ONU previene de un “desastre” para los derechos humanos

La Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, pidió este lunes a los países que limiten en el tiempo las medidas excepcionales contra el coronavirus para evitar un "desastre" para los derechos humanos.

 

"La vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas", dijo Bachelet en un comunicado.

La ONU está particularmente preocupada por las medidas y leyes en algunos países que "contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores".

"Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos", con efectos negativos prolongados, añadió.

"Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder", advirtió Bachelet.

Manual de derechos humanos

La Oficina de Bachelet ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se han extralimitado en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países.

Las medida excepcionales de cualquier tipo "deben servir ni más ni menos" que para frenar la pandemia, dijo una responsable de comunicación de la Oficina de la alta comisionada, Peggy Hicks, durante una rueda de prensa virtual en el que se presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.

Los sectores más pobres de la sociedad han resultado de manera general los más afectados por los abusos, a pesar de que en algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.

En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.

Asesinatos y detenciones

Esto ha ocurrido en varios países, llegando a extremos en Nigeria, donde 18 personas fueron asesinadas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden. En Sudáfrica se ha reportado la detención temporal de 17.000 personas por razones similares, mientras que en Kenia se presentaron más de 150 quejas por abusos policiales.

La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas.

Desde El Salvador se han recibido también reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres, mientras que en Honduras la Policía se habría excedido en la disolución de protestas en las que la gente reclamaba acceso a bienes y servicios básicos.

En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 habrían ocurrido en República Dominicana y unas 50.000 en Perú. Los propios centros de detención o prisiones a los que los detenidos son conducidos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación, se ha advertido.

Fuente: DW

Bachelet insta a los gobiernos a no violar los derechos humanos con el pretexto de la pandemia

La Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide que las medidas de emergencia "se apliquen con sentido humanitario".

La Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha hecho un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que se abstengan de violar los DD.HH. con el pretexto de implantar medidas de emergencia para frenar la pandemia de covid-19, según lo expresó en un comunicado difundido este lunes.

"Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder", sino que "deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos", reza el mensaje.

En este sentido, Bachelet pide que estas medidas "se apliquen con sentido humanitario" para evitar un "desastre de derechos humanos" cuyos efectos negativos —afirma— seguirían incluso tras el fin de la pandemia. 

Además, según advierte, la vulneración de derechos como la libertad de expresión "puede causar daños incalculables" en la lucha contra el covid-19 y sus "nocivas repercusiones socioeconómicas".

Mensaje a las fuerzas del orden

La expresidenta chilena detalló que han recibido numerosas denuncias de distintas regiones que indican que la Policía y otros cuerpos de seguridad han ejercido un "uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento". Asimismo, recuerda que a menudo estas violaciones de los DD.HH. se cometen contra los sectores más pobres y vulnerables de la población.

"Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es, sin duda, una respuesta ilícita e inaceptable", insistió Bachelet, recordando que también lo es crear una situación en la que una mujer no pueda dar a luz en un hospital porque le resulte "difícil o peligroso".

Por todo ello, Bachelet pide a la cuerpos de seguridad que solo recurran a la fuerza cuando sea estrictamente necesario. 

Fuente: RT

Pueblos Indígenas del Ecuador en grave riesgo por COVID-19

Los pueblos indígenas de América y de Ecuador están en grave riesgo debido al COVID-19, la CONAIE, la organización indígena más importante del Ecuador alertó de las graves consecuencias que podría traer para los 18 Pueblos Indígenas, debido al permanente estado de exclusión y abandono por parte del estado, además de las condiciones de relativo aislamiento geográfico de sus territorios -sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas y de la costa.

Para varias organizaciones de derechos humanos la situación es grave debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles que existen en los pueblos indígenas, eso se suma a sus condiciones económicas y socioambientales, y al deficiente servicio de salud de los pueblos indígenas.

La población más vulnerable es aquella que se encuentra geográficamente distante sin acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica. En el caso de los indígenas de la Sierra y campesinos de la Costa arriesgan sus vidas y salud, para abastecer de alimentos a la ciudad. A esto se suma las inundaciones que en las últimas semanas han sufrido las poblaciones de la cuenca del río Bobonaza en la provincia de Pastaza, como son Sarayacu y Pacayacu.

“Advertimos que, hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos y los COE de los niveles Nacional y Provinciales no han desplegado mecanismos de coordinación con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, menos aún han desplegado acciones preventivas.”

Es por ello que las organizaciones indígenas del Ecuador y organizaciones de derechos humanos demandan al estado ecuatoriano: reconocer que las poblaciones indígenas son especialmente vulnerables a la pandemia, que se ejecute un cerco sanitario para los pueblos en aislamiento voluntario, que el COE Nacional y a los COE municipales, incluyan en su plan de contingencia al pueblo indígena y campesino, que el COE Nacional establezca de manera INMEDIATA una mesa técnica de alto nivel,  que estas instituciones coordinen con las organizaciones indígenas que representan a las comunidades el río Bobonaza afectadas por las inundaciones, que abastezca a las unidades de salud que prestan asistencia a los indígenas y campesinos y que reparen los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades. 

Recordemos que varias epidemias terminaron diezmando al 90% de la población indígena antes, durante y después de la llegada de los españoles a América, como es el caso de la gripe (1493), la viruela (1519-20) y el sarampión (en los años treinta de los 1500). Estas pandemias como las viriasis (viruela, sarampión, gripe) eran propias del Viejo Mundo (Europa), se afirma que fallecieron más indígenas que los que nacieron, durante la conquista, debido a enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores españoles.

Otras pandemias como la influenza, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla y la tos convulsiva, arrasaron con poblaciones indígenas enteras en América.

*La viruela tiene un período de incubación de 10 a 14 días, y el virus se esparcía por la respiración y también por las ropas y frazadas contaminadas, las enfermedades se extendieron más rápido que los mismos conquistadores. La conquista, más que una guerra convencional fue una guerra microbiológica.  

** En América Latina, había una población de aproximadamente setenta millones de indígenas antes de la llegada de los españoles y 150 años más tarde quedaban sólo tres millones y medio.Muchos fallecieron por las pestes traídas por el hombre blanco.

***Todas estas pandemias y otras enfermedades infecciosas endémicas en Europa tuvieron un papel decisivo en las conquistas europeas, al diezmar a muchos pueblos en otros continentes. A lo largo de América, las enfermedades introducidas por los europeos se extendieron de tribu a tribu mucho antes de la llegada de los propios europeos, matando a un porcentaje estimado del 95% de la población nativa americana existente a la llegada de Colón.

