Poder Judicial y nueva Constitución, viento alentador para la democracia chilena (Chile)

 por Diego García-Sayán 16 junio, 2022

Me atrevo a decir que pocas constituciones abordan la función jurisdiccional con el detalle de esta propuesta. También me aventuro a señalar que esta podría ser una oportunidad histórica para situar a Chile a la vanguardia en la materia, pasando del actual reproche a las limitaciones verticalistas de su diseño judicial a exhibir uno novedoso, centrado en la independencia de su judicatura, lo que sin duda elevará los estándares de su democracia, que verá fortalecida en definitiva la debida protección y tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas.

La vorágine de los procesos políticos y sociales que convergieron en el itinerario constituyente en Chile a menudo hizo que no siempre se le prestara la debida atención a su traducción en el texto que fue surgiendo, al contrario de algunos aspectos más novedosos en el diseño constitucional que emergió, como, por ejemplo, el espacio y derechos de los pueblos originarios.

Y en medio de la elevada temperatura del debate político de estos días, a primera vista percibo que el electorado avanza a toda máquina a hallarse entre dos aguas, debiendo optar por un nuevo texto constitucional o por la permanencia del vigente, inmerso en un mar de información, desinformación, interpretaciones varias e intereses de toda índole.

En este complejo escenario, quiero destacar que en el borrador hay, no obstante, importantes y positivos mínimos denominadores que ofrecen un panorama útil acerca del perfil de ciertas instituciones que el Constituyente buscó rediseñar a partir de ciertos diagnósticos previos, y en cuanto al Poder Judicial chileno y a su judicatura, se proponen varios notables progresos institucionales y democráticos que apuntan con relativa solvencia en una dirección constructiva y renovadora, concordante con los estándares internacionales más relevantes en materia de independencia judicial y acceso a la justicia.

A menudo ignorado por la aparente preponderancia o atractivo de otras materias y usualmente incomprendido por su sofisticación o aparente distancia con necesidades sociales o económicas más apremiantes, el estatuto que regula la función de juezas y jueces, y que en el borrador que se conoce adopta la nomenclatura de “Sistemas de Justicia”, adquiere ahora, sin embargo, una relevancia insospechada a la hora de delinear los pilares del futuro Estado social y democrático de derecho chileno.

En esencia, esto último responde a que aquellos derechos que la sociedad conquista y plasma en una Constitución requerirán evidentemente de reconocimiento práctico y, en especial, de tutela judicial efectiva. Sin ello, el texto constitucional y el abanico de derechos y obligaciones allí condensado, serían un conjunto de meras referencias declarativas y distarían de ser norma jurídica.

Todas las miradas apuntan, en esencia, a evaluar cuán independientes e imparciales pueden ser juezas y jueces en un determinado Estado con el diseño constitucional que se ha dibujado, y lo que se conoce viene bien orientado y sustentado, dejando atrás ciertos aspectos del diseño anteriormente vigente que no garantizan a plenitud la independencia frente al poder político o la independencia interna de jueces y juezas dentro de la estructura judicial.

Mucho antes de que en Chile se iniciara este camino con posterioridad al denominado “estallido social”, un diagnóstico transversal acuñado por representantes de la academia local y extranjera, centros de pensamiento, el gremio de jueces y la propia Corte Suprema, había abonado ya el terreno aguardando la oportunidad para la desconcentración de facultades no jurisdiccionales radicadas en los tribunales superiores chilenos, cuyo núcleo es el artículo 82 de la Constitución del 80.

Por otra parte, a su turno la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas opiniones y fallos; la Unión Internacional de Magistrados (UIM), cuya Carta Universal del Juez se actualizó precisamente en Santiago; o la Mesa de Nombramientos convocada por el Ministerio de Justicia a fines de 2018 —informe que me tocó comentar en el Instituto de Estudios Judiciales meses después—, respaldan el cuestionamiento al diseño institucional judicial chileno, cuya verticalidad es un conocido problema para la independencia de sus juezas y jueces.

Es por ello que valoro positivamente la norma que busca la separación de las facultades jurisdiccionales de aquellas que no lo son, para quedar estas últimas entregadas a un órgano paritario, autónomo, mixto y de rango constitucional, como es el Consejo de la Justicia propuesto.

Destaco también que en la integración de este predomina en número la judicatura, lo que se aviene con el fin que anuncia la redacción de la disposición —el fortalecimiento de la independencia judicial— y que novedosamente suma a representantes de funcionarios y profesionales de la administración, cuestión que con seguridad enriquecerá la toma de decisiones, considerando que a este órgano tocará la gestión presupuestaria del actual Poder Judicial, para lo que gozará además de una autonomía que la Constitución del 80 hoy no contempla.

Enseguida, me parece muy interesante que quienes representarán al Congreso en el Consejo de Justicia pasen por un “filtro” de mérito como es la Alta Dirección Pública, con unos procesos de selección abiertos, regulados y transparentes.

Resulta destacable, también, que este órgano se hará cargo de los nombramientos en los que actualmente interviene el Poder Ejecutivo y los tribunales superiores. Esto arrastraba los consabidos potenciales efectos perniciosos derivados de la peligrosa mixtura entre las naturales expectativas de carrera, el control jurisdiccional y disciplinario de la jefatura del servicio con la politicidad de muchas de las designaciones.

Por ello no puedo menos que celebrar la eliminación de la jerarquía entre juezas y jueces, que de acuerdo con el tenor del artículo referido a la “Diferenciación funcional y estatuto común de los tribunales”, solo se distinguirán por la función que desempeñen.

En este punto me remito solo a la labor de historiadores y cronistas que han descrito el origen y resabios monárquicos de los sistemas de administración de justicia de los países de la región, herencia de la que Chile se alejaría siguiendo la tendencia mayoritaria de los países democráticos, de la mano de la actual propuesta constituyente.

Por otra parte, no puedo obviar que el texto reúne un conjunto de principios que apuntan a fortalecer el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Percibo que la mayoría de la Convención apuntó a un bloque expansivo de derechos, lo que hace ostensiblemente necesario contar con una judicatura dotada de estándares elevados de independencia.

Es así que, luego de definir la función jurisdiccional, se ocupó de establecer ciertas condiciones para el ejercicio de esta que son bastante sólidas y razonables.

Alude el texto a la “independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad”, para enseguida rematar con el principio fundamental de la “inamovilidad de juezas y jueces”. Prosigue con la “inexcusabilidad e indelegabilidad de la jurisdicción” y el deber de fundamentación sumado al uso del lenguaje claro en las sentencias, para continuar posteriormente con lo que denomina “principio de responsabilidad jurisdiccional”, que apunta a las inconductas de prevaricación, denegación o torcida administración de justicia.

Destaco que el debate haya dejado atrás intentos por responsabilizar personalmente a jueces y juezas por sus actuaciones o fijar límites temporales a su inamovilidad, como también que las revisiones integrales a los tribunales en los que sirvan pudieran incluir las sentencias, cuestión que fue descartada, enhorabuena.

Me atrevo a decir que pocas constituciones abordan la función jurisdiccional con el detalle de esta propuesta. También me aventuro a señalar que esta podría ser una oportunidad histórica para situar a Chile a la vanguardia en la materia, pasando del actual reproche a las limitaciones verticalistas de su diseño judicial a exhibir uno novedoso, centrado en la independencia de su judicatura, lo que sin duda elevará los estándares de su democracia, que verá fortalecida en definitiva la debida protección y tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las personas.

Fuente: El mostrador

Los demonios de la democracia (Autor: Luis Gallegos Chiriboga)

 Hace unas semanas, en esta columna me referí a las graves secuelas que ha traído la pandemia del covid-19. Además de la implosión económica, la grave afectación social y el impacto en los sistemas sociales, están las consecuencias en los sistemas políticos, en los liderazgos de los estados y en los regímenes liberales democráticos, cuyos efectos han sido perversos, por decir lo menos.

La regresión de casi veinte años en el desarrollo y el incremento del desempleo, la pobreza y el hambre han provocado frustración e inestabilidad en todas las personas, en muchos casos, incluso en su salud mental. Las mujeres y hombres del mundo se encuentran en una situación de insatisfacción con los estamentos del poder político en todo el orbe. La situación ha degenerado en convulsiones sociales, cambios del péndulo político y niveles insostenibles de violencia contra la ciudadanía.

