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miércoles, 15 de noviembre de 2017

Guatemala incumple con el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI


Visibles, un movimiento guatemalteco de reciente fundación, participó en I Congreso sobre Matrimonio Civil Igualitario en Centroamérica.

Guatemala. En Guatemala existe un resurgimiento de movimientos que se oponen al reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTI e impulsan políticas públicas que atentan contra la separación del credo religioso de las políticas de estado, que es un elemento esencial de la democracia.

El Director Ejecutivo de Visibles, Luis Eduardo Barrueto, participó en un panel sobre este y otros obstáculos al avance de los derechos de la población de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, e intersex  (LGBTI) en América Latina y el Caribe (ALC), en un encuentro regional realizado en Costa Rica. Se refirió a grupos que impulsan propuestas de ley para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y bloquear la discusión y enseñanza de asuntos relacionados con la orientación sexual, identidad y expresión de género.

“La consecuencia directa de estos movimientos es la perpetuación de la discriminación, tanto en el plano institucional, como en el costo a la integridad física y emocional de las personas”, comentó Barrueto ante los asistentes del I Congreso de Matrimonio Igualitario en Centroamérica, realizado en San José, del 8 al 11 de noviembre de 2017.

En Guatemala y el resto de países de la región, los movimientos reaccionarios y los discursos de odio que promueven también tienen un impacto en el plano cultural y social más amplios, impidiendo la aceptación y reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. Ésta es una deuda pendiente de las sociedades latinoamericanas, y se inscribe en un contexto marcado por el incumplimiento sistemático de los derechos humanos y las convenciones suscritas por los estados en el marco del derecho internacional.

En el panel “Conservadurismos y matrimonio igualitario en América Latina” también participaron Cristina Cornejo, diputada de la Asamblea Nacional de El Salvador por el partido FMLN y Margarita Salas, candidata a la Asamblea Nacional de Costa Rica. Ambas compartieron cómo diferentes movimientos y partidos de la región, tanto de izquierda como derecha, han evitado la defensa de los derechos humanos de la población diversa y enfatizaron que este proceder debe terminar.

Visibles es un movimiento guatemalteco que trabaja para conseguir la plena inclusión de población de la diversidad sexual en la sociedad guatemalteca y que persigue posicionar la diversidad como un valor entre la población.

Visibles es fundado en 2017 y se define como una plataforma colaborativa, optimista, propositiva y respetuosa.
Sobre el I Congreso de Matrimonio Igualitario en Costa Rica
El Congreso es organizado por la firma de abogados HDuarte-LEX, Fundación Igualitos, Asociación Ciudadana ACCEDER y la Asociación Costarricense de Derecho Internacional. El evento inició un debate sobre el acceso igualitario a la institución civil del Matrimonio como concreción del derecho a la igualdad y no discriminación en toda la región latinoamericana.

Entre los expositores se encontró la Vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón; representantes de las embajadas de la comunidad internacional y más de treinta activistas de varios países en ALC.



martes, 14 de noviembre de 2017

Crece la manipulación gubernamental en redes sociales, según un informe mundial


Muchos gobiernos de todo el mundo han aumentado "drásticamente" sus intentos de manipular la información en las redes sociales, lo que contribuyó a que este sea el séptimo año consecutivo de declive general de la libertad en internet, según el informe anual que publica hoy la organización Freedom House.

Las tácticas de manipulación y desinformación en Internet desempeñaron un papel importante en las elecciones de al menos 18 países, incluido Estados Unidos, "lo que dañó la capacidad de los ciudadanos de elegir sus líderes sobre la base de noticias objetivas y debates auténticos", indica el documento, adelantado a la prensa.

El informe "Libertad en Internet 2017", que se presenta este martes en Washington, se centra en el periodo que va entre junio de 2016 y mayo de este año y evalúa la situación en 65 países, que suman el 87 por ciento de los usuarios de internet en el mundo.

"La manipulación del contenido en línea contribuyó a un séptimo año consecutivo de disminución general de la libertad en internet, junto a un aumento de las interrupciones del servicio de internet móvil y un aumento de los ataques físicos y técnicos contra los defensores de Derechos Humanos y medios independientes", concluye.