***Jared Diamond, Guns, germs and steel – A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years, ISBN 978-0099302780, pg. 77-78

** Antropólogo Darcy Ribeiro

*David J. Melzer del Departamento de antropología de la Southern Methodist University de Dallas, en su libro “The Search for the First Americans”.

Fuente: el yucatazo

Corrupción y justicia en Chile

Para el académico Claudio Nash las graves acusaciones hechas por la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Brahm en una entrevista con Leslie Ayala, han confirmado lo que las organizaciones de derechos humanos acusaban hace tiempo: que el TC era un instrumento para dilatar la investigación de crímenes ocurridos en la dictadura. Para el autor esto evidencia también, que la corrupción es una realidad en nuestros tribunales; y no podemos seguir haciendo como que estamos libres de ese virus.

En entrevista publicada el domingo 19 de abril, la Presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, denunció una grave situación al interior del Tribunal Constitucional que involucra a su ex Presidente, Iván Aróstica, y que según ella misma califica, “estuvo al límite de la corrupción”:

“Estoy totalmente de acuerdo con esa crítica del Poder Judicial. Hubo varios años anteriores a que yo asumiera en que se produjo una tramitación muy lenta de las causas, con el incumplimiento legal de los plazos para dictarse sentencia, causas que pasaban dos años de tramitación, dependiendo, además del caso, había una selección de la sala a la que iban, había poco rigor y se veían muy pocas causas. Cuando llegué a la presidencia había causas que llevaban más de ocho meses en que no había pasado nada con ellas, estaban en una especie de limbo. Estaban listas y no se veían. Eso produjo mucho malestar no solamente entre las partes, sino que también en los tribunales, porque cuando un requerimiento entra al TC se produce la mayoría de las veces la suspensión de la causa de base. Antes de que yo llegara, había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que, yo diría, estuvo al límite de la corrupción”.

Sin duda esta denuncia es coincidente con la situación que desde hace años las organizaciones de víctimas de la dictadura venían denunciando: el Tribunal Constitucional se había transformado en un instrumento para dilatar las causas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura. Era evidente que no había base jurídica para recurrir al TC, pero hacerlo sí era eficaces para la dilación mediante prácticas como las descritas por la Presidenta del TC.

La idea de tráfico de influencia ronda hace tiempo al máximo órgano constitucional chileno. La denuncia de la Ministra Brahm nos pone en alerta: no somos inmunes a la corrupción, como muchos pensaban. Nos acecha el mismo problema que a toda Latinoamérica.

En Chile ya teníamos situaciones donde se prendían luces de alerta, como el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde se investiga a tres Ministros de dicha Corte por actos de corrupción (tráfico de influencia y pagos indebidos) para influir en causas y nombramientos bajo su control. Dos de estos ministros ya fueron expulsados del Poder Judicial y un tercero, se suicidó.

Existe un consenso cada vez más amplio de que el fenómeno de la corrupción tiene un impacto grave en el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Empero, cuando la corrupción afecta a los órganos judiciales, es especialmente grave, porque se pone en riesgo la efectividad de la misma lucha contra la corrupción y la credibilidad en las instituciones del estado de derecho.

En efecto, la corrupción judicial tiene carácterísticas particulares por el rol que tiene el poder judicial -incluido en este el Tribunal Constitucional- en un sistema democrático. La labor jurisdiccional va mucho más allá de resolver las cuestiones que son sometidas a su conocimiento; también debe cumplir un rol fundamental en el control de otros poderes y en la protección de derechos humanos.En Chile, los órganos judiciales superiores tienen un rol en diversos nombramientos para cargos públicos, lo que los pone en una situación especial de poder.

Asimismo, el poder judicial cumple un rol fundamental en la lucha contra la corrupción y eso transforma a jueces y juezas -como individuos- y a los tribunales -como órganos del Estado- en potenciales objetivos a ser controlados por sectores criminales, incluido el crimen organizado. Por ello, se deben adoptar medidas eficaces para preservar la independencia judicial, pero con los debidos controles para evitar situaciones de corrupción judicial. Este siempre es un desafío complejo en cualquier sistema democrático.

Un aspecto que genera confusión en este tipo de casos es qué vamos a entender por corrupción. La corrupción puede ser conceptualizada como un abuso o desvío de una posición de poder para obtener ilícitamente un beneficio privado (propio o de un tercero).

De esta forma, en el ámbito judicial no solo es relevante determinar si en una acusación de corrupción ha habido un intercambio ilícito de “favores” judiciales a cambio de una suma de dinero. Los beneficios que configuran un acto de corrupción puede consistir en ventajas distintas a las materiales; a modo de ejemplo, en una situación como la denunciada en el Tribunal Constitucional chileno, el “beneficio ilícito” que se obtiene con la demora de los casos de derechos humanos pueden ser patrimoniales, pero también extramatrimoniales (solidaridad política, beneficios sociales, entre otros).

En definitiva, los escándalos de corrupción conocidos y denunciados, deben ser tomados como una oportunidad para enfrentar la corrupción judicial en Chile. La corrupción judicial es una realidad y debe ser enfrentada seriamente. Esa es la mejor lección de un sueño que se transformó en pesadilla.

 El caso investigado en Rancagua y la denuncia en el Tribunal Constitucional tienen en común confluyen los elementos que típicamente permiten que se presenten casos de corrupción. Según Roberto Klitgaard, para que se den situaciones de gran corrupción son elementos facilitadores: concentración de poder, discrecionalidad en las decisiones de las autoridades que concentran dicho poder y falta de control oportuno. Además, podemos sumar la impunidad o la sensación de que el poder que se tiene no permitirá que esos actos sean efectivamente juzgados. El secreto de los actos y acuerdos corruptos es una de sus principales características, por lo que se debe apuntar a exponer los actos de autoridad al control público y facilitar las denuncias.

Por tanto, la cuestión central es determinar qué medidas deben adoptarse en estos casos, más allá de la denuncia pública de los hechos, que es importante pero claramente insuficiente atendida la gravedad de los hechos denunciados. Aquí los caminos vuelven a converger entre la preocupación por la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe temático 2019 sobre el tema, ha señalado que la respuesta ante un fenómeno complejo debe ser proporcional a la complejidad de dicho fenómeno. Analicemos algunas medidas en concreto que debieran ser tomadas para enfrentar los casos de corrupción judicial.

