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martes, 29 de marzo de 2022

¿Cómo es proteger a los defensores de derechos humanos en el mundo? Se lo preguntamos a la mujer que lo hace a diario.

 Mary Lawlor trabaja para proteger a quienes arriesgan su vida por defender nuestros derechos.



Se necesita una cantidad increíble de valor para proteger y defender los derechos de todas las personas. Sorprendentemente, hay ciudadanos de todo el mundo que han dado un paso al frente y alzado la voz para llamar a hacer lo que es correcto.

Estas personas son quienes defienden los derechos humanos en el mundo. Anteponen los derechos y la equidad de todas las personas y defienden a los más vulnerables del mundo, sin importar el costo, que a veces es enorme.

Históricamente, esto se ha visto como amenazas a su seguridad y reacciones de grandes empresas o gobiernos. Por eso se creó en las Naciones Unidas la función de relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

Mary Lawlor ocupa actualmente el puesto que podríamos llamar: la defensora de los defensores.

Ayuda a aplicar la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998, y su trabajo consiste en hablar con los gobiernos y funcionarios públicos cuando los activistas y defensores de los derechos humanos se enfrentan a riesgos o consecuencias tras su activismo pacífico. Lawlor también busca mejores soluciones y medidas para ayudar a proteger a los defensores, y también se centra en las mujeres defensoras de los derechos humanos y en los riesgos a los que se enfrentan debido a la desigualdad de género.

Recientemente, Lawlor presentó un informe sobre los obstáculos que la corrupción supone para los defensores de los derechos humanos, uno de los dos informes que tiene previsto presentar a la Asamblea General de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos este año.

Global Citizen habló con la "defensora de defensores" para saber más sobre el informe y sobre las formas de proteger y apoyar a quienes luchan por los derechos humanos en primera línea.


¿Por qué los defensores de los derechos humanos son tan cruciales para una sociedad justa y funcional?

Los defensores de los derechos humanos (DDH) son agentes clave del cambio social. Son tan importantes porque garantizan que los que pueden quedarse rezagados estén representados de otra manera, que aquellos cuyos derechos son pisoteados tengan voz y que las injusticias en la sociedad no pasen desapercibidas.

Pienso en el papel que desempeñaron las defensoras de los derechos humanos en mi propio país, Irlanda, para impulsar la igualdad matrimonial. Simplemente no habría ocurrido sin ellas, y a los gigantescos saltos realizados por las defensoras de los derechos humanos en Sudán, que persistieron en una larga campaña de un año para que se criminalizara la mutilación genital femenina, en la que finalmente tuvieron éxito en 2020.

Mi reciente informe sobre los defensores de los derechos humanos que luchan contra la corrupción también puso de relieve el papel fundamental que desempeñaron al sacar a la luz los intentos de gobiernos corruptos, entre otros, de beneficiarse de la ayuda relacionada con la pandemia que recibían sus países.

Por poner un ejemplo muy actual, vi cómo las defensoras de los derechos humanos en Ucrania se adaptan a las condiciones más peligrosas para llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos: cambiando sus planes de defensa para trabajar en la documentación de los crímenes de guerra, o proporcionando alimentos y medicinas a las ciudades bajo bombardeo. Por eso los defensores de los derechos humanos son cruciales para una sociedad que funcione y sea justa.


Fuente: Global Citicen.

Por Khanyi Mlaba

Escrito en español por Enrique Corte Barrera

25 de marzo de 2022


lunes, 28 de marzo de 2022

Desafíos de la política exterior del nuevo gobierno. Chile.

 Título: "DESAFIOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL NUEVO GOBIERNO".  

Fecha: jueves 7 de Abril a las 19.00 hrs.


Expositores:

MARTA  MAURÁS.  Socióloga y diplomática, funcionaria y consultora de organizaciones de Naciones Unidas en Asia, África, ALC y sede NY. Ex experto independiente del Comité Internacional de Derechos del Niño. Miembro y fundadora del Foro Permanente de Política Exterior; ALBERTO VAN KLAVEREN Abogado, Doctor en Ciencias Políticas, diplomático, Docente e investigador del Instituto de Relaciones Exteriores Universidad de Chile; JOSÉ MIGUEL INSULZA, Senador, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ex Secretario General de la OEA; PAULINA VODANOVIC, Abogada, ex presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, encargada internacional del PS; Modera: FELIPE ENERO, Licenciado en Relaciones Internacionales USACH, Master en Administración Pública Universidad de Renmin, China . 


