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martes, 26 de junio de 2018

Premio Nacional de DD.HH. es otorgado a la abogada de la Vicaría de la Solidaridad Fabiola Letelier

El Presidente de ALDHU Juan Pablo Letelier y su Secretario Ejecutivo Juan de Dios Parra, expresaron su orgullo por el premio Nacional de Derechos Humanos que ha otorgado el INDH en Chile a Fabiola Letelier, por su incansable lucha en busca de verdad y justicia.

“50 años de lucha por la verdad, toda una vida dedicada a promover los derechos humanos, un reconocimiento más que justo en la figura de Fabiola” expresó Juan Pablo Letelier.

Juan de Dios Parra en tanto dijo que “es un honor ser parte de la historia de lucha de Fabiola Letelier, con quién hemos coincidido a lo largo de los años en muchos frentes, sin duda el reconocimiento otorgado hoy llenará de satisfacción a quienes la conocen y será una fuente de inspiración para las generaciones que la admiran”.

Diferentes medios de comunicación en Chile, entregan detalles de este reconocimiento a Fabiola Letelier, como por ejemplo www.eldinamo https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/06/26/premio-nacional-de-dd-hh-es-otorgado-a-la-abogada-de-la-vicaria-de-la-solidaridad-fabiola-letelier/


Durante esta jornada el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) otorgará el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, reconocimiento que se hace cada dos años.

En esta nueva versión, se escogió a la abogada Fabiola Letelier, quien trabajó activamente en la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura y luego se desempeñó en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu).

La profesional es hermana de Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de Salvador Allende, quien fue asesinado con explosivos en Washington por orden de Pinochet en lo que luego se conoció como Operación Cóndor.
Fabiola Letelier dedicó gran parte de su carrera profesional a hacer justicia por este caso, logrando que a inicios de los 90 el ex director de la DINA, Manuel Contreras, fuera declarado culpable por el asesinato de Letelier y condenado a siete años de cárcel.

La abogada competía con otras 23 personas, entre ellas la machi Francisca Linconao y la dirigente Mireya García.

En oportunidades anteriores, el premio ha sido entregado a Viviana Diaz Caro (2011), por su incansable defensa de los derechos fundamentales durante la dictadura; María Soledad Cisternas (2014), por su labor a favor de los derechos de las personas con discapacidades; y al sacerdote José Aldunate Lyon (2016), por su dedicación a la defensa de los derechos humanos en dictadura, así como de los derechos económicos, sociales y culturales.

lunes, 25 de junio de 2018

¿Por qué América Latina sigue casando a sus niñas?


Según cifras de Plan International, ésta es la única región del mundo en donde esta práctica no se reduce, contrario a otras latitudes. El problema más grave se da en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México.
La carente legislación en los países de Latinoamérica para evitar que niñas se casen, la poca inversión en programas educativos y la cultura sobre esas uniones, ha creado un ambiente para que se vea normalizado el matrimonio en las niñas y adolescentes, alertó la ONG humanitaria Plan International.

"Lo que ocurre en América Latina y Caribe es que en los barrios las uniones de niñas con hombres mayores se ha normalizado por las normas sociales y culturales; por eso Plan busca visibilizar que se está truncando los derechos humanos de niñas", señaló la encargada del programa de género de la ONG, Emma Puig.

Según cifras de Plan International, las naciones que encabezan la prevalencia de matrimonios y uniones forzadas de niñas en la región son República Dominicana (36 por ciento), Nicaragua (35 por ciento), Honduras (34 por ciento), Guatemala (30 por ciento), El Salvador y México (26 por ciento).

"A nivel mundial se habla más del matrimonio forzado en África y en Asia, pero en Latinoamérica es una realidad bastante desconocida, no se aborda mucho de esta problemática", dijo Puig desde la Oficina de Plan International para Latinoamérica y el Caribe en Panamá.

Sostuvo que a nivel global la tendencia se está reduciendo por la incidencia política para cambiar marcos legislativos sobre el tema, pero en los últimos 30 años la prevalencia de matrimonios en niñas y adolescentes en Latinoamérica se mantiene sin ningún cambio.

"En la región latina, 1 de cada 4 niñas ha sido casada ante de los 18 años; en 2017, el 23 por ciento de las mujeres que tienen entre 20 y 24 años se habían casado antes de los 18 años, y adicional un 5 por ciento las habían casado antes de los 15 años", detalló.

De acuerdo con datos de Unicef, América Latina y el Caribe es la única región del planeta en la que los matrimonios infantiles no han disminuido en la última década, manteniéndose en promedio un 25 por ciento.

