Nicaragua: "Los métodos de represión, el odio, la sed de venganza que demuestra el gobierno de Ortega superan las acciones represivas de la dictadura somocista"

 A sus 82 años, Vilma Núñez asegura que la única forma en que podrían silenciar su lucha por los derechos humanos en Nicaragua sería encerrándola o matándola.

#ALDHU #Nicaragua #VilmaNuñez #DanielOrtega

Esta fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cree que la actual ola de arrestos de precandidatos y políticos opositores en su país marca una situación inédita en América Latina al menos desde los regímenes militares de la década de 1970.

Núñez responsabiliza por eso al presidente Daniel Ortega, a quien acusa de traicionar los ideales de la revolución sandinista tras derrocar al régimen de Anastasio Somoza, una revolución en la que ella misma depositó esperanzas en su momento.

"Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país", dice Núñez en una entrevista con BBC Mundo desde Managua.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con esta abogada reconocida internacionalmente por una tarea que dice llevar adelante en medio de hostigamientos y dificultades como la cancelación de la personería jurídica de la Cenidh en 2018 y la destrucción de instrumentos de trabajo.

¿Cómo es el trabajo día a día de una defensora de los derechos humanos como usted en la Nicaragua actual?

Es difícil explicarlo y sobre todo que se lo imaginen incluso colegas defensores de los derechos humanos en otros países donde existen institucionalidad y políticas para apoyar el trabajo de derechos humanos.

Aquí prácticamente estamos criminalizados, se nos considera prácticamente enemigos del régimen, que trata de ignorar cuál es el rol de fiscalización que debe impulsar un organismo de derechos humanos frente a las acciones y abusos que los gobiernos dictatoriales como el que tenemos aquí en Nicaragua cometen en contra de la población.

Trabajamos como podemos. No podemos hacer nada frente a las instancias jurisdiccionales nacionales, porque allí tampoco funcionan los mecanismos de prevención para derechos humanos.

Aquí, aparte de que el Poder Judicial no tiene independencia, se ha convertido o lo ha convertido Daniel Ortega en un instrumento de represión más. En este momento prácticamente es el que lleva la delantera en la represión que se impulsa en este momento.

Estamos documentando y acompañando a las víctimas con limitaciones, porque muchas veces las víctimas no quieren que se dé a conocer su nombre y se transmita a los organismos internacionales. Y una denuncia sin un nombre limita la credibilidad y la posibilidad de que los organismos internacionales reaccionen.

Es una situación emocionalmente difícil, con un costo muy grande, asumiendo los riesgos que significa estar prácticamente enfrentados a un poder que está dispuesto a cualquier cosa en este país.

¿Han podido establecer cuántos precandidatos, políticos opositores y personas que trabajaban para ellos fueron detenidos este mes?

Sí. En este momento estamos enfocados en dar acompañamiento directo incluso a muchos de los que están encarcelados.

Ya ni siquiera estamos seguros de que estén encarcelados, porque no hay información cierta del lugar donde se encuentran.

En este momento son 20 personas, cinco de ellas que eran precandidatos a la presidencia de la República y participarían en las elecciones que se realizarían el 7 de noviembre. Con esta acción consideramos que cada día se aleja la posibilidad de que éstas se realicen.

Están prácticamente detenidos dirigentes políticos del más alto nivel, incluso antiguos compañeros de lucha en la revolución como son Dora María Téllez, el general retirado Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, quien fue vicecanciller.

Están detenidos dos funcionarios empleados de Cristiana Chamorro, que era la candidata que tenía como la mayor aceptación a nivel de las encuestas [y que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario]. Incluso tienen detenido y prácticamente desaparecido, porque es del que tenemos menos información, a su chofer particular.

Esas son las personas que en este momento, dando un voto de credibilidad, están en el centro de Auxilio Judicial, que es donde la policía investiga centralizadamente, pero que se ha convertido prácticamente en un centro de tortura.

Los dos funcionarios de la fundación Violeta Barrios de Chamorro están presos desde el 28 de mayo y sus familiares no los han podido ver, ni sus abogados se han podido entrevistar con ellos. Entonces no sabemos qué es lo que están haciendo.

Es realmente doloroso. Cada día los familiares peregrinan hacia las cárceles a dejar comida y resulta que no se las reciben. Desde hace dos días sólo están recibiendo agua. Y hay señales, por algunas medicinas que han solicitado algunos parientes, de que hay un deterioro de salud en algunos de ellos, porque casi todos son personas de edad con enfermedades crónicas.

Los tienen encerrados, como metidos en una caja, y no sabemos en qué condiciones están adentro. No se sabe nada.

Cristina Chamorro prisión domiciliaria

De esos 20 detenidos, ¿de cuántos ustedes no han podido determinar su paradero y estado de salud?

De los únicos que tenemos seguridad dónde están son Cristiana Chamorro, porque está en su casa por cárcel, incomunicada, y María Fernanda Flores porque también está en su casa.

De los otros 18, sólo lo que nos dicen: que se los llevaron porque están siendo investigados.

Están juzgándolos de manera antojadiza por delitos que no existen y que sobre todo no han cometido. Les están aplicando una ley que crearon específicamente para ellos. Prolongaron hasta por 90 días la detención preventiva.

No sabemos qué está pasando.

Los familiares los declaran como desaparecidos mientras no los muestren y den pruebas claras de que están allí.

Nosotros, como organismo de derechos humanos, los consideramos rehenes de la dictadura.

 Precandidato detenido José Adán Aguerri 

¿Cómo se vive a nivel de la población todo esto?

No podría valorar en términos absolutos cómo vive la población de Nicaragua. Sin embargo, hay una realidad: un 70% de la población ha rechazado al actual régimen.

Esa gente vive en una situación de incertidumbre e inseguridad porque prácticamente se ha establecido un estado de sitio de hecho. Tienen militarizadas prácticamente las ciudades con patrullajes permanentes de policías, fuerzas especiales y grupos armados con comportamiento paramilitar.

Además han organizado a las fuerzas políticas que ellos tienen y los han convertido en órganos de espionaje. Todos convivimos y ya no sabemos cuál de nuestros vecinos… Todo el mundo camina viendo al lado porque se ha establecido que detrás de una denuncia de uno de estos señores del Consejo del Poder Ciudadano viene la captura y agresión policial.

Cada día la situación económica se agrava, con las limitaciones además que impone una pandemia mal manejada por el gobierno.

La situación aquí en Nicaragua es verdaderamente dramática. Tenemos que decir que los métodos de represión, el odio, la saña, la sed de venganza que demuestra este gobierno con sus acciones superan las acciones represivas de la dictadura somocista.

¿Es posible en este contexto que vuelvan las protestas antigubernamentales que hubo en Nicaragua en 2018?

Sería lo ideal que la gente tuviera la posibilidad de manifestarse. Sin dudas, si encierran a esas fuerzas represivas y se deja que la gente se manifieste, las calles de Nicaragua se volverán a llenar. Pero ahora no se puede.

El gobierno trata de encubrir esta represión, que tiene como objetivo buscar cómo eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral, de elecciones libres y transparentes, porque sabe que perdería.

Está aferrado al poder y quiere perpetuarse en el mismo, lo que significa no solamente concentrar el poder político sino que prácticamente seguir usufructuando los millones que se han prácticamente sustraído del erario público y de la cooperación internacional, específicamente de la cooperación venezolana.

Usted comparaba la situación actual de derechos humanos con lo que ocurría durante el régimen de Somoza. Algunos se preguntan cómo se compara este momento que vive Nicaragua con la represión que hubo en el pasado en otros países de América Latina. ¿Puede responder esto?

Son situaciones diferentes y escenarios distintos, pero la repercusión que está teniendo esta acción criminal de la dictadura en contra de una población de apenas seis millones de habitantes, le aseguro que tiene los mismos niveles y las repercusiones de las acciones de Pinochet, de las juntas militares de Argentina, Uruguay y Brasil.

Aquí Daniel Ortega tiene un odio personal contra dirigentes políticos que fueron sus antiguos compañeros de lucha. Por ejemplo, el general retirado Hugo Torres, vicepresidente de un partido disidente del Frente Sandinista, prácticamente expuso su vida en un operativo en 1974 para sacar de la cárcel a Daniel Ortega. A ellos los está tratando con una saña perversa.

¿Usted dice que esta situación que se vive en Nicaragua es algo inédito para América Latina por lo menos desde los regímenes militares de los años '70?

Dijo: a mí no me van a presionar, lo que estamos juzgando no son ni candidatos a la presidencia ni dirigentes políticos, aquí estamos juzgando a criminales y vamos a ir hasta el final.

Entonces imagínese al ambiente de terror que había cuando este señor terminó de hablar frente a una cadena de radio y televisión.

En ese discurso Ortega también dijo que quienes gritan son "los enemigos de la revolución". ¿Cómo toma esto?

