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jueves, 16 de agosto de 2018

Piden en Chile que se prohíba negar los crímenes del Dictador Pinochet.


Se levantan en Chile voces que reclaman que se prohíba negar o justificar violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, luego de la sonada renuncia de un ministro tras afirmar que el museo que honra a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) era un "montaje".

"Como sociedad necesitamos resguardar cierta comprensión común de la historia, y es responsabilidad del Estado prohibir el negacionismo y evitar la repetición de las dictaduras", dijo a Sputnik el diputado Miguel Crispi (izquierda).

El ministro de las Culturas de Chile, Mauricio Rojas, debió renunciar el 13 de agosto a su cargo, apenas tres días después de haber nombrado por el presidente Sebastián Piñera.

Rojas sostuvo durante el fin de semana que el Museo de la Memoria, que honra a las víctimas de la dictadura de Pinochet, era un "montaje" cuyo propósito es "impactar al espectador e impedirle razonar".

Esa declaración de Rojas dio pie a una lluvia de críticas, y algunos aseguraron que el ministro estaba "negando" las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, lo que abrió un debate sobre esta suerte de negacionismo.

El diputado Crispi, del partido Revolución Democrática (izquierda), fue una de las voces que liderado esta discusión, ya que en julio presentó un proyecto de ley para sancionar a quienes nieguen los crímenes de lesa humanidad que se han probado mediante denuncias y actuaciones judiciales.

"Se puede opinar sobre el contexto, se puede opinar de por qué hubo una dictadura en Chile, pero no se puede cuestionar la existencia de prácticas de desapariciones forzosas, de torturas y la existencia de una dictadura", afirmó Crispi a esta agencia.
Crispi sostuvo que se basó en la experiencia de países como Alemania o Francia, que castigan el negacionismo penalmente.

"Los países que han tenido situaciones como dictaduras, donde se han violado sistemáticamente los derechos humanos, se resguardan para impedir la repetición de estos hechos", indicó.

El diputado Tucapel Jiménez, del Partido por la Democracia (centroizquierda) e hijo del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, asesinado por la policía política pinochetista, también está a favor de sancionar el negacionismo.



martes, 14 de agosto de 2018

Chile y el negacionismo de la dictadura.


La salida del Ministro de la Cultura en Chile, Mauricio Rojas, por sus dichos en contra de la memoria de miles de personas que sufrieron en la Dictadura de Pinochet, al catalogar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos como un “Montaje”, es una muestra de lo débil que es el arrepentimiento (si es que lo hay) de la derecha en ese país.


Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU, califico de “victoria” la salida de Rojas de la cartera de Cultura en Chile, esto por la unidad que se logró en torno a la nefasta figura del mencionado Ministro, y puntualizó además que “es doloroso ver que una autoridad se refiera a “Montaje” a un lugar pensado y diseñado para mostrar el horror que se vivió en el pasado reciente de Chile”.

“Las palabras de Rojas y la defensa que le realizaron varias personalidades de la derecha, políticos e intelectuales, nos hace reflexionar en si realmente hemos avanzado en el respeto hacia los derechos humanos, el negacionismo, la falta de empatía aún persisten en la derecha Chilena, y eso es lo que debemos seguir combatiendo, porque sólo entendiendo que los derechos de las personas trascienden a una visión política, será valido el “nunca más” agregó.

A continuación compartimos una reflexión de la periodista Chilena para CNN, Mónica Rincón, con relación a la salida del Ministro de Cultura del Gobierno de Sebastián Piñera:

Mónica Rincón: “La salida de Rojas recordó por qué es tan importante que exista este Museo de las cicatrices de Chile”
"No es contexto lo que nos falta. Lo que nos falta es una Memoria Compartida. Es que de veras todos estemos por un Nunca Más", dijo la conductora de Marca Registrada tras la salida del recién nombrado ministro de la Cultura.