Los pueblos reclaman liderazgos de estadistas visionarios, mientras los aparatos políticos se hallan anquilosados en las viejas contiendas del poder y en las luchas fratricidas que anteponen sus intereses seculares a los intereses del pueblo.

Para colmar este triste momento, la Federación de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, invade Ucrania y agrava la situación global con una guerra absurda, con funestas consecuencias para la mayoría de los países del mundo.

Los pueblos del mundo se preguntan, ¿cuál de los liderazgos y sistemas de gobierno, sean éstos democracias liberales o regímenes autoritarios, pueden solucionar una problemática tan grave? Allí es cuando el populismo y el mesianismo cosechan la insatisfacción del conglomerado humano, que clama por soluciones a una problemática estructural y coyuntural de dimensiones inconmensurables.

Sin duda, cuando se escriba la historia de esta etapa tan compleja, se destacarán los hombres y mujeres que supieron guiar a sus pueblos por el sendero de la resiliencia y la superación, en vez del camino al suicidio colectivo.

Fuente: El comercio (Ecuador)

¿Cómo es proteger a los defensores de derechos humanos en el mundo? Se lo preguntamos a la mujer que lo hace a diario.

 Mary Lawlor trabaja para proteger a quienes arriesgan su vida por defender nuestros derechos.

Se necesita una cantidad increíble de valor para proteger y defender los derechos de todas las personas. Sorprendentemente, hay ciudadanos de todo el mundo que han dado un paso al frente y alzado la voz para llamar a hacer lo que es correcto.

Estas personas son quienes defienden los derechos humanos en el mundo. Anteponen los derechos y la equidad de todas las personas y defienden a los más vulnerables del mundo, sin importar el costo, que a veces es enorme.

Históricamente, esto se ha visto como amenazas a su seguridad y reacciones de grandes empresas o gobiernos. Por eso se creó en las Naciones Unidas la función de relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

Mary Lawlor ocupa actualmente el puesto que podríamos llamar: la defensora de los defensores.

Ayuda a aplicar la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998, y su trabajo consiste en hablar con los gobiernos y funcionarios públicos cuando los activistas y defensores de los derechos humanos se enfrentan a riesgos o consecuencias tras su activismo pacífico. Lawlor también busca mejores soluciones y medidas para ayudar a proteger a los defensores, y también se centra en las mujeres defensoras de los derechos humanos y en los riesgos a los que se enfrentan debido a la desigualdad de género.

Recientemente, Lawlor presentó un informe sobre los obstáculos que la corrupción supone para los defensores de los derechos humanos, uno de los dos informes que tiene previsto presentar a la Asamblea General de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos este año.

Global Citizen habló con la "defensora de defensores" para saber más sobre el informe y sobre las formas de proteger y apoyar a quienes luchan por los derechos humanos en primera línea.

¿Por qué los defensores de los derechos humanos son tan cruciales para una sociedad justa y funcional?

Los defensores de los derechos humanos (DDH) son agentes clave del cambio social. Son tan importantes porque garantizan que los que pueden quedarse rezagados estén representados de otra manera, que aquellos cuyos derechos son pisoteados tengan voz y que las injusticias en la sociedad no pasen desapercibidas.

Pienso en el papel que desempeñaron las defensoras de los derechos humanos en mi propio país, Irlanda, para impulsar la igualdad matrimonial. Simplemente no habría ocurrido sin ellas, y a los gigantescos saltos realizados por las defensoras de los derechos humanos en Sudán, que persistieron en una larga campaña de un año para que se criminalizara la mutilación genital femenina, en la que finalmente tuvieron éxito en 2020.

Mi reciente informe sobre los defensores de los derechos humanos que luchan contra la corrupción también puso de relieve el papel fundamental que desempeñaron al sacar a la luz los intentos de gobiernos corruptos, entre otros, de beneficiarse de la ayuda relacionada con la pandemia que recibían sus países.

Por poner un ejemplo muy actual, vi cómo las defensoras de los derechos humanos en Ucrania se adaptan a las condiciones más peligrosas para llevar a cabo su labor en favor de los derechos humanos: cambiando sus planes de defensa para trabajar en la documentación de los crímenes de guerra, o proporcionando alimentos y medicinas a las ciudades bajo bombardeo. Por eso los defensores de los derechos humanos son cruciales para una sociedad que funcione y sea justa.

Fuente: Global Citicen.

Por Khanyi Mlaba

Escrito en español por Enrique Corte Barrera

25 de marzo de 2022

Mentiras de nariz larga (art. opinión Baltasar Garzón)

 Las mentiras, hijo mío, se conocen en seguida, porque las hay de dos clases: las mentiras que tienen las piernas cortas, y las que tienen la nariz larga. Las tuyas, por lo visto, son de las que tienen la nariz larga 

El hada madrina a Pinocho en 'Las aventuras de Pinocho' de Carlo Collodi.

El año pasado leí en este mismo diario un interesante artículo de José Miguel Contreras. Se refería a un libro titulado La industria de la calumnia de los periodistas Aaron Krolik y Kashmir Hill. Cito el párrafo final:

“…la industria de la mentira no conoce fronteras. Su capacidad de extensión es infinita. Las mentiras son ilimitadas. No hay miedo en excederse. En realidad, sí que hay un límite, el del número de personas dispuestas a creerlas. El negocio de la información parece haber cambiado desde que la fragmentación ha roto el territorio monopolizado por los medios tradicionales. Ahora tiende a centrarse, más que en contar lo que ocurre, en vender la versión que cada uno quiere escuchar de lo sucedido. No sólo existe el acto malintencionado de algunas fuentes de mentir, sino que también es indispensable contar con un significativo número de personas que prefieren que se les mienta, siempre y cuando se les diga lo que desean oír”.

Tanto los medios tradicionales como las redes sociales se hacen eco, cada vez con más frecuencia, de las versiones interesadas de individuos que cuentan “su verdad” sabiendo que es falsa, pero sin que ello importe en absoluto, pues la intención es disparar la bala allá donde el impacto puede ser más beneficioso para sus propios intereses y siempre, en efecto, teniendo como espectadores a un público entregado a la versión que quieren escuchar, aunque sospechen, o sepan, que la misma es espuria. Esta táctica es típica de los populismos y de la ultraderecha, de aquellas y de las de ahora. Tergiversan el presente, pero también la historia si es que les resulta útil para adelantar al contrincante. Luego amplían y reiteran la mentira que, a fuerza de esa repetición, se pretende convertir en verdad o cuando menos en algo asumido por todos como parte del juego político. El esfuerzo del desmentido es hercúleo; y, normalmente, te lleva a los tribunales que también sufren la inercia de que todo es libertad de expresión, hasta el insulto. Con ello, ganan definitivamente quienes planearon una estrategia de deterioro y corrosión de los derechos y las instituciones a la que ya nos hemos acostumbrado, con lo que ni siquiera hacemos el esfuerzo de escandalizarnos.

Nos han arrebatado la inocencia de creer en el otro, en lo que se dice y se hace, provocando una desafección en la ciudadanía con la política, lo que es ganancia para ellos, pero que es una desgracia y un peligro para quienes creemos que la democracia es participación en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Esto sucede porque estamos saturados de tanto bulo y de tanta invención, que nos inhibimos y pasamos casi a la indiferencia, de “que digan lo que quieran” o “todo es una pura mierda”, con perdón por la expresión. Se ha ido perdiendo el razonamiento propio, esa visión crítica indispensable que nos lleva al saludable hábito de cuestionar. Por las redes sociales circulan todo tipo de sandeces, mientras varios medios se dedican a publicar las versiones más adecuadas a su propio provecho económico o ideológico, exagerando la realidad, como la nariz de Pinocho, para fomentar el morbo y el griterío sin atisbo de un ápice de integridad. El filósofo y lingüista Noam Chomsky, en uno de sus brillantes análisis sobre Donald Trump, lo exponía así: “No paras de decir mentiras y lo que ocurre es que el concepto de verdad simplemente desaparece”. O lo que es peor, sabemos que es mentira, pero permitimos que lo transformen en una verdad política, provocando con ello un efecto demoledor y geométricamente perverso; y mucho más si existe un acuerdo tácito o expreso para difundir los bulos y agrandar la vaciedad de determinadas posturas o posiciones.

Mentiras sobre mentiras

Se me dirá que al final la verdad siempre sale a la luz, y que tarde o temprano terminará por imponerse a la mentira. Ojalá esto fuera cierto, pero no siempre lo es, y aun cuando en ocasiones finalmente sucede, mientras tanto ha dejado un poso envenenado que surte nuevas y turbias inquinas y llama a otros personajes del mismo cariz a aportar su pegajoso granito de arena.