Es el discurso que maneja hacia afuera. El dice que todo esto es una estrategia del gobierno norteamericano y del colonialismo europeo para destruir a su gobierno y a Nicaragua, que todos estos dirigentes políticos, con todas sus calidades y posibilidades, son títeres y agentes del imperialismo, usando el lenguaje trasnochado de la época de la Guerra Fría.

La comunidad internacional ha aumentado la presión sobre el gobierno de Ortega para que detenga esta ola de arrestos y libere a las personas detenidas. ¿Podría hacerse algo más desde el exterior para defender los derechos humanos en Nicaragua?

En el acompañamiento de la comunidad internacional considero que ha habido altos y bajos.

Hubo una primera reacción cuando aparecieron los 328 asesinados en 2018. Y como la represión nunca terminó, pero cambió de modalidad, también cambió y bajó el tono de la comunidad internacional.

La gente de Nicaragua ha decidido lograr el cambio. Un verdadero cambio pasa por la finalización del gobierno dictatorial de Daniel Ortega.

Hemos optado por la vía cívica, buscar cómo hacer uso del derecho a la protesta y concluir de la única forma en los gobiernos democráticos: el proceso electoral. Ese es el instrumento que ahora está siendo bombardeado.

Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país.

Ante esta arremetida brutal se volvió a alarmar la comunidad internacional, que estaba apostando incluso a proponer cooperación técnica para intentar un proceso electoral democrático.

Usted fue parte de la lucha contra el régimen de Somoza y estuvo presa por eso, ¿verdad?

Sí, soy una luchadora por los derechos humanos desde 1958. Una de las primeras cosas que hice al llegar a la universidad fue integrarme al movimiento estudiantil y fundamos el primer comité pro-libertad de reos políticos universitarios, entre los cuales estaba Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista.

Contra todo eso luchamos. Después de avanzar esa lucha, me involucré con el Frente Sandinista, convencida de que estábamos impulsando una transformación donde las libertades públicas fueran el sustento para desarrollar las transformaciones sociales y económicas que un país necesita.

Sin embargo, vimos que pronto eso se empezó a desdibujar y se empezó a erigir un gobierno completamente autoritario.

Yo pensaba sinceramente que la lucha había que darla adentro, que la falta de democracia que ya sentíamos dentro del Frente Sandinista había que combatirla adentro. Y aquí nos quedamos hasta que esa situación se vuelve insostenible.

Me separo prácticamente del Frente Sandinista en 1998 cuando Zoilamérica Narváez, la hija adoptiva de Daniel Ortega, denuncia la violación a ella por Daniel Ortega desde que tenía 11 años. Fui yo la abogada, en el Cenidh asumimos su representación legal y llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Daniel Ortega traicionó la lucha y la sangre de todo un pueblo, los ideales en los que muchos creímos. Por haber creído y haber sido parte, cargamos con culpas que no tuvimos directamente.

Todo esto permanece en la impunidad. Nosotros esperamos que haya justicia algún día. Si no se puede lograr justicia en los tribunales de Nicaragua, que sean los tribunales internacionales los que se encarguen de juzgar estos crímenes para que no queden en la impunidad.

No puede haber borrón y cuenta nueva. Si se vuelven a hacer arreglos, si se recurre a amnistías generales y todo eso, el ciclo de violencia vuelve a repetirse. Es lo que dice la historia.

A sus 82 años, ¿teme que a usted también la arresten?

Defender derechos humanos tiene que llevar implícita la decisión de enfrentar al poder y asumir los riesgos que eso implica, sobre todo cuando enfrentas regímenes dictatoriales.

La promesa que le hicimos al pueblo de Nicaragua el día que nos arrebataron la personería jurídica del Cenidh fue que no nos vamos a callar.

Vamos a seguir luchando hasta que podamos, hasta el momento en que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo se les ocurra callarme. Callarme significaría capturarme y encerrarme, o matarme.

La Asamblea General rechaza una vez más de forma abrumadora el embargo a Cuba

La Asamblea General de las Naciones se pronunció una vez más este miércoles de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales.

La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania).

Con su voto de hoy, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la sesión pasada sobre el tema, en noviembre de 2019.

La resolución A/75/L.97 se suma a las 28 que se han adoptado anualmente desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

“Acto de genocidio”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presente en la sala, afirmó en el debate que precedió la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que según la Convención de Ginebra de 1948, “constituye un acto de genocidio”.

Se trata, dijo, “de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia, que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo”.

El canciller cubano preguntó qué les ocurriría a otras economías, incluso de países ricos, si se les sometiera a condiciones similares.

Precisó que de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9157 millones de dólares a precios corrientes y que en el último lustro las pérdidas superaron los 17.000 millones de dólares. Los daños acumulados en las seis décadas ascienden a 147.853 millones de dólares.

Que cese la persecución

“El reclamo de Cuba es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo”, recalcó.

Rodríguez Parrilla aseveró que el bloqueo “es un acto políticamente motivado” descrito a la perfección “en el infame memorando” del Departamento de Estado estadounidense del 6 de abril de 1960 que llama a poner en práctica “todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros” para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrotar al gobierno.

En este sentido, el diplomático acusó a Estados Unidos de querer provocar inestabilidad política y social en el contexto de las dificultades económicas causadas por su propia política de castigo al pueblo cubano.

Política anacrónica

No obstante, los intentos de mostrar un fracaso del sistema y de sostener que el bloqueo no es un factor significativo de las dificultades económicas del país no han funcionado sino que han tenido un efecto de aislamiento de Estados Unidos de la comunidad internacional, que pugna por el fin del embargo.

“Muchos alegan pragmáticamente, incluso dentro del gobierno estadounidense, que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz que no ha logrado ni logrará su objetivo y ha terminado por desacreditar y aislar al propio Estados Unidos”, enfatizó.

Para concluir, Rodríguez Parrilla agradeció las muestras de solidaridad internacionales y aseguró que, “como el virus, el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar”.

Estados Unidos

Antes de la votación, Rodney Hunter, coordinador político de la Misión de Estados Unidos ante la ONU anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.

“Las sanciones son un conjunto de herramientas de nuestro esfuerzo más amplio para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, señaló.

Hunter reconoció los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y añadió que por eso Estados Unidos provee al país caribeño suministros humanitarios, además de ser “uno de los principales socios comerciales de Cuba”.

“Cada año autorizamos miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano”, insistió.

A favor del multilateralismo

Los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea, al igual que los bloques de países, que tomaron la palabra durante la sesión reiteraron la urgencia de ponerle fin al embargo estadounidense a Cuba, particularmente en la emergencia que vive el mundo frente a la pandemia de COVID-19.

Del mismo modo, encomiaron la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria e, incluso, desarrollado vacunas contra el coronavirus.

Acabar con el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba es impostergable, fue la voz unísona, llamando a defender el multilateralismo y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Fuente: Noticias ONU

Nicaragua, la revolución traicionada

Por el significado que tiene Nicaragua y la épica de la Revolución Popular Sandinista, es necesario,

realizar un análisis de la dramática realidad y de la crisis que desencadenada desde la última elección

presidencial, y que se agrava cada día más. Es ineludible recordar que después de la elección de

Ortega de 2016 que ganó su tercera reelección consecutiva, con un 72% de los votos, el Consejo

Supremo Electoral destituyó a 28 diputados de oposición del Congreso, pertenecientes al Partido

Liberal Independiente (PLI) y al Movimiento Renovador Sandinista, intento no disimulado de Ortega

por eliminar cualquier disidencia, que hiciera mella a su tercera reelección. En la práctica en las

elecciones Ortega no tuvo competidores verdaderos y obviamente triunfó.

#DanielOrtega #Sandinismo #Nicaragua #RosarioMurillo

Sin ningún pudor Ortega pretende seguir encarnando el mito de la revolución y sus conquistas

democráticas y cree personificar la supervivencia a la reminiscencia de la Revolución Popular

Sandinista, (1979 – 1990)

En todo este período las voces críticas hacia Ortega crecieron y se masificaron, por su afán de

perpetuarse en el poder. Lo que arguyen los opositores de amplios sectores, es que al final de su

mandato, en 2022, Daniel Ortega sumará 15 años sucesivos como presidente de Nicaragua, y si se

considera su período como coordinador de la Junta de la Revolución Sandinista, cargo que ejerció

de 1981 a 1985, así como su primera presidencia, de 1985 a 1990, sumaría 24 años al frente de los

destinos de Nicaragua. Hoy sabemos sus deseos de un poder son ilimitados y pretende convertir la

nueva elección en otra gran farsa, al estilo de los peores tiranos de la región. Ya no se puede hablar

de un gobierno de FSLN sino de un régimen personalista y populista de Ortega y su compañera

Rosario, donde los espacios democráticos se han ido anulando paulatinamente. Digámoslo

abiertamente hoy Nicaragua vive una dictadura.

