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miércoles, 20 de marzo de 2019

ALDHU RESPALDA TRABAJO DE MICHELLE BACHELET CON RELACIÓN A CRISIS EN VENEZUELA.


La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDHU, a través de su Secretario General, Abogado, Juan de Dios Parra, señaló hoy estar “absolutamente de acuerdo con las declaraciones respecto del informe emanado por la Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet Jeria”.


“Respaldamos el trabajo ambicioso y objetivo de quienes elaboraron el informe entregado e instamos al Gobierno de Nicolás Maduro a observar con cuidado las recomendaciones que hace la alta Comisionada Michelle Bachelet”.

“Venezuela y su gente merecen paz, merecen un Gobierno que les asegure  a sus ciudadanos que saldrán de sus casas y regresaran con los suyos al finalizar el día, un Gobierno que vele por sus necesidades y les brinde respuestas a sus demandas” sostuvo Parra.

A continuación dejamos el informe entregado que relata en parte lo que se vive en Venezuela: 


Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela:

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
20 de marzo de 2019

Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,

Excelencias:

La Resolución 39/1 pidió un informe oral de actualización sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional.

Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país. Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro. Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos.

Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela-  el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos.

Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.

La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales.

El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil.  La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.

Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.

Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.

Asimismo, me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. 
En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación. Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto.

La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. 

En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES. La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación.

También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el derecho de las personas a la información.

Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección. Muchas de ellas han partido en precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras. Asimismo, los venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para conseguir la documentación que les permita facilitar la migración ordenada y el acceso a la educación y el empleo en otros países.

Los países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y cuyos derechos humanos requieren protección. Esas personas necesitan que se realicen esfuerzos considerables y coordinados de regularización y reunificación familiar, y a veces necesitan también acceso urgente a la atención médica, comida y vivienda, así como al empleo o la educación. 

Aplaudo los esfuerzos que han realizado los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio.

Excelencias:
La polarización está agravando una situación ya de por si crítica. Es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos. Exhorto a las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país. Y quiero insistir en el compromiso permanente de mi Oficina de trabajar con todos los interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela.

Muchas gracias, señor Presidente.


martes, 8 de enero de 2019

Invasión ilegal a domicilio de ex ministra Sandinista


El día lunes 7 de  enero, la Policía política de Daniel Ortega, ha procedido a invadir el domicilio de la ex ministra Sandinista DORA MARIA TELLEZ, sin orden judicial ni autorización legal alguna.

Esta acción represiva y de amedrentamiento en contra de esta destacada politica nicaraguense, se inscribe en el clima general de violaciones a los Derechos Humanos, creado por el Gobierno despótico de los Ortega-Murillo que viene asolando a Nicaragua.

Solidarizamos con Dora MariaTellez y exigimos la libertad y seguridad de los trabajadores que se encontraban en el domicilio al momento de ser arbitrariamente invadido por las fuerzas represivas  del regimen nicaragüense.

lunes, 24 de diciembre de 2018

Mapuche dicen NO a respuesta de Maya Fernández

Esta entrada no es de nuestra autoría.

En Temucuicui


MAPUCHE DICEN NO A RESPUESTA DE MAYA FERNANDEZ.


Por Aucan Huilcaman Paillama

Egresado en Derecho.Encargado de las Relaciones Internacionales

Consejo de Todas las Tierras.


Las comunidades Mapuche en reunión realizada el día 15 de diciembre 2018, acordamos pedir una Sesión Especial a la Cámara de Diputados con participación directa con los representantes Mapuche. Dicha petición estaba legitimada por más de cinco centenares de personas Mapuche que formularon la petición.


La respuesta de parte de la honorable Diputada y presidenta de la Cámara de Diputados de la república de Chile Maya Fernández Allende fue recepcionada por parte de los peticionarios el día 21 de diciembre. Coincidentemente se ha llevado a cabo una nueva reunión en la Comunidad Mapuche de Temucuicui el sábado 22 de diciembre.


La respuesta de la cámara de Diputados en cuanto hacernos presente que dicha institución opera con un reglamento con carácter extricto es el reflejo más fidedigno y elocuente de la doctrina de la negación que ha sostenido el Estado Chileno con el Pueblo Mapuche y sus derechos hasta el día de hoy.


A partir del aumento de las tensiones y controversias con la ejecución de Camilo Catrillanca, los Mapuche creímos que el Parlamento aceptaría dialogar con el Pueblo Mapuche y sus organizaciones, o que al menos harían un esfuerzo, entendido que el extricto reglamente que invocan no tiene un carácter sagrado ni perpetuo, aunque ni estamos pidiendo la modificar de su reglamento, sino, simplemente una “Sesion Especial” para abordar todos los asuntos que afectan al Pueblo Mapuche en su relación institucional con el estado y varias cuestiones relativas a los procesos normativos que allí se deliberan y afectan a los Mapuche.


La respuesta es la misma que hemos recibido, ante y pos “Pacificación de la Araucanía”, hechos en donde el Estado Chileno invadió militarmente al Pueblo Mapuche tomando, confiscando su territorio y sus recursos y cometiendo el crimen de genocidio que ahora el Estado Chileno pretende omitir y, estas son las causas que subyacen en las movilizaciones Mapuche.