Los gobiernos de un total de 30 países desplegaron "alguna forma de manipulación" para distorsionar la información en internet, siete más que los 23 del periodo anterior.

"Los comentaristas pagados, trolls, bots, sitios de noticias falsas y medios de propaganda fueron algunas de las técnicas utilizadas por los líderes para inflar su apoyo popular y esencialmente avalarse ellos mismos", indica el reporte.

La mayoría de los gobiernos se enfocaron en la opinión pública dentro de sus propias fronteras pero otros "buscaron expandir sus intereses en el extranjero, ejemplificado por una campaña de desinformación rusa para influir las elecciones estadounidenses".
Por tercer año consecutivo, China fue "el peor abusador" de la libertad en internet en el mundo, seguido por Siria y Etiopía.

Menos de una cuarta parte de los usuarios de internet del mundo reside en países donde la red se designa como "libre", lo que, según los parámetros de Freedom House significa que "no existen grandes obstáculos para el acceso, restricciones onerosas de contenido o violaciones graves de los derechos de los usuarios como vigilancia sin control o repercusiones injustas por el discurso legítimo".

Desde junio de 2016, 32 de los 65 países evaluados en el reporte vieron deteriorada su situación y los retrocesos más notables los registraron Ucrania, Egipto y Turquía.


España no aparece en el informe, como tampoco otros países del sur de Europa como Portugal y Grecia, y de América Latina se destaca el retroceso en Venezuela, México y Ecuador.

viernes, 10 de noviembre de 2017

La lacra del trabajo infantil en México: dos millones de menores empleados en un país de la OCDE


El 8,4% de las chicas y chicos mexicanos trabajan a diario para apoyar en el sustento en el hogar

Cae la tarde de viernes en Coyoacán y la plaza de los Coyotes, uno de los epicentros turísticos más icónicos del sur de la Ciudad de México, es un hervidero de lugareños y turistas extranjeros. En espacio de dos horas, hasta seis niños, todos ellos de menos de 12 años, se pasean por las mesas ofreciendo mazapanes, chicles y pequeñas artesanías. Al salir de la escuela, en vez de juegos, compartirán horas de venta ambulante a lo largo del fin de semana. Ante su presencia, las miradas se desvanecen y se pierden en el horizonte. Pocos quieren fijar sus ojos sobre una realidad tan dolorosa como la de un menor teniendo que ganarse la vida en uno de los países más ricos de América Latina. No son uno ni dos, sino 2,5 millones, según el último registro oficial.
En 2007, la muerte de David Salgado, un pequeño de nueve años originario de Guerrero (sur de México), mientras trabajaba en un campo de cultivo de Culiacán (Sinaloa, norte) sacudió la conciencia de muchos mexicanos y motivó una mayor atención al problema del trabajo infantil. Pero una década después, al son del ciclo agrario, centenares de niños llegarán en las próximas semanas con sus familias a la franja de 500 kilómetros que separa a Nayarit de Culiacán —muy cerca de donde murió David— para trabajar entre cuatro y seis meses en la recolección de tomates y otros vegetales, relata Isabel Margarita Nemecio, de la Red Nacional de Jornaleros Agrícolas.
Formalmente, los empleados serán sus padres, pero estos menores, en su mayoría procedentes de Guerrero y Chiapas, dos de las regiones más pobres de México, acabarán trabajando como un empleado más. "Las autoridades dicen haber erradicado el trabajo infantil en la zona, pero la realidad es que las inspecciones muchas veces no funcionan", apunta Nemecio. "Es muy velado el tema, clandestino en la mayoría de casos. Pero trabajar, trabajan". Gracias a su altura, flexibilidad y maleabilidad, agrega, estos menores reúnen las mejores condiciones para la recolección. Son, en suma, mucho más útiles que sus propios padres.
El sistema informal de pagos que se emplea habitualmente en las plantaciones mexicanas de frutas y hortalizas, a destajo —por unidad recolectada y no por jornada u hora trabajada—, añade un incentivo perverso para el empleo infantil y adolescente: ante la baja retribución que reciben —en la mayoría de casos, por debajo del umbral de pobreza—, los padres optan por llevar a sus hijos a trabajar para así poder complementar el ingreso familiar, apunta Saraí Miranda, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur. "En el caso del cultivo de tomate, para poder superar los 200 pesos diarios tienen que recolectar entre 300 y 400 cubetas de 20 litros por día: una persona sola no se basta, y eso lleva al trabajo de campo a los hijos de los jornaleros. Pero la responsabilidad última no es de los padres, sino de los empleadores".