En esta reflexión, es necesario referirnos es una particularidad del régimen que ha sido fuente de

duras críticas, y aparece como un elemento configurador de los conflictos, es el preponderante rol

de Rosario Murillo, que primero fue el poder en las sombras, posteriormente de hecho ejerció como

Ministra del Interior, y en la actualidad es Vicepresidenta de la República. Rosario, mujer poderosa,

polémica e inteligente, tiene a su favor provenir de una familia de alcurnia política al ser sobrina

nieta de Cesar Augusto Sandino. Según sus detractores, la familia presidencial, es un claro caso de

nepotismo y corrupción, representando una nueva dinastía, al estilo somocistas.

Lo que comenzó como una dura impugnación política y de rechazo a las políticas de Ortega se

convirtió en un abierto estallido social, que no da tregua hasta hoy. La revuelta se inició con una

protesta de estudiantes universitarios contra una impopular reforma al Seguro Social, que esto fue

solo el detonante, ante un creciente descontento social hacia el gobierno y sus políticas. Las

manifestaciones comenzaron en abril de 2018 y se extendieron rápidamente a varias ciudades del

país, tras la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados, redundó

en una cantidad de muertos, detenidos, heridos y exiliados.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 personas murieron y más de

2.000 resultaron heridas por participar en protestas, en su mayoría jóvenes alcanzados por impactos 

de bala. (2020). El gobierno reconoció 198 fallecidos, aunque organismos de Derechos Humanos

denunciaron más de 545. También de acuerdo con la CIDH, que documentó la crisis desde el punto

de vista humanitario, cerca de 700 nicaragüenses permanecieron en prisión y otros 60.000 se vieron

forzados al exilio, refugiándose mayoritariamente en Costa Rica.

En 2022 corresponde celebrar nuevas elecciones presidenciales, y como es lógico, surgieron

diversos candidatos que pretenden hacer frente a Ortega que aspira a un nuevo período

presidencial. El inicio del ambiente electoral fue el detonante de allanamientos, detenciones,

órdenes de captura contra líderes políticos opositores, empresarios y periodistas independientes

que no han cesado.

La Fiscalía, bajo dominio total del gobierno, abrió una investigación contra la Fundación

Nicaragüense se para el Desarrollo (Funides), un centro de pensamiento independiente, ligada al

precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que fue encarcelado, acusado por

“por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras". La Fiscalía además

citó a declarar a periodistas independientes, como parte de otra investigación abierta contra la

Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirige la periodista y aspirante presidencial Cristiana

Chamorro, que también está con arresto domiciliario.

En esta abierta represión del régimen, han sido detenidos además Miguel Mora, precandidato

presidencial y exdirector de 100% Noticias, por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos

internos y pedir intervenciones militares". Se mantiene bajo arresto a otros dos candidatos

presidenciales Arturo Cruz y Félix Madariaga, a quienes los acusa de "traición a la patria". Además,

dos ex vicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente

empresarial, un banquero, cuatro activistas y líderes de organizaciones de la sociedad civil, han sido

detenidos bajo la acusación de diversos delitos, en base a una ley que el Gobierno de Daniel Ortega

aplica a opositores.

El escritor, novelista, Premio Cervantes, y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez hizo un

llamamiento a la "solidaridad internacional" ante la ola de arrestos en contra de dirigentes políticos

opositores y empresarios a menos de cinco meses de las elecciones generales, que tendrán lugar en

medio de una prolongada crisis política.

"La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes

a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus

hogares", denunció Ramírez, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-

1990) y ahora es crítico del presidente Ortega, en un mensaje en Twitter.

Cuando recién comenzaba a vislumbrarse esta crisis, Sergio Ramírez, declaraba que el sistema

democrático nicaragüense ha sido completamente aplastado y no queda nada más que una

sumisión a un proyecto personal y familiar, que ha ido sumando poderes a través de la corrupción,

la compra de voluntades, la sumisión y hasta el temor. Ramírez, fue expulsado del FSLN en 1995

por atreverse a disputarle el poder a Ortega. 

La escritora Gioconda Belli, combatiente del FSLN, comentaba al Diario La Prensa de Managua, que

“en términos estrictos, ahorita estamos en un sistema prácticamente monárquico. Porque es un

sistema que está ungido por Dios. Así pasaba la Europa medieval, donde los reyes pasaban el poder

que recibían de Dios a sus hijos. Alusión a las reiteradas invocaciones a Dios en los discursos de

Rosario.

La autora de la novela "El país bajo mi piel”, confirmó a través de un Twitter, que su hermano

Humberto Belli, que fue ministro de Educación en el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro

(1990-1997), debió salir al exilio. "En otro país mi hermano habría ido a la Fiscalía a defender su

inocencia, pero en éste, donde te condenan sin razón, ni juicio, hizo bien en prevenir e irse del país.

Segundo exilio suyo. Triste".

Julio López Campos, toda una vida en el FSLN, combatiente en la ofensiva final contra la dictadura

somocista, responsable, del Departamento de Relaciones Internacionales del gobierno

revolucionario, compartió reflexiones sobre los desafíos de la insurrección no armada que hoy

enfrenta a la dictadura orteguista, “Yo nunca había visto en Nicaragua una situación tan complicada

como la que estamos viviendo hoy ante esta dictadura. Nunca. Y nunca había visto a mi país en un

nivel de incertidumbre tan grande sobre su presente y sobre su futuro. Tampoco nunca había visto

a Nicaragua sometida a una violencia tan criminal como la que Daniel nos está imponiendo. Esa

criminalidad nunca había ocurrido, ni siquiera bajo la dictadura somocista. Tampoco nunca se me

habría ocurrido a mí pensar que un gobierno con raíces en el sandinismo fuese capaz de mandar a

matar a la gente desarmada como hoy lo hacen”.

Y como no recordar al poeta Ernesto Cardenal, ex ministro de cultura, que en su momento expresó

que la experiencia revolucionaria, “fue una revolución muy bella, pero fue traicionada”. Lo que hay

ahora “es una dictadura familiar de Daniel Ortega. Eso no fue lo que apoyamos nosotros”. Sin

embargo, no me arrepiento de haber apoyado ese proceso, afirmaba el poeta. Cardenal abandonó

el FSLN en 1994, en protesta contra la dirección autoritaria de Daniel Ortega, dando su apoyo al

Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Cardenal falleció en marzo de 2020, entristecido por la

tragedia de su querida Nicaragua.

Esperamos una solidaridad más comprometida y activa con el pueblo nicaragüense, que lucha por

mantener una democracia que conquistó con el sacrificio de muchos. Tal como lo ha expresado la

Alta Comisionada para Los DDHH Michelle Bachelet, al demandar cambios urgentes que “implicarían

como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar toda

persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un

proceso electoral".

En estos momentos aciagos que vive el mundo bajo la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza

y las necesidades básicas, esperamos el pronunciamiento y condena de los hombres y mujeres

dignos, de los defensores de los Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad Civil, de

los líderes políticos, de los candidatos presidenciales. 

Sólo queda esperar que los sueños de tantos en la ética y legendaria de la Revolución Popular

Sandinista, se puedan hacer realidad en benéfico del pueblo en el marco de una democracia y no se

evaporen en un régimen dictatorial, personalista y autoritario.

Ronald Wilson 

Traumas oculares y Dirección del INDH. Opinión: Osvaldo Torres

 Las preguntas que cabe formularse son: ¿por qué el director del INDH y sus asesores, y no su Consejo, han tomado la decisión, entre cuatro paredes, de reducir la cifra informada de víctimas de daño ocular, pasando de 460 a 173, siendo que el propio INDH había constatado a través de sus funcionarios el número inicial? ¿Por qué no participa la Unidad de Estudios, especializada en procesar los datos, en la decisión de cambiar esa información? ¿Por qué no se explicó, de forma clara y comprensible, que el universo de lesionados por trauma ocular producto de la acción de agentes del Estado seguía siendo sobre 400 personas y que la otra cifra notablemente menor, sólo considera las acciones judiciales del INDH? ¿Por qué no se llevan ambos conteos y se investigan incluso los casos ingresados a la UTO y no denunciados en las querellas del INDH? 

#INDH #SergioMicco #TraumaOcular #DerechosHumanos

Primero que nada, debo transparentar que, en mi calidad de Jefe de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fui despedido el 13 de marzo del 2020, cuando se declaraba la pandemia, bajo el argumento del director de: “pérdida de confianza”, según expliqué en su momento (https://www.eldesconcierto.cl/entrevistas/2020/04/13/osvaldo-torres-ex-jefe-de-estudios-del-indh-el-instituto-ha-caido-en-la-irrelevancia-en-esta-pandemia.html). La revisión crítica sobre el accionar del INDH no se refiere al trabajo de sus funcionarios/as, que es encomiable, sacrificado y muchas veces riesgoso, como lo comprueban los casos de quienes fueron agredidas/os por agentes del Estado, en misiones de observación de la función policial. Se trata de evaluar lo realizado por el director del INDH, el cual ha conducido a la institución a ser funcional a la política gubernamental de derechos humanos, y a un escaso uso de su autonomía de las fuerzas políticas que no creen en los derechos humanos, deteriorando gravemente la credibilidad pública.