• Se deben desarrollar investigaciones penales y administrativas que permitan conocer toda la verdad tras estos hechos. No sirve de nada mantener en las tinieblas situaciones de corrupción. La protección de las instituciones no puede entenderse como una excusa para intentar tapar o encubridor estos graves hechos.
• Se deben tomar medidas institucionales que permiten limitar los poderes que se concentran en altas autoridades judiciales. Tanto en el caso de la Corte de Rancagua como en el Tribunal Constitucional estamos ante hechos que ocurrían de una manera supuestamente “legal”. Esto obliga a adoptar medidas en la distribución de labores al interior de las instituciones judiciales que eviten formas concentradas de decisiones no jurisdiccionales (nombramientos) y menos aún, decisiones unipersonales que no son objeto de control horizontal (la demora en la tramitación de las causas, asignación discrecional de salas para conocimiento de causas son un buen ejemplo en la denuncia en el Tribunal Constitucional).
• La discrecionalidad de las decisiones es una cuestión compleja en el poder judicial. La independencia de los órganos judiciales y de sus autoridades permite toma de decisiones relevantes y muchas de ellas son unipersonales. En ese sentido, la motivación de las decisiones y las posibilidades de control jurisdiccional son relevantes. Al obligar a fundar sus decisiones a las autoridades, se obliga a exponerse a escrutinio y eso debe funcionar como un freno a la discrecionalidad y la arbitrariedad. Asimismo, el control jurisdiccional permite formas de control entre pares y escrutinio público importante para desincentivar decisiones corruptas.

• La falta de control o rendición de cuentas es igualmente compleja en el ámbito judicial. Si bien hemos dicho que la independencia supone la protección de las instituciones y de las autoridades las protege de presiones, ese mismo control limitado, complejiza la posibilidad de generar situaciones de corrupción. Hemos señalado que una de las formas de supervisión son los controles jurisdiccionales. Además de estos recursos, deben existir formas efectivas de transparencia y rendición de cuentas, tanto durante la gestión de las actividades, como al momento de salida de cargos de poder al interior de las instituciones judiciales. Rendir cuentas de las actividades en nada limita la independencia judicial; al contrario, fortalece su credibilidad institucional. De la misma forma, la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización al momento de abandonar cargos de poder, es un claro mecanismo para disminuir incentivos de actuación ilícita.
• Cuando estos mecanismos preventivos y de control fracasan o hay antecedentes de que pueden haber fracasado, es fundamental que se lleven adelante investigaciones Estas investigaciones deben ser transparentes y las resoluciones que se tomen deben ser públicas, de forma tal que exista posibilidad de controlar a los controladores. Hay que pensar que existe una legítima desconfianza por parte de la ciudadanía de que pueden existir formas de protección corporativas. La única forma de lidiar con dicha desconfianza es transparentar las investigaciones y sus decisiones.
• En este mismo sentido, si estas investigaciones concluyen en que se han cometido actos ilegales, es necesario que las sanciones sean proporcionales. Esta proporcionalidad es una materia que ha estado en cuestión en Chile. Luego de las sanciones aplicadas en el marco de la corrupción de la política en el país quedó una sensación de impunidad de facto. Por ello, los ilícitos en el ámbito judiciales deben ser duramente sancionados para enviar un claro mensaje de intolerancia ante la corrupción en el ámbito de la Justicia.
• Para que estos actos no vuelvan a suceder es necesario que se adopten medidas institucionales (reformas legales, revisión y corrección de prácticas, revisión de diseños orgánicos, entre otras) y culturales (enviar mensajes correctos desde las autoridades y de repudio ciudadano) para que estos actos no vuelvan a repetirse.

En definitiva, los escándalos de corrupción conocidos y denunciados, deben ser tomados como una oportunidad para enfrentar la corrupción judicial en Chile y dejar de pensar que en el país este no es un tema que nos deba preocupar. La corrupción judicial es una realidad y debe ser enfrentada seriamente. Esa es la mejor lección de un sueño que se transformó en pesadilla.

Fuente: Ciper Chile

Reino Unido ya prueba en humanos una vacuna experimental contra el COVID-19

El gran enemigo que se quiere derrotar en los principales laboratorios de todo el mundo es al coronavirus. El instituto Jenner de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, es el primer centro europeo en probar ya con humanos, desde esta semana, su candidata a vacuna para acabar con esta pandemia.

Para saber si sale adelante con éxito necesita, como primer paso, un mes de ensayos con medio millar de voluntarios entre 18 y 50 años. En caso de que se tuviera éxito, se decidiría probar con una parte de la población más vulnerable, y si se cumplen los plazos, la vacuna estaría lista en otoño.

Fuente: La vanguardia

Científicos Suizos esperan tener una vacuna para el mes de octubre de 2020

 Una vacuna contra el coronavirus podría estar lista para su utilización en Suiza en octubre próximo, aseguraron hoy científicos que lideran un equipo que trabaja en el desarrollo de este producto en el Hospital Universitario de Berna (Inselspital) y en la industria biotecnológica.

Esta será la primera o una de las primeras vacunas" para frenar la pandemia del COVID-19, dijo el jefe del Departamento de Inmunología del Inselspital, Martin Bachmann, quien dirige los trabajos de investigación de la vacuna, que ahora se encuentran en la etapa de pruebas de eficacia y seguridad.El especialista aseguró que existen "posibilidades realistas" de empezar una vacunación masiva de la población suiza en octubre·, un plazo mucho más corto que el de doce a dieciocho meses en base al cual trabajan expertos y compañías del sector farmacéutico.

Bachmann precisó que en las investigaciones que dirige también colaboran instituciones científicas del Reino Unido, Letonia y China, así como la Universidad de Zúrich, y que la investigación se encuentra en una fase en la que se han resuelto problemas que harán posible pasar a los ensayos clínicos (con personas) en agosto y a una comercialización de la vacuna dos meses después.

La tecnología que se ha elegido genera una alta inmunogenicidad, lo que la hace que sea adaptada para las personas mayores, no tiene contraindicaciones para quienes sufren de enfermedades crónicas y es muy productiva porque a partir de una pequeña cantidad de vacuna se podrían producir hasta 20 millones de dosis, detalló en una conferencia de prensa virtual desde Berna.

Sobre la seguridad que ofrece la vacuna, Bachmann afirmó:

"Todo lo estamos haciendo de conformidad con los estándares, pero de forma acelerada"

 Añadió que se siguen las directiva sobre esta cuestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, el especialista sostuvo que lo más probable es que la vacuna o las vacunas que se utilizan contra el coronavirus ofrezcan una protección a largo plazo y no sea necesario renovarlas cada año, como en el caso de la gripe.