ORGANIZAN: Instituto Igualdad y Mesas Temáticas del Senado.

martes, 22 de marzo de 2022

Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Ecuador.

Trecientas dieciséis personas privadas de libertad perdieron la vida bajo la custodia del Estado durante 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó un informe sobre la situación de personas privadas de libertad en Ecuador. En él, da a conocer sus hallazgos y conclusiones obtenidas de la visita de observación que realizó en diciembre de 2021, constatando in situ la grave crisis penitenciaria que atraviesa el país



El Informe da cuenta de los grandes desafíos que tiene el Estado frente a la grave crisis penitenciaria estructural y del inminente riesgo a la vida e integridad física y psicológica que enfrenta la población penitenciaria. En particular, la CIDH observa que en la crisis prevalecen los altos índices de violencia y corrupción que responden al abandono estatal del sistema y la ausencia de políticas de reinserción y prevención de los delitos.

Refiere que solo en 2021, un total de 316 personas privadas de libertad perdieron la vida bajo la custodia del Estado, en su mayoría, jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados de delitos menores, a ello se suman cientos de heridos producto de una serie de ataques ejecutados por los mismos internos por riñas entre distintas bandas y motines. Esta alarmante cifra, representa un incremento del 587% respecto al año 2020, cuando se registraron solo 46 muertes.

La Comisión señala como principal causa de la violencia interpenitenciaria la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que, en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Asimismo, el Informe revela la existencia de una política que privilegia el encarcelamiento como medida para resolver los problemas de seguridad ciudadana, esto inevitablemente produce un incremento exponencial de la población penitenciaria producto del uso excesivo de la prisión preventiva.

En el mismo sentido, la CIDH considera que los obstáculos presupuestarios, legales y administrativos para conceder beneficios e indultos reducen la posibilidad de disminuir el alto número de personas privadas de libertad, ocasionando que el sistema pierda toda posibilidad de garantizar de manera efectiva la reinserción social de los reclusos. La falta de recursos económicos también produce condiciones paupérrimas, donde se observan altos índices de hacinamiento, falta de segregación entre personas condenadas y procesadas, infraestructura deficiente, atención médica precaria, falta de personal técnico adecuado, alimentación que no cumple con los requerimientos nutricionales de una persona adulta, peligro inminente de violencia contra mujeres, entre otras.

La Comisión recomendó al Estado una serie de medidas penitenciarias basadas en estándares internacionales. Entre ellas, la implementación de una política criminal y penitenciaria integral y transversal con enfoque de género, acciones eficaces para prevenir y controlar todo tipo de violencia; propiciar la reducción de la población penitenciaría, haciendo énfasis en el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y no como solución a los elevados índices de delitos, garantizar la reinserción social efectiva de las personas que han cumplido con sus penas y, fortalecer a nivel institucional el régimen penitenciario, de tal forma que pueda cumplir con las condiciones mínimas que aseguren la dignidad de la población penal.

Informe Completo

Fuente: Diario Constitucional (Chile)

domingo, 20 de marzo de 2022

Falleció Ernesto Araníbar Quiroga

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, hace saber su profundo pesar por el fallecimiento de Ernesto Aranibar Quiroga


Ernesto fue uno de los pilares de nuestro trabajo continental y un gran embajador de la ALDHU  en Washington, además de rebautizar a la antigua Aladehu como ALDHU. Ya desde muy joven, se caracterizó por ser un líder por la democracia y los Derechos Humanos en Bolivia y el continente.

Ernesto Araníbar Quiroga fue ministro en dos oportunidades y antes de cumplir 33 años. Diferentes Políticos bolivianos destacan su aporte a la economía del país. Conocido como el padre de la desdolarización, una medida que se aplicó durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP ) es conocido por diferentes medidas que impulsaron la economía boliviana. 

Expresamos también nuestras condolencias a su hermano Antonio, vicepresidente de la ALDHu, solidarizándonos con su irreparable pérdida.

lunes, 14 de marzo de 2022

La Guerra y la Paz: Conflicto en Ucrania

 Ronald Wilson (Miembro del consejo ALDHu para Chile) presentó "La Guerra y la Paz: Conflicto en Ucrania" para el Instituto Igualdad.

Ronald presenta a tres grandes expertos con el fin de pensar y analizar la gravedad y trascendencia que tiene el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania: sus implicancias, causas y aristas económicas, estratégicas y humanitarias. Todo ello en un interesante diálogo de gran interés.