Muy pronto, en mi carrera profesional, tuve que aprender a vivir con una permanente exposición a los medios, hasta el día de hoy. Por el camino me fui ganando algunas antipatías y enemistades por encarar mi trabajo con decisión, hasta las últimas consecuencias y muchas veces a contracorriente. Ante el dilema weberiano sobre la ética de los principios y la ética de las consecuencias, (la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad) mi elección siempre ha sido en favor de la primera, ya que de otra forma creo que no existiría, ni siquiera como concepto ni como valor, aquello que llamamos Justicia. Tuve que aprender a soportar robos, allanamientos de morada, amenazas de muerte y algún que otro intento de atentado. Hasta mis hijas y mi hijo tuvieron que ir al cole con guardaespaldas, además de sufrir ataques de extrema derecha contra ellos. Cuando esto no daba resultado vinieron todo tipo de arremetidas personales y campañas de desprestigio, teniendo que cargar con el apelativo de “juez estrella” por la atención que me prestaban unos y los embates que me propinaban otros.

Porque lo he padecido, puedo dar fe de las distintas estrategias y disfraces de la mentira utilizada como un arma arrojadiza. La técnica es antigua y propia de las organizaciones mafiosas. Enlodan tu nombre y el de quienes te rodean por todos los medios, para así aislarte y finalmente deshacerse de tu incómoda presencia. Sepan, pues, que estas técnicas no suelen dar resultado cuando enfrente tienes a quien posee la certeza y convicción de estar haciendo lo correcto, trabajar honestamente y honrar los valores y los principios que deberían guiarnos a todos y hacer lo que es debido, ya sea en lo público como en lo privado, le pese a quien le pese, se llame como se llame, sea del partido o asociación que sea y ocupe la plaza que ocupe.

Tras mi inhabilitación como juez (hoy declarada atentatoria contra mis derechos por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas), comencé a ejercer la profesión de abogado, y hasta en este ejercicio profesional he tenido que soportar que se diga absolutamente de todo sobre mí: cuánto gano, los casos que supuestamente llevo, incluso dónde y con quién voy a comer y hasta el menú que he ordenado, por no hablar de lo que se “informa” sobre mi vida personal, de la cual jamás he hecho alarde alguno.

Tanto los medios tradicionales como las redes sociales se hacen eco, cada vez con más frecuencia, de las versiones interesadas de individuos que cuentan 'su verdad' sabiendo que es falsa, pero sin que ello importe en absoluto.

Ya escribí en 2019 un artículo sobre las fake news, en el que, entre otras cosas, hablaba de lo difícil que es hacer desmentidos, demandas y rectificaciones, que siempre llegan a destiempo y con mucha menor visibilidad que la noticia falsa y escandalosa, que prende como el fuego en la broza y se disemina como reguero de pólvora por las redes sociales con la ayuda de los algoritmos e incluso de bots contratados al efecto, cual ejército de mercenarios virtuales al servicio de quien pague por ellos. Internet se ha convertido en la madre que guarda todo lo que se refiere a sus hijos y lo mantiene de manera perenne, sea bueno o malo, por los siglos de los siglos.

Se publican afirmaciones disparatadas, ilógicas. Muchas veces atendiendo a personajes muy cuestionables que se convierten en una especie de gurús que presumen de fuentes de “sabiduría” aún más contaminadas e interesadas hasta formar una comunidad de intereses en la que la veracidad de los hechos se convierte en una quimera, y donde solo arraiga el provecho propio y el engaño al público, en general. 

Con estos mimbres se construyen dosieres, reportajes e incluso libros. En la sombra pululan otros personajes que también buscan hacer su agosto con individuos de este tipo, con fines oscuros y poco sanos.

Tormentas de mierda

En su libro En el enjambre, el filósofo Byung Chul Han habla de shitstorms, literalmente “tormentas de mierda”. Lo define como un fenómeno genuino de la comunicación digital que es posible en una cultura de la falta de respeto y la indiscreción. Como característica especial “se precipitan solo sobre personas particulares, por cuanto las comprometen o las convierten en motivo de escándalo”. Pero resulta que esas personas pueden ocupar también un cargo público, y al difundir esas historias distorsionadas o falsas se degrada el servicio público, y se dinamita la credibilidad de la institución, con la sola pretensión de potenciar la vanidad de quien así actúa, o de conseguir el poder o cargo, en un futuro más o menos próximo.

Sin duda, en estos casos, nos encontramos en demasiadas ocasiones con estas tempestades de difamación y de porquería incitadas por un interés puntual, atacando a una persona concreta que difícilmente se puede defender, insistiendo hasta crear una bola que se transforma en alud. El autor de la mentira, aquel que busca su ganancia, señala con el dedo apuntando a otro lado para desgastar a quien quiere destruir mientras manipula en la sombra. Se cree dueño del bien y del mal; de lo justo y de lo injusto… incluso puede utilizar en vano el nombre de Zola intentando aparentar que ampara a un Dreyfus. Y al final ¿para qué? ¿para ocupar un despacho mejor? ¿para obtener alguna prebenda administrativa? La ética es el ropaje de los dioses, pero la hipocresía solo viste a los mezquinos.

Baltasar Garzón es presidente de FIBGAR.

Fuente: Infolibre.es

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Ideas Propias

La confrontación mundial del siglo XXI está probada, y es dictadura contra democracia. Art Opinión: Carlos Sánchez Berzain

El choque entre los regímenes dictatoriales y los gobiernos democráticos no es una cuestión ideológica, es existencial.

#Democracia #DerechosHumanos #Dictadura #

Diferentes eventos hacen temer el resurgimiento de las dictaduras como modo hegemónico en los gobiernos estatales: 

La posesión del dictador de Nicaragua con su invitado requerido por terrorista Nohsen Razai en representación de Irán / el anuncio de China de financiar en Latinoamérica obras de infraestructura que incluyen 5G con Huawei / el aviso del viceministro ruso de no descartar el “despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela” /la escalada de la tensión de Rusia contra Ucrania /  el control por las dictaduras del 68% el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

son algunos datos que prueban que el eje de confrontación en el siglo XXI es dictadura contra democracia y es mundial.

El dictador de Nicaragua Daniel Ortega junto con el terrorista iraní 

Nohsen Razai que dejó 85 muertos en Buenos Aires.

Genéricamente solo hay dos maneras de organizar el sistema de gobierno de un Estado: la que se funda en el respeto a la libertad y los derechos humanos que es la democracia; y la que concentra el poder indefinida e incondicionalmente en manos de individuos o grupos que violentan la libertad y los derechos humanos de quienes someten, que es la dictadura.

La libertad detallada en el respeto a los derechos humanos es el fundamento de la democracia que implica expresión de la voluntad popular para acceder al gobierno, temporalidad en el ejercicio del poder, naturaleza de mandato que recibe el gobernante con obligación de rendición de cuentas, imposibilidad de concentrar todo el poder por la división e independencia de los órganos públicos con justicia independiente, sometimiento a la ley que estructura el estado de derecho, libre organización política.

La democracia es el sistema en que el derecho y la libertad propios solo puede tener por límite el derecho y la libertad de los demás y está lejos de ser un sistema perfecto, pero no hay uno mejor.  Winston Churchill consagró la célebre frase de que “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”.

Toda forma o sistema de gobierno en el que se subordine la libertad y el respeto de los derechos humanos a la voluntad de un individuo o grupo y en el que se utilice cualquier forma de violencia para tomar y detentar el poder, es una dictadura. El uso de la fuerza o violencia, la concentración de todo el poder en una persona o grupo, la permanencia indefinida en el poder o el propósito de hacerlo, la inexistencia de garantías que institucionalizan la violación de las libertades individuales y la impunidad señalan la dictadura.

Disfrazar una dictadura como movimiento político de liberación, revolución social, proceso de cambio, nueva organización del estado, exacerbación nacionalista, concepciones teocráticas de mandatos divinos o inspiraciones religiosas, son algunas de las formas con las que se pretende –con algún éxito de publicidad- presentarlas como aceptables e incluso como “nuevas u otras formas de democracia”. El esfuerzo general consiste en otorgar una legitimidad que no tienen los regímenes violatorios de los derechos humanos y de crimen organizado.

