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sábado, 28 de mayo de 2022

Declaración del Observatorio Ciudadano a partir del asesinato de Segundo Catril Neculqueo


La Declaración del Observatorio Ciudadano

Por la gravedad de la situación ante un nuevo episodio de violencia en la Araucanía, que termina con la vida de otro comunero mapuche, nos permitimos hacer llegar la Declaración del Observatorio Ciudadano. 



Una emboscada a un microbús que conducía a trabajadores a faenas forestales, ocurrido el día de ayer 24 de mayo, en un sector rural de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, cobró otra víctima fatal. Esta vez se trata de Segundo Catril Neculqueo, mapuche de 66 años, quien recibió un impacto de bala en su cabeza. La emboscada realizada por desconocidos con armas de grueso calibre, deja además otros dos trabajadores mapuches heridos. 

La información disponible da cuenta de que las víctimas de esta emboscada eran trabajadores que participan de una iniciativa impulsada por un dirigente mapuche, Santos Reinao, subcontratista de la empresa CMPC, que se dirigían al fundo Choque, un predio de propiedad de dicha empresa en el que habría un acuerdo entre las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu, para su reforestación parcial con bosque nativo.  

Aunque ninguna organización o grupo de personas ha reivindicado la emboscada, es posible que el hecho tenga relación con la situación de conflictividad generada por la presencia de las forestales como CMPC ha generado en la zona. Cabe dar cuenta que existe un total del 48.792,6 Hectáreas de plantaciones forestales, correspondientes al 43,6% de la superficie total de la comuna de Lumaco, plantaciones que se encuentran sobre Territorios y tierras de propiedad ancestral del pueblo mapuche, e incluso sobre tierras de propiedad legal del pueblo mapuche, gran parte de las cuales son reivindicas por comunidades y organizaciones mapuche del territorio. 

 Más allá de las circunstancias antes descritas, y de quienes puedan ser los responsables directos de estos hechos, el Observatorio Ciudadano condena enérgicamente este atentado en contra de la vida e integridad de las personas, independiente de quienes sean las víctimas. 

Como organismo de derechos humanos nos parece fundamental señalar en este momento crítico – en que el uso de la fuerza en contra de la propiedad y de personas, tanto mapuche como no mapuche, emerge como una realidad cada vez más presente en la zona– que ninguna causa, sea ésta mapuche, particular o estatal, justifica tomar o dañar la vida o la integridad de cualquier persona. 

De la misma manera, hacemos un llamado de atención a todos los actores presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, a asumir acciones urgentes para frenar y revertir este espiral de violencia que amenaza con escalar, con consecuencias graves para la convivencia intercultural en la zona. 

Hacemos en primer término un llamado al Estado, garante del bien común, incluyendo tanto al gobierno como a las instituciones estatales en general, a desarrollar todos los esfuerzos posibles, no sólo para determinar a los autores de estos delitos y lograr su sanción por la justicia, sino también para abordar los problemas de fondo que subyacen a la conflictividad en La Araucanía y regiones aledañas (Wallmapu), los que desde el Observatorio hemos representado por años, y que están relacionados con la negación de los derechos colectivos del pueblo mapuche, en particular el desposeimiento de sus tierras de ocupación tradicional. 

Hacemos también un llamado enérgico a las autoridades de gobierno a desarrollar con urgencia una estrategia más decidida, sistemática y coherente con miras a posibilitar procesos de diálogo con el pueblo mapuche para lograr, a corto plazo, acuerdos constructivos que permitan abordar la deuda histórica que existe con este pueblo y sus comunidades que resulta fundamental para frenar el clima de violencia existente en la zona.  

Vemos lo anterior, como una medida que se debe tomar en paralelo al trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos últimos meses la Convención Constitucional, en que justamente se proponen las bases de una nueva convivencia plurinacional e intercultural para Chile. 

Asimismo, hacemos un llamado a las empresas forestales presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, las que, con cerca de 2 millones de hectáreas de monocultivos en esta parte del país, han vulnerado por décadas los derechos fundamentales de este pueblo, incluyendo sus derechos de tenencia tradicional, el derecho a participar de los beneficios que dichas empresas generan y el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo. Las instamos a abstenerse de desarrollar prácticas que han conducido a generar divisiones al interior del pueblo mapuche y sus comunidades, y a asumir la responsabilidad que tienen en la generación de la conflictividad y violencia en la zona, haciendo abandono progresivo de ella. 

