En otras épocas, las epidemias y enfermedades incomprensibles estaban en manos de brujos, curanderos y en última instancia de clérigos que, a través del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuya sede en Madrid está situada a media calle del actual Senado, decidían si tales males eran producto de una posesión demoníaca o de un pecado mortal, después de un procedimiento que tenía como prueba fundamental o única el tormento del acusado. Hoy el relevo me temo que lo han tomado los jueces, quienes parece que saben mejor que nadie las acciones que tendrían que haberse emprendido para restringir los derechos fundamentales y acabar con la pandemia. No, a ellos no les basta la restricción de derechos ni el estado de alarma, ya que, según su mejor saber en estos asuntos, las medidas del Gobierno encajaban mejor en un marco más duro aún, como es el estado de excepción, pues de lo que se trataba era de "suspender" derechos. Por favor, nótese que el varapalo para el Ejecutivo es por no haber sido más duro pudiendo serlo.
Así, un año y medio después, cuando ya está la mitad de España vacunada y lo peor ha pasado, el Tribunal Constitucional se digna decirle al Gobierno que lo que hizo fue inconstitucional (según el criterio de la mayoría de jueces) porque quedaba mejor lo otro en vez de esto, porque era antes la gallina que el huevo, porque era más apropiado el estado de excepción que el de alarma, tal y como en su día sus atávicos colegas pugnaron por establecer el sexo de los ángeles, en una discusión bizantina, mientras Constantinopla era asediada por los Otomanos.
De esa guisa, la sentencia deroga ahora, cuando ya de poco o nada sirve, el confinamiento que el primer decreto de alarma establecía en su artículo 7, al considerar que lo ocurrido vino a componer "una grave alteración del orden público" y, más aún, que la gravedad y la extensión de la pandemia imposibilitaron un normal ejercicio de los derechos, siendo en consecuencia más indicado el estado de excepción que el de alarma.
Y bueno, todo ello en base a lo que, según parece, trascendió en un primer momento a los medios informativos, dado que el Constitucional no se había pronunciado oficialmente, amén de que, como todo el mundo sabe, no es un tribunal que tenga como lema la rapidez en la adopción de sus dictámenes. Nuevamente según trascendidos, la conclusión jurídica se habría adoptado por seis votos a favor de esta tesis y cinco en contra, habiendo incluso magistrados conservadores dentro de estos últimos. Tales extremos se pudieron comprobar en la noche del 19 de julio cuando, finalmente, se dio a conocer de forma oficial el documento, eso sí, a falta aún del voto particular del magistrado Xiol. Se entiende por qué Pablo Casado no quiere renovar las instituciones y prefiere dejarlas como cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, ¿verdad?
Creo que vergüenza es una palabra fuerte, pero no se me ocurre otro calificativo mejor para describir la situación actual. Vergüenza de lo mezquino de los políticos de derecha y extrema derecha, vergüenza de cómo sacan provecho de esta decisión, vergüenza de este fallo en sí mismo, vergüenza de que sea fútil e irrelevante; de la demora en adoptarse. Y vergüenza de que nuestro Tribunal Constitucional no esté al nivel de sus pares europeos ni mucho menos de sus primeros integrantes, cuyo ejemplo de entrega, lucidez, ponderación y buen criterio ha sido olvidado y denostado por los que hoy habitan tan alta magistratura.
Señorías del Tribunal Constitucional que han votado a favor de esta sorprendente resolución: no han estado a la altura de las circunstancias, una de las más graves que ha tenido que sortear nuestro país desde el término de la dictadura, o si lo prefieren, desde que está vigente nuestra Constitución que ustedes han jurado respetar y aplicar fielmente. Definitivamente no, y ustedes lo saben, pues han sido útiles y serviciales a la mirada de corto plazo de una oposición desesperada porque no encuentra su lugar en el espectro político y le cuesta cada vez más aceptar que no tiene más remedio que esperar a las próximas elecciones.
Contradicciones
Ahora bien, si entramos al fondo de lo que "habría decidido" el Constitucional (a veces me pregunto qué sería de este país sin los trascendidos), para darnos cuenta del disparate del fallo basta con imaginarnos el terremoto político que se hubiera producido de haber optado en aquel momento el Gobierno por el estado de excepción. Lo menos que se habría dicho de Pedro Sánchez sería que actuaba como un dictador (socialista, comunista, chavista, venezolano, bolivariano, castrista, ateo, filo etarra, ilegítimo, okupa y enemigo de España, términos todos estos que, en una u otra ocasión se han escuchado desde la bancada extremista).