Ello se debe a que el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, es un virus "estable" y no se han encontrado razones para pensar en que es susceptible a mutaciones a corto plazo, por lo que una eventual vacuna probablemente no proteja para toda la vida, pero sí para un periodo de unos diez a quince años.

Fuente: debate.mx

La protección de los derechos humanos durante la crisis del COVID-19

Las Naciones Unidas, preocupadas por cómo los derechos humanos pueden verse afectados por la crisis del coronavirus, hacen un llamamiento para que los países aborden la pandemia con un enfoque más cooperativo, global y basado en los derechos humanos. El Secretario General António Guterres ha calificado esta pandemia como "una crisis humana".

Los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la ONU han recalcado, desde el comienzo del brote de COVID-19, la importancia de proteger los derechos de las personas.

En un comunicado informal dirigido al Consejo de Derechos Humanos el pasado 9 de abril, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pidió medidas urgentes y detalladas para evitar que el COVID-19 crease “mayores desigualdades ” en todo este sufrimiento.

Bachelet declaró que muchos países, particularmente en Europa, han tomado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y minimizar el número de desempleados como consecuencia de la crisis, y animó a que "todos los estados con recursos suficientes hagan lo mismo".

También señaló que la semana pasada el Banco Africano de Desarrollo emitió el bono social más ambicioso del mundo –un fondo de 3000 millones de dólares– para ayudar a los Gobiernos africanos a ampliar el acceso a la sanidad y a otros bienes y servicios de primera necesidad. “Esta es exactamente la clase de pensamiento innovador que necesitamos”, subrayó.

Afirmó que su Oficina está elaborando una serie de buenas prácticas económicas y sociales, empleadas por muchos países repartidos por todo el mundo –muchos de ellos países en desarrollo– y que las presentarán ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos. Su Oficina también trabajará para integrar los derechos humanos dentro de los programas económicos y sociales de la ONU.

Estas son algunas de las opiniones de expertos de la ONU en derechos humanos en relación con la respuesta frente al COVID-19.

“Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud” —declaración conjunta de los expertos en derechos humanos de la ONU.

“Es muy probable que aumenten los casos de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes de la policía y de las líneas directas. El hogar puede ser un sitio de miedo y maltrato para muchas mujeres, niñas y niños. La situación empeora considerablemente en casos de aislamiento como las cuarentenas impuestas durante la pandemia. Todos los estados deben tomar medidas para combatir el COVID-19, pero no deben dejar atrás a las mujeres y los niños que sufren violencia doméstica” —Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.

“Los informes de personas mayores abandonadas o de cadáveres encontrados en residencias son alarmantes. Es inaceptable. Todos tenemos la obligación de practicar la solidaridad y proteger a las personas mayores en esta situación”. –Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente de la ONU sobre los derechos humanos por las personas mayores.

“Los desplazados internos sufren un mayor riesgo de exposición al COVID-19 debido a su acceso limitado a la sanidad, agua corriente, saneamiento, alimentos y a una vivienda digna. Con frecuencia son, además, discriminados. Quienes se encuentran en campamentos o centros de acogida viven a menudo hacinados, y los refugios de emergencia no están física o estructuralmente preparados para mitigar la transmisión del COVID-19. Los gobiernos deben asegurar que todos los desplazados internos tienen acceso al agua corriente, saneamiento, instalaciones para su higiene personal, una vivienda digna y alimentos” —Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.

“El COVID-19 no es solo un problema sanitario, también puede ser un virus que agrave la xenofobia, el odio y la exclusión. Existen informes acerca de la violencia física que sufren los chinos y las personas asiáticas; de los discursos de odio que culpan a minorías, como a los romaníes y a los hispanos, de la propagación del virus; y de políticos que piden que no se permita el acceso de los inmigrantes a los servicios médicos. Todo muestra que los estados deben enfatizar de forma urgente que los derechos humanos de todos, particularmente de los más vulnerables y marginados, deben ser protegidos”. –Fernand de Varennes, Relator Especial de las Naciones Unidas para las Minorías.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha redactado unas directrices para que la respuesta al COVID-19 se centre en las personas.

• Las estrategias sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, sino que deberían tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los derechos humanos.
• Las facultades excepcionales deben ser empleadas para legitimar metas de salud pública, no utilizadas para aplastar a la oposición o silenciar el trabajo de periodistas o defensores de los derechos humanos.
• Las medidas de contención, como el distanciamiento social o el aislamiento, deben tener en cuenta las necesidades de las personas que necesitan apoyo de otros para alimentarse, vestirse y asearse. Muchas personas, entre ellas personas con discapacidad, dependen de los servicios comunitarios y a domicilio.
• Es imprescindible que el aumento del control de fronteras, las restricciones de viajes o las limitaciones a la libre circulación no impidan la huida de personas que escapan de la guerra o de la persecución.
• Los paquetes de protección social y estímulo fiscal dirigidos a quienes menos pueden afrontar una crisis son esenciales para aliviar las terribles consecuencias de la pandemia. Las medidas inmediatas de alivio económico como bajas remuneradas por enfermedad garantizadas, prestaciones por desempleo extendidas, distribución de alimentos y la renta básica universal pueden ser una protección frente a los efectos de la crisis.
• El colectivo LGTBI también corre más riesgo durante la pandemia, y se deberían incorporar medidas específicas en los planes de respuesta que traten esta situación.
• Los estados deben tener en cuenta los distintos conceptos de salud dentro de la población indígena, y deben incluir la medicina tradicional, además de consultar y considerar su consentimiento informado a la hora de desarrollar medidas preventivas frente al COVID-19.
• Las personas privadas de libertad, incluidas aquellas en cárceles, en prisión preventiva, en detención de inmigrantes, instituciones y otros lugares de retención sufren un riesgo de infección mayor en caso de brote de enfermedad. Su situación debería tratarse de manera concreta en la planificación y respuesta a la crisis. Los profesionales médicos y expertos relevantes, científicos incluidos, deben ser capaces de hablar libremente y de compartir información entre ellos y con el público.

Fuente: Noticias ONU

Suprema declaró inadmisible amparo para 29 reos de Punta Peuco que buscaban cumplir pena en casa

La Corte de Suprema confirmó el fallo del pasado 3 de abril de la Corte de Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por 29 reos condenados por violaciones de derechos humanos y que buscaban cumplir sus penas con arresto domiciliario en el actual contexto de crisis sanitaria por Covid-19.