Hacemos también un llamado a aquellas organizaciones del pueblo mapuche que reivindican el uso de la fuerza - y en algunos casos la resistencia armada - provocando en ocasiones, como lo han hecho por años los agentes del estado, víctimas fatales, a abrirse al diálogo como forma de avanzar hacia soluciones a sus legítimas demandas basadas en los derechos colectivos que les asisten como pueblo.   

Finalmente, instamos a la sociedad civil nacional y regional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a aunar esfuerzos para la construcción de un movimiento de paz basado, no en la defensa de privilegios de unos pocos, sino en los derechos humanos de todos los pueblos y personas que habitamos en esta parte del país, de modo de incidir más activamente en la generación de espacios de diálogo y entendimiento intercultural y plurinacional, urgentes para lograr una paz justa en esta parte del país. 

 

Observatorio Ciudadano 

Temuco, 26 de mayo de 2022 

 

i El Observatorio Ciudadano es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la defensa, promoción y documentación de derechos humanos. Fue creado en septiembre de 2004, en la ciudad de Temuco, Chile, como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por un grupo de ciudadanos de distintos lugares del país, diversas profesiones y procedencia étnica. El Coordinador del Área de DDHH es José Aylwin Oyarzun.  

Declaración Observatorio Ciudadano XX


martes, 3 de mayo de 2022

El candidato colombiano Petro denuncia que lo quieren asesinar y cancela su gira en centro-oeste




 BOGOTÁ (Sputnik) — La campaña del candidato presidencial colombiano de la coalición Pacto Histórico (izquierda), Gustavo Petro, denunció a través de un comunicado un plan que atenta contra la seguridad y vida del político y la cancelación de su agenda política en el Eje Cafetero (centro-este), lugar que visitaría este 3 y 4 de mayo.

"De acuerdo con la labor realizada por equipo de seguridad, que recibió información de primera mano de fuentes de la zona, el grupo criminal 'La Cordillera' estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego", dice el texto dirigido a la opinión pública.

El comunicado añade que las visitas a los departamentos del Eje Cafetero programadas para el próximo 3 y 4 de mayo fueron suspendidas "por motivos de seguridad".

"La Cordillera es una organización paramilitar dedicada al narcotráfico y al sicariato que ha logrado un amplio control sobre las autoridades civiles regionales y políticos del Eje Cafetero, además de algunas instancias de la policía y del ejército, toda vez que algunos de sus miembros participan de dicha organización criminal", detalla la nota.

La información fue verificada por el equipo de análisis e investigaciones de la campaña 'Petro Presidente', "que tuvo acceso a fuentes de alta credibilidad y algunos miembros de la institución policial, los cuales manifestaron que un integrante de la SIJIN [Seccionales de Investigación Judicial y Criminal] que habría participado en el asesinato del líder juvenil Lucas Villa, también sería parte del plan criminal", concluye el texto.

El excomandante de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hoy líder del partido Comunes (izquierda), Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', reaccionó a la noticia en su cuenta de Twitter y rechazó "toda acción violenta para intervenir en política".

"Mi solidaridad con Gustavo Petro ante posible plan para asesinarlo. Que no se repita la historia de [Jorge Eliécer] Gaitán, de [Jaime] Pardo Leal, de [Luis Carlos] Galán, de [Carlos] Pizarro y tantos otros. Viva la vida. Viva la paz", agregó Timochenko en referencia a otros candidatos presidenciales colombianos asesinados en el país.


Fuente: Sputnik 

jueves, 28 de abril de 2022

Falsos positivos en Colombia: las desgarradoras confesiones de los militares que por primera vez reconocen su participación en el asesinato de civiles que pasaban por guerrilleros



"Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos".

Palabras pronunciadas por el militar retirado Néstor Guillermo Gutiérrezen una comparecencia este martes sobre los llamados falsos positivos, la operación del ejército colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) que mató civiles para pasarlos como bajas de combate.

"No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice. Asesinamos personas inocentes, campesinos", dijo Gutiérrez ante un centenar de víctimas convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la corte transicional que investiga el conflicto armado.

Así como otros nueve exsoldados, Gutiérrez dio estas estremecedoras declaraciones durante un evento frente a las víctimas de los falsos positivos en el Catatumbo, en el oriente del país.

"Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que era un combate, que eran guerrilleros, y manchar el nombre de esa familia, destruirla, dejar unos hijos sin padre, dejar unos padres sin hijos", dijo Gutiérrez.