La respuesta de hacernos reunir con algunas comisiones por muy respetadas que sean son simplemente derivar y llevar las cosas por otro lado, en otros casos nos habían ofrecidos únicamente la tribuna de la Carama de Diputados para que seamos parte de sus barras bravas del cual no estamos dispuesto aceptar.


Respuesta parecida proviene del gobierno del presidente Sebastian Piñera en el denominado Plan Araucania que nos ofrece cupos mediante partidos políticos y que no es más que la auténtica domesticación y colonialismo, además contraviniendo el derecho a la libre determinación del cual lo somos titulares adquirido de parte del derecho internacional.


Concretamente el Estado Chileno y en especial la Honorable Cámara de Diputados nos han cerrado las puertas, los Mapuche nos preguntamos si fue una ingenuidad o buena fe de recurrir a la Cámara de Diputados para un dialogo abierto, simplemente la buena fe de parte de los Mapuche y la cultura del dialogo.


Las resoluciones de los participantes
Mapuche de la última reunión efectuada 22 de diciembre de 2018 se orientan a dos cuestiones, una desarrollar en los próximos días unas intensas movilizaciones y en segundo lugar, comenzar a ejercer e implementar el derecho a la libre determinación Mapuche tal cual esta estipulados en dos norma de derecho internacional.


Le recordamos a los honorables diputados y senadores y al gobierno del presidente Sebastian Piñera que, los Mapuche somos titulares del derecho a la libre determinación bajo dos normas del derecho internacional es decir, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en septiembre 2007 y en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos OEA, adoptado en junio 20016, cuyo derecho está estipulado de la siguiente manera “los Pueblos Indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud a ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico social y cultura”. A partir de esta gran herramienta que representa el consenso internacional, los Mapuche nos auto-convocaremos a una Segunda Sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche para elaborar y adoptar un estatuto y seguidamente conformar un gobierno Mapuche en el sur. Sin duda esta será la ruta hacia la primavera Mapuche que no ha encontrado un dialogo de buena fe con el Estado Chileno.


Esperamos que luego de negarnos un dialogo de buena fe para abordar todos los asuntos que nos afectan como pueblo, habernos aplicado la doctrina de la negación por más de un siglo, conculcando nuestros derechos elementales, habernos criminalizados nuestra legitima movilización y efectuar los más inimaginables montajes tanto previo a la operación Huaracan y las mentiras no tan solo de carabineros alrededor de la ejecución de Camilo Catrillanca, ahora esperamos que no nos acusen de secesionistas e independentistas para justificar su relación represión, opresión política y seguir propiciando la política de domesticación y colonialismo con el Pueblo Mapuche.


La conclusión en la reunión de la Comunidad Mapuche de Temucuicui, es que llego la hora de la autodeterminación Mapuche y para ello en los primeros días del mes de enero próximo 2019, será la primera sesión hacia la instauración de un gobierno Mapuche sea este de carácter definitivo o provisorio, lo concreto que la ruta de la libre determinación Mapuche comienza a tomar forma concreta.

Los participantes de la reunión en Temucuicui, subrayaron que en el marco de las movilizaciones que se avecinan que, “pedimos el apoyo al Pueblo chileno que nos siga apoyando por el reconocimiento de nuestros legítimos derechos que nos asisten como Pueblo” y también “esperamos comprensión a la ciudadanía por las movilizaciones que se efectuaran.

Wallmapuche, 23 de diciembre de 2018


Link:http://werkenrojo.cl/mapuche-dicen-no-a-respuesta-de-maya-fernandez-por-aucan-huilcaman-paillama/

domingo, 23 de diciembre de 2018

Justicia chilena condena a los asesinos de la dirección nacional clandestina del PS de Chile

Tras 44 años de ocurrido los secuestros y desapariciones de los dirigentes del Partido Socialista de Chile durante la dictadura, la justicia concluyó con la condena de los agentes responsables; la mayoría de ellos ya privados de libertad por otros crímenes en el penal de Punta Peuco.

La Justicia condenó a seis ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por su responsabilidad en el secuestro Y desaparición de 11 integrantes del Comité Central del Partido Socialista (PS), detenidos en 1975.

Según fuentes judiciales, el ministro en visita, Miguel Vásquez, sentenció a los represores de la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA) a penas que fluctúan entre los 20 y los 15 años de prisión.

Entre los agentes represores condenados, destaca el ex brigadier del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, que deberá cumplir dos condenas que suman en total27 años de presidio por el delito de secuestro calificado de 8 de los 11 opositores desaparecidos, con los que suma más de 700 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

En la causa, el juez Vázquez Plaza decretó la absolución del agente Jorge Madariaga Acevedo.

Cabe señalar que esta es la segunda condena en el mes que recibe Krassnoff, luego de que el pasado 14 de diciembre fuera condenado a ocho años de cárcel por el secuestro y tortura de Félix Lebrecht.