Las Américas en el siglo XXI están marcadas por dos hechos antagónicos: 1.- la institucionalización de la democracia mediante un tratado constitutivo obligatorio para todos los Estados, que es la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima Perú el 11 de septiembre de 2001 que proclama la “democracia como un derecho de los pueblos..”; 2.- La expansión de la dictadura de Cuba con el aporte de capital de Venezuela, estableciendo las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, falsificando la política para encubrir el crimen organizado.

El choque entre los planteamientos y regímenes dictatoriales y las propuestas y gobiernos democráticos no es una cuestión de izquierda y derecha como se trata insistentemente de presentar. La confrontación  entre democracia y dictadura no es ideológica, es existencial.  No hay confrontación ideológica entre la defensa de la libertad y los derechos humanos frente al crimen organizado trasnacional que detenta el poder con “terrorismo de Estado” instalando narcoestados, cometiendo y amparando todo tipo de delitos con fines de impunidad.  El crimen no es una ideología.

La nítida la relación entre las dictaduras de las Américas de propiedad de Cuba y los regímenes dictatoriales de Irán, Rusia, China y otros , es solo el “hecho notorio” de una relación natural entre ellos fundada en las coincidencias de objetivos y métodos que violan la libertad y los derechos humanos y que disfrazan de “antiimperialismo”.

La confrontación mundial del siglo XXI está probada y es dictadura contra democracia, disputando como vivirá la gente en un mundo  capitalista, globalizado y en plena revolución tecnológica. Es la confrontación de toda la historia de la humanidad -libertad o barbarie- pero en nuestro tiempo los principios y valores señalan a las dictaduras como crimen organizado y no como política.

Fuente: Infobae

Art Opinión: Carlos Sánchez Berzain

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

Bolsonaro, una amenaza para la democracia en Brasil, advierte Human Right Watch

Según el reporte, su gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos en varias áreas, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión.

Las elecciones generales de este año en Brasil serán una prueba para la democracia del país debido a las amenazas del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien ha cuestionado la validez de su sistema de votación, dijo el jueves Human Rights Watch.

En su informe anual sobre abusos contra los derechos en el mundo, el grupo con sede en Washington instó al Supremo Tribunal Federal, al Congreso y a otras instituciones democráticas de Brasil a permanecer vigilantes y resistir cualquier intento de Bolsonaro de socavar las elecciones de octubre.

“El presidente Bolsonaro intentó debilitar los pilares de la democracia, atacando al poder judicial y repitiendo acusaciones infundadas de fraude electoral”, dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil.

Su gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos en varias áreas, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión, dijo el informe.

La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe. Bolsonaro planea buscar la reelección en octubre, aunque no ha anunciado formalmente su candidatura.

Brasil registró en 2020 el mayor número de muertes resultantes de la acción policial desde que el indicador comenzó a ser seguido y cerca del 80% de las víctimas fueron personas negras, dijo HRW.

Bolsonaro ha fomentado la violencia policial y ha defendido un proyecto de ley que busca dificultar que los policías respondan por los casos de abusos, añadió.

Su gobierno inició investigaciones penales contra sus críticos, incluso con el uso de la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura militar de 1964-1985 que él defiende, dijo.

Bolsonaro ha promovido proyectos de ley para negar el derecho de muchos pueblos indígenas a sus tierras tradicionales y, en la práctica, legalizar la minería ilegal en esos territorios.

Durante su gobierno, la deforestación en la Amazonia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto desde 2006, como muestran los propios datos del gobierno, señaló Human Rights Watch.

Fuente: Reuters

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Los mandatarios deberían respetar las instituciones democráticas para poder mantener los sistemas gubernamentales libres de autoritarismos y poder mantener una democracia fuerte que ayude el desarrollo de todos los ciudadanos del ´país". 

Guantánamo, en su 20 aniversario, sigue siendo condenado por las “violaciones implacables” de derechos humanos y la impunidad en la prisión.

 A veinte años de la llegada de los primeros detenidos al enclave estadounidense en Cuba, los relatores destacaron las detenciones arbitrarias sin juicio y la tortura perpetrada en esa base militar durante ese periodo. Asimismo, repudiaron la impunidad de los responsables de esos abusos.

#DerechosHumanos #Democracia #Guantánamo #Cuba

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* condenó este lunes el centro carcelario de Guantánamo, afirmando que se trata de un lugar donde se cometen violaciones implacables y continuas de las garantías fundamentales de los detenidos y que constituye una mancha en el compromiso del gobierno de Estados Unidos con el estado de derecho.

Al cumplirse veinte años de la llegada de los primeros detenidos al enclave estadounidense en Cuba, los relatores se refirieron a las detenciones arbitrarias sin juicio y a la tortura o malos tratos perpetrados en esa base militar durante ese periodo como prácticas “inaceptables” para cualquier gobierno, pero particularmente para el estadunidense, que se dice protector de los derechos humanos.

En este contexto, sostuvieron que Guantánamo es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado, así como de la impunidad de la que gozan los responsables.

“Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo”, declararon en un comunicado conjunto.

Una vez más, los expertos pidieron al gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, que regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución, que brinde remedio y reparación a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes, y que obligue a que los responsables de los actos de tortura que rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.

Estados Unidos, miembro del Consejo de Derechos Humanos

“Como miembro recién electo del Consejo de Derechos Humanos, los expertos piden nuevamente a Estados Unidos que cierren esta instalación y terminen este feo capítulo de violaciones despiadadas de los derechos humanos”, apuntaron.

Los expertos señalaron que en 2003, esa prisión albergaba a 700 reclusos y subrayaron que dos décadas después aún quedan 39 detenidos de los cuales sólo nueve han sido acusados ​​o condenados por algún delito y trece serán trasladados.

Refirieron que entre 2002 y 2021, murieron nueve detenidos bajo custodia, dos por causas naturales y, según los informes, siete se suicidaron. Ninguno de ellos había sido acusado o condenado de delito alguno.

“Guantánamo es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales”, enfatizaron.

Todo esto, agregaron, pese a la repetida e inequívoca condena de la operación de esa prisión.

Los expertos en derechos humanos expresaron especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todo este tiempo y repudiaron la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a las que obliga el derecho internacional.

“El estrés y la vulnerabilidad de estas personas y la angustia que viven sus familias continúan sin fin a la vista”, lamentaron.

Comisiones militares

Los relatores especiales denunciaron los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcaron la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos.

Acentuaron las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho que dan lugar a un limbo legal en Guantánamo con su aprobación y apoyo.

Para concluir, los expertos encomiaron la valiente y ardua labor de los abogados defensores que han luchado para proteger el estado de derecho y que han revelado las violaciones de los derechos humanos por parte de las comisiones militares.

Los firmantes del comunicado son la relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer; sobre la trata de personas, Siobhán Mullally; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; sobre el derecho a la integridad física y salud mental, Tlaleng Mofokeng; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

Fuente: Noticias ONU

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Es necesario que exista un esfuerzo por parte de los países democráticos por respetar las reglas de este sistema. En este caso, la utilización de métodos contrarios a los derechos humanos, a la libertad y a la democracia muestran un desprecio hacia el resto de democracias y hacia las personas que no forman parte de su círculo. La democracia se debe defender en democracia y no mediante otro tipo de actuaciones que ponen en riesgo todos los valores que quisieran defender". 

Invasión que golpeó lo más profundo del ser nacional. Panamá, 20 de diciembre.

Historia del la invasión. 

El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invadía Panamá, en lo que luego se conocería con el nombre de “Causa Justa”, una operación que involucró a 25.000 soldados estadounidenses, además de las tropas que habitualmente permanecían en las bases cercanas al Canal de Panamá.

#Panamá #CanaldePanamá #Invasión #EEUU

Su objetivo decían, era capturar al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, militar y político que mantenía en el país una dictadura instaurada por otros militares desde 1968. Su mandato comenzó en 1983, sucediendo a Rubén Darío Paredes y Omar Torrijos.

De ser uno de los más fieles colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), Noriega pasó a convertirse en enemigo de Washington.

El conflicto vino cuando el dictador anunció que que debía abandonar el territorio la Escuela de las Américas de EE.UU., una academia militar que había funcionado en Panamá desde 1946, calificada por los medios como la "escuela de asesinos", donde él mismo se había formado.