La polémica sobre los datos de traumas oculares ocurridos desde octubre 2019 y su disminución de 460 a 173 víctimas en los informes del INDH, es del todo comprensible. Son innumerables los informes diarios que realizaba y comunicaba el INDH desde su Unidad de Comunicaciones, con datos que incluían estas heridas. El propio Informe Anual sobre los derechos humanos 2019, que me tocó dirigir, reconoció una cifra de 347 lesiones oculares observadas por el INDH en recintos de salud, y al 30 de noviembre de 2019 sólo había 29 querellas del INDH sobre este tipo de agresiones. A su vez, se informaba que la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital El Salvador registraba datos de “259 pacientes con Trauma Ocular asociado a las manifestaciones, la mayoría (86,3%) provenientes de la Región Metropolitana”.

En otro reporte de marzo del 2020, el INDH señalaba que “las y los observadores del Instituto han recopilado información sobre un total de 460 lesiones oculares desde el inicio de la crisis social, 15 más desde el último reporte, de los que una mayoría, el 92% del total corresponden a diagnósticos por lesión o trauma”. Incluso en el informe “El estallido de las violaciones a los derechos humanos octubre 2019 a marzo 2020” (disponible en https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/INFORME_COMPLETO_19_DIC.pdf), en el capítulo 3, analizamos las cifras del INDH y las de la UTO que actualizadas sumaban ya 331 víctimas. Realizado el cruce entre los daños oculares infringidos por agentes del Estado y las fechas en que el gobierno respaldaba y/o solicitaba a Carabineros el respeto a los protocolos, las cifras no tienen grandes variaciones, mostrando que este tipo de agresiones a la población expresan un patrón tolerado por la autoridad.

Uno tiene derecho a preguntarse si esta decisión forma parte de una estrategia política de “salvar al Presidente” de las acusaciones respecto de sus responsabilidades sobre la sistematicidad de las violaciones los derechos humanos cometidas bajo su gobierno. Es obvio que bajando los casos se hace más difícil probar que lo vivido por las víctimas de traumas oculares es parte de un ataque generalizado hacia la población que protestaba.

Parece claro que ha habido un debilitamiento de la autonomía del INDH. Una perspectiva posible de la trayectoria del INDH es que la sustitución de Consuelo Contreras como directora, en junio de 2019, se produjo como efecto del rol clave que jugó en la denuncia del crimen de Camilo Catrillanca y la protección del adolescente testigo, que derivó en una grave crisis en el gobierno y Carabineros. Esto alentó a la derecha a buscar un acuerdo para cambiar la dirección del INDH, lo que al interior del Consejo se concretó gracias a los votos de los consejeros B. Marelic y los dos DC. Así, Sergio Micco obtuvo el cargo y generó un discurso sobre la falta de pluralismo en el INDH, que estaba sesgado por funcionarios que venían del sector que se había opuesto a la dictadura, que los derechos humanos eran de todos, etc. Con la rebelión social de octubre del 2019, se comenzó a vivir una nueva etapa, más aguda de conflictos, haciéndose memorable la intervención del director en defensa del presidente Piñera, al definirlo como un partidario del No en el plebiscito de 1988, y evitando calificar a las violaciones a los derechos humanos como masivas y sistemáticas. Luego vino la negociación sobre el contenido del Informe Anual 2019, donde intentó desplazar a la Unidad de Estudios como eje de su elaboración, llevando asesores externos para revisar y elaborar capítulos del informe, donde se excluían cifras relevantes. El resultado fue un informe que tuvo importantes limitaciones en el despliegue de la información disponible y las interpretaciones de ésta, impuestas por la mayoría del Consejo.

Señalo lo anterior, porque efectivamente Sergio Micco ha fortalecido una lógica partidista y binominalizada, que es propia de las prácticas políticas de estos 30 años. Como el uso de la institución para repartir cargos y trabajos sin considerar las trayectorias en derechos humanos (como bien lo ha probado la conformación fallida del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura). En esto también le cabe responsabilidad a la propia ley que le dio origen al INDH, al permitir el derecho a voto de dos representantes de la Presidencia en el Consejo, contraviniendo las normas para estos organismos autónomos; y también al Congreso que, en algunas de sus cuatro nominaciones, no respetan la ley respecto de la experiencia y conocimiento en el área de los derechos humanos que deben tener aquellos (y que ahora se evidencia en la gravedad), procediendo una vez más en la lógica binominal.

Quizás, la muestra más evidente de este uso político clásico fue la modificación de la Resolución Exenta N° 121 del 16 de marzo del 2020 que señala: “Las jefaturas de unidades y de las sedes regionales (..) (tendrán) contrato de trabajo de duración indefinida con cláusula de exclusiva confianza y serán evaluados y calificados según convenios de desempeño que suscriban”. El agregado de cargo de “exclusiva confianza”, que no existía en la resolución anterior N° 87, deja a discreción del director los cargos técnicos concursados por Alta Dirección Pública, sometiendo así a las jefaturas al enfoque político de la dirección de turno. Todo hecho por votación con mayoría simple y el propio voto del director (6 contra 5).

La disputa por las cifras no es sólo técnica, ha existido por parte de la dirección del INDH un propósito político que debe ser aclarado. Pero las lecciones, en este ámbito, son fundamentales: reforzar el carácter autónomo del INDH, modificando la composición del Consejo o directamente replanteando su órgano directivo; terminado con las abultadas contrataciones de asesores que sustituyen en la práctica a los equipos profesionales pero sin asumir responsabilidades a las que esos equipos si están comprometidos; reforzando su rol de prevención, protección y defensa de los derechos humanos por sobre el interés político de un sector de la sociedad, que ha demostrado relativizar estas garantías fundamentales bajo el argumento del pluralismo.

Osvaldo Torres

Antropólogo.

Fuente: El desconcierto

Londres 38 exige salida de Micco del INDH tras denuncia de cambio de metodología en cifras de lesionados oculares: «Es revictimizante»

 En conversación con El Desconcierto, Karinna Fernández, abogada asesora de Londres 38, confirmó que «estamos exigiendo la salida (del director Sergio Micco), pero no solo la salida, sino que el Consejo del INDH dé cuenta de estos hechos que nosotros ya expresamente denunciamos en marzo con varias otras organizaciones respecto del contenido de los informes». Además, hizo hincapié en que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) ya exigió en abril pasado al organismo mayor transparencia en la información. Por su parte, el Instituto se defiende y asegura que no existe «manipulación de ninguna especie».

#SergioMicco #DerechosHumanos #INDH #lesionesoculares #revictimización

Este miércoles, se realizó la denuncia de un cambio de metodología que habría realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos para contabilizar los casos de lesionados oculares en el contexto de las manifestaciones que se iniciaron en octubre de 2019. Dicha modificación significó el reporte de menos de las mitad de los casos informados inicialmente, bajando de 460 a 179, lo que habría sido ordenado por el director de la institución, Sergio Micco.

Lo anterior, revelado este miércoles por el medio Interferencia, es parte de lo que Londres 38 denunció en marzo pasado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En conversación con El Desconcierto, Karinna Fernández, abogada asesora de dicho espacio de memoria, criticó a Micco y confirmó que la organización exige su salida.

«En el ‘Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos. Datos desde 17 de octubre de 2019 e ingresados hasta el 13 de marzo de 2020’, se reportan aproximadamente 460 casos. Luego, en el ‘Informe Anual 2019 sobre la situación de los derechos humanos en Chile en el contexto de la crisis social’, se registra un número de 296 lesiones oculares. Posteriormente, en el ‘Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH en su Informe Anual 2019’, publicado en febrero del presente año, la cifra se reduce a 172 víctimas«, acusó la organización en ese entonces.

Esto daría cuenta del cambio de metodología para realizar el recuento de casos, el que ya no correspondería a los informados en centros hospitalarios respecto a las lesiones oculares, sino que a aquellos casos en que se ejerció una acción penal con participación del Instituto. Sin embargo, dicha modificación no fue explicitada en los informes, según acusó el reportaje y confirmó Fernández.

«Lo que sabemos los que litigamos estas causas es que el INDH no tiene querellas en todas ellas. No nos parece adecuado que utilice esa metodología para levantar información», explicó la abogada. Es decir, existen muchos casos en que las personas denunciantes no ejercen una acción judicial, pero también existen casos de víctimas que presentan querellas de las cuales el organismo no se hace parte.

«¿Por qué la sociedad civil o la academia tienen que estar persiguiendo esta información?, cuando debería ser algo que los propios informes deberían contener, señalar que hay un cambio de metodología y explicar por qué», cuestionó.