Casi un cuarto de siglo después de que México formalizase su ingreso a la OCDE —el think tank que reúne a las economías más avanzadas del mundo—, el 8,4% de las niñas y niños mexicanos de entre de cinco y 17 años trabajan a diario para apoyar en el sustento familiar. La mayoría —nueve de cada 10— se desempeñan al margen de la ley, bien por no haber cumplido la edad permitida bien por realizar actividades que ponen en riesgo su salud y desarrollo físico e intelectual. De ellos, el 40% no recibe ninguna remuneración a cambio —en su mayoría, porque trabajan en su propia casa o en changarros (pequeños negocios) familiares— y casi uno de cada tres cobra menos que el salario mínimo, el tercero más bajo de Latinoamérica.

No hay indicios de que esta foto fija, elaborada con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, haya cambiado mucho en estos dos últimos años: la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990 sigue siendo papel mojado en amplias zonas del país. El salto económico de estos años ha sido considerable; el social, notablemente menor. "México no debería tener menores trabajando. Pero las leyes siguen siendo laxas e inexistentes en el caso del mercado de trabajo informal, y la desigualdad de acceso y los bajos salarios que cobran los padres hacen el resto", subraya Luis Huesca, investigador del Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo.


Normalización Social:

Febrero de 2016. El entonces subsecretario de Desarrollo Social de México, Ernesto Nemer, tuitea orgulloso: "Me da mucho gusto saludar a mi amigo Angelito, que siempre que vengo a San Cristóbal de las Casas me da la mejor boleada [limpiado de zapatos]". Angelito es un niño de no más de 10 años que se gana la vida —como decenas de menores de este polo turístico de Chiapas, por mucho el Estado más pobre de México, en el que uno de cada 10 menores no va a la escuela— embetunando el calzado de locales y turistas. Y la situación es "el mejor ejemplo de la normalización del trabajo infantil en muchas zonas del país", subraya Jesús Rubio, profesor de El Colegio de la Frontera Norte.

A diferencia de lo que ocurre en urbes mucho más prósperas, como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey —pese a que imágenes como la de Coyoacán son tristemente recurrentes—, en el sur del país, mucho más rural, la sensibilidad es notablemente menor, relata Rubio. Esta asimetría en la percepción social deja su huella en las cifras: mientras que en las áreas más urbanizadas el trabajo infantil solo afecta al 6% de los pequeños, en las zonas menos urbanizadas de México, la tasa se dispara hasta el 10%. Casos como el de I. L., una chica de 16 años que desde los 11 compatibiliza las clases con la ayuda diaria a sus padres en el empaquetado de café para su posterior venta y que aprovecha las vacaciones para cuidar de una niña más pequeña que ella a cambio de solo 600 pesos mensuales, son moneda de cambio demasiado habitual.

¿Qué se puede hacer para combatir el trabajo infantil? Gerardina González, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba subraya el elemento diferencial para acabar con la lacra del trabajo infantil: interrumpir el ciclo de carestía. "Hay que abordar el problema de la pobreza familiar, que en la mayoría de casos es el que lleva a los niños al trabajo", valora. La elevada incidencia del embarazo adolescente —medio millón de chicas menores de 19 años quedan encintas cada año— y la lacerante desigualdad de oportunidades, hacen el resto. La consecuencia: una elevadísima probabilidad de que los padres de un niño que hoy está empleado también tuviesen que trabajar en su infancia. Cuatro de cada 10 menores que trabajan en México ni siquiera pudo terminar la Primaria.