La especialista en materia de género declaró que hay excepciones que facilitan los casamientos de las menores de forma legal, como la autorización por parte de los padres si la niña queda embarazada.

"A las niñas se le está forzando a entrar a un ciclo de vida para las que no están preparadas. Tendrán implicaciones en su desarrollo personal y no podrán acceder a la educación; definitivamente este flagelo les dificulta las oportunidades para ser una profesional", dijo Puig.

A este escenario se suma además, las conocidas "transacciones" que suelen hacer las familias que sufren desfavorables condiciones económicas, siendo las niñas objeto de cambio.

"Estos matrimonios se ven como una salida a la pobreza para las familias de las niñas, con frecuencia vemos que piensan que es una oportunidad para que las féminas salgan adelante", lamentó la delegada del organismo humanitario.

Agregó que estas uniones también se dan por otras vías, cuando las familias someten a las niñas y adolescentes a una situación de violencia, abuso, explotación, en la que son maltratadas y no protegidas en su hogar, lo que hace que estas escapen de esa realidad y se unan a hombres muchos mayores, iniciando un ciclo de violencia.
Puig sostuvo que los Gobiernos de Latinoamérica aún presentanobstáculos para que las niñas y adolescentes accedan a los mecanismos de protección de sus derechos; y que los entes locales presentan una falta de confidencialidad y poco seguimiento y respuestas rápida a las situaciones que enfrentan.

"El primer paso que los Gobiernos de la región deben hacer es reconocer que el matrimonio forzado es una problemática y que no se piense que no existe, se debe dar visibilidad, estos deben generar información y data que permita evidenciar la magnitud, y a la vez sensibilizar a la población", solicitó la delegada de Plan.



martes, 19 de junio de 2018

"Trump está violando los derechos de los niños y niñas".

Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU, criticó las medidas que está adoptando el Gobierno norteamericano liderado por Donald Trump en relación a la separación que se lleva adelante con familias de migrantes.

“Trump una vez más nos muestra toda su soberbia y atropello hacia las comunidades migrantes que buscan una mejor vida en Estados Unidos, en esta ocasión el presidente además comete graves abusos a la infancia, violando absolutamente las normas internacionales, especialmente la Convención de Derechos de los Niños y Niñas de la ONU” sostuvo el abogado.



‘Diabólica’, separación de familias migrantes


“Pensar que un Estado busca disuadir a los padres infligiendo tal abuso a los niños es inadmisible”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein al abrir una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
De la misma forma, el responsable de la ONU solicitó al gobierno de Donald Trump “poner fin inmediatamente” a esta “práctica cruel”.
Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, aseguró que, al igual que su esposo Donald Trump, “detesta” ver a los niños separados de sus padres sin documentos, e instó, a un acuerdo bipartidista para reformar las leyes migratorias.
El pasado viernes, el gobierno de EU reveló que la nueva política de tolerancia cero en la frontera con México ha propiciado que desde mediados de abril al menos 2 mil niños fueran separados de sus padres, arrestados por vivir de manera ilegal en Estados Unidos.
Esta política de cero tolerancia ha sido denunciada por la oposición demócrata, pero causa molestia igual en las filas republicanas.
En el Congreso, donde legisladores de la oposición demócrata han denunciado la práctica como “diabólica”.
“Melania Trump detesta ver a los niños separados de sus familias y espera que los dos lados del Congreso puedan acordar una reforma migratoria exitosa”, afirmó la directora de comunicación de la primera dama, Stephanie Grisham.
“Piensa que el país debe respetar la ley pero también debe gobernar con el corazón”, añadió.
Por su parte el presidente Donald Trump acusó a los demócratas de ser responsables de esa situación, acusación que ellos rechazaron en bloque, y reclamó la creación de una reforma migratoria que ponga fin al problema.
“Por una vez, los demócratas podrían aportan una solución a la separación forzada de las familias en la frontera trabajando con los republicanos para una nueva ley”, comentó el presidente en su cuenta de Twitter.
Las separaciones de familias incrementaron desde inicios de mayo, cuando Jeff Sessions, ministro de Justicia, anunció que todos los migrantes que pasaran ilegalmente la frontera serían arrestados, aunque se encuentren acompañados de menores.