Además, enfatizó en que esta no es la única irregularidad que reclamaron en marzo sobre el INDH y que hasta la fecha, acusó que todavía no han habido avances. «Entregamos un informe al CAT (Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas) que hizo una evaluación de Chile en abril. Justamente, ellos sacan un informe expresamente diciéndole a Chile recordando las obligaciones internacionales que en materia de cifras exigen toda la transparencia y que deben ser uniformes«, señaló.

Revictimización y garantías de repetición

Para Fernández en este caso «lo que ocurre claramente es una revictimización». Pero no solo eso, sino que repercutiría en las posibilidad de evitar nuevas violaciones de derechos humanos en el futuro. «Que no existan estas cifras, o que las metodologías no sean claras, también repercute en el hecho de que el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que está dentro del INDH«, sostuvo.

Así, la «uniformidad, en el análisis y presentación de cifras es una obligación internacional, porque tú no puedes prevenir adecuadamente este tipo de formas de tortura y de lesiones si evidentemente no tenemos unas cifras claras respecto de las víctimas».

«Revictimización, falta de transparencia y generar garantías de repetición son vulneraciones que no pueden ser toleradas a un director del INDH«, sentenció.

Además, fue enfática en señalar que «estamos exigiendo la salida (de Micco), pero no solo la salida, sino que el Consejo del INDH de cuenta de estos hechos que nosotros ya expresamente denunciamos en marzo con varias otras organizaciones respecto del contenido de los informes».

Vulneración a la libertad de expresión

Desde el INDH respondieron a la publicación de Interferencia a través de un comunicado en redes sociales, aludiendo a que «no existe un cambio de criterio, ni manipulación de ninguna especie». Además de solicitar «al medio Interferencia corregir esta información a la brevedad», lo que fue rechazado por el medio.

Para la abogada asesora de Londres 38, la respuesta del organismo abre otro foco de vulneración, esta vez con respecto a la libertad de expresión, al pedir al medio que cambie su reportaje.

«No solo no se hace cargo de la crítica contundente y profesional por parte de la periodista que realizó la investigación (…). Sino que además, el exigir que un medio de comunicación, no hegemónico además, tenga que revertir lo que ha señalado después de un análisis serio nos parece que atenta claramente contra la libertad de expresión, en su faz de acceso a la información«, sostuvo.

Posteriormente, en horas de la noche de este miércoles, el INDH volvió a emitir una declaración a través de redes sociales, firmada por los jefes y jefas de Unidad y de sedes regionales del organismo. «Desmentimos enfáticamente que se haya producido cualquier tipo de alteración, manipulación u ocultamiento en las cifras que entrega el Instituto con respecto a víctimas de trauma ocular o de cualquier víctima«, sostiene el texto.

«No hay un cambio de criterio en el conteo de las cifras, sino que se trata de elementos y datos diferentes (denuncias v/s querellas), que requieren no solo estrategias distintas, sino que también métodos de análisis diferenciados para alcanzar los mejores resultados posibles», asegura el INDH.

Fuente: el desconcierto

Informes referidos:

2019: 296 víctimas. Informe anual INDH (30 noviembre de 2019)                                            

Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

2020: 460 víctimas. Informe (13 de octubre de 2020)                                    

Disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/03/Reporte-general-18-03-2020-de-datos-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-v04.pdf

 

2021: 172 víctimas. Informe seguimineto INDH 2 de febrero de 2021                                                    

Disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2021/02/Primer-Informe-de-Seguimiento-de-Recomendaciones.pdf

Piden a la CIDH pronunciarse por nuevo comandante en jefe de la Armada, cuestionado tras el 18-O

Un abogado y tres concejales electos en la región de Valparaíso solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie por el nombramiento de comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés De la Maza.

Acusan que la labor del uniformado durante el estallido social fue bajo múltiples acusaciones por violación a los derechos humanos y que su actual designación es un despropósito.

Tras la designación de Juan Andrés de la Maza como comandante en Jefe de la Armada, el abogado Luis Cuello y concejales electos de diferentes comunas de la región de Valparaíso, Nicolás López, Pablo González y Maximiliano Miranda, solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie al respecto acusando dicho nombramiento como inaceptable.

Todo esto, debido a que el uniformado estuvo a cargo del orden público durante el denominado estallido social, labor que habría sido cuestionada por las violaciones a los derechos humanos, vulneraciones a las libertades de expresión y reunión de las personas en ese periodo.

El abogado, Luis Cuello, hizo alusión a las declaraciones amenazantes que habría entregado De la Maza a propósito del toque de queda.

En la misiva además se enumeran detenciones donde, por ejemplo, los funcionarios navales no llevaban placas identificatorias y tenían sus rostros cubiertos.

Por otro lado, se hace mención a que durante el estado de emergencia, la región de Valparaíso ocupó el tercer lugar nacional en materia de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

En esa línea, Alicia Zuñiga, presidenta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso, catalogó el nombramiento como un despropósito.

La carta finaliza con que la decisión del Presidente Sebastián Piñera representa una reivindicación por los actos de represión a la protesta social verificados en varios informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Revisa la requerimiento a continuación:

Fuente: BiobioChile

Freno a la impunidad: CIDH objeta la media prescripción y resuelve que la justicia debe dejar sin efecto rebajas de penas por crímenes de lesa humanidad en dictadura

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) implica que tendrán que revisarse los casos de 50 condenados por crímenes de lesa humanidad que fueron favorecidos con la media prescripción. El documento ya fue puesto en conocimiento del Estado chileno, “al que se ha solicitado que informe dentro de un periodo de dos meses sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones”, señala el organismo. El plazo comenzó a correr el 19 del presente mes. Según los denunciantes, la recomendación debería hacerse extensiva a todas las causas por crímenes de lesa humanidad juzgados en Chile, y además el tema podría escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución que podría establecer jurisprudencia internacional.

En un vuelco en el criterio de la jurisprudencia aplicada en materia de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que la Corte Suprema debe dejar sin efecto las rebajas de penas, lo que implica que tendrán que revisarse 14 sentencias correspondientes a los casos de 50 condenados que fueron favorecidos con la media prescripción.

“Se trata, sin duda, de una resolución que marca un precedente a nivel global y no solo para Chile. Y nuevamente la CIDH llama la atención al Poder Judicial de nuestro país respecto de que debe sancionar las violaciones a los derechos humanos de acuerdo con la gravedad que estos crímenes suponen, como señala la legislación internacional”, señaló a Ciper Lorena Pizarro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El caso se remonta a diciembre de 2016, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió aceptar la admisibilidad del caso, presentado por la AFDD y los abogados Karinna Fernández y Adil Brkovic, y ahora podría ser resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución que podría establecer jurisprudencia internacional sobre cuál es la sanción mínima que debe recibir una persona que es juzgada como culpable de crímenes de lesa humanidad.

El informe de la CIDH ya fue puesto en conocimiento del Estado chileno, “al que se ha solicitado que informe dentro de un periodo de dos meses sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones”, señala el organismo. El plazo comenzó a correr el 19 del presente mes.

Entre los casos observados por la CIDH, figuran el del militante comunista Juan Rivera Matus, el periodista José Carrasco, el dirigente comunista Felipe Rivera Gajardo, el profesor mirista Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el publicista comunista Abraham Muskatblit Eidelstein.

Polémica norma

En el mundo de los derechos humanos, el reclamo contra la media prescripción ha sido una demanda histórica, bajo el argumento de que esta normativa nacional está en contradicción profunda con el derecho internacional de los derechos humanos al cual Chile está adscrito.

En los hechos, la media prescripción –consagrada en el artículo 103 del Código Penal chileno– se ha ido constituyendo en una puerta abierta a la impunidad, tanto que solo un tercio de los violadores de derechos humanos va a la cárcel, y los restantes cumplen condenas en sus casas o gozan de la remisión condicional de la pena.

De ahí la importancia de estas recomendaciones de la CIDH. Según informa Ciper, los denunciantes que presentaron el caso al organismo internacional sostienen que deberán dictarse nuevas sentencias acordes a la gravedad de los delitos y a los tratados que ha firmado nuestro país. Asimismo, el Estado chileno no podrá alegar cosa juzgada o prescripción para justificar el incumplimiento de esta recomendación, señalan.

Además, según explica la abogada Fernández, la resolución no solo es atingente a los 14 casos presentados ante este organismo internacional por los familiares de las víctimas y la AFDD entre 2008 y 2010. Esto significa que debería hacerse extensiva a todas las causas por crímenes de lesa humanidad juzgados en Chile.

Fuente: El mostrador

El represor chileno Walter Klug Rivera fue detenido en CABA

La división Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) capturó este sábado al mediodía al coronel retirado del Ejército Walther Klug Rivera, condenado por delitos cometidos durante la dictadura pinochetista en Chile, que se encontraba prófugo desde hace días en la Argentina. La detención de Klug Rivera --que ya se había fugado a Europa en 2015-- se produjo en la calle Moreno al 3000, de la Ciudad de Buenos Aires, e interviene en el caso el juez federal Julián Ercolini.