El recurso, que ingresó al Poder Judicial el pasado 1 de abril, fue interpuesto por Alfred Cooper, obispo de la Iglesia Anglicana, Fernando Montes, sacerdote jesuita, el asistente pastoral Fernando Escudero; el pastor adventista Ricardo Pereira, directivo de la iglesia cristiana y el médico neurólogo Jorge Flefel, en su calidad de perito.

Tras ser tramitada en la Corte de Apelaciones de Santiago, el recurso fue declarado inadmisible, por lo que se resolvió recurrir a la Corte Suprema, quienes confirmaron el fallo del anterior tribunal.

El recurso apuntaba que los 29 reos que cumplen actualmente condena son adultos mayores y que al padecer enfermedades base podían enfermarse de Covid-19, por tanto, se solicitó que pudiesen cumplir la pena en sus casas por el periodo de la pandemia.

“Consideramos que la decisión de rechazo a la modificación en la ejecución penal los enfrentaría a una muerte segura si llegan a contagiarse con el coronavirus. Tales condiciones de detención podrían convertirse en breve en una pena de muerte”, se lee en el recurso.

En el fallo de la Corte Suprema se sostiene “que lo solicitado en la parte petitoria del recurso de amparo en análisis, resulta ajeno a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Carta Fundamental, se confirma la sentencia apelada de tres de abril de dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.

Fuente: biobiochile.cl

Corte de Apelaciones revoca sentencias y rebaja penas a 17 condenados por violaciones de DDHH

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió absolver a 8 condenados por violaciones de Derechos Humanos y rebajar a 3 años y 1 día el castigo a otros nueve, a quienes además se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

La decisión fue dictada por la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino, compuesto por el ministro Juan Cristóbal Mera, la ministra Mireya López Miranda, y el abogado Cristian Lepin Molina.

En concreto, resolvieron absolver a Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López.

Además, otorgaron la rebaja a 3 años y 1 día a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales Salgado, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón.

Todos ellos habían sido condenados en primera en instancia, el 21 de julio de 2017, por el ministro de fuero Leopoldo Llanos Sagristá, quien entonces los declaró culpables por 16 secuestros y 1 homicidio calificado en Villa Grimaldi, razón por la que la mayoría cumple su condena actualmente en el penal de Punta Peuco.

No obstante, con esta nueva resolución vieron rebajada sustancialmente sus penas, tal como el caso de Lawrence, preso en Colina 1, quien en primera instancia había recibido una condena de 20 años por 16 secuestros y un homicidio.

De paso, el fallo también redujo los montos de las indemnizaciones otorgados a los familiares de las víctimas.

Ante dicha situación, la parte querellante adelantó a Radio Bío Bío que ya están preparando un recurso de casación para intentar revertir el fallo emitido el pasado jueves por la tarde, ya que en el caso de Espinoza y Wenderoth “su ligazón con estos crímenes es irredargüible”, según indicó Francisco Bustos, experto en derechos humanos y uno de los querellantes en la causa.

“Esto es muy parecido o causa una sensación de impunidad. Son crímenes de la máxima gravedad y deben ser sancionados todos los responsables con penas acordes a la entidad de estos”, añadió.

Fuente: biobio

Asesinan al ambientalista Adán Vez Lira en Actopan, Veracruz

Xalapa, Ver. El ambientalista e integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, Adán Vez Lira, fue asesinado de al menos nueve disparo de arma de fuego, en un camino de terracería que comunica a la comunidad de La Mancha y Palmas de Abajo, en el municipio de Actopan, cuando se desplazaba en su motocicleta.

Apenas el 20 de marzo, Vez Lira había informado que el Festival de Aves y Humedales de La Mancha 2020, programado para el día 4 de Abril, se suspendería por la pandemia hasta el mes de junio.

Fuente: La jornada

"Queremos que nos ayuden", indígenas embera denuncian fuego cruzado en Bojayá

Treinta y siete familias lograron huir del enfrentamiento entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN.

"Queremos que nos ayuden, que manden seguridad especial para nosotros", es el ruego de un indígena embera que, con poca fluidez del idioma castellano, trata de comunicarle al país que mientras la mayoría de colombianos están resguardados en sus casas en prevención al contagio del coronavirus, ellos le huyen a las balas en Bojayá.

En la grabación difundida por la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó (Fedeorewa) se ve a más de diez niños asustados que junto a sus padres tratan de ocultarse de los disparos que se escuchan a lo lejos. Los más pequeños son cargados por sus madres en la espalda, mientras los hombres guian el camino entre los matorrales.



Esta escena la viven desde el 3 de abril los indígenas de la comunidad de Nueva Jerusalén en el municipio chocoano, más específicamente del resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre, en Río Chicué. Según relata la carta enviada por Fedeorewa, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN se han enfrentado sin parar desde ese día "causando la explosión de 10 granadas fragmentarias".

Los indígenas denuncian que el pueblo Embera ha sido usado como "escudo humano" en la línea de fuego cruzado, violando con esta acción los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. "Muchas familias continúan allí adentro del fuego cruzado que ocurre en la comunidad solo 37 familias lograron huir hacia la comunidad de Peñita a la cual llegaron para resguardar sus vidas", dice la misiva.

Los grupos criminales inmovilizaron los botes de la comunidad y quienes están en sus casas solo esperan que las balas no ingresen por las paredes, obligados al confinamiento permanente que lejos está decompararse con el que viven otras comunidades ante la pandemia de covid-19.

Nueva Jerusalén tiene 37 familias que representan 193 habitantes, pero el fuego cruzado en la comunidad también afecta a cerca de 928 personas más que viven en otras poblaciones cercanas, jurisdicción de Fedeorewa y de la Asociación Orewa.

Este es el mensaje final de los indígenas:

"Hacemos el llamado de emergencia a las organizaciones humanitarias, al comité internacional de la Cruz Roja CICR, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, la alcaldía del Municipio Bojayá, la Gobernación del Chocó, la Procuraduría General de la Nación, a la inmediata intervención que pueda garantizar los derechos fundamentales de la vida y la alimentación de los habitantes afectados por esta ola de violencia que envuelve a nuestros territorios de origen".

Fuente: Semana

Imágenes inéditas del día en que Gustavo Gatica fue dejado ciego desmienten el insólito sumario de Carabineros

Las imágenes fueron grabadas por el audiovisual José Luis Martínez. El profesional estuvo presente en plena intersección de calles Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, por lo que grabó el antes, durante y después del día en que Gatica fue herido.