Cabe destacar que el trabajo Infantil es un mal que afecta a todas las naciones, incluida España y gran parte de los paises del viejo continente.


miércoles, 8 de noviembre de 2017

El Vaticano abrirá archivos sobre la dictadura uruguaya a denunciantes

Los archivos sobre la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985), serán abiertos para los denunciantes por violaciones a los derechos humanos que lo soliciten. El presidente Tabaré Vázquez solicitó dicha apertura.


 Según el delegado del país suramericano ante la Santa Sede, Mario Cayota, la apertura de los archivos del Vaticano fue solicitada por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez al papa Francisco el pasado diciembre, cuando visitó al pontífice durante una misión oficial.

En ese momento, el papa le transmitió a Vázquez su "total disponibilidad" para abrir los archivos vaticanos, para cuyo estudio se designó al exembajador ante el Vaticano, Mario Cayota, en representación de Uruguay.

"Simplemente tiene que indicar quién es y por qué está interesado en acceder a esta documentación y firmar. Porque esto es algo personalizado", explicó Cayota, que volverá a representar a Uruguay ante la Santa Sede, a pedido de Vázquez, luego de que Francisco Ottonelli culminara su mandato.
Información no se hará pública

"No hay otra cosa. En estos archivos hay información, es presunto lo que se dice ahí y tiene que ver con la intimidad de las personas. Eso de ninguna manera se puede hacer público", argumentó.

"Lo que no tiene que ver con los derechos humanos no hay derecho a hacerlo público. Y si quienes consultan lo hacen público, todo el peso de la ley podrá recaer sobre ellos", apuntó.


Cayota indicó que entre los archivos que se abrirán no se encuentra aún los documentos vinculados al cuerpo de Fusileros Navales, datos a los que se le asigna "gran importancia", pero cuyo análisis por parte de los investigadores no ha culminado.

martes, 7 de noviembre de 2017

CIDH publica informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América

Montevideo - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy un informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América. El informe describe las diferentes formas de discriminación que las mujeres indígenas enfrentan, en función de diversas facetas de su identidad. Asimismo, analiza cómo esta situación acentúa su exposición a la violencia y obstaculiza su acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. A través de este informe, la CIDH establece principios rectores que deben guiar la acción de los Estados para prevenir y abordar todas las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas en el continente, desde una perspectiva holística, de género e intercultural.


En razón de su identidad multidimensional, las mujeres indígenas están expuestas a una intersección de formas de discriminación basadas en su identidad cultural, sexo y género, entre otros factores, tanto fuera como dentro de sus propias comunidades, o como resultado de los remanentes históricos y estructurales del colonialismo. La intersección de estas fuentes de discriminación crea capas superpuestas de violaciones de derechos humanos que se refuerzan mutuamente.

Esta discriminación les genera a las mujeres indígenas obstáculos para el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y para su acceso a la justicia. Ellas aún encuentran muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y/o educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, y escaso espacio para participación en procesos políticos. Las mujeres indígenas que quieren practicar formas tradicionales de subsistencia suelen enfrentar grandes obstáculos para el acceso a las tierras y los recursos tradicionales. En cuanto al acceso de las mujeres indígenas a la justicia, los principales obstáculos son de naturaleza geográfica, socioeconómica, cultural y lingüística, y están relacionados a la falta de abordaje de la problemática por parte de los Estados. Esta marginación política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia.

Las mujeres indígenas enfrentan variadas formas de violencia, no solamente violencia física, psicológica y sexual, sino también violencia obstétrica y espiritual, las cuales están prohibidas por los tratados interamericanos de derechos humanos, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Las mujeres y niñas indígenas tienden a sufrir más actos de violencia en contextos particulares: en el marco de conflictos armados; durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y extracción; cuando se militarizan sus territorios; en el ámbito doméstico; cuando actúan como defensoras de derechos humanos; y durante procesos migratorios y de desplazamiento; entre otros contextos.

