La violencia desatada por
la lucha que mantienen los cárteles de la droga es un problema que afecta a
México desde hace mucho tiempo, pero no ha sido sino en los últimos años cuando
la espiral de violencia ha crecido dramáticamente, situación que la reconoce el Gobierno de Felipe Calderón. La violencia del narcotráfico, con su espiral de crímenes masivos y selectivos, más allá de conformar un escenario de delitos comunes, se perfila, como posibles hechos de violación a los Derechos Humanos, reafirmando el debate si los derechos humanos, sólo son violados por agentes del estado o si el crimen organizado, con todo su poder económico y operativo, no es una forma evidente de violación de los Derechos Humanos.
El
incremento de los hechos delictivos obedece a determinados factores internos y
externos que construyeron un escenario óptimo para que las organizaciones
criminales pudiesen generar extraordinarias ganancias, mientras que las políticas
públicas y las instituciones responsables de detenerlos se iban debilitando.
Entre
esas causas figuran la debilidad
institucional en algunos ámbitos cruciales del Estado mexicano, las crisis
económicas que ha tenido que afrontar México, así como la diversificación,
crecimiento y expansión en la capacidad de acción de los grupos del crimen
organizado.
Por otro lado, los
narcotraficantes colombianos, muy reprimidos por el Gobierno de Bogotá, en la
década del 80 y 90, ven en México una vía alternativa para continuar con su negocio,
lo que abrió la puerta a una relación con los cárteles de ese país, a quienes
necesitaban en la labor de traslado y distribución de drogas, debido a su
cercanía con Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.
El
objetivo de esta alianza fue aumentar el comercio de drogas y para lograrlo
había que intensificar sus actividades, recurriendo en la mayoría de los casos
a la violencia. La corrupción y amedrentamiento de autoridades principalmente en
los estados mexicanos fronterizos con EEUU, se convirtió en un elemento
indispensable para generar redes de distribución en negocios ilícitos, pues de
esa manera ampliaban y afianzaban su estructura, generaban mayores ganancias,
además de conseguir el control de rutas completas.
Esto
contribuyó a que las organizaciones criminales dejaran de funcionar como células aisladas y comenzaran a
expandirse como grandes carteles o grupos , de poder que luchan por el control
de la ruta de la droga y el dominio de las actividades delictivas, en
territorio mexicano.
Otros
factores como la pobreza y el daño profundo al tejido social e institucional de
México, abonaron el terreno a las actividades del narcotráfico. Mientras las
organizaciones criminales iban creciendo y aprendiendo las ventajas comparativas
de su negocio, las instituciones encargadas de combatirlas se iban debilitando,
perdiendo capacidad de reacción y credibilidad ante una sociedad que dejó de
confiar en ellas.
Estados
Unidos, el principal mercado de los cárteles mexicanos, también contribuyó al
aumento de la violencia a partir de 2004 cuando expiró en ese país la
Prohibición Federal sobre Armas de Asalto, lo que permitió a los
norteamericanos adquirir armas de alto calibre.
Esto derivó en
un incremento en el tráfico ilícito de armas de alto poder hacia México, en un
contexto de alta rivalidad delincuencial que puso en manos de criminales no
solo una mayor cantidad de armas, sino más dañinas. Como lo expresa una Carta
enviada al Presidente Obama, por un grupo de Ongs mexicanas denunciando esta
realidad…”Entre 2006 y 2010, 34,162 mexicanos han sido ejecutados (información
del gobierno mexicano), 5,397 han desaparecido y 11,333 migrantes de otro
países fueron secuestrados solamente entre abril y septiembre de 2010 (Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, México) y; de 2007 a 2010 fallecieron 283
estadounidenses en territorio mexicano (Departamento de Estado de los Estados
Unidos) y se estima que la mayoría fueron por
causas relacionadas con el crimen y la violencia.”…entre 2004 y
2008, 84% de las armas incautadas en escenas de crímenes en México provenían de
los Estados Unidos. Un gran porcentaje de ellas, son armas de asalto que antes
habían sido importadas a los Estados Unidos: por ejemplo, desde 2006, los
fusiles de asalto AK-47 fabricados en Rumania han sido las armas más comúnmente
compradas en el mercado estadounidense para ser enviadas a México”.
En México más de 40.000 personas han sido asesinadas en hechos
relacionados con el crimen organizado desde que Calderón asumió el poder en
diciembre de 2006, una cifra que supera radicalmente a las registradas en
gobiernos anteriores. Frente a este escenario, es perfectamente posible preguntarse si los crímenes producto de la guerra del narcotráfico, no expresan violaciones de los Derechos Humanos y muchas de sus acciones como los secuestros, no constituyen delitos de lesa humanidad.
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ALDHU)
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