Todos los huesos hablan penan acusan
alzan torres contra el olvido
trincheras de blancura que brillan en la noche
El hueso es un héroe de la resistencia

Es imposible escuchar este poema de Oscar Hahn y no estremecerse y pensar en las fosas comunes de la dictadura o casos horrorosos como el de Lonquén.
Casos que recuerdan lo imperioso de asumir el respeto a los DD.HH. No a veces, no si es que no hay violencia, no para algunos. Aquí, en China, o en Cuba, porque no hay contexto en que su violación sea menos grave.
Y sobre eso no hay unanimidad en Chile. Triste, pero cierto. Cuando volvemos a mirar la dictadura de Pinochet, no pocos insisten en que las víctimas no eran blancas palomas, juegan al empate o exigen el contexto aunque después aclaran que no es para justificar el horror.
La salida del ahora ex Ministro de Cultura no fue porque no se pueda criticar al Museo de la Memoria, lo que no se debe es injuriarlo. Es decir que es un montaje.
Y porque es inaceptable manifestar como él hizo, que la víctima es en algo culpable y que tiene mucho que perder si reconoce que “ayudó a crear los caminos por donde transitaron los tanques”. Es como decir: “se lo buscaron”.
La salida de Rojas recordó por qué es tan importante que exista este Museo de las cicatrices de Chile, de esa oscura noche de 17 años.
No es contexto lo que nos falta. Lo que nos falta es una Memoria Compartida. Es que de veras todos estemos por un Nunca Más.


miércoles, 25 de julio de 2018

Declaración Publica ALDHU



La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU, ha levantado su voz de alerta ante la resolución judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha declarado admisible un encausamiento penal en contra del periodista e investigador social Javier Rebolledo.

La causa contra Rebolledo ha sido interpuesta por un imputado en crímenes contra los Derechos Humanos (Teniente Coronel Raúl Quintana Salazar) quien ha sido llamado a responder ante la justicia por su participación en crímenes contra la Humanidad.

La impunidad de la que han gozado los criminales de estos crímenes atroces, ha sido en parte rota por las investigaciones periodísticas de personas valientes y comprometidas con la verdad, como Javier Rebolledo…la decisión de enjuiciarlo por descubrir la verdad, es una ofensa a la libertad de expresión y al ejercicio de la misión de los periodistas, declara la ALDHU.

Juan de Dios Parra, secretario general de la ALDHU ha afirmado que la decisión de la Corte santiaguina es un grave error, ya que lo hecho por Rebolledo no es más que develar la verdad, e informar de la misma a la sociedad, lo cual nunca debe ser estimado como una lesión a la honra, menos de quien como en este caso, está imputado por hechos condenables por la humanidad, lo que de hecho lo convierte en un peligro para la sociedad.

Recordamos que este ex militar fue jefe del campo de concentración de Tejas Verdes y se encuentra condenado a 20 años de prisión por su participación en el asesinato de cinco personas detenidas desaparecidas.

Defendemos a Javier Rebolledo, y alertaremos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a objeto que a través del Alto Comisionado para la libertad de expresión, represente al estado chileno la preocupación de la comunidad internaciónal por este grave hecho que pone en cuestión la libertad de expresión en Chile.


Santiago de Chile, Julio de 2018.

martes, 17 de julio de 2018

Aumenta la presión internacional contra Ortega por la represión en Nicaragua


La comunidad internacional ha intensificado este lunes la presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos durante tres meses de protestas exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Estados Unidos, 13 países latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidieron al Ejecutivo de Ortega el fin de la represión de las manifestaciones que desde el pasado 18 de abril inundan las calles del país centroamericano. Guterres clamó por un cese inmediato de la violencia y se atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera indirecta.

“El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva”, dijo el secretario general de la ONU en San José, a 400 kilómetros de Nicaragua, durante una visita para participar en la conmemoración de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Guterres aseguró que el sistema de Naciones Unidas ha intervenido dentro de sus márgenes mediante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También sugirió el abordaje regional de la crisis en Nicaragua en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

A su lado, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, condenó de nuevo la violencia ejercida contra los estudiantes universitarios perpetrada el fin de semana, mientras se prepara para atender un aumento en la llegada de migrantes nicaragüenses que se declaran perseguidos o que han perdido sus empleos durante esta crisis.

