación popular, fue borrado.

La destrucción de vidas y bienes aún espera un audito real. 

Con razón, se señala que la invasión militar, vino cazada con un programa de retorno o vuelta al poder de los grupos tradicionales del poder económico.  Es la realidad que estamos viviendo hoy.

Lo anterior es tan cierto, que la cobardía de los gobiernos post invasión, que han sido presos del temor de declarar el 20 de diciembre como de duelo nacional, ha sido evidente.

En torno a la fecha, se han tejido mentiras para desvirtuar la heroicidad de panameños, que entregaron su vida, civiles y militares, defendiendo la patria.

Intentaron borrar la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos.  No solamente, no declarar el 20 de diciembre como de duelo nacional; no existe ninguna calle o avenida que lleve el nombre del 20 de diciembre.

Destrucción de El Chorrillo por el Ejército Norteamericano

Panamá, los panameños, jamás, deben perder el norte en lo que concierne a preservar la memoria histórica, rica en valentía, heroicidad, lucha, siempre en dirección a que, somos un pueblo que tiene identidad propia y que rechazamos toda forma de vasallaje y abyección.

A los combatientes, a los que entregaron su vida, defendiendo la patria, gloria eterna. patria.

Fuente: El periódico de panamá

Falleció Thomas Quigley, denunciante del terrorismo de estado de EEUU en los años 70

El reciente fallecimiento de  Tom Quigley es un momento para recordar su trabajo en pro de la defensa de la democracia durante los años 70 en América Latina y el Caribe. Él fue uno de los mayores denunciantes del terrorismo de estado que tuvo lugar durante esa década. Y también un gran defensor de los derechos humanos para todo el continente americano.

#DerechosHumanos #Democracia #Quigey #TomQuigley #WOLA #ALDHU

Imagen del archovo de Juan Raúl Ferreira en donde se reconoce a Tom Quigley a la derecha. 

La década de los 70, principalmente los años que siguieron a la disolución de las cámaras uruguayas el 27 junio de 1973 y el golpe chileno del 11 setiembre del miso año, fueron momentos de intensa actividad entre diversos organismos estadounidenses vinculados a las Iglesias.  En dicha actividad, figuraron de manera destacada la Conferencia Católica liderada por Quigley, la oficina de Bill Wipfler en el Consejo Nacional de Iglesias  y una organización que crearon en 1974 como respuesta a los golpes de estado del año anterior: WOLA, la “Washington Office on Latin América”.

La Organización WOLA logró grandes cambios en las vidas de los latinoamericanos al obtener información sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por los regímenes de la región y las políticas ilegales de la administración de Reagan en Centroamérica.

La enmienda Harkin propuesta por WOLA, que prohibió que EEUU brindara asistencia militar a los gobiernos que cometieran abusos a los derechos humanos, ayudó a darle rumbo a la política exterior de EEUU durante esa difícil década. Mientras el Congreso se oponía a las políticas de la administración en América Central, WOLA elaboraba legislación, aportaba información crucial sobre acontecimientos en la región y llevó a delegaciones del Congreso para que vieran la realidad. Ya fuera que se tratara de los abusos del régimen de Pinochet, de los Contras de Nicaragua, o del gobierno de El Salvador, WOLA jugó un papel decisivo en darle forma al debate, promover la paz y modificar para bien la política estadounidense.

Desde entonces, WOLA viene defendiendo los derechos humanos y la democracia en América Latina y desarrollando políticas más progresistas en Washington. 

En el Consejo Nacional de Seguridad a mediados de los 90, Quigley  y diferentes colegas confiaban en la información de base que nos proveía WOLA acerca del rumbo de la política de Estados Unidos para la región.

Siendo fuente consistente de información precisa y voz de la conciencia, WOLA logra resultados concretos, como el Programa de Capacitación en Incidencia Política en Centroamérica, la desclasificación de documentos, la provisión de ayuda después del huracán Mitch, mejoramiento de la asistencia del BID a la sociedad civil, y el apoyo de reformas de seguridad en Guatemala y la reforma electoral en México. Gracias a los esfuerzos de WOLA, las políticas de EEUU son más sensatas, América Latina es más democrática, y su sociedad civil más fuerte.