Los antecedentes del caso

En las investigaciones quedó establecida que las detenciones de los dirigentes del Partido Socialista se realizaron entre marzo y diciembre de 1975, siendo traslados la mayoría al centro de detención y torturas Villa Grimaldi, desde donde se perdió el rastro de ellos.

En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas deducidas, ordenando al Estado de Chile pagar indemnizaciones de entre 80 millones de pesos y 150 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

El ex presidente del senado y actual vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, se refirió a este hecho y lo calificó como "un acto necesario de justicia".

NICARAGUA AL MARGEN DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

La decisión del gobierno despótico de Nicaragua, de expulsar del país a las misiones internacionales de defensores de los DDHH, pone al régimen de Ortega, al margen del sistema internacional y deja a su población en indefensión respecto a la tutela de sus libertades y Derechos.

Esta decisión es un  paso más en la consolidación del carácter dictatorial y despótico del gobierno de Ortega- Murillo confirmando a los ojos del mundo, su decisión de actuar en contra de la población, en total impunidad , fuera de toda supervisión y observación independientes.

La Comunidad Internacional deberá extremar las medidas de advertencia y denuncia de los atropellos padecidos por la población nicaragüense y en su caso, deberá extremar también las sanciones a un régimen que se aparta de las más elementales prácticas de la Democracia y el estado de derecho, al suprimir las pocas medidas que hasta ahora se habían implementado para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos.

El sábado 22 de diciembre del presente año, tomaron preso a Miguel Mora, dueño del canal independiente 100% noticias, de Nicaruaga, agregando a la lista la censura constante del Gobierno del País.

La ALDHU, a través de su secretario general Juan de Dios Parra, expresó su solidaridad con el pueblo y con las organizaciones nicaragüenses defensoras de los Derechos Humanos, a la vez que advirtió al gobierno de Ortega- Murillo, de hacerles responsables de toda muerte, detención arbitraria, tortura u otros tratos vejatorios a la población.

lunes, 3 de diciembre de 2018

Investigación tras muerte de joven mapuche : Chile

El ex sargento Carlos Alarcón, acusado de ser el autor material del asesinato de Camilo Catrillanca, aseguro que aun faltan cosas que salgan a la luz en un video filtrado el domingo. En el registro enviaso a compañero del GOPE, tanto en servicio como en retiro, insistió en su inocencia y acusó que "todavía falta que salgan cosas a la luz, porque ustedes que nos conocen saben que nosotros no actuamos a la mala, ni como delincuentes". "Ustedes saben que no soy un delincuente ni nadie de aquí, por lo tanto aquí hay gente nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos, los más peligrosos para la ciudadanía", aseguró.

Alarcón está en prisión preventiva en la Segunda Comisaría de Temuco -desde donde grabó el video- tras ser formalizado el pasado viernes junto a sus tres compañeros por el crimen del comunero mapuche.  

"Lamento tanto lo que se está viviendo hoy en el país a causa de este procedimiento. Lamentablemente, no se puede volver el tiempo atrás, sólo queda confiar en Dios en que esto va a llegar a buen término", añade.
Agradeciendo el apoyo de compañeros del GOPE, el ex sargento expresó que están "pasando esta cancha difícil, horrible, no se la doy a nadie (...) de ésta vamos a salir".
"Como nuestros instructores nos enseñaron, todo lo que comienza en un momento tiene que terminar", agregó.
Alarcón sentenció que él "nunca, por Dios que me está mirando, nunca haría algo contra el prestigio de mi institución y del GOPE, con mayor razón".

domingo, 25 de noviembre de 2018

Conflicto en la frontera de EEUU: migrantes

Un centenar de centroamericanos, según los cálculos de la prensa local y de varios testigos, ha intentado saltar este domingo la valla fronteriza que separa a México de Estados Unidos a la altura de Tijuana. Después de una marcha convocada por los migrantes, que permanecen instalados en albergues desde hace dos semanas en la ciudad fronteriza, un grupo importante de ellos —incluidos mujeres y niños— se separó de la multitud, y, en medio de empujones, logró sortear a la policía local y acercarse al muro.

La patrulla fronteriza estadounidense repelió al grupo desde el otro lado con gases lacrimógenos y balas de goma, según ha explicado un testigo a este periódico. Sin embargo, los agentes no pudieron evitar que un puñado de ellos se colara. Su aventura duró poco porque fueron posteriormente atrapados. Estados Unidos ordenó el cierre de la garita más transitada de la frontera, San Ysidro, por donde cada día cruzan más de 70.000 vehículos. Tras cuatro horas, fue reabierta, pero solo para el tránsito de personas. Los otros pasos fronterizos de la zona, Otay y Tecate, permanecieron este domingo abiertos.

La paciencia de los migrantes, en su gran mayoría hondureños, llega a su límite con este hecho insólito, al darse cuenta de que podrían transcurrir meses hasta que puedan cruzar la frontera para solicitar refugio. La mayoría de ellos, tras la represión policial estadounidense, se replegó y comenzó a abandonar la zona. "La gente estaba descontrolada, había muchas mujeres y niños", cuenta José Hernández, un hondureño que participó en la manifestación.