El mismo día en que un sumario de Carabineros advertía que no había certeza de que uniformados fueran los responsables de las lesiones de Gustavo Gatica, el joven que el 8 de noviembre del año pasado perdió por completa su visión, y no descartaba que fueron los mismos manifestantes los que lo hirieron, un reportaje de Canal 13 con imágenes inéditas, da cuenta de lo que ocurrió ese día en pleno centro de Santiago, desmintiendo la versión de la institución.

Fuente imagen: 24horas


Las imágenes fueron grabadas por el audiovisual José Luis Martínez. El profesional estuvo presente en plena intersección de calles Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna, por lo que grabó el antes, durante y después del día en que Gatica fue herido.

Según el autor de las imágenes, descubrió que había filmado al estudiante luego de revisar las noticias acerca de su hospitalización.

En las imágenes se aprecia que había un piquete de Fuerzas Especiales enfrentándose a un grupo de manifestantes -entre los que se encontraba Gatica- y al verse superados en números, comenzaron a usar sus escopetas antidisturbios. En ese momento, se aprecia como los perdigones impactan en la cara de Gatica, quien se lleva las manos a los ojos y es retirado del lugar por otros manifestantes, recibiendo posterior ayuda de voluntarios dedicados a curar heridas de elementos antidisturbios.

Más tarde, el joven fue llevado en un corredor humano —entre los aplausos de quienes estaban en la protesta— hacia una ambulancia, para más tarde ser hospitalizado e intervenido.

"La investigación ha avanzado pero a paso lento, principalmente porque no hay registros de lo que ocurrió y reconstruir el episodio en base a testimonios ha sido muy complejo. Sin embargo, T13 accedió de manera exclusiva a imágenes que muestran lo que pasó esa tarde en la esquina de Carabineros de Chile con Vicuña Mackenna", señalaron en el sitio web de noticiero.

Fuente: El mostrador

A 45 años de la masacre de “Las muchachas de abril”: “Se contaron más de 200 balazos”

Víctimas de la represión estatal, las tres jóvenes murieron acribilladas en un operativo liderado por Juan Rebollo y José “Nino” Gavazzo.

La noche del 21 de abril de 1974 fue tormentosa para el barrio montevideano Brazo Oriental. Cerca de la medianoche, un comando de las Fuerzas Conjuntas había tomado la calle Mariano Soler, en busca de Washington Barrios, un militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-T), quien vivía en un apartamento junto a su esposa Silvia Reyes y otras dos jóvenes: Diana Maidaich y Laura Raggio.

"Estaban en los techos, en los alrededores de la cuadra. Desde las doce de la noche. Ya sabían que estaban en la casa, porque por algo coparon la cuadra. A las tres de la mañana entraron", contó en diálogo con Montevideo Portal Horacio Raggio, hermano de Laura, quien es parte de la organización de los homenajes y recuerdos que se harán este martes 23 y jueves 25 a "Las muchachas de abril".

El grupo militar entró al pasillo que daba a las puertas principales de los apartamentos: "Van derecho al departamento del padre de Barrios, que era enfrente, puerta por puerta, de la casa de las muchachas".

Al no encontrar a Barrios, les exigen a los padres de este que les digan dónde se encontraba. "Él vive enfrente, pero ahora no está. Está su pareja con dos amigas", contestó el padre.

"Se dirigen a la puerta de enfrente. Entran, patean la puerta y empieza la balacera, a tirar para adentro. Ya estaban los vecinos con milicos en las casas, en todas. Empiezan a balear, desde arriba de los techos, de todos lados", cuenta Raggio, detallando que las jóvenes estaban durmiendo cuando irrumpieron los militares.

A las tres de la mañana, contó, sacaron los cadáveres dentro de bolsas de nylon, y a las seis los vecinos vieron cómo se llevaron la helada, la cocina y la cama. "Saquearon todo".

Cuando entregaron el departamento, los familiares de Barrios vieron cómo había quedado: "Entre un ropero y una pared, donde se habían escondido las gurisas, estaba todo lleno de balas en la pared, pedazos de carne, de pelo, en los techos. Las masacraron. Las masacraron. Contaron más de 200 impactos de bala. A mi hermana fue a la única a la que pudimos enterrar a cajón abierto. Pero de la cintura abajo estaba deshecha".

Raggio lamenta que en estos 45 años la causa judicial haya tenido "muchas idas y vueltas" y demoras por las "chicanas" presentadas por las defensas de los militares acusados: el teniente general y ex comandante del Ejército Juan Rebollo, José "Nino" Gavazzo, Julio César Gutiérrez, Armando Méndez y Manuel Cordero.

Las defensas adujeron que las jóvenes habían disparado en primera instancia y que, incluso, Rebollo había sido herido. "No es así, en el fuego cruzado se hirieron entre ellos", señaló Raggio.

"Entre idas y venidas se decía que había armas adentro, ya hay testigos que aseguran que no. Pero en aquel momento ellos podían decir que había un arsenal adentro, y quién les iba a decir que no. Quien les iba a discutir algo a ellos", se preguntó, conociendo la respuesta.

Laura y Diana eran militantes del 26 de Marzo en propaganda, según dijo Raggio, y no integraban ningún aparato armado: "Eran estudiantes que estaban en ese auge de la época, de que había que hacer algo".

Ragio comentó que estas jóvenes ya habían estado presas meses antes y que allí sufrieron torturas y violaciones. "Lo que uno puede llegar a pensar, nos queda corto", aseguró.

Raggio dijo que no le llama la atención nada de lo que confesó Gavazzo en el Tribunal de Honor, porque todo eso se sabía hace 45 años.

"No me llama la atención. Qué me van a decir ahora a mí. Pasa que ahora parece que se ha despertado el horror de lo que ha hecho esta gente. Ya se sabía, los parientes ya lo sabíamos, los que fueron torturados, maltratados, por este grupo de malos militares, porque no son todos, no son todos iguales. Este grupo de gente denigraron al conjunto que llevan al uniforme. Por eso no me sorprende. Hace 45 años que lo sabemos".

Las tres jóvenes fueron acribilladas a balazos y murieron. Barrios fue detenido en setiembre de 1974 en Córdoba, Argentina, y hasta ahora su paradero es desconocido.