miércoles, 13 de junio de 2018

Argentina vota dividida la despenalización del aborto


La profunda división de la sociedad argentina sobre la despenalización del aborto se hará visible este miércoles en el centro de Buenos Aires. Desde la medianoche, una corredor vallado corta en dos la plaza del Congreso y parte de la Avenida de Mayo. A la izquierda, se manifestarán quienes se oponen al aborto. A la derecha, los partidarios de que esa práctica deje de hacerse en la clandestinidad y sea legal, segura y gratuita. Ambas movilizaciones se anticipan multitudinarias y acaloradas. A metros de allí, dentro de la Cámara de Diputados, los 257 legisladores votarán un proyecto de ley que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y extiende el plazo en casos de violación, riesgo de vida para la madre y malformación fetal. La sesión se prevé maratónica y con final abierto. De aprobarse, aún faltaría superar un último obstáculo: el Senado.



El aborto es ilegal en Argentina excepto si la vida de la madre corre peligro o el embarazo es fruto de una violación. La legislación, que se remonta a 1921, contempla penas de cárcel de entre uno y cuatro años para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo. Los diputados que han hecho pública su oposición a cambiar la ley han sido siempre mayoría y se prevé que se impongan en la votación, a primera hora del jueves. Pero la diferencia se ha estrechado en los últimos días. Según el recuento de Economía Feminita, en la víspera de la votación 119 diputados estaban a favor de despenalizar el aborto, 120 en contra y 2 iban a abstenerse. Al inicio de la sesión, por primera vez se había invertido el cómputo: 122 a favor, 118 en contra, 14 sin confirmar, 1 se abstiene y 2 ausentes. La balanza la inclinarán los que hasta hoy se habían declarado indecisos.


La fractura social y política alcanza incluso a los partidos políticos. Excepto la izquierda, con una postura unánime a favor del aborto, los demás bloques están divididos. En Cambiemos, la coalición conservadora encabezada por Mauricio Macri, casi dos tercios se oponen a la ley. En el kirchnerista Frente para la Victoria, 53 de sus 59 legisladores votarán a favor. El único diputado socialista de Argentina, Luis Contigiani, renunció al partido, aunque no a su banca, tras la catarata de críticas internas que recibió al anunciar que su voto será negativo. 

Uno de los que había mantenido su voto oculto, José Ignacio de Mendiguren, rompió el silencio antes de entrar a la cámara. Su voto será favorable a la despenalización. "Tomé la decisión en soledad. Recorrí el país y hay que tomar conciencia de la situación del país. La decisión ya está tomada, nadie la toma mirando el código penal. Y cuando la toman están solas. Un aborto cuesta 20.000 pesos y no tienen como pagarlo", dijo De Mendiguren, diputado del Frente Renovador.

Operativo de seguridad frente al Congreso.
"No venimos a discutir sobre despenalización, este proyecto es una legalización irrestricta", criticó en el hemiciclo el diputado oficialista Nicolás Massot, uno de los más duros contra la ley. "Es un dilema moral, jurídico e ideológico; por eso hay que tener cuidado y no caer en los facilismos de tirarnos con las muertes por la cabeza", agregó. "Hay una revolución de las hijas que llegó para quedarse. Pasemos a la historia por garantizar derechos, no votemos contra las mujeres. Tenemos que garantizar el derecho humano a la salud pública", le contestó minutos después la legisladora kirchnerista Mayra Mendoza.

Desde el regreso de Argentina a la democracia, en 1983, el proyecto de ley a favor de la despenalización del aborto se presentó siete veces en el Congreso, pero nunca había logrado cruzar la puerta. Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina fue el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio homosexual, en 2010, y en tener una ley de identidad de género, en 2012. Pero Fernández de Kirchner siempre se cerró en banda con el aborto. Su sucesor, Mauricio Macri, también se opone. Sin embargo, la presión social y la necesidad de desviar la atención de la incierta situación económica influyeron en la decisión presidencial de permitir el debate. 

Entre abril y mayo, más de 700 oradores a favor y en contra del aborto legal pasaron por el Congreso. Mujeres que relataron su experiencia al abortar, obstetras, genetistas, científicos, psicólogos, ministros, exministros, escritoras, cineastas y famosos expusieron sus argumentos en comisiones parlamentarias. Cada bando aplaudió y viralizó las mejores intervenciones. La novelista Claudia Piñeiro instó a los partidarios del derecho a decidir a no dejarse "robar la palabra vida" en un emotivo discurso que se retuiteó miles de veces. También fue muy celebrada la exposición del ministro de Sanidad, Adolfo Rubinstein, que aportó cifras del descenso de la mortalidad materna en los países donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal. Entre los opositores, conmovió el testimonio de Lorena Fernández, residente de una villa miseria en el centro de Buenos Aires que relató con crudeza el aborto que se hizo con 16 años por petición de sus padres y aseguró que para ella "un aborto es matar".