Luego de dirigir a la nación centroamericana una campaña de acciones encubiertas para desestabilizarla, el entonces presidente de EE.UU., George Bush (padre), justificó la invasión basado en cuatro razones: por un lado la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá; por otro, la restauración del sistema democrático y el querer asegurar el buen funcionamiento del canal; además de prometer capturar al general Noriega para su conducción a la justicia estadounidense.

No obstante, documentos secretos revelados mucho tiempo después daban cuenta de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca con este inverosímil operación. Una de ellas era abrogar los tratados que involucraban al Canal de Panamá, y asegurar su control más allá del año 2000, y por otra parte, cancelar los contratos con Japón para las alternativas al Canal y cortarle su ascenso al poder mundial.

Fuente: telesur

Invasión que golpeó lo más profundo del ser nacional. 

Art Opinión: Ramiro Guerra.   

Tan bárbara incursión militar en Panamá, no hay argumento que lo justifique. ¿capturar al general Manuel Antonio Noriega? Falso. Cuando tuvieron la oportunidad, le sacaron la tabla a una alzada interna de la fuerza de defensa. ¿Devolver al país, la democracia? Falso. ¿cuál democracia?   La que tenemos hoy, prebendaria y de control plutocrático.

¿Destrucción de las Fuerzas de Defensa y lo que de torrijismo quedaba? Cierto. El torrijismo en la fuerza pública, fue reducido a ceniza. La ruptura de lo que hoy, tenemos como fuerza pública, con el torrijismo fue brutal y violentamente extirpado.

Todo sentido progresista del Estado y de participación popular, fue borrado.

La destrucción de vidas y bienes aún espera un audito real. 

Con razón, se señala que la invasión militar, vino cazada con un programa de retorno o vuelta al poder de los grupos tradicionales del poder económico.  Es la realidad que estamos viviendo hoy.

Lo anterior es tan cierto, que la cobardía de los gobiernos post invasión, que han sido presos del temor de declarar el 20 de diciembre como de duelo nacional, ha sido evidente.

En torno a la fecha, se han tejido mentiras para desvirtuar la heroicidad de panameños, que entregaron su vida, civiles y militares, defendiendo la patria.

Intentaron borrar la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos.  No solamente, no declarar el 20 de diciembre como de duelo nacional; no existe ninguna calle o avenida que lleve el nombre del 20 de diciembre.

Destrucción de El Chorrillo por el Ejército Norteamericano

Panamá, los panameños, jamás, deben perder el norte en lo que concierne a preservar la memoria histórica, rica en valentía, heroicidad, lucha, siempre en dirección a que, somos un pueblo que tiene identidad propia y que rechazamos toda forma de vasallaje y abyección.

A los combatientes, a los que entregaron su vida, defendiendo la patria, gloria eterna. patria.

Fuente: El periódico de panamá

Xiomara Castro, nueva presidenta de Honduras

Desde a ALDHU, saludamos la elección de Xiomara Castro como presidenta de, Honduras que viene a restablecer el orden democrático herido desde el golpe de Estado que derrocó a, Manuel Zelaya. El pueblo hondureño reencuentra su camino.

En las elecciones de hoy domingo 28 de noviembre, la oposición política representada por Xiomara Castro, esposa del Expresidente José Manuel Zelaya Rosales, quien fue víctima de un golpe de Estado encabezado por Micheletti, de extrema derecha, se ha alzado con la victoria en esta noche como la próxima y primera presidenta mujer de Honduras.

Con la asistencia de cerca del 65% de registro electoral, habiéndose contabilizado por el Consejo Nacional Electoral de Honduras el 50% de las actas a nivel nacional transmitida por TER; Xiomara Castro, representando a la izquierda hondureña, ha obtenido la victoria por más del 50% de los votos, frente a Nasry Asfura con solo el 35% que representaba a la Derecha  y al oficialismo de Honduras.

A pesar de los esfuerzos del partido gobernante de presentar a Xiomara como una comunista fervorosa, Castro consiguió el apoyo de un importante sector empresarial hondureño al integrar a su equipo económico a tecnócratas respetados y al mismo tiempo apelar a los partidarios más de izquierda de Zelaya en una gran alianza contra la corrupción en ese hermano país centroamericano, con la cual mantenemos una amplia relación comercial.

Este cambio representa un cambio sustancial en ese país y la región desde donde salen caravanas a cada rato rumbo a EE.UU., en razón de las condiciones de vida en las que escasea la oportunidad para la realización material de los sueños de promoción social y económica de millones de hondureños.

Felicitamos, desde este medio, al pueblo hondureño y a la nueva presidenta de Honduras, hecho que pone fin a un gobierno cuestionado por el Fraude electoral, el narcotráfico y la corrupción galopante.

Siendo las 11 de la noche en Panamá, la tendencia era irreversible y daba una clara victoria a Xiomara Castro. El pueblo salió a esta hora a celebrar la victoria en las calles, en San Pedro Sula y otras ciudades como Tegucigalpa.

Fuente: El periódico de panamá

América Latina y el Caribe en busca de un modelo de integración 'a la europea'

 CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el 18 de septiembre, reunió en un solo foro los encuentros y desacuerdos del subcontinente, pero dejó abierta la puerta para construir un espacio común de integración como la Unión Europea (UE), propuesto por el país anfitrión.

El doctor en economía José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a la Agencia Sputnik que la propuesta de López Obrador para impulsar un proceso de integración como la UE "sin duda pone sobre la mesa el debate sobre democracia y derechos humanos, que es precisamente el énfasis del Tratado de Maastricht", que dio origen al pacto europeo.

Ese acuerdo pone énfasis en los asuntos relacionados con la democracia y los derechos humanos.

"Es en estos dos aspectos en los cuales toma relevancia la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua —más allá del nivel de representantes que asistieron a esta reunión de la Celac, comenta—, porque si se quiere impulsar un desarrollo sostenible en el subcontinente, sin duda se debe avanzar en esos dos aspectos que se cuestionan principalmente en esos tres países", añade el académico en declaraciones a esta agencia.

El reconocido investigador de la UNAM agrega que esas materias políticas tienes también importancia en otras naciones de la región.

Se refirió en particular a países donde "por actos de corrupción no se impulsan las economías y se frustran los avances propios de sus sociedades como en Honduras, El Salvador, Argentina, Brasil y Colombia, donde se otorgan grandes recursos y se quedan en el ámbito privado, pero no fluyen a los colectivos de esas naciones".

El referente

En las primeras frases de su discurso en el Palacio Nacional mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a construir un poder político y económico regional similar a la UE que surgió de aquel tratado de Maastricht.

Sin entrar en los detalles del pacto que entró en vigor en noviembre de 1993 -y ahora sufre el prolongado tormento de la salida de Gran Bretaña en el llamado Brexit-, el jefe de Estado anfitrión propuso en su discurso inaugural su interpretación de aquel modelo.

"El ideal de una integración económica con EEUU y Canadá en un marco de respeto a nuestra soberanía, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea", propuso Lopez Obrador.

En el terreno político planteó que los jefes de Estado se comprometan a respetar las decisiones internas de los pueblos y "que ningún Gobierno se arrogue la facultad a someter a otro país bajo ningún motivo, causa o pretexto, o la utilización de dinero, propaganda sanciones económicas diplomáticas o el uso de la fuerza".

El bloque europeo surgió de la firma en Maastricht, Países Bajos el 7 de febrero de 1992, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, que marcó el fin de la Guerra Fría.

El Tratado de la Unión Europea se firmó para fundamentar los intereses de las comunidades europeas, con dos ámbitos de cooperación centrales: una sola política exterior y seguridad común; y un solo ámbito de justicia en asuntos de política Interior.

Resultados de la cumbre

El doctor Martínez, posgraduado en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, dijo además a la Agencia Sputnik que los resultados se presentan en tres ámbitos: en el diálogo político; en la discusión sobre democracia; y en los mecanismos de cooperación en materia sanitaria, cambio climático y colaboración en tecnología.

En lo político, la apertura del diálogo político ocurrió "al más alto nivel" porque asistieron tanto presidentes y ministros de los países integrantes de la Celac".

Otro segundo aspecto decisivo fue que se ventilaron las acciones de las naciones en torno a derechos humanos, democracia y libertad, prosiguió.

Un tercer aspecto es el impulso de nuevos mecanismos de cooperación en torno a el ámbito sanitario y comunicaciones satelitales, detalla.

"Sin duda encontramos que en esta Celac se abre la puerta a una transformación muy importante de este organismo, que nos estará llevando a la reunión que se celebrará el año próximo en torno a la próxima Cumbre de las Américas", anticipa Martínez.