El recuerdo tendrá dos etapas: el martes 23, en la Estación Goes, hablará el periodista Roger Rodríguez y se pasará un pequeño corto con declaraciones de gente que vivió el momento. El 25, en el mismo Brazo Oriental, se va a hacer un pequeño acto, y actuará la murga Falta y Resto y hablarán algunos vecinos testigos de esos hechos.

Fuente: Montevideo Protal

Grupos de DDHH piden no aprobar indulto a reos de Punta Peuco: abogado de internos argumenta defensa

Agrupaciones de Derechos Humanos hicieron un llamado a no aprobar el proyecto de ley humanitario, que permitiría que internos de Punta Peuco accedan a beneficios carcelarios tras la emergencia sanitaria.

Agrupaciones de Derechos Humanos rechazan tajantemente el proyecto de ley humanitario, que busca que adultos mayores con enfermedades terminales, entre ellos, sentenciados por causas de Derechos Humanos, puedan acceder al beneficio de cumplir un arresto domiciliario total.

Se refieren a la iniciativa que el Gobierno puso suma urgencia, y sobre la que el Presidente Sebastián Piñera dijo que: “Una persona condenada por DDHH que se está muriendo, debiera tener el beneficio de morir en casa”.

Frente a esto, agrupaciones de derechos humanos consideraron que el proyecto de ley humanitario, iniciativa del Gobierno – que está en el Congreso desde el 2018 -, es completamente contraria a la legislación nacional e internacional vigente.

El Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, mencionó que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional.

“La interpelación que nosotros hacemos al parlamento especialmente, donde se pretende aprobar esta iniciativa legal que es completamente incompatible con la legislación vigente hoy en Chile, es a que no se hagan cómplices de una iniciativa que es contra los derechos humanos y que constituye de paso una nueva afrenta a la memoria de las víctimas y sus familiares”, explicó.

Por su parte, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó que se están aprovechando de la pandemia para intentar liberar a internos de Punta Peuco.

“Una cosa es tener posiciones políticas distintas, pero otra cosa es relativizar el terrorismo de estado. Hay que ser muy indecente para intentar hacer uso de un momento tan dramático que vive Chile y la humanidad para ir nuevamente tras la determinación de liberar a los violadores de los derechos humanos”, dijo Pizarro.

En tanto, quien representa a diversos condenados por causas de Derechos Humanos, el abogado Maximiliano Murath, afirmó que el país tiene que velar por la salud de todos los adultos mayores que estén privados de libertad, independiente del delito que hayan cometido.

“Nosotros tenemos que velar por la protección de todas las personas adultas mayores de 75 años que estén en riesgo hoy día cumpliendo condena en las cárceles y por lo tanto los estándares del Derecho Internacional tienen que aplicarse a todos los adultos mayores, sin importar el delito que hayan cometido. Ese estándar internacional se exige en la Convención Interamericana de la protección del adulto mayor, que Chile aprobó y ratificó en 2017 y que está plenamente vigente”, se defendió.

Mañana en el Tribunal Constitucional se revisará el requerimiento que 14 senadores oficialistas interpusieron, para declarar inconstitucional la iniciativa de indulto conmutativo del Gobierno, por no incluir a reos de Punta Peuco.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU explicó " los presos de Punta Peuco nunca mostraron arrepentimiento y tampoco han colaborado sustancialmente en la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura; aunque el Tribunal Constitucional dictaminase lo contrario, no es comprensible que el gobierno insistan en su liberación".

Trump prohíbe a 3M seguir exportando mascarillas y guantes médicos a Latinoamérica y Canadá

Mediante una ley que data de la guerra de Corea en la década de 1950, el presidente Donald Trump prohibió a la gigante 3M seguir exportando mascarillas médicas N95 y guantes quirúrgicos al extranjero, siendo sus principales destinos Canadá y Latinoamérica.

La disposición, conocida como Ley de Protección de la Defensa Nacional (Defense Production Act), faculta al Gobierno a redirigir la producción de insumos críticos al mercado interno, así como a ordenar a las empresas que tienen sus fábricas en el extranjero, que redirijan sus envíos hacia EEUU.

Trump ya había adelantado este jueves el conflicto con la productora de equipo protector, al acusarla por Twitter.

“Hoy golpeamos duro a 3M luego de ver lo que estaban haciendo con sus mascarillas… Tuvimos una gran sorpresa en el gobierno al descubrir lo que estaban haciendo. ¡Van a tener que pagar un alto precio!”, advirtió entonces sin entregar más detalles.

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020

El mismo día, Trump se refirió vagamente a la situación durante su punto de prensa diario sobre medidas contra el coronavirus, indicando que “Ojalá que sean capaces de hacer lo que deberían hacer”, indica la cadena CBS.

Fue así que el viernes por la tarde, la Casa Blanca firmó un decreto ejecutivo, donde ordena a las oficinas federales de salud y de emergencia usar su autoridad legal para preservar las mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas y guantes quirúrgicos, sólo para uso doméstico dentro de los EEUU, indica el New York Times.

En un comunicado que acompañó el decreto, el presidente estadounidense criticó a los “especuladores en tiempos de guerra”, que incluyen a especuladores financieros, propietarios de bodegas y algunos distribuidores “muy conocidos, con la capacidad de derivar su producción inescrupulosamente de los hospitales y gobiernos estatales, a compradores extranjeros dispuestos a pagar un extra”.


“Esto no debería interferir con la capacidad de los productores de equipamiento de protección personal (PPE) para exportar, siempre y cuando cumplan con las políticas de gobierno y actúen en el interés nacional de los Estados Unidos”, cierra la misiva.

“Importantes consecuencias humanitarias”

En un comunicado, 3M rechazó la medida asegurando que de imponerse tendrá “importantes consecuencias humanitarias” para los trabajadores de la salud de nuestros países vecinos, y que están obligados por contrato a cumplir sus compromisos internacionales.

Según indicó la firma de Minesotta, el gobierno invocó la ley para “obligar a 3M a priorizar las órdenes de nuestras mascarillas respiratorias N95 para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), así como a importar a EEUU más de estas mascarillas hechas en nuestras fábricas del exterior, lo cual apoyamos plenamente”.

Sin embargo 3M aseguró que el gobierno también les exigió dejar de exportar mascarillas hechas en los Estados Unidos a Canadá y América Latina, cita la BBC.

La empresa incluso replicó que esta acción podría significar represalias de otros gobiernos.