Es un gran honor rendir homenaje a los innumerables y admirables logros de WOLA en las últimas tres décadas. Sin duda continuará a mejorar más vidas de más ciudadanos de la región en las décadas venideras

La masacre de El Mozote: un oscuro capítulo en la historia de América Latina

Por Alejandro I. López para Cultura Colectiva.

#ElSalvador #FMLN #ElMozote

El episodio más sangriento de la Guerra Civil en el Salvador fue protagonizado por el ejército. A pesar de las evidencias, la justicia por lo ocurrido en El Mozote aún no ha llegado.

La tarde del 10 de diciembre de 1981 la tranquilidad del pequeño poblado de El Mozote ubicado al norte de El Salvador, cerca de la frontera con Honduras, habría de esfumarse para siempre. El batallón Atlácatl, un grupo del ejército salvadoreño encargado de poner fin a la guerrilla y formado en la tristemente célebre Escuela de las Américas, conocida como el semillero de militares que inauguraron las dictaduras más sangrientas de América Latina, irrumpió en el poblado.

 Su objetivo, según la "Operación Rescate", era seguir toda huella del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una organización política que había elegido la guerrilla como el medio para terminar con la precaria situación, pobreza extrema y la poderosa influencia de los Estados Unidos en la política nacional que vivía el Salvador.

Las poco más de 25 casas reunidas en torno a una plaza pública que conformaban El Mozote quedaron vacías ante la llegada de los militares, quienes exigieron a toda la población abandonar inmediatamente sus viviendas y concentrarse en la plaza. Una vez reunidos fueron interrogados por los soldados sobre las actividades de la guerrilla en la zona, obligados a encerrarse en sus casas y amenazados de muerte si a alguno se le ocurría salir a la calle durante el resto de la noche.

“Los soldados del Batallón Atlacatl llegaron el 10 de diciembre al caserío y obligaron a todos los habitantes a que salieran de sus casas y que se formaran en filas en la pequeña plaza del lugar. A la medianoche, se le ordenó a todos que regresaran a sus casas. El Mozote estaba atestado de gente, pues por el temor del operativo muchos otros moradores habían llegado a refugiarse. En total, se calcula que había entre seiscientas y ochocientas personas, la mayoría niños”.

La madrugada del 11 de diciembre el batallón repitió el protocolo inicial y recrudeció sus acciones a un punto sin retorno. Sin excepción, cada habitante de El Mozote se presentó en la plaza, donde fueron divididos entre hombres, mujeres y niños y encerrados por separado en la iglesia, en un sitio conocido como "el convento" y en distintas casas.

Comenzó el interrogatorio. Los soldados formaron a grupos de 5 personas para preguntar de forma intimidante todo lo que supieran sobre el movimiento insurgente. Con las técnicas de la Escuela de las Américas puestas en práctica en distintas dictaduras en el Cono Sur años atrás, el interrogatorio devenía en tortura para cada uno de los miembros del grupo.

 “En grupos de cinco y vendados y amarrados de manos, los hombres eran sacados de la iglesia y fusilados. Los pocos que quedaban agonizando eran brutalmente decapitados con golpes de machete en la nuca. A las doce del mediodía ya habían terminado de matar a todos los hombres. Mi esposo, Domingo Claros, fue uno de los primeros en morir. Iba en uno de los primeros grupos, pero comenzó a forcejear y le dispararon. Estaba vivo, un soldado se acercó y con un machete lo degolló. Las mujeres no corrieron mejor suerte. Los soldados entraron a la fuerza en la pequeña casa y comenzaron a seleccionar a las mujeres más jóvenes. La mayoría de madres se opuso, pero fueron sometidas con golpes de culata de fusil o a patadas”.

Una vez finalizado, asesinaban a todos para borrar cualquier evidencia. La cruel escena se prolongó durante horas. La plaza, el convento y la iglesia veían pasar ríos de sangre y un montón de cuerpos apilados mientras la masacre continuaba. Los militares fueron especialmente sádicos con las mujeres y los menores. Muchas de ellas fueron violadas y posteriormente decapitadas.