La Comisión destaca que el informe fue elaborado en base a la información proporcionada por mujeres y lideresas indígenas. Aunque las mujeres indígenas sufren discriminación y violaciones a sus derechos humanos, aquellas que han interactuado con la Comisión Interamericana en distintos espacios han rechazado la caracterización de víctimas y han exigido su reconocimiento como sujetas de derechos, actoras empoderadas, y lideresas. La CIDH parte del reconocimiento que las mujeres indígenas hacen contribuciones únicas y desempeñan un papel decisivo en la historia de la lucha por la autodeterminación de sus pueblos, por sus derechos colectivos e individuales y por sus derechos como mujeres.

El informe incluye una serie de recomendaciones para ayudar a los Estados en su labor de prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas. La CIDH recomendó a los Estados que, al elaborar y aplicar medidas para asegurar que se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas, adopten un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diferentes contextos, así como para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia en su contra. Este enfoque debe tener en cuenta el sexo, el género y la cosmovisión de las mujeres indígenas, así como los antecedentes de racismo y discriminación que han sufrido. Los Estados deben guiarse en base a los principios de igualdad y no discriminación y tener como base el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación y a la identidad cultural.

Reportaje completo lo puedes leer en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/169.asp

lunes, 6 de noviembre de 2017

Teatro y debate sobre las víctimas de violencia en América Latina

En el marco del Ciclo Itinerante de Teatro y Derechos Humanos y Pueblada por la Identidad se presenta en Oro Verde la obra Un eco más (versión libre de algunas vidas). La cita será el miércoles las 17, en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Uader con entrada libre y gratuita.

Será una actividad de debate y reflexión en torno a las víctimas de violencia en Latinoamérica. Está destinada a estudiantes universitarios y público en general.
El texto intenta representar la resistencia y la lucha frente a la barbarie, frente a la violencia y el dolor traumático que produce la fascinación obcecada del poder que se cree dueño de la vida y de la muerte.

El hilo conductor de la obra, su hilván, es rematado por los textos de Antígona, el clásico griego de Sófocles. Pero la mayor parte es dramaturgia de Oscar Lesa, donde se pone en juego la opinión del grupo acerca de este conflicto entre las leyes humanas y los mandatos divinos o, incluso, de la tradición.

"Es una versión muy, pero muy libre, de Antígona. Lo que plantea Sófocles hace 2.500 años es muy simple: el conflicto entre las leyes de los humanos y la ley divina; por un lado, el dictador Creonte prohíbe que los muertos sean enterrados, y por el otro, Antígona lo desobedece para cumplir con la ley divina. A partir de ese conflicto se disparan miles de lecturas e interpretaciones, justamente por eso le pusimos a la obra Un eco más, porque nos prendemos de una frase de George Steiner quien dice que Antígona es siempre un eco que sigue resonando a los largo de los siglos. Este es un eco más, modesto, porque nos parece que Antígona sigue siendo siempre actual porque toca cuestiones irresolutas, si bien uno se ve obligado a tomar partido. Pero todos los héroes, así sean villanos, tienen sus motivos para verse impulsados a la acción. En este caso, Creonte es un tirano, pero él defiende el derecho de su ciudad", señaló Lesa, en diálogo con Escenario.

Desde esta perspectiva, Antígona puede ser una madre de Plaza de Mayo; Creonte, un represor sudamericano; Polinices, un desaparecido. La violencia no cesa, el conflicto tampoco.

El mito
En la mitología griega, Antígona es hija de Edipo y Yocasta y es hermana de Ismene, Eteocles y Polinices. Acompañó a su padre Edipo (rey de Tebas) al exilio y, a su muerte, regresó a la ciudad.
En el mito, los dos hermanos varones de Antígona se encuentran constantemente combatiendo por el trono de Tebas, debido a una maldición que su padre había lanzado contra ellos.
Se suponía que Eteocles y Polinices se iban a turnar el trono periódicamente, pero, en algún momento, Eteocles decide quedarse en el poder después de cumplido su período, con lo que se desencadena una guerra, que concluye con la muerte de los dos hermanos en batalla, cada uno a manos del otro, como decía la profecía.
Creonte, entonces, se convierte en rey de Tebas y dictamina que, por haber traicionado a su patria, Polinices no será enterrado dignamente y se dejará a las afueras de la ciudad al arbitrio de los cuervos y los perros.