“Cesar todas nuestras exportaciones de mascarillas producidas en los Estados Unidos probablemente hará que otros países tomen represalias de igual forma, sin considerar que algunos ya lo han hecho. Si esto ocurre, el total de mascarillas disponibles en los Estados Unidos acabará por reducirse. Esto es justo lo contrario de lo que nosotros y el gobierno, en nombre del pueblo estadounidense, buscamos”, consigna el New York Times.

Las mascarillas N95, también conocidas como FFR, poseen un filtro capaz de reducir en 95% partículas microscópicas del aire, incluyendo virus y bacterias, por lo que son imprescindibles para personas inmunodeprimidas y profesionales de la salud.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que sería un “grave error” decretar un bloqueo de insumos o reducir el comercio. Más aún considerando que Canadá no tiene fábricas de mascarillas N95, dependiendo íntegramente de la producción estadounidense.

“Hay cientos de enfermeros en Windsor que van a trabajar a Detroit todos los días, y los estadounidenses dependen de ellos. Tenemos productos médicos y otros bienes esenciales que intercambiamos hacia ambos lados de la frontera. Cosas de las que dependen los estadounidenses”, afirmó el gobernante según recoge la BBC.

Por el momento, se desconoce si Chile era uno de los mercados hacia los cuales debían enviarse las mascarillas.

Fuente: BiobioChile

Los Estados deben respetar los derechos humanos al emplear tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia

La pandemia de COVID-19 es una emergencia global de salud pública, que precisa de una respuesta coordinada y en gran escala de los gobiernos en todo el mundo. Sin embargo, las iniciativas de los Estados para contener el virus no deben servir para encubrir el inicio de una nueva era marcada por una enorme expansión de los sistemas de vigilancia digital invasiva.

Las organizaciones abajo firmantes instamos a los gobiernos a dar muestra de liderazgo en la gestión de la pandemia garantizando que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos.

La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante este esfuerzo que se está realizando para salvar vidas, como difundir mensajes de salud pública y aumentar el acceso a los servicios de salud. No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados –como tener acceso a los datos de localización de los teléfonos móviles– amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación de una manera que podría violar derechos y reducir la confianza en las autoridades públicas, con el consiguiente menoscabo de la eficacia de las repuestas de salud pública. Tales medidas entrañan también un riesgo de discriminación y pueden perjudicar de manera desproporcionada a comunidades ya marginadas.

Vivimos tiempos extraordinarios, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender sin más derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Al contrario, la protección de los derechos humanos también promueve la salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar estrictamente que toda restricción de estos derechos se ajusta a las salvaguardias de los derechos humanos ya establecidas.

Esta crisis nos brinda la oportunidad de demostrar la humanidad que compartimos. Para combatir esta pandemia, podemos hacer esfuerzos extraordinarios que sean compatibles con las normas de derechos humanos y el Estado de derecho.Pedimos a todos los gobiernos que no respondan a la pandemia de COVID-19 incrementando la vigilancia digital si no se cumplen las condiciones siguientes:



1- Las medidas de vigilancia adoptadas para abordar la pandemia deben se ser legales, necesarias y proporcionadas. Han de estar previstas por la ley y justificadas por objetivos legítimos de salud pública, determinados por las autoridades de salud pública competentes, y ser proporcionadas a esas necesidades Los gobiernos deben ser transparentes con respecto a las medidas que tomen, para que puedan ser analizadas y modificadas, retiradas o anuladas posteriormente, si procede. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada.
2- Si los gobiernos amplían los poderes de seguimiento y vigilancia, tales poderes han de ser de duración limitada y prolongarse sólo durante el tiempo necesario para abordar la pandemia actual.  No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia indefinidamente.
3- Los Estados deben garantizar que el aumento de la recopilación, conservación y agregación de datos personales, incluidos los relativos a la salud, tiene como único fin responder a la pandemia de COVID-19. Los datos recopilados, conservados y agregados para responder a la pandemia deben tener un alcance y duración limitados en función de la pandemia y no utilizarse con fines comerciales ni de otra índole. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para menoscabar el derecho personal a la privacidad. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora para afrontar la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro.
4- Los gobiernos deben hacer todo lo posible para proteger los datos personales, lo que incluye garantizar la debida seguridad de los datos recopilados y de los dispositivos, aplicaciones, redes o servicios utilizados en su recopilación, transmisión, tratamiento y almacenamiento. Cuando se afirme que los datos son anónimos, ha de poder demostrase y respaldarse con información suficiente sobre cómo se han anonimizado. No podemos dejar que los intentos de responder a esta pandemia sirvan de justificación para poner en riesgo la seguridad digital de las personas.
5- Todo uso de tecnologías de vigilancia digital en la respuesta a la COVID-19, incluidos los sistemas de inteligencia de datos y artificial, debe tener en cuenta el riesgo de que tales herramientas faciliten la discriminación y otros abusos contra los derechos de las minorías raciales, las personas que viven en la pobreza y las poblaciones marginadas, cuyas necesidades y realidades de vida pueden quedar ocultas o mal representadas en los macroconjuntos de datos. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 aumente aún más las diferencias existentes en el disfrute de los derechos humanos entre distintos grupos de la sociedad.
6- Si los gobiernos firman acuerdos para compartir datos con otras entidades públicas o del sector privado, deben hacerlo basándose en la ley, y la existencia de tales acuerdos, así como la información necesaria para evaluar su impacto en la privacidad y los derechos humanos, debe revelarse públicamente, por escrito, con las cláusulas de suspensión y con supervisión pública y otras salvaguardias por defecto. Las empresas participantes en las iniciativas de los gobiernos frente a la COVID-19 deben ejercer la diligencia debida para garantizar que respetan los derechos humanos y que toda intervención está desligada de otros intereses empresariales y comerciales. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ocultar a la sociedad qué información recopila y comparte con terceros su gobierno.
7- Toda respuesta debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias contra el uso indebido. El aumento de las medidas de vigilancia ante la COVID-19 no debe ser competencia de los organismos de seguridad o inteligencia, y tiene que estar sujeto a la supervisión efectiva de órganos independientes adecuados. Además, se debe ofrecer a las personas la oportunidad de conocer e impugnar toda medida que se tome en relación con la COVID-19 para recopilar, agregar, conservar y emplear datos. Las personas que hayan sido sometidas a vigilancia han de tener acceso a medios efectivos para interponer recursos.
8- Las respuestas a la COVID-19 que contengan medidas de recopilación de datos han de incluir medios de participación libre, activa y significativa de las partes interesadas pertinentes, en particular de especialistas del sector de la salud pública y de los grupos de población más marginados.

Fuente: Amnistía intenacional