Rusia, Ucrania, El acuerdo de Shanghái, EEUU, Europa, China, Derechos humanos, convenciones de Ginebra, comunicación digital o las armas nucleares son temas analizados e internrelacionados en este interesante encuentro.

domingo, 6 de marzo de 2022

La Asamblea General exige a Rusia la retirada inmediata de sus fuerzas militares de Ucrania

 El órgano más representativo de la ONU adopta una resolución que deplora la agresión rusa y reafirma la soberanía, independencia política e integridad territorial ucranianas. El texto también exige a Rusia revertir el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Luhansk. 141 países votan a favor, cinco en contra y 35 se abstienen.


La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este miércoles una resolución en la que exige a la Federación de Rusia que “retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”.

El documento, patrocinado por más de 90 países, obtuvo 141 votos a favor, cinco en contra -Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea-, y 35 abstenciones . El voto se llevó a cabo luego de más de dos días de un debate en el que casi 120 representantes coincidieron en la necesidad de una solución pacífica a la crisis, aunque desde diferentes perspectivas.

Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero reflejan la posición de los 193 Estados miembros de la ONU. La sesión de especial de emergencia y la decisión de la Asamblea se producen después de que el viernes pasado Rusia vetase una resolución en parecidos términos que habría permitido al Consejo tomar medidas, entre ellas las militares, para obligar a su cumplimiento.

Además de la retirada militar rusa, el texto adoptado exige a ese país que ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y que revierta sin condiciones la decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk.

Del mismo modo, estipula que Rusia debe abstenerse de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado Miembro.

Otra exigencia de la Asamblea es que todas las partes permitan el paso seguro e irrestricto a quienes busquen salir del país, que faciliten la entrada y distribución de asistencia humanitaria, que protejan a la población civil sin distinciones de ningún tipo, y que respeten los derechos humanos.

Deplora la participación de Bielorrusia

El texto “deplora en los términos más enérgicos la agresión de Rusia contra Ucrania”, que contraviene la Carta de las Naciones Unidas y condena las violaciones del derecho internacional humanitario y los abusos de las garantías fundamentales.

Por otra parte, deplora “la participación de Bielorrusia en este uso ilícito de la fuerza contra Ucrania y exhorta al país a que cumpla sus obligaciones internacionales”.

La resolución dispone que todas las partes cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario para no atacar ni dañar a la población ni a los bienes de carácter civil, que no ataquen bienes indispensables para la supervivencia de los civiles y que respeten al personal y suministros humanitarios.

La Asamblea General también exhortó a las partes a que cumplan los acuerdos de Minsk e insta a la resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania “mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos”.

En otro punto, acoge con beneplácito los esfuerzos continuos del Secretario General de la ONU, los Estados miembros y diversos organismos internacionales por distender la situación y promover el diálogo.

En el texto previo a las estipulaciones, la resolución explica que toma esas previsiones “condenando la declaración hecha por la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022 de llevar a cabo una ‘operación militar especial’ en Ucrania, al igual que la decisión rusa “de mejorar el nivel de preparación de sus fuerzas nucleares”.

Ucrania necesita la paz y el mundo la exige

Inmediatamente después de la votación, el Secretario General, quien estuvo presente durante toda la sesión al lado del presidente de la Asamblea, salió unos momentos de la sala para dirigirse a la prensa.

“La Asamblea General ha hablado. (…) El mensaje es alto y claro: Poner fin a las hostilidades en Ucrania, ahora. Silencien las armas, ahora. Abra la puerta al diálogo y la diplomacia, ahora”, declaró António Guterres.

Agregó que no hay tiempo que perder porque si bien los efectos brutales del conflicto ya son evidentes, la situación puede empeorar mucho más para la población ucraniana.

“La resolución de hoy refleja una verdad fundamental. El mundo quiere poner fin al tremendo sufrimiento humano en Ucrania”, enfatizó.

Guterres planteó nuevamente su preocupación por las consecuencias regionales y mundiales que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede tener en términos de paz y seguridad.

En otra línea, el titular de la ONU hizo hincapié en la rápida movilización de fondos para las operaciones humanitarias en Ucrania y sus países vecinos y recalcó la enorme generosidad internacional observada ayer en la respuesta al llamamiento a recaudar recursos para brindar asistencia vital a la población afectada.

Con ese dinero, las agencias de las Naciones Unidas podrán aumentar la entrega de suministros médicos y de salud, alimentos, agua potable, refugio y protección.

“De cara al futuro, continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para contribuir a un cese inmediato de las hostilidades y negociaciones urgentes para la paz. La gente en Ucrania necesita desesperadamente la paz. Y la gente de todo el mundo la exige”, concluyó el Secretario General antes de volver a la sala de la Asamblea.