Paralelamente 13 países de América Latina, entre ellos México, Brasil, Argentina y Chile, exigieron el "cese inmediato a los actos de violencia" en Nicaragua y el "desmantelamiento de los grupos militares". Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto que fue dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Los Gobiernos de estos 13 países denunciaron la "violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales" en Nicaragua. En la misma declaración pidieron "la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia", señala el texto.  

Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y advirtió al presidente Daniel Ortega de que cada nueva víctima en las protestas "mina aún más" su legitimidad. Washington, que ha sido muy crítico con el mandatario, reiteró su petición para que se celebren elecciones "anticipadas, libres, justas y transparentes" como vía para salir de la crisis.

En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua "la situación va de mal en peor", y anunció que se reunirá con el ministro para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.

La CIDH —un órgano que forma parte de la OEA— ha asegurado que ya van 264 muertos desde que se iniciaron las protestas, mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua calcula que son 351 personas fallecidas y miles de heridos.

Frente a los 150 muertos que ha dejado la represión en Venezuela en todo el año, en Nicaragua se ha registrado el doble en solo tres meses. La embestida diplomática pone fin al largo silencio de la comunidad internacional y sucede después de un violento fin de semana. El domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya, 35 kilómetros al sur de Managua, y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera. El sábado habían muerto dos de los casi 200 estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad (UNAN) y una iglesia y fueron asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.

La vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ha asegurado este lunes que el Gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de carreteras y para "restaurar la paz". Ha afirmado también que las protestas responden a "un plan terrorista y golpista acompañado por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. El golpe lo quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán".

Por su parte, la Iglesia católica denunció la "falta de voluntad política del Gobierno" para dialogar con la opositora Alianza Cívica. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio y desde entonces los obispos han intentado sin éxito convocar nuevos encuentros.

La mecha que prendió el levantamiento popular fue una controvertida reforma del sistema de pensiones que finalmente el Gobierno dejó sin efecto. Sin embargo, el hartazgo y el nepotismo del matrimonio derivaron en una larga y sangrienta protesta que dura tres meses. La oposición los acusa de instaurar una dictadura y exige convocar en marzo las elecciones presidenciales previstas para 2021.


miércoles, 11 de julio de 2018

Las fuerzas de choque del régimen de Daniel Ortega atacaron a obispos y miembros de la Iglesia en Nicaragua.


Según informa www.infobae.com, en Nicaragua el conflicto con la población ha escalado a niveles insospechados: 

La iglesia Católica denunció este lunes nuevos ataques del régimen de Daniel Ortega en las ciudades del norte y Pacífico de Nicaragua, que dejaron como resultado un muerto y una vivienda incendiada.

Centenares de seguidores de Ortega y grupos paramilitares asediaron y agredieron a jerarcas católicos en la ciudad de Diriamba, al suroeste del país.
Los violentos irrumpieron en la Basílica de San Sebastián, donde los eclasiásticos habían llegado a apoyar a un grupo de manifestantes que se atrincheraron el domingo ante el asedio de las fuerzas del régimen.

Monseñor Báez resultó herido tras los ataques de los grupos de choque

"No queremos más tranques (bloqueos) de vías", "asesinos", "mentirosos", gritaron los partidarios del régimen sandinista a la comitiva de religiosos, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag cuando llegaron a Diriamba.

El nuncio, el cardenal y los obispos llegaron en caravana desde Managua para ayudar a liberar a las personas retenidas en la Basílica, entre ellos médicos voluntarios que habían quedado atrapados desde el domingo en la iglesia tras la violenta incursión.

Los religiosos fueron rodeados por seguidores del régimen, al llegar al templo, en cuyos alrededores había decenas de paramilitares.

Nota completa en:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/07/09/las-fuerzas-de-choque-del-regimen-de-daniel-ortega-atacaron-a-obispos-y-miembros-de-la-iglesia-en-nicaragua/

martes, 10 de julio de 2018

Ex Presidenta Bachelet firma carta de apoyo a Lula da Silva.


La ex Presidenta Michelle Bachelet lidera la lista de una serie de personeros políticos que adhirieron a una carta de apoyo para que el ex Mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pueda inscribir su candidatura a la presidencia.