#WalterKungRivera #DerechosHumanos # #Dictadura #Tortura #Desaparición

Klug Rivera esperará detenido hasta el lunes hasta que deba presentarse ante el juez Ercolini, que llevará adelante el trámite para extraditarlo a Chile. Según explicaron fuentes, el represor chileno fue aprehendido en la vía pública después de tareas de seguimiento de la PFA tras un intento fallido de salida del país que tuvo Klug durante la semana.

La fuga fue informada por la agrupación Londres 38, que dio a conocer que Klug burló nuevamente a la Policía de Investigaciones (PDI), para cruzar las fronteras. La ministra extraordinaria de causas de violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó una orden de captura internacional a la Interpol.

Tras su primera fuga, Klug fue extraditado a principios del 2020 por el secuestro del alumno de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fernández, en 1973. No obstante, la causa fue desestimada por la Justicia a finales del 2020, por lo que el represor quedó en libertad. La condena por el caso Endesa aún no había sido resuelta. Finalmente el genocida fue sentenciado por su participación en el secuestro, homicidio y desaparición de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico en el sector cordillerano cerca de Los Ángeles.

Durante cuatro años Klug vivió tranquilamente en Alemania, en un pueblito pintoresco en las orillas del río Rhin, a 100 kilómetros al sur de Colonia. En un viaje a Italia, en el verano de 2019, la policía detuvo al chileno-alemán buscado por la Interpol. A principios de febrero de 2020, Italia extraditó a Chile al exoficial de 69 años de edad pero que luego logró escapar hacia la Argentina.

Tras el golpe de Estado en 1973, el entonces teniente de 23 años, Walther Klug Rivera, organizó un campo de detención y tortura en las caballerizas del Regimiento de Infantería No.3 de Montaña Los Ángeles. Cientos de prisioneros fueron torturados en ese espacio, muchos de ellos asesinados. Klug visitaba constantemente la cárcel local buscando prisioneros para trasladarlos al regimiento. Según organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los más de cien desaparecidos de la región Biobío pasaron por ese campamento.

Prisioneros que lograron sobrevivir caracterizaron a Klug como particularmente brutal y sádico. La abogada de derechos humanos Patricia Parra, que representa a familiares de desaparecidos, explicó que el genocida junto al comandante del Regimiento, Alfredo Rehren Pulido, y al jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), Patricio Martínez Moena, eran los responsables principales de tortura y asesinato en esa base militar.

Sin embargo, Klug pudo continuar su carrera, incluso finalizada la dictadura, y ascendió al cargo de coronel. Recién en octubre del 2014, poco después de su jubilación, la Corte Suprema de Chile lo condenó a diez años y un día de prisión en el denominado caso ENDESA. 

Fuente: Página 12

Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos condena el proceso de expulsiones a la población migrante venezolana

 

#Migrantes #DerechosHumanos #Expulsión #Refugiados

Santiago, 08 de junio de 2021

 

El pasado domingo 6 de junio, el gobierno de Chile ha ejecutado un nuevo proceso de expulsión de personas extranjeras migrantes venezolanas, exacerbando la injusticia y vulnerabilidad que afecta a esta población. Muchas de estas personas habían presentado recursos de amparo que se encontraban pendientes de resolución ante las autoridades jurisdiccionales del país o presentaban una condición humanitaria grave. Sin embargo, nada de esto fue considerado por las autoridades gubernamentales.

ALDHU expresa su condena más enérgica a esta medida cruel e inhumana que, además, se ejecutó durante el fin de semana, con el evidente propósito de impedir a las víctimas la posibilidad de recurrir a protección ante la vulneración de sus derechos.

Este acto de crueldad cometido por el gobierno chileno, no puede ser justificado con el alegato posterior que pretende asignar a los expulsados, conductas delictivas que no han sido sometidas al debido proceso, y que revisten -por lo tanto- la característica de meras acusaciones de las que, una vez expulsados del país, no podrán siquiera defenderse.

La medida que condenamos resulta aún más inhumana, por cuanto se ejecutó en medio de una pandemia que afecta de manera más aguda, precisamente a la población migrante, debido a sus extremas carencias.

La expulsión ejecutada en esas condiciones ha privado a cada persona víctima de esta medida, del derecho a que su caso sea evaluado y estudiado. Con ello, las autoridades chilenas se han apartado de las recomendaciones de la Comunidad Internacional en el sentido de promover una visión intrarregional e intercontinental de activa solidaridad para armonizar acciones basadas en lecciones aprendidas y mejores prácticas que protejan los Derechos Humanos de la población migrante.

Adicionalmente, las Agencias de Naciones Unidas han insistido en la importancia de que las medidas se adecúen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional de los refugiados.

ALDHU hace un llamado a la solidaridad con la población migrante venezolana que presenta grandes vulnerabilidades y peligros, principalmente para las mujeres y los niños y niñas. Reiteramos nuestro repudio y condena a la práctica cruel de expulsiones sorpresivas que impiden a las víctimas ejercer sus derechos a la protección y defensa.   La expulsión masiva es un camino equivocado que contraviene la Ley Migratoria recientemente promulgada, y va en dirección contraria a la solidaridad y al elemental sentido de humanidad.

ALDHU

General (r) del Ejército queda en arresto domiciliario por el homicidio calificado de 17 trabajadores forestales

De acuerdo con los antecedentes de la Corte de Apelaciones, el ex militar Santiago Sinclair, estuvo detrás del secuestro y posterior fusilamiento de 17 trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli.

#SantiagoSinclair #fusilamiento #DerechosHumanos #Panguipulli

La ministra Paola Plaza González sometió a proceso al general en retiro del Ejército Santiago Sinclair Oyanedel, en calidad de autor del delito homicidio calificado de 17 trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, ejecutados en octubre de 1973.

Según informa el Poder Judicial, la magistrada en visita extraordinaria para causas por violaciones de los DD.HH. de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el arresto domiciliario del procesado, atendida la emergencia sanitaria por COVID-19.

En la resolución del denominado “Episodio Chihuío”, Plaza González procesó al ex militar por los homicidios de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Ruben Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez.

La ministra consignó que “en la comuna de Futrono, sector fundo Arquilhue, en los caseríos de Curriñe, funcionaba la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, poblado de Chabranco, en las inmediaciones de las termas de Chihuío, en donde en esa misma época se encontraba la sede del sindicato ‘Esperanza del Obrero’, al que pertenecían los trabajadores del Complejo Maderero”.

“Internándose unos 16 kilómetros hacia la cordillera se encuentra Chihuío, donde como resultado de la violencia dirigida en contra de un sector determinado de la población civil partidaria del régimen depuesto por las fuerzas militares, a contar del 13 de septiembre de 1973, de manera organizada, campesinos fueron privados de libertad por funcionarios de Carabineros”, detalló.

Según recapituló la magistrada, “el día 7 de octubre de 1973 se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad en contra de la población civil de dicho sector. Asimismo el 9 del mismo mes y año, personal militar de los Regimientos Caballería N° 2 ‘Cazadores’ y ‘Maturana’ de Valdivia, salió rumbo a Futrono al mando de un oficial y secundado por otros oficiales, en una caravana compuesta por varios vehículos, entre jeeps y camiones, con una dotación aproximada de noventa personas. Dicha caravana militar se dirigió hacia el sector sur del Complejo Maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad en un sector preciso y determinado a campesinos pertenecientes a la población civil”.

Comandante del Regimiento Cazadores

Plaza González señaló a renglón seguido que los detenidos fueron llevados hasta las Termas de Chihuío, y desde ese lugar “el día 9 de octubre de 1973, el personal militar, en horas de la noche, saca a los civiles de la casa patronal del Fundo Chihuío donde se les mantenía privados de libertad y los trasladan a las inmediaciones, a unos 500 metros del mencionado inmueble, lugar en que se les fusila a todos ellos, sin mediar proceso previo alguno”.

El Comandante del Regimiento Cazadores del Ejército con guarnición en Valdivia de la época, con el grado de teniente coronel, “en todo momento estuvo en conocimiento de la ejecución de los 17 civiles de las Termas de Chihuío, siendo el mismo quien ordenó que se sepultaran los cuerpos de los fallecidos”, indicó la ministra en visita.

“Adicionalmente consta que Mario Silva Navarro recibió la orden del capitán Osorio Gardasanich para trasladarse hasta Futrono y Chihuío, indicando que dichas órdenes provenían del comandante del regimiento Cazadores, Santiago Sinclair, el que pidió cuenta al capitán Osorio de los resultados de la operación, oportunidad en la cual se le informó al mencionado comandante que los cuerpos habían quedado tirados en la pampa, lo (que) le causó molestia, disponiendo que una patrulla se dirigiera al lugar a fin de que ubicarán los cuerpos y se enterraran”, concluyó sobre los hechos.