Aunque hoy el PP vocifere como nadie en contra del Gobierno por este fallo, no hay que olvidar que fue Vox el impulsor de este recurso que sus señorías han resuelto de esta manera. Vox, no el PP, se jacta hoy de haber sido el primer partido en la cámara en reclamar la anulación del estado de alarma. Sin embargo, no hay que moverse a engaños, el Constitucional no ha dado (o no habría dado) la razón a Vox, porque no ha dicho que el estado de alarma era innecesario y que el confinamiento fue un exceso, sino que lo que ha dicho (o habría dicho) es lo contrario, que un confinamiento tan duro, pero necesario, se enmarca mejor en el estado de excepción, que es más duro y concede mayores facultades al Gobierno. No es que Sánchez haya sido arbitrario, es que las medidas tenían un mejor encuadre normativo que el que fue elegido.
Es curioso que el guardián de nuestras libertades y derechos como es el Tribunal Constitucional, otrora caracterizado por el buen criterio y la ponderación, hoy se decante por un mecanismo que prácticamente permite barra libre para que la autoridad gubernativa detenga a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público; o disponer de registros domiciliarios o intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Además de restringir la circulación de personas o vehículos; determinar zonas de protección y seguridad o suspender las comunicaciones, las reuniones o manifestaciones. (Imaginen el grito en el cielo de los ultraderechistas si se hubieran prohibido las caceroladas del barrio de Salamanca).
La pregunta es: ¿se hubiera sentido el virus amedrentado por tan fabuloso despliegue jurídico y policial y se habría rendido y entregado a las autoridades sanitarias sin infectar a la población? Creo que el ridículo está garantizado. La rocambolesca decisión del Constitucional, enmendando la plana al Ejecutivo, discutiendo si son galgos o podencos, ¿aporta alguna herramienta útil a la manera en que se debe hacer frente a una situación tan extrema como esta? ¿O más bien entorpece futuras y necesarias decisiones, cuando de nuevo la enfermedad toma carrerilla y está poniendo en riesgo extremo a la población en esta quinta ola?
La intromisión
La afirmación de que al tribunal le ha faltado sentido de Estado en este caso, como aseveró la ministra de Defensa, es cierta. Sentido de Estado y sentido de realidad, añado yo. Tan cierto es con respecto al fallo, pero mucho antes, respecto del hecho de admitir a trámite este asunto, cuando tantos otros temas de relieve se inadmiten. E, igualmente ciertas, las admoniciones certeras del magistrado Cándido Conde Pumpido en su voto discrepante. Lo que se avecina si se mantiene esta doctrina será mucho peor e imposibilitará, realmente, la adecuada reacción y actuación frente a una pandemia de estas características.
Esta intromisión de la justicia en los asuntos del combate contra la pandemia va más allá. ¿Sobre qué hechos probados se manifestaron? ¿Llamaron a los peritos de los hospitales para conocer el alcance del drama? ¿Aceptaron el testimonio de los testigos que se desempeñan en las UCI? Deciden sobre nuestra salud y ponen por delante las circunstancias e intereses de quienes los nombraron en sus cargos. En otros casos –demasiados– embebidos en su condición de decidir sobre la vida y la muerte de los demás, se enredan en la exégesis de los textos sin sopesar las consecuencias, en vez de interpretar las normas constitucionales de acuerdo con los principios, valores, derechos y libertades que protegen.
Es una trampa. Ya lo vivimos cuando la política se judicializó y acabamos enfrentados entre conciudadanos. Ahora es peor si cabe porque la muerte y la enfermedad son el trasfondo y porque tras estas decisiones no se hace justicia, no se refrenda la Constitución, no se defienden las libertades.
Miren: el Derecho sirve para formalizar un cauce de convivencia establecido previamente por la sociedad. La Constitución es el acuerdo común para dejar negro sobre blanco esos acuerdos de convivencia que hemos decidido entre todos. Los gobiernos tienen que preocuparse por el bienestar de la población utilizando todos los medios a su disposición, dentro de la Ley y la Constitución. Los jueces somos servidores públicos con la función de cuidar de que la Ley se respete, pero siempre, siempre, con la mirada puesta en la convivencia y en la ciudadanía. La exégesis de los textos es una entelequia. Los jueces nos debemos a las y los ciudadanos que deben poder confiar en que velamos por sus derechos y libertades. Lo demás sobra. Deben recordar que la justicia emana del pueblo, donde radica la soberanía, por lo que los magistrados son meros delegados al servicio de aquel. No entenderlo así y no ejercer su rol de esta manera, les hace errar y en ocasiones hacer el ridículo, como en este caso, al pretender ser médicos de toga y puñetas.
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Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar.
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