El Secretario General António Guterres salió de la Asamblea General para hablar con la prensa.ONU


Intervención “no provocada”

Antes de la votación, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, una de las últimas oradoras del debate, instó a Rusia a detener su intervención “no provocada” en Ucrania y llamó a Bielorrusia a dejar de apoyar y facilitar la agresión.

Linda Thomas-Greenfield acusó a Rusia de violar las leyes internacionales y recordó que el trabajo de los Estados reunidos en la Asamblea General es detener la guerra.

La diplomática estadounidense responsabilizó a las fuerzas rusas de lanzar ataques contra la población e infraestructura civil y abogó por el bienestar de los refugiados, sin ninguna distinción, en los países que los están acogiendo.

Ucrania y Rusia

El representante de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, presentó la resolución al pleno antes de proceder al voto pidiendo apoyo para el texto y afirmando que Rusia está cometiendo un genocidio en su país.

Kyslytsya agradeció además las expresiones de solidaridad mundial y la acogida de refugiados en los países vecinos.

También antes de la votación, el embajador de Rusia, Vassily Nebenzia, denunció la presión ejercida por los países occidentales sobre muchos Estados para que votaran a favor y exhortó al pleno a no apoyar el documento, argumentando que no contribuiría al fin de la operación militar sino que exacerbaría a los nacionalistas radicales ucranianos que tienen como rehén a los civiles y que no son mencionados en la resolución.

Nebenzia refutó categóricamente las acusaciones de bombardeos en áreas civiles, llamó a no caer en la trampa de la información falsa, y acotó que quienes verdaderamente están interesados en Ucrania entienden el origen de la situación.


Resultados de la votación en la reunión de la Asamblea General sobre Ucrania

La resolución no alude a las preocupaciones de seguridad de las partes

Tras la votación, numerosos representantes explicaron el porqué de la posición de sus países con respecto a la resolución.

China, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstuvo de respaldar el texto, como lo había hecho en ese órgano resolutivo. Su embajador expuso la falta de consultas con todos los Estados miembros para la redacción del documento, una imputación compartida por Sudáfrica, que también se abstuvo diciendo que hubieran preferido un proceso abierto y transparente para su elaboración.

Otro punto destacado por China fue la falta de profundidad de la resolución en cuanto a las preocupaciones de seguridad de las partes, que son causa del conflicto, por lo que llamó una vez más a abandonar la mentalidad de Guerra Fría y a no extender los bloques militares ni a reforzar la seguridad de Europa a costa de la seguridad rusa.

La falta de mención de la seguridad de los países involucrados también dejó inconformes a Sudáfrica -que las resaltó como origen del conflicto- y a Brasil.

El país sudamericano señaló que si bien votó a favor por estar del lado de la paz, la resolución se queda corta al no abordar esas preocupaciones. Más que la retirada de las tropas, es eso lo que hace falta para resolver pacíficamente el conflicto, aseveró su representante.

Como China, India fue otro país que se abstuvo en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General y que se manifestó a favor de una solución pacífica y la entrada de ayuda humanitaria, y urgió a “todos los Estados miembros a mostrar su compromiso con los principios de la Carta de la ONU”, respetando la soberanía e integridad de “todos los Estados”.

En el mismo tenor, la representante de los Emiratos Árabes Unidos -nación que se abstuvo en el Consejo de Seguridad- subrayó que su país votó a favor en esta ocasión, pero que su convicción es que la solidaridad no significa preocuparse por resolver los conflictos en algunas zonas del mundo e ignorar los de otros lugares, donde llevan mucho tiempo devastando países.


Votos en contra

Entre los votos en contra, Eritrea y Siria detallaron el motivo de esta decisión. Eritrea dijo haber rechazado el texto por estar en contra de las sanciones unilaterales que se vienen imponiendo a Rusia, que son ilegales y contraproducentes. Sostuvo que lo que se necesita es resolver los problemas de seguridad de los países enfrentados y que esas imposiciones lejos de solucionarlos, los agudizan. El representante eritreo abogó entonces por una solución diplomática.

Siria, por su parte, enfatizó la doble moral -un aspecto aludido por otros países, como Saint Kitts-Nevis, aunque éste votó a favor- de algunos miembros de la comunidad internacional que en el caso de Ucrania se apresuran a pedir la retirada de Rusia, mientras que durante décadas han permitido la ocupación israelí de los Territorios Palestinos y de los Altos del Golán.