El debate parlamentario ha roto el tabú que existía en Argentina y decenas de mujeres han confesado por primera vez que en algún momento de sus vidas se negaron a ser madres o a tener un hijo más. Según estimaciones citadas por Rubinstein, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan cada año en Argentina. En 2016, 47.000 gestantes requirieron atención hospitalaria por complicaciones derivadas de interrumpir un embarazo y 43 fallecieron. "El aborto es un tema de salud pública, no de creencias religiosas", dicen los defensores de la ley, que instan a los diputados a evitar más muertes por abortos clandestinos y a "hacer historia". "El aborto no es la solución. Salvemos las dos vidas", replican desde enfrente.

Unos y otros se movilizarán hoy al Congreso, pero estarán separados por un cordón policial. Desde pantallas gigantes instaladas a ambos lados, cada bloque seguirá el debate en el hemiciclo con el corazón en vilo. La sesión puede superar las 18 horas y se estima que la votación llegará a primera hora del jueves. Entonces se sabrá si Argentina ha dado el primer paso para volver a colocarse a la vanguardia de Latinoamérica. 


martes, 12 de junio de 2018

Uruguay presidirá Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur


El gobierno de Paraguay traspasó a Uruguay por seis meses la presidencia pro tempore de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados, un espacio de coordinación intergubernamental sobre las políticas públicas de derechos humanos en la región. El acto protocolar se realizó el 8 de junio en Asunción del Paraguay, luego de cuatro días de seminarios temáticos.

El director general de la Unidad de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Marcelo Scappini, traspasó al secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay, Nelson Villarreal, la presidencia pro tempore de la 31.ª Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RAADH).

De esta manera, Uruguay organizará el próximo semestre la 32.ª edición de este ámbito de coordinación intergubernamental sobre políticas públicas de derechos humanos que reúne a las principales autoridades de las instituciones competentes en la materia.

La 31.ª RAADH tuvo lugar del 4 al 8 de junio en la capital de Paraguay, Asunción, donde se llevaron a cabo seminarios temáticos sobre políticas públicas para la promoción y protección de la infancia y adolescencia, empresa y derechos humanos, y desafíos para la prevención de atrocidades en América Latina.

Información de: https://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/derechos-humanos-villareal-paraguay-uruguay-autoridades-mercorsur

miércoles, 6 de junio de 2018

OEA aprueba resolución que conduce a histórica suspensión de Venezuela


POR ANTONIO MARIA DELGADO


La Organización de los Estados Americanos condenó el martes la “farsa electoral” cometida en mayo por el régimen de Nicolás Maduro y ratificó la existencia de una “alteración” en el orden constitucional de Venezuela, al aprobar una resolución que da los primeros pasos para la histórica suspensión del país sudamericano de la OEA.
La resolución, presentada por Estados Unidos junto con algunos de los países más influyentes del continente, fue aprobada por una relación de 19 votos a favor, cuatro votos en contra y 11 abstenciones, en una clara señal de que el régimen bolivariano sigue perdiendo respaldo en la región en la medida que su crisis se profundiza.
La resolución es vista como el primer paso hacia la suspensión de Venezuela a tenor con los procedimientos de la Carta Democrática Interamericana, que deberá aprobarse en otra sesión a ser convocada en un futuro con dos tercios de los votos.

La suspensión es la mayor sanción que tiene el organismo y que en sus 70 años de historia solamente ha impuesto a dos países: Cuba y Honduras.
La resolución fue impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90 por ciento de la población en el continente: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Estados Unidos, que ha tildado “el régimen de Maduro” de “dictadura”, ha desplegado en las últimas semanas sus esfuerzos diplomáticos con el argumento de que la OEA debe hacer valer los principios democráticos que dice defender.
“En nombre del presidente Trump, pido a la comunidad de naciones libres, de todo este Nuevo Mundo, que expulsen a la dictadura de Maduro de la Organización de los Estados Americanos. La OEA debe representar la libertad. Y ahora es el momento”, dijo el vicepresidente Mike Pence, durante una recepción el lunes en la Casa Blanca.

Pence, quien hace un mes pidió lo mismo al visitar la sede de la OEA, dijo que los países que se sumen a esta iniciativa, “demostrarán su compromiso de forjar vínculos más fuertes con Estados Unidos” y mencionó posibilidades de cooperación en inversiones financieras, de energía, infraestructura y seguridad.
Los prospectos de una eventual remoción de Venezuela fueron ridiculizados en la tarde del lunes por el propio Maduro, quien dijo que la organización no podía expulsar a Venezuela porque el país ya había renunciado a la organización.
“Nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA […] ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que sea efectivo. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una gran fiesta nacional”, manifestó Maduro.
Pero expertos consultados dijeron que la separación de Venezuela de la organización traería repercusiones inmediatas y de peso.
Para comenzar, desvincularse de la OEA separa a Venezuela de una red de organizaciones multilaterales vinculadas a la agrupación que durante años han trabajado para mejorar el bienestar de la región, como la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Agropecuario de las Américas, explicó Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá ante la OEA.

“Todos esos organismos regionales pasarían a excluir a Venezuela, y eso la aísla más de lo que esta aislada ahora mismo”, advirtió Cochez.
Pero quizás más impactante sería la condena moral que va acompañada a la decisión de suspender a Venezuela.
“Es una declaración de que Venezuela es expulsada porque es un Estado que rompe con todos los principios y valores de la organización hemisférica”, dijo desde Caracas Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.
Le estarían diciendo, “no es que usted se va, sino que nosotros le expulsamos, porque usted no puede pertenecer a un club de democracia, un club donde los derechos humanos son fundamentales y donde usted insulta a todos”, agregó el diplomático.

La resolución incluye una condena de las elecciones del 20 de mayo, en las que el chavista Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro como ganador de una elección presidencial que había sido declarada de antemano como fraudulenta por la comunidad internacional.

La resolución también cuestiona la renuencia del régimen de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria para aliviar la acentuada penuria por la que atraviesan los venezolanos por falta de comida y medicinas.
Asimismo, la resolución exige al régimen que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Para que la resolución fuese aprobada se necesitaban al menos 18 votos de los 35 estados miembros, mientras que la votación para suspender a Venezuela, que sería en una eventual Asamblea General Extraordinaria, requeriría 24 votos.

Este artículo fue complementado con los servicios cablegráficos de el Nuevo Herald.

martes, 5 de junio de 2018

La CIDH elevó a 127 los muertos por la brutal represión de las protestas en Nicaragua

Información es de https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/06/04/la-cidh-elevo-a-127-los-muertos-por-la-brutal-represion-de-las-protestas-en-nicaragua/



"Según nuestros datos, las protestas han causado 127 muertos y cerca de un millar de heridos", señaló el secretario ejecutivo de la CIDH, el jurista brasileño Paulo Abrao, en una conferencia en la sede en Washington del centro de análisis Diálogo Interamericano.

Para entender la magnitud de esta tragedia, Abrao recordó que las sangrientas manifestaciones entre abril y julio de 2017 en Venezuela, un país seis veces más grande que Nicaragua, se saldaron con 112 fallecidos.

Abrao denunció que la respuesta de las autoridades nicaragüenses a las protestas ha sido "muy desproporcionada", con el objetivo de crear un ambiente de "intimidación y terror".

Además, criticó que, según los testimonios consultados por la CIDH, numerosas autopsias no han sido realizadas de manera adecuada, muchos heridos han recibido el alta "con premura" y la Policía nacional nicaragüense ha atacado a ambulancias, entre otras cuestiones.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó la semana pasada con la CIDH y el Gobierno de Nicaragua crear un grupo para investigar los hechos de violencia, formado por integrantes seleccionados por la comisión interamericana.

Respecto a ese equipo, Abrao explicó que la CIDH está en la fase final de selección de los miembros que viajarán a Nicaragua "en los próximos días o en una semana".

El grupo, que emitirá un informe en un plazo de seis meses, analizará las líneas de investigación de las protestas y realizará "recomendaciones estructurales y de reformas legislativas" para evitar que esta situación vuelva a ocurrir, según el brasileño.

La 70 Asamblea General de la OEA, que comenzó hoy en Washington, estudiará una declaración "en apoyo al pueblo de Nicaragua" en su 48 periodo de sesiones, según dijo el presidente de la Asamblea, el ministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga,

Desde el 18 de abril, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años 80 con 127 muertos y cerca de un millar de heridos, según la CIDH.

Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.

La violencia se ha intensificado en los últimos días y solo en la "Madre de todas las marchas", celebrada el 30 de mayo, hubo 15 muertos y 199 heridos, de acuerdo a cifras del propio Gobierno.