Nicaragua: Cristiana Chamorro, la influyente periodista opositora que fue detenida tras anunciar que se enfrentaría en las urnas a Daniel Ortega

Para muchos nicaragüenses, Cristiana Chamorro, la influyente periodista que anunció que se postularía como candidata opositora para las elecciones presidenciales de noviembre y que este miércoles fue puesta bajo arresto domiciliario, representa un vínculo con el pasado de su país.

Es la hija de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que venció en las urnas en 1990 al primer gobierno de Daniel Ortega.

"Lo primero que te diría de ella cualquier nicaragüense de ella es eso, que es la hija de Violeta", le dice a BBC Mundo Ana Margarita Vijil, analista política y antigua académica de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

"Simbólicamente, Cristiana, que estuvo muy vinculada al gobierno de su mamá, significa también para el actual gobierno el recuerdo vivo de esa derrota", agrega.

En solo unos meses, Chamorro Barrios pasó de no hacer (abiertamente) política a convertirse en el rostro más visible de la oposición en Nicaragua.

Y en los últimos días se volvió también el principal foco de las tensiones entre el gobierno y la oposición en la nación centroamericana, luego de que confirmara su aspiración de postularse como candidata para las elecciones del 7 de noviembre.

El martes, poco después inscribirse para participar en el proceso interno del partido Ciudadanos por la Libertad, que luego escogerá un candidato opositor único, la Fiscalía de Nicaragua abrió un proceso en su contra por "delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos".

Pidió, además, su inhabilitación política "por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo". Esta fue decretada por un juzgado de Managua.

Este miércoles, poco antes de iniciar una rueda de prensa que había convocado para condenar su propia inhabilitación, la vivienda de Chamorro Barrios fue allanada por la policía y la opositora fue puesta bajo arresto domiciliario.

Tanto Chamorro como su familia han negado los cargos y aseguran que se trata de una maniobra política para evitar que se postule a las presidenciales.

Pero ¿Quién es esta reconocida periodista y cómo terminó convertida en el nuevo rostro de la oposición a Ortega?

El ascenso

Nacida en 1954 de Managua, Cristiana Chamorro Barrios es también hija de quien fuera uno de los periodistas más reconocidos del país, Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, quien fue asesinado en 1978, en los últimos meses del régimen de Anastasio Somoza.

Su familia ha sido por siglos no solo una de las más ricas, sino también una de las más poderosas del país: cinco de sus ancestros, incluida su madre, fueron presidentes de Nicaragua.

Aunque estudió Historia y Filosofía e hizo una maestría en Historia y Literatura latinoamericana, los vínculos familiares entre el periodismo y la política marcaron su trayectoria.

En 1979 se iniciaría como reportera en La Prensa, el diario que su madre había gestionado desde el asesinato de su esposo.

A los 35 años, Chamorro Barrios se convirtió en editora de la publicación y poco después, fue una de las artífices de la campaña que llevó a su madre a la presidencia.

Con Violeta Barrios al frente de Nicaragua, la hija se ocupó de tareas de comunicación y relaciones públicas nacionales e internacionales del Ejecutivo, a la vez que permanecía al frente del periódico tradicionalmente opositor (que se volvió a partir de entonces "portavoz" del nuevo gobierno).

Chamorro Barrios contrajo matrimonio con el político Antonio Lacayo, quien fuera ministro de la Presidencia durante el gobierno de su madre y que murió en un accidente de helicóptero en 2015.

"Después, ella crea la Fundación Violeta Barrios, en honor a su mamá, que ahora está en el centro de este problema", recuerda Vijil.

"Es una organización que ha ayudado a capacitar medios de comunicación y que se volvió muy relevante después que empezaron las protestas que tuvieron lugar hace tres años", agrega.

Desde el periodismo

En 2018, Nicaragua vivió una ola de manifestaciones que pedían la salida del poder de Ortega y que, según organizaciones de derechos humanos, fueron duramente reprimidas y provocaron unas 328 muertes, centenares de presos políticos y el exilio de más de 100.000 personas.

Vijil recuerda que en esos años, el gobierno cerró muchos medios de comunicación y que entonces, la Fundación se volvió una plataforma de aprendizaje para los cientos de periodistas que debieron reencausar su labor.

"La Fundación fue muy importante para apoyar a medios independientes a readaptarse tras ser sacados del aire y tener que migrar a los medios digitales", dice.

Sin embargo, a inicios de este año, Chamorro Barrios anunció que la cerraría tras negarse a inscribirla en el registro asociado a una ley que aprobó la Asamblea Legislativa que obligaba a organizaciones que recibieran dinero de la cooperación internacional a inscribirse como "agentes extranjeros".

"La Fundación licitó y administró fondos para la enseñanza del periodismo de la USAID, eso no es secreto", recuerda Vijil.

"Pero el gobierno consideró que estas organizaciones que recibían dinero del extranjero venían a oxigenar a la oposición, por lo que se aprueba esta ley que básicamente busca frenar esa entrada de dinero. Ahí es cuando ella decide cerrar la Fundación", recuerda la académica.

La ruptura

Sin embargo, medios locales recuerdan que su tarea frente a la Fundación y el posterior cierre de esta no la pusieron en la mira de las autoridades.

"Ella, hasta ese momento, no se había metido activamente en política. El gran cambio se dio cuando anunció que se postularía como candidata para las elecciones de noviembre", recuerda Vijil.

Tras el anuncio, incluso antes de asociarse a ningún partido, Chamorro Barrios se ubicó a la delantera de las encuestas de opinión y medios independientes de Nicaragua comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que pudiera repetir la victoria de su madre frente a Ortega.

"En Nicaragua, los partidos de oposición están muy debilitados. Es una oposición donde la preferencia del votante está más basada en candidaturas personales. Entonces, alrededor de Cristiana se había generado mucha expectativa y mucha ilusión porque se veía como una candidatura que regresaba a todos en el mismo barco", opina Vijil.

El Ministerio Público, por su parte, alegó a que el proceso contra Chamorro está vinculado a su trabajo frente la Fundación que, según dijo, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador".

Aseguró, además, haber obtenido "claros indicios de lavado de dinero" tras revisar documentos de finanzas entre 2015-2019.

El proceso contra Chamorro Barrios generó reacciones en varios gobiernos y organismos regionales.

El secretario de Estados de EE.UU., Anthony Blinken, consideró que impedir la candidatura de la periodista "refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas" mientras la OEA lo consideró un "atentado a la democracia".

Otros casos

La detención de Cristiana Chamorro y los cargos en su contra son vistos por activistas y opositores solo como el último caso de otras maniobras que ha realizado el gobierno de Nicaragua con vista a las elecciones.

Más de una decena de periodistas han denunciado haber sido citados para testificar en la Fiscalía nicaragüense por el caso de supuesto lavado de dinero de Chamorro Barrios.

El pasado 20 de mayo, las autoridades allanaron también la sede del diario El Confidencial y de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos F. Chamorro, el hermano de Cristiana Chamorro, quien recientemente fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset.

Otros candidatos opositores también han denunciado con anterioridad que el gobierno creó casos en su contra para impedirles participar en las elecciones de noviembre.

Varios organizaciones de derechos humanos han denunciado que la situación en Nicaragua se ha agravado en los últimos tiempos como resultado del impacto de la pandemia de coronavirus, la crisis económica y lo que califican como "represión" por parte de las fuerzas del orden.

Según un reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en las cárceles del país todavía hay más de un centenar de detenidos por razones políticas.

El gobierno de Ortega niega que en el país existan presos políticos y asegura que los opositores son "revoltosos" que buscan crear disturbios en el país.

En un reciente informe sobre Nicaragua, el Crisis Group, un think tank progresista, alertó sobre las potenciales consecuencias que podrían tener las elecciones de noviembre.

"Un resultado injusto podría desatar disturbios y una violenta represión. La comunidad internacional debe impulsar reformas y diálogo con la oposición, evitando al mismo tiempo sanciones contraproducentes", indicó.

Fuente: BBC mundo

¡Viva mi Patria Bolivia! Artículo: Juan Raúl Ferreira

Por: Juan Raúl Ferreira 3 junio, 20213 junio, 2021

Hugo Navajas, boliviano, diplomático de la ONU que había escondido a mi padre, nos pide que llevemos al expresidente Torres con nosotros. Ahí se empieza a cruzar mi vida con Bolivia.

Ayer estuve un par de horas, declarando sobre esos días en la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad. Habían matado a Toba, Zelmar, Barredo y Whitelaw y desapareció el Dr. Liberoff. Apenas se llevan (11:15 de la mañana) los restos de nuestros amigos al Vapor de la Carrera, buscamos nuestra propia seguridad.