Datos
Actuaciones: María Cristina Witschi, Carolina Rodríguez, Raquel Freijo, Amelia Uzín y Alicia Herman.
Vestuario: Andrea Fontelles.
Diseño de sonido: Ariel Dutria.
Trailer: Stella Sánchez.
Dramaturgia: Oscar Lesa.
Dirección: Oscar Lesa y Nadia Grandón.


sábado, 4 de noviembre de 2017

América Latina, marcada por los feminicidios

El escándalo de acoso sexual que sacudió a Hollywood ha desencadenado una ola de denuncias. Sus réplicas también se sienten en América Latina, donde las mujeres luchan desde hace décadas contra la violencia de género.

México
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siete de cada 12 asesinatos de mujeres que se registran en América Latina ocurren en México.


Disfrazadas de calaveras, unas 250 mujeres marcharon este primero de noviembre por las calles de la Ciudad de México portando velas, cruces rosadas y fotografías de víctimas de violencia de género. En el marco de las celebraciones por el Día de los Muertos, colectivos de derechos humanos habían organizado manifestaciones en la capital y otras ciudades del país para denunciar la impunidad en los crímenes contra las mujeres y exigir un alto a los feminicidios. Según las Naciones Unidas, en México 7,3 mujeres fueron asesinadas cada día en 2016.

Perú
El año pasado, una movilización contra la violencia de género en Lima, promovida por el colectivo "Ni una menos", marcó récord histórico de asistencia. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubican a Perú en el octavo puesto entre los países con mayor número de feminicidios. De enero a septiembre de este año, se han registrado 94 feminicidios y 175 tentativas de este delito en todo el país, así como un promedio de 95 agresiones físicas y 12 violaciones sexuales al día, según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Argentina
Como consecuencia de los feminicidios en este país del Cono Sur, a mediados de 2015 diferentes organizaciones sociales convocaron a una multitudinaria manifestación bajo la consigna "Ni una menos". El lema trascendió las fronteras argentinas y es usado desde entonces a nivel internacional en distintas movilizaciones contra la violencia machista.


En 2016, según datos de la Corte Suprema de Justicia, se produjeron 254 feminicidios en el país. Sin embargo, organizaciones sociales como MuMaLá contabilizaron, en base a los casos relatados en la prensa, al menos 322 asesinatos entre enero y diciembre del año pasado. Ya en 2017, según esa última asociación, Argentina registró hasta julio 167 feminicidios.


El Salvador
Entre enero y octubre de 2017, El Salvador alcanzó una tasa de feminicidios de 9,54 por cada 100.000 mujeres que habitan en el país, acercándose peligrosamente a la tasa de 10 asesinatos que a nivel internacional se considera una epidemia.
Expertos explican que en El Salvador el sitio más inseguro para las mujeres es el hogar y no la calle. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos (OEA) también señala que en este país, al igual que Honduras, Guatemala, México y Colombia, la violencia letal contra las mujeres está ligada fuertemente al crimen organizado.

Bolivia
Desde el año 2013, rige en Bolivia una ley contra la violencia machista que tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de género y lo castiga con 30 años de cárcel sin indulto, la pena más alta de la legislación de ese país.
Entre enero y abril de 2017 se reportaron 22 feminicidios y 9.000 casos de violencia física y psicológica contra mujeres en este país andino, según la Policía.

Chile
En lo va de este año se han registrado 25 casos de feminicidio en Chile, donde además se contabilizaron 56 casos frustrados de este delito, según datos del Ministerio de la Mujer. En 2016 se cometieron 34 feminicidios.

Colombia
Entre 2015 y 2016 aumentó en un 3 por ciento el porcentaje de casos de mujeres asesinadas en Colombia, pasando de 970 en 2015, a 997 en 2016. Se estima que al menos un 50 por ciento de estos casos son feminicidios. En Colombia, 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia.