La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un organismo internacional no gubernamental, fundado el 13 de Agosto de 1980, en Quito Ecuador, que impulsa la lucha por la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.
Recientemente el Foro Migratorio de las Mesas Temáticas del Senado, dieron a conocer de una moción que que pretende modificar el código penal para que una circunstancia agravante sea que el un delito de robo o hurto sea ejecutado por una o más personas en condición migratoria irregular; de la siguiente Forma:
B.- Incorpórese el siguiente numeral 6 nuevo al artículo 456 bis:
6°) Que el delito sea ejecutado por una o más personas extranjeras en
condición migratoria irregular, utilizando para tales efectos,
motocicletas, bicimotos, motonetas o vehículos similares. ”, Boletín 14989 – 25.
La tasa de detención para ese tipo de delitos es muy baja, representando el 4,7%. Los delincuentes serían hombres de nomás de treinta años en, extranjeros y en situación migratoria irregular (citado en el proyecto de ley de la Cámara. (Aquí)
Sin tantos datos acumulados, esta propuesta parecería una estrategia para poner en debate temas populistas como culpabilización de los migrantes sobre la inseguridad y precariedad. Esta precariedad es vivida por los migrantes y la por sociedad chilena después de la pandemia. La culpabilización del extranjero, de lo desconocido; y la inducción al susto y al miedo y la rabia parecen tácticas para que los grupos más conservadores obtengan réditos y desaprobación con el actual sistema político.
Desde ALDHU, nos sumamos a las mesas temáticas, considerando que este Proyecto es contrario a los principios básicos de Derechos Humanos, contradice a la Ley de Migraciones y contiene errores conceptuales que hacen que su contenido sea rechazado por las organizaciones de migrantes y pro migrantes y expertos en el tema migratorio. El fundamental equívoco de este Proyecto es confundir y generar discriminación y xenofobia al poner en igualdad de condiciones la comisión de delitos con la condición de migrante irregular.
El código penal contempla la pluralidad de malhechores, cuando el hecho delictivo se realiza con una dos o más personas está sancionado según el artículo 449 bis. del Código Penal, “Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo." 1
El hecho que los malhechores sean extranjeros sean uno dos o más no implica agravante.
La condición migratoria de irregularidad o la nacionalidad de quienes realizan actos delictivos no generan un mayor plus valor al hecho delictivo o a la conducta sancionada, el que esté en situación irregular no hace que sea más o menos grave la acción. La acción en sí es cometer un delito con pluralidad de malhechores, como sea que se cometa el ilícito, no la condición migratoria del o los individuos.
La situación de irregularidad migratoria en que se encuentra una persona, ya sea por la entrada irregular al territorio o por la carencia o vencimiento de la autorización de residencia, puede constituir una infracción administrativa y no un delito. Por lo tanto, no puede dar lugar a una respuesta punitiva por parte del Estado, tal como lo han señalado mecanismos internacionales de derechos humanos. Específicamente, se ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Más aún, la detención de personas migrantes utilizada como un mecanismo de control migratorio, constituye una respuesta desproporcionada, arbitraria, inadecuada e ineficaz para dar respuesta al creciente fenómeno de la inmigración irregular, criminaliza
la migración irregular y produce un grave impacto en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.
Es importante en este contexto citar, el artículo 19 N° 2 de la Constitución chilena vigente que asegura a todas las personas: “la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". Esta igualdad básica de naturaleza de todos los seres humanos, asumida por los ordenamientos jurídicos, exige eliminar las discriminaciones en el ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos subjetivos de las personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.2
Por su parte la Ley de Migraciones, expresa claramente en su “Artículo 9.- la no criminalización. “La migración irregular no es constitutiva de delito”.
Las escenas son dantescas: guardias armados que golpean con saña a migrantes que yacen tirados en el piso, que empujan a hombres y mujeres con bebés en brazos y a personas con discapacidades, que jalonean a madres angustiadas porque no encuentran a sus hijas, que detienen a niños. Que los persiguen armados.
O que los meten a las "perreras", los vehículos-jaula en donde son detenidos para ser deportados y cuyo nombre es una más de las humillaciones que sufren miles de personas que fueron expulsadas de sus países por violencia política o económica, y que intentan tener una vida mejor en México o en EE.UU. Hoy están siendo reprimidos.
Las imágenes se han repetido durante la última semana en Chiapas, el estado del sureste mexicano, en donde los migrantes ya realizaron cuatro caravanas que fueron frenadas con violencia por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migraciones (INM).
El 28 de agosto iniciaron la primera marcha. A los dos días fue la segunda. El jueves pasado, la tercera. Y el domingo realizaron el cuarto intento. Participan haitianos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, cubanos. Familias completas. Madres con sus hijos. Niñas y niños que viajan solos.
En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: agresiones, persecuciones y detenciones y deportaciones en masa. En los operativos hay discriminación, racismo y xenofobia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) ya denunciaron los riesgos que entraña esta estrategia.
"Resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo – incluyendo niñas y niños–, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional", señalaron las organizaciones internacionales en un comunicado.
Se refieren a una grabación en la que se ve cómo un agente del Instituto Nacional de Migración patea en la cabeza a un migrante que está en el suelo. El organismo suspendió a dos de sus funcionarios, pero esta era apenas la primera caravana, la del 28 de agosto. La violencia se ha replicado en las otras tres marchas que hubo durante la semana. Las corridas, amenazas y persecuciones son la norma.
"En México ya no se violan los derechos humanos", presumió el presidente Andrés Manuel López al dar su tercer informe de Gobierno el pasado miércoles. Las imágenes de lo que ocurre en Chiapas lo contradecían. También contrastaban con las fotos y comunicados en los que la cancillería mexicana se jactaba de haberle dado refugio a 390 personas de Afganistán en la última semana.
Esta foto de Isaac Guzmán ( @Isaacgu32798216 ) sintetiza bien el operativo de desarticulación de la caravana migrante en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/iAjxQZRLc8
Porque lo que piden los miles de migrantes que están hacinados en Chiapas es precisamente refugio, asilo o residencia para poder radicarse en México, algunos con la intención final de llegar a EE.UU. En lugar de eso, los mantienen retenidos en Tapachula. La han bautizado "la ciudad cárcel".
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en los primeros ocho meses de este año se recibieron más de 65.000 solicitudes refugio. Triplican los pedidos de 2020. La mayor parte, alrededor de 45.000, se radican en Tapachula.
Una vez iniciado el trámite, los migrantes tienen prohibido salir de la ciudad. El problema es que la resolución tarda tanto que quedan atrapados, sin trabajo, sin casa, sin medios para sobrevivir, en muchos casos sin documentos, y con una mochila como toda pertenencia.
📌Así la caravana de migrantes #Haitianos avanza sobre Chiapas, la @GN_MEXICO_ y el @INAMI_mx intentan detenerlos por medio de la fuerza.
La desesperación los llevó a protestar y a iniciar las caravanas que han sido reprimidas desde hace ya dos años con la intención de detener el flujo de migrantes a EE.UU., ya que es parte de los acuerdos pactados por López Obrador con el expresidente Donald Trump.
En esta ocasión destaca la presencia de ciudadanos de Haití, el país más pobre del Continente, pero también hay diversas nacionalidades latinoamericanas que se topan con la política que puso en marcha el Gobierno mexicano para frenar en la frontera sur las oleadas migratorias que, en algunos casos, buscan atravesar el país para llegar a la frontera norte.
Denuncias
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano ha denunciado en varios comunicados la violencia estatal cometida esta semana en contra de personas que están realizando desplazamientos colectivos y forzados. Es decir, en contra de quienes ya son víctimas.
Desde el 28 de agosto, señala en uno de los escritos, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio.
"En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso. Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales", advierte.
También demandan ayuda humanitaria urgente para atender a las personas, en particular a mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que ya llevan varios días caminando durante largas horas, sin suficiente agua ni comida ni atención médica.
Al reiterar el abuso de poder y las políticas represivas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del INM, exigen el cese de acciones de vigilancia, hostigamiento y agresiones que impactan de manera particular en personas que salieron de sus países buscando protección y una vida digna.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y otras organizaciones ya iniciaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular después de la redada que este domingo padecieron las personas migrantes que dormían en la ciudad de Huixtla, también en Chiapas, hasta donde habían logrado avanzar desde Tapachula.
"Exigimos enérgicamente alto Inmediato a la Violencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional, alto Inmediato a la Violencia sobre quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos, informamos que se ha interpuesto un amparo que garantice protección federal contra actos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando, solicitamos respuestas expeditas y favorables a las mismas en beneficio de las mujeres, niñas, niños, familias y hombres de este grupo de desplazados forzados", señalo la organización.
Mientras tanto, la crisis en la frontera sur de México continúa con las miles de personas migrantes que siguen en Tapachula y que evaden los operativos que buscan expulsarlos a Guatemala.
Tres agencias de la ONU exigieron este martes a las autoridades mexicanas "respetar los derechos humanos de los migrantes" tras el violento operativo para disolver una caravana de migrantes en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
#México #Migración #Caravanamigrante #ONU
"El incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo", apuntaron en un comunicado.
El mensaje fue lanzado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El ente de migración mexicano informó el lunes que suspendió a dos agentes federales por actuar de manera indebida durante un operativo el pasado sábado al contener a migrantes en que salieron de la ciudad de Tapachula con destino a Estados Unidos.
Los dos agentes fueron captados en fotografías y vídeos cuando golpeaban a un migrante, a quien fuerzas de seguridad le impidieron continuar su camino por la carretera.
Las agencias de la ONU aplaudieron "la suspensión de funciones y la aplicación de medidas para la investigación de funcionarios que estarían involucrados en acciones que implicaron un uso excesivo de la fuerza".
Sin embargo, hicieron un llamado a "la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas".
"En toda investigación se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas", subrayaron.
Consideraron "profundamente preocupantes" las imágenes de la disolución de la caravana y consideraron que estos hechos demuestran "la necesidad de fortalecer la capacidad" de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El flujo migratorio aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos, por lo que el entonces presidente Donald Trump presionó a México para que los frenara.
Cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, suspendió el programa "Permenecer en México" de su antecesor que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia desde territorio mexicano, miles de los cuales quedaron varados en campamentos fronterizos.
Con ello, el flujo migratorio volvió a repuntar de manera que Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.
El Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó que la población extranjera que reside habitualmente en Chile está compuesta por 1.462.103 personas.
La cifra implica un alza de 0,8% respecto a igual fecha de 2019 y un aumento de 12,4% en comparación con 2018, considerando cifras actualizadas para ambos años (1.450.333 personas en 2019 y 1.301.381 personas en 2018).
“Si bien estas estimaciones se construyen con base en el Censo de 2017, su actualización se sostiene en registros administrativos que provienen de la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Registro Civil e Identificación (…)”, explicó la directora nacional del INE, Sandra Quijada, al presentar las cifras.
Por su parte el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, plateó que “este es un trabajo que da cuenta del esfuerzo para que cualquier organismo público y organizaciones de la sociedad civil puedan trabajar con estos datos en política pública”.
Países
Al igual que la tendencia reflejada en las estimaciones de 2018 y 2019, la mayoría (poco más de 79% del total) de las personas extranjeras residentes en el país al 31 de diciembre de 2020 proviene de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%) y Bolivia (8,5%).
Los colectivos extranjeros que en términos relativos más disminuyeron su presencia en 2020, en relación con 2019, fueron los de Estados Unidos (-4,6%), Alemania (-3,3%) y Colombia (-0,9%), mientras que los mayores incrementos relativos se dieron en los colectivos provenientes de Cuba (8,3%), México (4,2%) y Bolivia (2,4%).
Respecto a 2018, sin embargo, todos los colectivos aumentaron a excepción de los provenientes de Estados Unidos, Alemania y Francia.
Los principales incrementos se dieron en las personas de Venezuela (34%), Cuba (12,6%) y Bolivia (12,5%).
¿Cómo son esas personas migrantes?
Del total de personas extranjeras a diciembre de 2020, 744.815 son hombres (50,9%) y 717.288 son mujeres (49,1%), éstas últimas denotan una leve alza en la proporción de ellas respecto a 2018, cuando alcanzaron el 48,7% del total.
En tanto, aproximadamente la mitad (48,0%) tiene entre 25 a 39 años, siendo el grupo de 30 a 34 años (17,8%) el con mayor porcentaje de población y el que, a su vez, más aumentó su proporción respecto de los años anteriores (en 2018 representaban el 16,3%).
Por el contrario, destaca la disminución de las personas entre 20 a 24 años, que pasaron de representar el 12,2% del total de extranjeros en 2018 a 9,0% en 2020, y el tramo de 0 y 4 años, que bajó de 2,6% a 1,3% en el período.
Por su parte, todos los grupos etarios, a partir de los 30 a 34 años, crecieron en el total de personas.
El pasado domingo 6 de junio, el gobierno de Chile ha
ejecutado un nuevo proceso de expulsión de personas extranjeras migrantes
venezolanas, exacerbando la injusticia y vulnerabilidad que afecta a esta
población. Muchas de estas personas habían presentado recursos de amparo que se
encontraban pendientes de resolución ante las autoridades jurisdiccionales del
país o presentaban una condición humanitaria grave. Sin embargo, nada de esto
fue considerado por las autoridades gubernamentales.
ALDHU expresa su condena más enérgica a esta medida cruel e
inhumana que, además, se ejecutó durante el fin de semana, con el evidente propósito
de impedir a las víctimas la posibilidad de recurrir a protección ante la
vulneración de sus derechos.
Este acto de crueldad cometido por el gobierno chileno, no
puede ser justificado con el alegato posterior que pretende asignar a los
expulsados, conductas delictivas que no han sido sometidas al debido proceso, y
que revisten -por lo tanto- la característica de meras acusaciones de las que,
una vez expulsados del país, no podrán siquiera defenderse.
La medida que condenamos resulta aún más inhumana, por
cuanto se ejecutó en medio de una pandemia que afecta de manera más aguda,
precisamente a la población migrante, debido a sus extremas carencias.
La expulsión ejecutada en esas condiciones ha privado a
cada persona víctima de esta medida, del derecho a que su caso sea evaluado y
estudiado. Con ello, las autoridades chilenas se han apartado de las
recomendaciones de la Comunidad Internacional en el sentido de promover una
visión intrarregional e intercontinental de activa solidaridad para armonizar
acciones basadas en lecciones aprendidas y mejores prácticas que protejan los
Derechos Humanos de la población migrante.
Adicionalmente, las Agencias de Naciones Unidas han
insistido en la importancia de que las medidas se adecúen al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional de los refugiados.
ALDHU hace un llamado a la solidaridad con la población
migrante venezolana que presenta grandes vulnerabilidades y peligros,
principalmente para las mujeres y los niños y niñas. Reiteramos nuestro repudio
y condena a la práctica cruel de expulsiones sorpresivas que impiden a las víctimas
ejercer sus derechos a la protección y defensa.La expulsión masiva es un camino equivocado
que contraviene la Ley Migratoria recientemente promulgada, y va en dirección
contraria a la solidaridad y al elemental sentido de humanidad.