“Algunas, para horror de los niños y las mujeres, fueron asesinadas en el mismo lugar. Las jóvenes fueron llevadas a las afueras del caserío para ser violadas. Un testigo que ha permanecido en el anonimato durante todo el proceso de investigación, un hombre obligado a servir como guía por los oficiales del Atlacatl, reconoció que las adolescentes fueron violadas durante todo ese día. Los soldados hablaban sobre las violaciones. Contaban y bromeaban sobre lo mucho que les habían gustado las niñas de doce años. Después de violarlas, los soldados las mataban a tiros o las decapitaban. Las mujeres fueron asesinadas con el mismo método practicado a los hombres: se les transportaba en grupos de cinco y se les fusilaba; posteriormente se decapitaban los cadáveres o a las agonizantes".

El crimen se repitió en otras localidades vecinas de El Mozote durante al menos tres noches. Se trata de la matanza más sanguinaria en la historia de América Latina y un hecho sin precedentes en el que un ejército masacró sin piedad a la sociedad civil desarmada, sin enfrentamiento alguno.

El único testimonio de primera mano de aquellos días de 1981 es el de Rufina Amaya, sobreviviente de la masacre, quien contó una y otra vez cómo asesinaron a su esposo y cuatro hijos en espera de justicia; sin embargo, el gobierno salvadoreño negó sistemáticamente la masacre y sepultó cualquier posibilidad de investigación en 1993, cuando la Ley de Amnistía General promulgada meses atrás cerró el caso con total impunidad. Después de 36 años de la masacre, a inicios de 2017 se esbozó una posibilidad para hacer justicia, luego de que un tribunal salvadoreño reabriera el caso, medio año después de la anulación de la ley que apostó por el olvido y la muerte.

Fuente: culturacolectiva

El respeto al ser humano. Art: Luis Gallegos Chiriboga

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada en 1948 y, desde entonces, cada 10 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En realidad, los derechos humanos son el reconocimiento de la esencia misma del ser humano y de la imperiosa necesidad de respetar a todas las personas, en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, religión, grupo étnico, lengua o cualquier otra condición.

Si bien la Declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), no es un documento vinculante. Sin embargo, el inicio de su vigencia fomentó una creciente conciencia universal, que ha llevado a la aprobación de más de 60 instrumentos internacionales de derechos humanos, que se han convertido en la normativa universal que garantiza a cada uno de nosotros.

El Ecuador ha tenido una importante participación en las negociaciones de los tratados jurídicamente vinculantes, tanto a nivel universal, como regional, y ha logrado que muchos ecuatorianos sean miembros los “Órganos de Tratados de Derechos Humanos”, como por ejemplo el Comité de los Derechos del Niño, que monitorea el cumplimiento de los compromisos de los estados, en esta materia.

Entre el 2002 y el 2005, tuve el honor de presidir la negociación y elaboración de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Se trata de un instrumento vinculante que promueve y protege los derechos de 1,3 mil millones de personas con discapacidad. Indudablemente, es la más exitosa convención de la ONU sobre derechos humanos y la primera de este siglo. Hay que tomar en cuenta que el grupo de impacto de este ordenamiento jurídico es de 3 mil millones de personas. Uno nace con una discapacidad o la adquiere durante su vida por accidente, enfermedad o cualquier otra causa; de hecho, el envejecimiento conlleva, por lo general, una discapacidad. En conclusión, la Declaración no sólo protege a una minoría, sino a todos nosotros.

El Ecuador también ha dirigido la negociación de un tratado vinculante sobre derechos humanos y víctimas de actividades económicas transnacionales. A quienes se oponen a este proceso, hay que recordarles que el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (UE) tiene un tercer pilar sobre derechos humanos, por ello es importante que las empresas adecuen sus actividades dentro de la normativa universal de los derechos humanos, sobre todo si quieren acceder a mercados que exigen el respeto de los mismos. Sino lo hacen, perderán esos mercados.

Por último, considero y promuevo que es necesario un tratado vinculante sobre envejecimiento activo, para proteger a los mayores adultos que han sido los más afectados por el covid-19. No es posible aceptar el discrimen al cual han sido sometidos. Este grupo representa a mil millones de personas y su grupo de impacto es de entre 2.5 y 3 mil millones de personas.

Los tratados vinculantes son la garantía para cada ser humano y tenga el respeto a la vida.