Podrán preparar el terreno en 2021 y 2022 en las siguientes tres áreas muy importantes, indica: la referente a la migración; la cooperación para el desarrollo sostenible; y la referente a democracia y derechos humanos.

"Si los países del subcontinente latinoamericano y caribeño, de manera coordinada, establecen diálogos para poder tener una sola voz ante Washington podrán avanzar para la transformación en su desarrollo, sus ordenes políticos democráticos, y el crecimiento económico", puntualiza.

Esa reunión será convocada por el presidente de EEUU, Joe Biden, a un año de desarrollarse el foro de la Celac, donde "sin duda los países tendrán que desarrollar mecanismos de cooperación para alcanzar un diálogo hacia el futuro con el país más influyente del continente", puntualizó.

Fuente: Sputnik

Democracia, derechos humanos y no intervención

 La aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos.

#Democracia #DerechosHumanos #Autoritarismo #Nointervención

Desde hace décadas, casi todos los gobiernos de las Américas, casi todo el tiempo, han sostenido su firme adhesión tanto a la democracia como a la protección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, han reiterado en cada oportunidad que se les presenta su respaldo enérgico al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. No hay nada peculiar en este comportamiento. Los mismos principios, junto con otros fundamentos básicos del derecho internacional, como la igualdad jurídica de los estados y la solución pacífica de las controversias, están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), e incluso en los documentos de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que el sábado pasado se reunió en México.

Cuando los gobiernos son producto de elecciones abiertas, en donde se respeta a la oposición, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la división de poderes, y donde existe un poder judicial independiente, la convivencia entre los principios de democracia, respeto a los derechos humanos y no intervención, es sencilla, sin controversias. Pero la aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos. El problema fundamental ocurre cuando un gobierno dictatorial exige a todos los demás gobiernos, organismos regionales e internacionales que se abstengan de emitir el más mínimo comentario sobre la falta de democracia o sobre las violaciones a los derechos humanos que ellos están cometiendo, escudándose en el principio de no intervención.

En esas ocasiones los gobiernos dictatoriales, que se mantienen en el poder violando sus propias constituciones, eliminando la división de poderes, sometiendo al poder judicial, reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas de la población, suprimiendo la libertad de prensa y de expresión, encarcelando y hasta ejecutando a líderes opositores, exclaman iracundos que nadie puede opinar sobre las atrocidades que están cometiendo, porque se trata de asuntos internos, que solamente les conciernen a ellos, y las críticas violan el sagrado principio de no intervención. Al proceder de esa manera, reclaman para sí no sólo la representación exclusiva de sus pueblos, sino un inexistente “derecho a la dictadura”.

Pero tal derecho nunca existió. Y menos desde 1945, con la fundación de las Naciones Unidas, cuando la comunidad internacional le dio a dicha organización no sólo la facultad, sino la obligación de velar por la protección de los derechos humanos de todos, en cualquier país, en cualquier momento. Cómo llevar a cabo esa labor, de una forma imparcial, objetiva y atendiendo únicamente a la necesidad de proteger a los derechos humanos ha sido, desde luego, un reto mayúsculo para las Naciones Unidas. Setenta y seis años después, sigue siendo una labor incompleta y perfectible, pero fundamental para el futuro de la humanidad en su conjunto, que todos los gobiernos, la sociedad civil organizada, las organizaciones del sector privado y las universidades deben seguir apoyando.

La tesis de la jurisdicción exclusiva de cada estado sobre temas de derechos humanos se desechó al final de la segunda guerra mundial y México, para su honra histórica, tuvo mucho que ver en la conformación de la tesis de la protección internacional de los derechos humanos, como un sistema subsidiario a los sistemas nacionales.

En enero de 1942 veintiséis naciones, encabezadas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firmaron la Declaración de las Naciones Unidas en que declaraban que era esencial obtener la victoria sobre sus enemigos “para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como preservar los derechos humanos y la justicia, tanto en su propio suelo como en otras tierras…”. https://www.dipublico.org/3684/declaracion-de-las-naciones-unidas-1-de-enero-de-1942/ Más adelante, a fines de 1944, esos tres gobiernos elaboraron el documento de Dumbarton Oaks, que contenía el primer proyecto de Carta de las Naciones Unidas. https://www.google.com/search?q=texto+del+Documento+de+propuestas+de+Dumbarton+Oaks

Las propuestas de Dumbarton Oaks fueron discutidas en México, en la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la Guerra y la Paz, que se reunió en el Castillo de Chapultepec entre febrero y marzo de 1945. Esas propuestas eran mucho menos enfáticas en la protección internacional de los derechos humanos que la Declaración de las Naciones Unidas, por lo que la Delegación de México sometió a dicha Conferencia un proyecto de resolución titulado “Protección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre”. En la exposición de motivos de ese texto se puede leer: “…se ha abierto paso la idea de que el respeto de esos derechos es asunto que interesa directamente a la comunidad internacional; se ha impuesto a nuestra generación la verdad de afirmar que la opresión y la violencia ejercida por un estado sobre los individuos, son motivo de preocupación para todos los demás estados y constituyen una amenaza para la paz mundial”.

Ese proyecto de resolución fue recogido en la Declaración de México que aprobó la Conferencia de Chapultepec. https://www.dipublico.org/glossary/acta-de-chapultepec-1945/ Fue el origen no sólo de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo de 1948, y de que la Carta de la ONU, de junio de 1945, fuera mucho más enfática en la protección internacional de los derechos humanos. También fue uno de los orígenes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. La Carta de la OEA también recogió el mismo espíritu de protección universal de los derechos humanos y añadió el de la democracia representativa.

De modo que no, de ninguna manera se viola el principio de no intervención cuando los gobiernos expresan su preocupación por la falta de democracia y violaciones flagrantes y masivas a los derechos humanos en un país americano, sea el que sea. Existe un extenso marco normativo de los derechos humanos tanto a nivel internacional como regional, con tratados generales y algunos referidos a temas específicos, como la protección de los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, o los trabajadores migrantes, por citar solamente algunos ejemplos.

Que ningún régimen dictatorial exija que se le respete su modo de actuar violando impunemente los derechos humanos. No hay país en el mundo donde no ocurran violaciones de esos derechos. Lo importante, sin embargo, es reconocer esas violaciones cuando hayan ocurrido, implementar medidas de reparación a las víctimas, y medidas de no repetición. Eso es lo que se niegan a hacer los regímenes dictatoriales. Esa es la diferencia con los gobiernos democráticos. México incorporó en el artículo 89 constitucional sus principios de política exterior, entre los que figuran tanto la no intervención como la protección internacional de los derechos humanos. México debe honrar su legado, y sostener siempre el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Eso no es intervención.

MIGUEL RUÍZ-CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Fuente: Heraldo de México

Bukele acelera sus pasos hacia un modelo autoritario en El Salvador

El proyecto político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticado por sus excesos autoritarios, es un proceso que va para largo, según el propio mandatario, lo que significa para sus críticos mayor deterioro de las endebles instituciones democráticas que él ha comenzado ya a desmontar.

Nayib Bukele, durante su alocución al país la noche del 15 de septiembre, con una cuidada puesta en escena, donde estaban representados los poderes públicos, así como representantes civiles y militares. Foto: Presidencia de El Salvador

El presidente aprovechó la conmemoración del bicentenario de la independencia en América Central, el miércoles 15 de septiembre, para revestirla de un toque simbólico y asegurar que su gobierno no dará marcha atrás a los cambios iniciados.

“Este país ha sufrido tanto que no se puede transformar de la noche a la mañana, los cambios importantes, los cambios reales y los que valen la pena llevan tiempo, no son inmediatos, se hacen paso a paso”, aseguró Bukele, en un discurso transmitido en cadena de radio y televisión, la noche del miércoles 15.

Para la oposición, sin embargo, esos cambios han implicado una clara arremetida contra la democracia del país centroamericano, de 6,7 millones de habitantes.

¿Bukele presidente en 2024?

Quizá el cambio más brusco impulsado por el gobierno de Bukele, desde que se instaló en el Ejecutivo en junio de 2019, ha sido el descabezamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por cinco jueces.

Fueron removidos el mismo 1 de mayo cuando se instaló la nueva Asamblea Legislativa, controlada por los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, con 56 de los 84 escaños.

Ese control legislativo permitió al presidente maniobrar para introducir nuevos jueces afines en la cúpula de la Sala Constitucional, que inauguraron su actividad quitando la traba legal para la reelección presidencial continúa.