El ex Presidente del Partido de los Trabajadores cumple una condena desde abril de doce años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del caso Lava Jato.

En la carta, que se hizo pública ayer, se sostiene que "el Partido de los Trabajadores ha proclamado a Lula como candidato a la Presidencia, y anunciado su inscripción en el Tribunal Superior Electoral el 15 de agosto próximo. Se trata, sin duda, de la figura política más relevante y popular del país".

En esa línea, en el texto se afirma que la decisión de no dejar competir al ex Presidente de Brasil en las elecciones se basaría en "argumentos discutibles en un proceso que no ha llegado al estado de cosa juzgada" y "que una elección presidencial sin Lula como candidato podría tener serias impugnaciones de legitimidad y profundizaría aún más la crisis política que Brasil tiene que superar".

"Apelamos al Poder Judicial del Brasil para que garantice el pleno respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial. Lo exige la democracia brasileña. Lo demandamos también los demócratas chilenos", se concluye en el texto.

La misiva, en total, fue firmada por alrededor de 40 dirigentes políticos y del mundo académico chileno, incluidos personeros de la ex Concertación y del Frente Amplio. Entre ellos destacan los ex ministros Sergio Bitar, Carlos Ominami y Adriana Delpiano; los presidentes del Senado y la Cámara, Carlos Montes y Maya Fernández, ambos PS; el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, y los senadores del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, Juan Pablo Letelier y José Miguel Insulza.

viernes, 6 de julio de 2018






Santiago de Chile, 4 de Julio de 2018.

RELATOR ESPECIAL SOBRE INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS
ONU
Sr. Diego García Sayán

De nuestra especial consideración:

Recurrimos ante Usted a objeto de poner en su conocimiento un grave intento de menoscabar y entorpecer el actuar independiente e imparcial de la Jueza  de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Daniella Camacho, quien lleva a su cargo el procesamiento penal del ex presidente de la República Rafael Correa Delgado, en una causa por secuestro de un ex legislador en la que se investiga su participación.
La referida jueza Daniella Camacho ha dictado una orden de prisión preventiva en contra del ex presidente Correa, por cuanto este no cumplió con su requerimiento de presentarse ante la magistrada.
La cuestión es que esta medida cautelar, adoptada en el marco de las atribuciones legitimas que asisten a la jueza Camacho, en el ejercicio de sus funciones, ha sido duramente cuestionada y criticada por los presidentes de la república de Bolivia Evo Morales y de Venezuela Nicolás Maduro, quienes la han calificado como un acto de persecución política instigado por los Estados Unidos.
Es evidente que este intento por desacreditar internacionalmente el actuar independiente de una magistrada, además de constituir un inaceptable acto de injerencia en la soberanía judicial del Ecuador, importa una evidente acción intimidatoria en contra de la juez a cargo del proceso.
Nos consta la separación de poderes y la independencia de la judicatura así como el respeto a sus prerrogativas democráticas actualmente vigentes en Ecuador, reinstaladas laboriosamente desde el ejercicio del actual gobierno del presidente Lenin Moreno y especialmente desde la implementación de las correcciones institucionales aprobadas por el referéndum de Febrero del 2018.
Las declaraciones aludidas de los presidentes Morales y Maduro, configuran un intento de injerencia inaceptable, pero sobre todo, afectan negativamente la integridad del ejercicio de la magistratura.

Por lo dicho, y apelando al contenido de la resolución 8/6 y demás pertinentes del Consejo de Derechos Humanos, 40/32, 45/166 de la Asamblea General de la ONU, y a sus especiales facultades para “investigar toda denuncia sustancial” y en ese marco “identificar los atentados a la independencia de la judicatura”,  recurrimos a Usted para que luego de investigados los hechos, informe la ocurrencia de este atentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que éste lo ponga en conocimiento de  la Asamblea General y requiera a sus autores que se abstengan de interferir en la actuación independiente y soberana del Poder Judicial del Ecuador en este caso.

Juan de Dios Parra
Secretario General de ALDHU