Art: Luis Gallegos Chiriboga

El populismo radical, la libertad en peligro

Diferentes movimientos que se hacen llamar “nueva derecha” están consiguiendo entrar en la política debido al descontento existente con el mundo político. Ellos se erigen como portavoces de un pueblo al que creen representar. Aunque han vivido de la política más tiempo del que suelen admitir, se consideran outsiders (que están fuera del sistema). Y se presentan como personas normales que dicen lo que piensan, sin embudos.

Estas fuerzas, en todos los países en donde se desarrollan, se centran siempre en los peores aspectos de la sociedad del país para crear terror y miedo. Dicen lo que piensan, aunque sea a veces equivocado o dañe a todos. En cambio, se defienden de los ataques de otros pidiendo «libertad de expresión».

Ellos dicen (a los que quieran escuchar); enfoquen sus miradas en la diversidad, miren es un enemigo traicionero. Miren:

• al enfoque de género es negativo y va en contra de la familia.
• a las etnias, culturas o regiones diferentes deben marcharse o convertirse, para protegernos.
• al crimen, la delincuencia y las manifestaciones, vamos a acabar con todo eso. Todos irán a la cárcel.
• a los de una religión diferente (evangélica, católica, agnósticos, laicos musulmanes, etc.…)

Vamos a defender a uno de estos grupos:

• Blanco, católico, estricto.
• Ario, evangélico, fascista.
• Latino, judío, etnocentrista
• De la sierra, católico, negacionista
• etc.

Estos grupos políticos quieren socavar los valores y el respeto a lo diferente (en contra de los valores democráticos): provocan la confrontación dentro de la sociedad (odio hacia el otro). Sin embargo, aunque el odio se disemina entre toda la población, pocos son pertenecientes al grupo de “elegidos”. Cada miembro de la sociedad tiene a qué odiar del otro que no cumple las características elegidas: El blanco odia al negro, pero el negro puede odiarlo también por no ser católico. De este modo, crece el odio dentro y entre la sociedad. Centran la  mirada en la diferencia, añadiendo características demoníacas (a posiciones políticas, nacionalidades, religiones, etnias, etc.). Nadie sabe si va a caer dentro del grupo o será considerado un enemigo de la sociedad, un demonio o una bruja.

Todos estos cuestionamientos o requisitos van en contra de la libertad de las personas:

Para vivir en esa sociedad no se podrá ser mujer independiente, homosexual, ni islámico, ni izquierdista o cristiano, porque algún día, cuando ese actuar evolucione y se convierta en un estado de tipo autoritario, podría correr peligro y tener que migrar.

Asimismo, estos grupos también dicen creen en fabulaciones y confabulaciones sobre el rol de género, el cambio climático o la salud (coronavirus); ellos son los únicos que vieron la maldad en las invenciones en estos fenómenos: No hay cambio climático, no existe el coronavirus y las mujeres no sirven para el mundo laboral; habría un «ente» que los habría impuesto; un ente islámico, de alguna corriente política o de algún país «enemigo».

Los nuevos valores

Su obsesión se centra en la satanización de la diferencia. El respeto a la diferencia nació en los gobiernos democráticos, en la revolución silenciosa social. Ahora quieren eliminar esos valores para imponer otros. La estrategia de satanización debería hacer surgir los nuevos valores de este movimiento:

• Negacionismo: negación de la existencia del coronavirus, el cambio climático y, en general, la ciencia.
• “Derecho a la diferencia”: Se refiere a que en una sociedad debe de poder prohibir la entrada de otras personas ajenas. Sin embargo, esta medida no se refiere a la migración no europea, en los discursos de América latina.
• Antifeminismo: desconociendo el valor de las mujeres en la sociedad y eliminando sus derechos (voto incluido)
• Honestidad: Elaborando discursos falsos y abanderando la libertad de expresión para protegerlos (por ejemplo, negación de los homicidios por parte de las dictaduras o explicando la necesidad y el beneficio de eliminar a jóvenes, izquierdistas, mujeres, homosexuales, etc. durante esos regímenes).
• Orden y Paz: Eliminación de la autonomía de los ciudadanos mediante un control autoritario que elimine la libertad, quedando la democracia en un estado latente, inexistente.

Así los nuevos valores de estos grupos políticos quieren eliminar la democracia y sustituir sus valores por estos nuevos.

Es en este escenario de confrontación que ellos crearon, el único punto en común que tienen todos sus seguidores es la búsqueda de una supuesta “Paz y el Orden» por el descontento que ellos aglutinan; aunque se trata de un descontento disperso y que discrimina también a sus miembros.

Sin embargo, sus seguidores no se dan cuenta que esa paz y ese orden tendrá una víctima, la democracia. En un régimen autoritario, como una dictadura, tal vez el lector quede en alguna categoría en la que pueda ser desaparecido: Evangélico, musulmán, blanco, marrón, mujer, homosexual, migrante, indígena, liberal, de izquierdas, de mar o montaña.

En ese escenario las personas se volverán eslabones de una maquinaria autoritaria y tergiversadora de realidades. El proceso de la “nueva derecha” culminará cuando todos seamos iguales o desaparezcamos y ellos sean líderes de lo que quede. Estos partidos, igual que el islamismo radical, quieren un retorno al pasado, un pasado fascista, intolerante, autoritario, ordenado y sin libertad.

¿Qué ganas tu en todo eso? Que no te gane el miedo. No te conviertas en uno de sus demonios: discriminador, provocador de miedos y autómata. No seas un robot. Protege tu identidad, protege la democracia.

Artículo Opinión: Gil Badiella

Agroturismo: un destino rural

 Artículo Opinión: Humberto López Tirone

“La guerra contra la pandemia logró jerarquizar el campo y visibilizar el trabajo digno y ejemplarizante de los territorios rurales, que hoy se fortalecen y protegen con la Ley de Agroturismo […]”

En las próximas horas, se cumplirá un sueño de más de una década; los Gobiernos anteriores no entendieron la importancia de dotar a los agricultores, campesinos e indígenas de una herramienta para la prosperidad y el empoderamiento rural.

Iberoamérica, y en especial el Parlacen, espera esta Ley de Agroturismo que sirva de ejemplo en todos los territorios rurales.

La Ley de Agroturismo permitirá el crecimiento y la diversificación de una de las ofertas turísticas más auténticas y humanas, comprometida con el rescate y la puesta en valor de los patrimonios del entorno, la sostenibilidad social y ambiental, la regeneración de la naturaleza, la gastronomía autóctona y saludable, el folclor, las artesanías, los saberes tradicionales, la agricultura orgánica y la agroindustria rural, entre otros.

El Agroturismo es el mejor aliado para eliminar la sexta frontera, para la ejecución del plan colmena, el fortalecimiento de la agricultura familiar, para la soberanía alimentaria y la reactivación económica nacional. También, el Agroturismo refleja en sus compromisos varios de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, metas que podemos alcanzar a corto y mediano plazo, solo por mencionar algunos: Hambre Cero, Empleo digno, Comunidades sostenibles, Reducción de las desigualdades, Acción por el clima.

Estas pequeñas y medianas inversiones en todo el territorio nacional son una herramienta integral para incrementar el valor ecológico, social, cultural y económico de las comunidades rurales, permitiendo la creatividad en la diversidad, promoviendo la protección de los patrimonios, evitando la migración del campo a la ciudad, ofreciendo experimentar un turismo de bienestar, conocimiento y emociones, basado en los principios de la sostenibilidad; con la participación activa y directa de otros emprendedores y empresas locales vinculadas, lo que genera impacto local y redunda en beneficio del bienestar y calidad de vida de las familias.

Estos a su vez generan empleo y visibiliza el papel fundamental de las mujeres, y la población juvenil, todo ello en cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el cierre del año del Turismo y Desarrollo Rural, el nuevo Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible declarado por la ONU, y en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. Declarado por la OMT como “Turismo para un crecimiento inclusivo”.

El Agroturismo es una herramienta fundamentalmente de desarrollo agropecuario, de riqueza ambiental y cultural, a través de todas las instituciones que fortalecen el sector y que definitivamente tienen pinceladas de Turismo Rural, que lo convierten en un producto único, pero olvidado, que, gracias a esta ley, se le da el rango y jerarquía que ha reclamado durante décadas.