Fuente: Noticias ONU

sábado, 5 de marzo de 2022

Comisión Chilena de DD.HH presenta nuevos antecedentes que establecerían responsabilidad de autoridades de Gobierno por Crímenes de Lesa Humanidad

La institución apuntó a una serie de informes que contendrían material relevante que dan cuenta de que las violaciones de los Derechos Humanos perpetrados durante el estallido social fueron ejecutadas de conformidad a una política de Estado.



La Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó nuevos antecedentes ante la Corte Penal Internacional que pide sean considerados en la denuncia contra varias autoridades y exautoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, por las que califica como graves violaciones a los derechos fundamentales cometidos en el marco del estallido social iniciado en octubre de 2019.

La entidad ingresó los antecedentes dados a conocer en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 que elaboró el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Informe Mundial 2022: Chile (Eventos de 2021) de Humans Rights Watch; el Informe Situación de Derechos Humanos en Chile 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Informe Jurídico Responsabilidad Penal por Omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el Estallido Social de Amnistía Internacional.

Según sostuvo la CCHDC “estos informes y antecedentes son insumos relevantes e ineludibles respecto a establecer la responsabilidad de las autoridades respecto de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Chile”.

Asimismo, mencionó que “en específico, tanto la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick y el informe de Amnistía Internacional, permiten tener por establecidos que las graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos, fueron parte de una política de Estado, cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.

En esa línea, la institución detalló que la acusación constitucional “señala expresamente que existió claramente un ‘patrón de comportamiento por parte de las fuerzas policiales, en especial, de Carabineros de Chile en la represión de la protesta social que se vive en Chile desde el 17 de octubre (de 2019) y que constituye claramente un uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza pública que ha tenido por objeto dañar generalizadamente a la población civil’”.

“Por su parte, el informe de Amnistía Internacional apunta a que “los hechos referidos anteriormente dan cuenta de un clima organizacional que promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido social. Los mismos, no pueden sólo explicarse por la libre y espontánea iniciativa de sus agentes, considerados como individuos, sino que se explican en un contexto más amplio, respondiendo a un cierto clima instaurado en la organización al cual contribuyeron especialmente las autoridades.”, agregó.

Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos, como parte denunciante, expresó que “cree firmemente que los informes acompañados contienen material relevante que permite tener por establecido que las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas contra las personas manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Chile de 2019, constituyen efectivamente un ataque dirigido contra la población civil, que se ejecutaron de conformidad con una política del Estado para cometerlos, política que ha sido reconocida y sancionada por un Poder del Estado, con total independencia del gobierno, como lo es el Poder Legislativo, y que esta política se ha mantenido en el tiempo para asegurar la impunidad de dichos agentes estatales, sobre todo de los jefes civiles y militares”.

La acusación de la Comisión Chilena de DD.HH. es en contra del actual Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique; el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado y sus antecesores en el cargo, Víctor Pérez, Gonzalo Blumel y Andrés Chadwik; el exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; los exministros de Defensa Alberto Espina y Mario Desbordes; el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y su sucesor en el cargo, Ricardo Yáñez; y el exintendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

A todos se les acusa de “la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad consistentes en la Acusación Constitucional llevada adelante por el Congreso Nacional Chileno contra el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera”.

Fuente: Diario U.Chile

miércoles, 2 de marzo de 2022

ALDHU respalda iniciativa de la convención para liberar secreteos sobre tortura y prisión política en Chile.

 


Para la ALDHU, esta iniciativa convencional resulta del más alto valor y pertinencia por cuanto su consagración contribuirá a impedir la consolidación de la impunidad para los crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces cometidos por los órganos de represión de la dictadura militar que afectó a Chile desde el setiembre de 1973 hasta marzo de 1990.

Junto con expresar nuestra nuestro mayor reconocimiento al valor que tiene la iniciativa comentada, para quienes defendemos la vigencia de los Derechos Humanos, y trabajamos por a obtener toda la verdad para lograr toda la justicia ante las graves violaciones a los Derechos de las víctimas de la represión durante la dictadura militar en Chile, queremos hacer propicia la oportunidad para compartir con los convencionales y en especial con quienes integran la comisión de Derechos Fundamentales y muy particularmente con los 11 convencionales autores de esta valiosa iniciativa, la querella criminal por el delito de genocidio y asociación ilícita genocida que interpusimos junto al presidente de la ALDHU, Senador Juan Pablo Letelier, y los juristas; Adil Brkovic, Fernando Zegers, Carlos López Dawson, Gladys Guzmán y quien suscribe, Juan de Dios Parra; ante los tribunales de Justicia chilenos el 11 de septiembre del 2017.