“Aparentemente estamos en democracia, pero las acciones del presidente son contrarias a la democracia, él está desmantelando la institucionalidad del Estado, y con eso se atenta contra los derechos de toda la población”: Loyda Robles.

Con ello se abre las puertas al mandatario, para que logre un segundo periodo al finalizar el quinquenio actual, en 2024, algo prohibido constitucionalmente hasta hace apenas dos semanas.

Bukele, de 40 años, procedente de una acomodada familia de empresarios originaria de Palestina, se fraguó políticamente como popular presidente de San Salvador (2015-2018) y se inscribe en un neopopulismo con trazos propios, en que destaca su atributo de político milenial, muy dado a comunicarse con la población y a dar a conocer sus decisiones mediante tuits.

La posibilidad de reelegirse inmediatamente después de un primer periodo era restringida por la constitución, bajo la lógica de dar espacio a la alternancia en el poder. Sí lo avalaba después de que pasaran dos periodos presidenciales, según un fallo de 2014 de la Sala Constitucional que fijó el significado del artículo 152 de la Constitución.

Pero la una nueva Sala designada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa reinterpretó ese polémico y confuso artículo de la ley fundamental y concluyó, el 3 de septiembre, que la reelección presidencial continua, es decir, la que sigue a un primer periodo, es factible si el gobernante renuncia a la presidencia seis meses antes de los comicios.

Ese fallo del alto tribunal, duramente criticado por sectores opositores nacionales y organizaciones de derechos humanos internacionales, abre las puertas al mandatario a un periodo más, si es que gana las elecciones previstas para el 2024.

Manual del autoritarismo latinoamericano

De esa forma el presidente salvadoreño estaría siguiendo, casi copiando, el manual del que han echado mano otros presidentes latinoamericanos populistas y con tendencias autoritarias, se inscriban en la derecha o la izquierda, quienes a golpe de sentencias jurídicas emitidas por jueces bajo su control, han trastocado las leyes y se han perpetuado en el poder.

“Si el pueblo otorga el poder, y el pueblo exige esos cambios, sería no menos de una traición no hacerlos”, aseguró el mandatario en su discurso ante representantes civiles y militares de los poderes y la sociedad del país.

El presidente ahora controla los tres poderes del Estado, sin contrapesos que le pongan paro a su estilo de gobierno en el que todo gira alrededor de su figura de milenial, que suele calarse una gorra de beisbol con la visera al revés, poco dado a tolerar la crítica, ya sea de los medios, de organismos internacionales e incluso de gobiernos como el estadounidense.

La mañana del miércoles 15, miles de personas marcharon por las calles de la capital salvadoreña, San Salvador, para protestar contra el avance autoritario del mandatario, en la manifestación contra el gobernante más masiva desde que llegó al poder.

“Estoy marchando por mantener nuestros derechos y en contra de todos los atropellos del presidente Bukele”, señaló a IPS una mujer trans, que no quiso identificarse.

Bukele ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales, en febrero de 2019, beneficiado por el hastío y decepción de los electores con los 20 años que gobernó la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena, 1989-2009), y los 10 años, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, 2009-2019).

Luego su partido arrasó en las legislativas en mayo de 2021 y ahora, con esa movida del máximo tribunal constitucional, controla y mueve los hilos de un segmento de la justicia en el país.

Controla además la Fiscalía General de la República, luego de que la mayoría legislativa oficialista removiera al fiscal Raúl Melara, el mismo 1 de mayo, e impusiera a Rodolfo Delgado, alineado con el bukelismo.

“Aparentemente estamos en democracia, pero las acciones del presidente son contrarias a la democracia, él está desmantelando la institucionalidad del Estado, y con eso se atenta contra los derechos de toda la población”, dijo a IPS la abogada Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Añadió que se están viendo signos que advierten que El Salvador podría estarse encaminando hacia un régimen aún más autoritario, de corte dictatorial, al estilo de Nicaragua.

El presidente de ese país, Daniel Ortega, lleva ya tres periodos consecutivos desde su retorno al poder en 2007, y se encamina a un cuarto mandado, en 2022. Para ello la justicia, bajo su control, ha encarcelado a una decena de candidatos opositores que pudieran disputarle el triunfo.

Una camándula de pasos antidemocráticos

Envalentonado por el abrumador triunfo en las elecciones presidenciales de 2019, Bukele ha dado, en efecto, una serie de pasos que han crispado a los sectores opositores, porque les resulta evidente que en el fondo pretende socavar los contrapesos y gobernar a sus anchas.

Además de las remociones en la Sala Constitucional y en la Fiscalía General de la República, el 31 de agosto, la Asamblea pasó un decreto que establece la jubilación obligatoria de unos 200 jueces.

La narrativa gubernamental ha hablado de un proceso de “limpieza” de jueces corruptos, que los hay, pero sin ninguna investigación expedita sino que el único parámetro es el del retiro laboral: que los letrados sean mayores de 60 años o tengan 30 años de trabajo.

Eso ha sido interpretado como una purga dentro del sistema judicial para, más tarde, ir llenando esos vacíos con jueces afines al bukelismo.

El oficialismo lo ha negado y ha asegurado que se trata de abrir espacios a los abogados jóvenes, y que los jueces en El Salvador no tienen cargos vitalicios.

Todos esos movimientos han encendido las alarmas tanto dentro como fuera de El Salvador.

Vista parcial de manifestantes en la plaza de Francisco Morazán, en el centro histórico de San Salvador, donde el 15 de septiembre se concentraron parte de quienes salieron a protestar contra las crecientes señales autoritarias del gobierno de Nayib Bukele, en la más masiva manifestación contra el presidente desde su llegada al poder, convocada por organizaciones sociales en el día de la Independencia del país. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Sin embargo, el desencuentro entre opositores y Bukele tendrían como base la pugna silenciosa entre dos grupos económicos: la tradicional oligarquía que ha manejado los hilos de la política del país, y nuevos empresarios, pequeños, medianos e incluso grandes, alineados con el presidente, explicó a IPS el analista Dagoberto Gutiérrez.

Gutiérrez, un excomandante guerrillero ahora cercano al presidente, dijo que la oposición demanda una independencia de poderes que, en realidad, nunca ha existido en el país, pues siempre aquella oligarquía movía sus piezas para poner a los funcionarios que mantuvieran el statu quo.

Esa “democracia” auspiciada por la oligarquía, con sus falacias y abusos, está siendo retomada por otro proyecto político, el de Bukele, pero aclaró que las transformaciones esperadas “aún están por verse”.

De momento, según la reciente interpretación del tribunal constitucional, Bukele puede, si quisiera, optar por un segundo mandato al finalizar el actual periodo presidencial. Pero ya no podría competir por un tercero de manera continua.

“¿Pero quién nos asegura que en el futuro, a través de otra jurisprudencia, no van a sacarse de la manga otra reelección?, eso queda como duda, obviamente”, señaló a IPS la abogada Tahnya Pastor.

Agregó que cuando se analizan todas las señales de alarma, “podemos concluir que nos dirigimos hacia la máxima concentración de poder, y la historia ha demostrado que ninguna concentración de poder es buena”.

Sin embargo, al igual que Gutiérrez, la abogada criticó a la oposición porque en el pasado también se ha manipulado por intereses políticos esas mismas instituciones por las que ahora se pone el grito en el cielo.

“La constitución sí se ha reformado en el pasado dependiendo de la conformación del tribunal (constitucional), y la jurisprudencia ha respondido a intereses político partidistas”, afirmó.

Bukele pareciera estar confiado de que, a pesar de las críticas, su proyecto es bienvenido por la mayoría de los salvadoreños, que lo sigue apoyando.

Según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, sobre la aceptación del gobierno de Bukele en su segundo año de gestión, en junio, 9 de cada 10 consultados afirmaron que el presidente representa un cambio positivo para el país.

Obtuvo además una nota de 8,1, considerada alta, y los encuestados identificaron como principal logro del gobierno el buen manejo de la pandemia de covid-19.

No todos comparten ese entusiasmo por Bukele, obviamente, ni todas las críticas vienen de cúpulas académicas, políticas o de activistas.

“No es bueno que alguien gobierne como le dé la regalada gana, eso era cuando habían reyes, pero ya no estamos en esos tiempos”, dijo a IPS el campesino Hernán Campos, oriundo del cantón Cangrejera, del municipio y departamento de La Libertad, en el centro del país.