El Agroturismo fue una herramienta de desarrollo en los campos franceses y españoles después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra contra la pandemia logró jerarquizar el campo y visibilizar el trabajo digno y ejemplarizante de los territorios rurales, que hoy se fortalecen y protegen con la Ley de Agroturismo, gracias a los diputados bajo el liderazgo de la diputada Corina Cano, a los Asociados de la Cooperativa de Agroturismo, Coosmatur, R. L., funcionarios de Agroturismo del MIDA, y otros muchos productores y emprendedores de Agroturismo y al presidente de la República, que creyó en la necesidad de la Ley 369, que regula el Agroturismo en la República de Panamá.

Humberto López Tirone

Vicepresidente ALDHU por América Latina

Vicepresidente ALDHU por América Central

Ómicron y la falta de solidaridad.

Art Opinión: Luis Gallegos Chiriboga

 La etapa que estamos viviendo la recordaremos todos y seguramente será recogida en la historia como una crisis sin precedentes en donde el mundo demostró que carece de una voluntad política para enfrentar juntos a las graves adversidades que derivan de la pandemia. La falta de solidaridad con los más vulnerables ha sido el comportamiento que más nos ha llamado la atención.

La sociedad mundial entera ha sido el conejillo de indias de políticas, recomendaciones y decisiones, desde las más simples como el uso de la mascarilla y el lavado de manos, hasta de los experimentos más avanzados de la ciencia, todo orientado a tratar desesperadamente de salvar la humanidad. Sin duda, es admirable lo que se ha logrado hasta el momento, ya que las “vacunas” nos han salvado de los efectos mortales de un virus. ¿Serán necesarias más vacunas y medicinas? Sólo el tiempo lo dirá.

Este virus nos ha demostrado descarnadamente las complejidades de la inequidad en los entornos nacional e internacional. La incapacidad de los organismos multilaterales de acordar soluciones con visión mundial es patético. Estos mecanismos han fallado por las pugnas geopolíticas entre las potencias, por la incapacidad de ponernos de acuerdo y la falta de solidaridad internacional frente a una peligrosa realidad, que mira a los aún no vacunados a los ojos con la guadaña de nuestra muerte y la de nuestros seres queridos. No hemos cumplido con los más pobres del mundo al acaparar las vacunas en los países ricos e impedir la inmunización en los más pobres.

Justamente cuando el mundo se aprestaba a celebrar las fiestas de diciembre y año nuevo, aparece una mutación del virus del covid-19, que la denominan Ómicron, la décimo quinta letra del abecedario griego, para facilitar que el público la identificara. A este paso, digo yo, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se le están acabando las letras del abecedario para denominar a las mutaciones.

Ómicron fue anunciada por Sudáfrica y el mundo entero limitó los vuelos desde ese país y sus vecinos inmediatos en un intento desesperado de reducir la expansión de la nueva variante, cuya existencia anterior en otras latitudes ya está comprobada. Volvimos a las limitaciones, rompiendo la recuperación económica prevista y causando la caída estrepitosa de las bolsas de valores, hipersensibles a los cambios que pueden significar el desplome de las economías. Frente a la perdida de trabajo vemos el crecimiento exponencial de la pobreza, el hambre y la inseguridad.

La FAO sostiene que en América Latina en el 2020, 267 millones de nuestros compatriotas enfrentaron inseguridad alimentaria, y 60 millones pueden morir del hambre. Retrocediendo 20 años. ¡Vaya récord! Para salir de esto, ¡todos necesitamos de más solidaridad!

Defenderse en libertad. Art. Opinión Enrique Ayala Mora

 Las recientes masacres carcelarias han visibilizado varias de las lacras más vergonzosas del país. Prisiones dominadas por mafias internacionales del narcotráfico donde no puede ni entrar la fuerza pública; guerras entre maleantes que cobran numerosas vidas de inocentes; edificios enormes de cárceles “modernas”, construidos con sobreprecios, que dificultan el control por el excesivo número de detenidos; escenas de familiares que buscan a sus allegados reclusos sin saber si viven o mueren; una sociedad indolente que ve todo esto en los medios de comunicación y solo lo asimila como una noticia más…

La situación es compleja y no hay soluciones fáciles. Se vino gestando por décadas y cuando estalla no se puede conjurar solo con tomas militares de las prisiones o promesas de mano dura. Se debe enfrentar la realidad con medidas inmediatas y también de mediano y largo plazo. Si no, avanzará el “narcoestado”.