El Dr. Kaufman (Amnesty) desde Londres y Tito Berro Hontou desde Buenos Aires lograron que el Embajador nos encontrara. Al despedirnos del boliviano Navajas, a quien tanto debíamos, nos dice: «por favor lleven al Gral. Torres, (expte. de su país exiliado en B.A.), lo van a matar.» El Embajador (Peter Müller) dice a mi padre: «sus huéspedes son los míos».

Y marchamos a su casa para iniciar al asilo con él. Estaba en su casa. Venció rápidamente la sorpresa para responder: «Gracias, querido Wilson, pero a mí no me van a hacer nada porque soy militar». Acabábamos de llegar huidos a Paris cuando, el 3 de junio, ofrecíamos una conferencia de prensa, interrumpida por una esquela: «Encontraron anoche los restos de Torres acribillado a tiros».

Hasta sus últimos días de vida papá decía que cargaba con esa mochila: «¿Qué nos faltó decirle para convencerlo?». Sin duda el exilio nos hizo más latinoamericanos de lo que ya éramos antes. ¡Al diablo esa costumbre de sentirnos la «Suiza de América»! ¡Qué horror! Fue muy importante compartir destino y lucha con hermanos de la Patria Grande.

Cuando en 1979 logro «status consultivo no gubernamental» en la OEA, fue todo un éxito. No existía. Pero en condición de tal fui a La Paz, a la Asamblea General del organismo. Allí me quedé en lo del diputado socialista Marcelo Quiroga, que habrá estado poco antes en Washington en una Conferencia en la que yo estaba.

Fue la Asamblea donde se discutió el caso de Julio Castro, desparecido en agosto del 77. Un Coronel (Bonifacio) me arremetió a golpes cuando se discutía el tema. Los recortes del diario «Presencia», que aún conservo, son muy elocuentes. Uruguay pide se me expulse de la Asamblea y el expulsado de la misma fue Uruguay.

En esta reunión, Bolivia obtiene un gran triunfo diplomático: la multiliateralización de la disputa con Chile por la salida al mar. Se neutralizó muy rápido. Horas después del discurso de clausura del Presidente Constitucional Guevara Arce, se produjo un golpe de Estado: el del Gral. Natusch Busch. Chile lo usó como argumento de que la inestabilidad boliviana impedía negociar.

Pero eso era lo de menos. Yo regreso a donde me alojaba y creí que habían matado a mi anfitrión. Habían allanado su casa. Se salvó, pero murió poco después durante el golpe de García Mesa. El Golpe fue a las 2 y media de la madrugada. Sobre el mediodía la Fuerza Aérea comenzó a bombardear a civiles concentrados en la Plaza de San Francisco.

Los veíamos caer inermes. Muertos y más muertos: se le recuerda, por la fecha, como la masacre de todos los Santos. Varios días después Diego Achard logró sacarme de Bolivia. Asumió luego Lydia Gueiler, y vino otro golpe: el de García Mesa.

El Golpe encuentra al vicepresidente electo junto a Siles Suazo, Jaime Paz, en Washington, reponiéndose de las heridas de un atentado a su avión. Le ofrecimos lo que estaba a nuestro alcance. Siempre con la sensación de que era poco.

Antes de volver a la democracia ocurre una nueva tragedia: «La Masacre de la Calle Harrington». Fue un 15 de enero del 81. La dirección del MIR fue tomada por asalto y fusilada. En Lima, un boliviano se enteraba cómo habían muerto sus amigos y compañeros de causa: Ernesto Aranibar, el Pirulo. Poco después llega a Washington y le conozco. Pasó a ser de los mejores amigos que me dio el exilio.

Pirulo llegaba con cartas de amigos en común. Por esos tiempos la Asociación Latino Americana de Derechos Humanos (Aldhu) me había pedido la representara en la Capital de EEUU. No podría, la Convergencia tenía apenas un año de vida y a ella me debía. Entonces le ofrezco: «abramos la oficina, le paso los contactos y usted me ayuda…» Lo que él buscaba. «¿Dónde está el titirito de leche?», respondió con humor.

Pobre Pirulo, creo que le di más dolores de cabeza que ayuda. Pero fuimos compañeros de oficina y me abrió las puertas para hacer alguna otra picardía para apoyar la resistencia boliviana. Su hermano Antonio era un referente político en América Latina. Llega el año 1982, en el que cae el dictador y Siles Suazo asume el 10 de octubre la Presidencia.

Con Diego Achard fuimos a su asunción. Cuál no sería nuestra sorpresa que en el acto de asunción, «Pirulo» Aranibar asumía como Ministro de Finanzas de su gobierno. Estuvimos varios días. El Presidente Siles vivía al lado de la suntuosa residencia presidencial y fue en aquella, su casa, donde nos recibió. Son tantas las fotos de esos días que no sé cómo elegir.

Pero hay una que siempre tengo a mano. A la calle Harrington, donde habían matado tantos amigos de Aranibar, tantos y tantas combatientes contra la dictadura, le iban a poner el nombre de «Mártires del 15 de enero». Y me habían designado para llevar a cabo la ceremonia, discurso (foto), corte de cinta, etc. ¡Cómo nos acercó el exilio al sueño de la Patria Grande de Artigas, los libertadores, y más cerca en el tiempo, nuestro maestro Tucho Methol! Iban a seguir muchas visitas a Bolivia en ese lapso.

Wilson fue recibido con honores de Jefe de Estado. Cuando en junio de 1984 preparamos nuestro regreso a Uruguay, papá me manda a Bolivia, Venezuela, Colombia, y Panamá. 4 días, 4 países, 4 Presidentes para pedir solidaridad que nos dieron de sobra para nuestro regreso, sabiendo que iríamos presos.

Pero de esa visita de octubre del 82 nos deparaba más sorpresas. El 12 de octubre, fecha polémica si las hay, sobre cómo debe festejarse, yo ese año lo celebré del mejor modo. El Congreso por iniciativa del Ejecutivo me hace ciudadano boliviano. Mi segunda patria. Al otro día el Ministro del Interior, Mario Roncal, me entregó el pasaporte. En el 91 el Presidente Lacalle visita Bolivia y me invita a acompañarlo.

Al presentar su comitiva le dice al Presidente boliviano: «Juan Raúl no sé si a ti te votó, a mí, seguro que no». Al año siguiente el Presidente Paz Zamora retribuye la visita de Estado y le ofrezco al canciller Gross Espiel mi casa para agasajarlo. Así se hace y en medio del asado, los guitarristas de su gran amigo Alfredo Zitarrosa entraron de sorpresa, algo que siento en el fondo de mi corazón: ¡Viva mi Patria Bolivia!

CIDH visitará Colombia entre el 8 y 10 de junio para analizar situación de derechos humanos

 La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo reportan al menos 48 muertes durante las protestas que comenzaron el 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque, de las cuales 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones.

La @CIDH anuncia que realizará la visita de trabajo a #Colombia del 8 al 10 de junio para observar la situación de #DDHH en el marco de las protestas iniciadas el #28Abril. Asimismo, agradece la invitación del Estado y su aceptación de las fechas propuestas. 1

— CIDH - IACHR (@CIDH) May 31, 2021

 Las cifras de muertos no coinciden

Las protestas antigubernamentales en Colombia iniciaron el 28 de abril y han dejado decenas de muertos. Sin embargo, la cifra de víctimas difiere según la fuente que se consulte.

Un informe conjunto presentado este lunes 31 de mayo por la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo revela que se han registrado 48 muertes desde el comienzo de las movilizaciones.

De ese total, señala el informe, 20 están relacionadas directamente con las movilizaciones y diez de ellas ocurrieron en Cali, la tercera ciudad del país y epicentro de las protestas.

Estas instituciones dijeron haber recibido más de 400 denuncias por desapariciones, de las cuales el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 111 casos.

Por su parte, la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizan 60 muertes durante las protestas del último mes, de las cuales 43 se las atribuyen a la Fuerza Pública.

En tanto, en la comunicación enviada por la vicepresidenta a la CIDH, la funcionaria recalca que las “protestas pacíficas se han visto opacadas por grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas”.

Comité convoca a nueva movilización masiva

El Comité Nacional del Paro, integrado por sindicatos y organizaciones sociales, y el Gobierno de Iván Duque, volvieron a mostrar el domingo 30 de mayo sus diferencias y no llegaron a un acuerdo para poner fin a más de un mes de manifestaciones.

El Comité del Paro denunció que el Ejecutivo sacó del preacuerdo que habían alcanzado hace unas semanas "temas cruciales" como el no uso de la asistencia militar en la protesta. Por ese motivo, convocó nuevas movilizaciones masivas para el miércoles dos de junio.

📹 Video

El Comité Nacional de Paro ratifica su voluntad de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y la negociación. Seguiremos persistiendo en ello.

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— Central Unitaria de Trabajadores #ParoNacional2J (@cutcolombia) May 31, 2021

 "Lo único que le pedimos al Comité del Paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos", explicó el Gobierno, a su turno, en un comunicado.

Fuente: France24.com Con EFE y Reuters