ED: EG

Fuente: IPS Noticias

¿Debe España reincorporar a Baltasar Garzón a su cargo judicial?

 Art. Opinión: Fabián Salvioli

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó un dictamen el día 31 de julio de 2021, que se hizo público cuatro semanas después -el 25 de agosto-, por el que concluyó que Baltasar Garzón no tuvo garantizado -entre otros derechos- el derecho a un tribunal independiente e imparcial, como consecuencia de los procesos que se siguieron en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel, que derivaron en su condena penal por prevaricación, y la destitución del cargo de juez que ejercía como titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

En el dictamen se subraya que durante el trámite de las causas por delitos cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, el juez Garzón adoptó resoluciones motivadas jurídicamente en relación a su competencia para investigar las denuncias; en cuanto a la causa Gürtel -el proceso que derivó en la condena penal del magistrado-, el examen realizado por el Comité examina a partir de las propias pruebas presentadas por las partes, la interpretación jurídica de la Ley Orgánica General Penitenciaria realizada por Garzón -con la que concordaron otros jueces e incluso el Ministerio Fiscal-, por lo que concluye que ni una ni otra actuación pueden constituir mala conducta, falta grave, ni ausencia de idoneidad que conlleve destitución y la pérdida definitiva de su cargo.

#DerechosHumanos #BaltasarGarzón #Gürtel #España

Los dos procesos contra Baltasar Garzón se desarrollaron en instancia única ante el Tribunal Supremo de España, y los respectivos juicios orales fueron llevados adelante para ambas causas con cinco días de diferencia, destacándose que dos de las personas que lo acusaron en el caso Franquismo, le juzgaron por el caso Gürtel. Uno de ellos, especialmente, dejó evidente su falta de imparcialidad cuando en el primer proceso, asistió reiteradamente a la parte demandante para que modifique sus escritos de acusación respecto de Garzón.

El Comité de Derechos Humanos llega a la conclusión de que en los procesos contra Baltasar Garzón se ha violado el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, en los términos del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que al haber sido condenado en instancia única, sin posibilidad de revisión del fallo y la pena, también se violó la garantía establecida en el artículo 14.5 del mismo instrumento jurídico. Finalmente, asimismo indica que el artículo 446 del Código Penal de España, que castiga el delito de prevaricación para el juez o jueza que dictare “sentencia o resolución injusta” no define qué ha de entenderse por ello, implicando una violación del principio de legalidad, que obliga a los Estados a determinar con claridad, precisión, de manera explícita y exacta la conducta que se prohíbe. Dicha norma, aplicada al caso Garzón, viola el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El dictamen, finaliza resaltando que las violaciones al Pacto requieren la obligación de reparar integralmente a las personas a quienes se les hayan violado los derechos, y destaca para el caso que, entre otras medidas, deben borrarse los antecedentes penales y proporcionar una compensación adecuada, además de tomar las medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

Medir la democracia

España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 27 de abril de 1977, y el 25 de enero de 1985 ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto, que permite la presentación de denuncias por presuntas violaciones al Pacto ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano compuesto por dieciocho personas expertas e independientes que actúan a título personal, no reciben honorarios por su tarea en el mismo, y duran cuatro años en sus funciones; se les elige por mayoría de votos en la Asamblea de Estados Partes en el Pacto, que a 2021 ascienden a 173. La adhesión de España a ambos instrumentos se da desde la recuperación de la democracia, y ello no es casualidad, ya que el régimen democrático resulta consustancial con el concepto de Estado de Derecho basado en los derechos humanos

Pero el nivel de democracia substancial de un Estado no se mide tanto en si ha ratificado o no instrumentos internacionales de derechos humanos, sino más bien en cuánto cumple con las disposiciones establecidas en los mismos en el diseño y ejecución de su política pública, y cuán eficaz es en reparar las violaciones que eventualmente se han cometido.

Los gobiernos de corte autoritario desconocen e incumplen con las sentencias y dictámenes de órganos internacionales; en el caso de los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas -como el Comité de Derechos Humanos- con argumentos decimonónicos se intenta minar o relativizar el valor vinculante de sus decisiones, indicando que constituyen meras “recomendaciones”.

Esas posiciones son incapaces de explicar -entre otras cosas- de qué manera cumplirá un Estado con sus obligaciones vinculantes establecidas en el Pacto, dejando de acatar un dictamen del órgano creado por el mismo Pacto para monitorear su observancia de parte de los Estados a través de diferentes procedimientos, entre otros, la tramitación de comunicaciones individuales conforme al Protocolo Facultativo. Un Estado democrático no tiene excusas, ni jurídicas ni éticas, para incumplir con el pronunciamiento emitido por un órgano internacional de supervisión de derechos humanos en el marco de sus competencias.

El jurista Baltasar Garzón durante la presentación de su nuevo libro, "La Indignación Activa".  EFE

En efecto, en el párrafo 16 de su Observación General N 31 (2004), por la que el Comité describe la naturaleza de las obligaciones establecidas en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresamente ha indicado que “…en los casos en que proceda, la reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos…”. Previamente, al final del párrafo 15 de la citada Observación General, el Comité subraya que “…La cesación de la violación constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo…”. También, la frase final del párrafo 20 de la Observación General N 33 (2008) destaca que “…los Estados partes han de utilizar todos los medios que estén a su alcance para dar efecto a los dictámenes del Comité…”.

En el año 2016, el Comité de Derechos Humanos aprobó las Directrices sobre Medidas de Reparación”; dicho documento señala expresamente que “…Cuando el Comité concluye que una comunicación individual pone de manifiesto violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto, ordena medidas destinadas a proporcionar una reparación íntegra a las víctimas (restitución, indemnización, rehabilitación y medidas de satisfacción), así como a evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro (garantías de no repetición)…”, y cuando aborda las medidas de “restitución”, que: “…Esas medidas pueden consistir, por ejemplo, en la reincorporación de la víctima al empleo que perdió a consecuencia de la violación cometida…” (párrafos 2 y 8).

Honrar los compromisos

En el caso de Baltasar Garzón se han violado los derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como indica el dictamen fijado precisamente por el órgano creado por el Pacto -Comité de Derechos Humanos-; dicha conclusión jurídica es legítima, válida y final; pretender que el Estado puede reinterpretar dicha decisión sobre el fondo del asunto sería brindarle la inconsecuente posición de “juez y parte”, lo que además en el presente asunto resultaría una gran paradoja, ya que ese ha sido -en virtud de la posición asumida por dos magistrados- uno de los elementos valorados en la sustanciación de las causas tramitadas en el Tribunal Supremo, que merituaron la determinación de la responsabilidad internacional de España por violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la resolución del Comité

Queda muy en claro que el Estado debe borrar los antecedentes penales derivados de las causas Franquismo y Gürtel que figuren en el expediente de Baltasar Garzón, y también que debe otorgar una compensación económica -que el Comité no cuantifica, aunque deberá cubrir lógicamente los daños patrimoniales y morales generados-.

Asimismo, al señalar el dictamen el término “entre otras” (inter alia), corresponde formularse la pregunta: ¿Cuáles son las “otras medidas” que el Estado debe tomar para reparar integralmente?

La pérdida del cargo de Juez que detentaba Baltasar Garzón ha sido efecto directo de la sanción penal en su contra establecida en violación al derecho a la justicia; el cese de dicha consecuencia inmediata no puede ser otro que su restitución a la función judicial, y cualquier otra interpretación repugnaría al principio de buena fe que debe guiar el comportamiento de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Finalmente, se requiere la adecuación normativa del artículo 446 del Código Penal de España, que constituye hoy una “ley penal en blanco -indeterminada-” y en consecuencia violatoria del principio de legalidad; dicha medida es indispensable como garantía de no repetición.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de Baltasar Garzón no representa un castigo para España, sino por el contrario la oportunidad de medir la calidad democrática del Estado, a quien le corresponde jurídica y moralmente, dar debido y pronto efecto al mismo, cumpliendo con todas las medidas que hacen a la reparación integral, honrando así sus compromisos convencionales de cara a sus ciudadanos y ciudadanas, y también frente a la comunidad internacional.

Fabián Salvioli es jurista de nacionalidad argentina, y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata; integró el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, presidiéndolo entre los años 2015-2016. Es además, el autor de las Directrices sobre medidas de Reparaciones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 4 de noviembre de 2016.

Fuente: La Vanguardia