Una de las causas, a lo mejor no determinante, pero si coadyuvante, es la sobrepoblación carcelaria. Sedice que hay tres veces más reclusos que los que permite la capacidad de los edificios. En celdas destinadas para cuatro personas se hacinan ocho o diez, con las complicaciones de salubridad, convivencia y seguridad consiguientes. Si los pabellones tienen demasiada gente, la conflictividad es previsible.

La sobrepoblación carcelaria se agudizó en nuestro país cuando fue emitido el Código Orgánico Integral Penal, COIP, que incrementó las penas y las posibilidades de prisión preventiva. Se profundizaron las condiciones para que se abusara de ese recurso y una de las consecuencias es el crecimiento exponencial del número de presos.

Una parte de la solución es bajar la cantidad de reclusos, cumpliendo con una garantía elemental: que los acusados, mientras no han sido sentenciados, salvo casos excepcionales puedan defenderse en libertad y no desde las cárceles.

Si no son un peligro para la sociedad, no deberían guardar prisión. Se pueden citar muchos casos, pero quizá uno de los más visibles es el de Pablo Celi, excontralor, que guarda prisión preventiva mientras, curiosamente, quienes cometieron en forma directa el delito del que se le acusa, están libres y alguno hasta sin acusación.

Otra medida necesaria y un elemental acto de justicia, es acelerar la liberación de personas que ya deberían salir porque cumplieron su sentencia o porque calificaron para una reducción. Es terrible mantener preso a un joven que cometió su primera falta, que no es un peligro social y corre el riesgo de salir muerto en medio del fuego cruzado de los malandros.

Descongestionar las cárceles es una medida de sanidad social, de respeto a los derechos humanos de los reclusos y un coadyuvante a la solución del problema carcelario que ha hecho al Ecuador tristemente célebre a nivel mundial.

Fuente : El comercio

Xiomara Castro, nueva presidenta de Honduras

Desde a ALDHU, saludamos la elección de Xiomara Castro como presidenta de, Honduras que viene a restablecer el orden democrático herido desde el golpe de Estado que derrocó a, Manuel Zelaya. El pueblo hondureño reencuentra su camino.

En las elecciones de hoy domingo 28 de noviembre, la oposición política representada por Xiomara Castro, esposa del Expresidente José Manuel Zelaya Rosales, quien fue víctima de un golpe de Estado encabezado por Micheletti, de extrema derecha, se ha alzado con la victoria en esta noche como la próxima y primera presidenta mujer de Honduras.

Con la asistencia de cerca del 65% de registro electoral, habiéndose contabilizado por el Consejo Nacional Electoral de Honduras el 50% de las actas a nivel nacional transmitida por TER; Xiomara Castro, representando a la izquierda hondureña, ha obtenido la victoria por más del 50% de los votos, frente a Nasry Asfura con solo el 35% que representaba a la Derecha  y al oficialismo de Honduras.

A pesar de los esfuerzos del partido gobernante de presentar a Xiomara como una comunista fervorosa, Castro consiguió el apoyo de un importante sector empresarial hondureño al integrar a su equipo económico a tecnócratas respetados y al mismo tiempo apelar a los partidarios más de izquierda de Zelaya en una gran alianza contra la corrupción en ese hermano país centroamericano, con la cual mantenemos una amplia relación comercial.

Este cambio representa un cambio sustancial en ese país y la región desde donde salen caravanas a cada rato rumbo a EE.UU., en razón de las condiciones de vida en las que escasea la oportunidad para la realización material de los sueños de promoción social y económica de millones de hondureños.

Felicitamos, desde este medio, al pueblo hondureño y a la nueva presidenta de Honduras, hecho que pone fin a un gobierno cuestionado por el Fraude electoral, el narcotráfico y la corrupción galopante.

Siendo las 11 de la noche en Panamá, la tendencia era irreversible y daba una clara victoria a Xiomara Castro. El pueblo salió a esta hora a celebrar la victoria en las calles, en San Pedro Sula y otras ciudades como Tegucigalpa.

Fuente: El periódico de panamá