 Daniel Pardo

Corresponsal de BBC Mundo en Colombia

27 abril 2022

Fuente: BBC Mundo

miércoles, 19 de enero de 2022

La médica y líder social Luz Marina Arteaga fue asesinada, convirtiéndose en el sexto asesinato de un líder social en Colombia este año.

 Este 17 de enero de 2022 a la altura de la Vereda La Esmeralda del Municipio de Orocué, Casanare, en las aguas del Río Meta, fue encontrado el cuerpo sin vida de la Líderesa Social LUZ MARINA ARTEAGA HENAO, quien era médica de profesión.





#Justicia #NosEstánMatando

Luz Marina Arteaga, se convierte en el asesinato No. 6  de Líderes/as Sociales en Colombia en lo que va de 2022. Ella fue vista con vida por última vez el 12 de enero sobre las 16:30 horas cuando desembarcó de una lancha en el sector El Pasó de Pelencho.

Según testigos, ella se desembarcó en el lugar que queda a orillas del río Meta y es jurisdicción de Ocué, y se encontró con un hombre desconocido que había llegado en una motocicleta, desde entonces no se supo nada más de ella.

Se sabe que ella ese día tomó una lancha desde su Finca El Raudal ubicada en la Vereda Matarratón del Municipio de Puerto Gaitán, Meta para dirigirse hacia su residencia ubicada en el Municipio de Orocué.

Ella hacía parte de la veeduría al programa de adulto mayor de Orocué y del proceso de lucha por el arreglo y mantenimiento de las carretera y vías de acceso al dicho Municipio y fue reconocida por ser una crítica sobre el uso de los recursos públicos.

Además, era una reconocida líder campesina, defensora de derechos humanos y reclamante de tierras adscrita a varias Organizaciones Sociales del Meta, Casanare y el Oriente Colombiano, desde las que trabajó siempre en defensa del territorio.

Fue la Líderesa Social mas visible de las veredas El Porvenir y Matarratón en el proceso de exigencia de cumplimiento de las sentencias STP-16298 de 2015 de la @CorteSupremaJ y la SU-426 de 2016 de la @CConstitucional.

Dichas sentencias le ordenan a la @AgenciaTierras (ANT) adjudicarles estas tierras estas comunidades campesinas históricas y a las entidades gubernamentales proteger sus sus vidas y demás derechos fundamentales.

Por lo anterior sumado a varias amenazas, existían varias denuncias y un par de Alertas Tempranas emitidas por la @Corpoclaretiana y por @cjyiracastro en 2019 y otra emitida por la @DefensoriaCol en 2020 de las que el gobierno hizo caso omiso.

La propia @UNPColombia mediante la Resolución No. 0009094 del 16 de diciembre del 2019, había notificado el riesgo EXTRAORDINARIO que existía en contra de su vida, sien embargo no tomó las medias reales necesarias para protegerla dado que solo designó un medio de comunicación, un chaleco antibalas más un SLMLMV, que luego la propia entidad quiso revocar, pero al final a través resolución No.3188 del 11 de mayo de 2020, se la confirmaron por 3 meses más y luego quedó desprotegida.

Por todo lo anterior, podemos asegurar que aunque su muerte la haya ejecutado algún grupo criminal, los principales responsables de su asesinato son la @UNPColombia, el @mindefensa y el gobierno nacional en cabeza del criminal de @IvanDuque. (G.E.M.C.).

Fuente: Instituto Colombiano de Derechos Humanos (ICDH)

lunes, 26 de julio de 2021

El negocio de la muerte: la JEP devela otra faceta monstruosa del Estado colombiano

 Eran aproximadamente las dos de la madrugada del 9 de febrero de 2005 cuando, en medio de la oscuridad y armados hasta los dientes, integrantes Patrulla Dinamarca 1 del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército Nacional llegaron hasta un humilde rancho ubicado en la comunidad de El Cerro, en la vereda El Pontón, perteneciente al corregimiento de Atánquez, a una hora de Valledupar en el departamento del Cesar. En el rancho se encontraban la niña perteneciente a la etnia Wiwa, Nohemí Esther Pacheco Zabata, de 13 años de edad y en estado de embarazo, junto con el indígena kankuamo, Hermes Enrique Carrillo Arias, de 23 años de edad. 


Con amenazas y engaños los militares sometieron y retuvieron a estas personas en el lugar, después los sacaron subrepticiamente de la vivienda obligándolos a desplazarse hasta un lugar apartado para, posteriormente, disparar sus fusiles de dotación contra la pareja desarmada e indefensa hasta matarlos. Después de asesinarlos, los militares alteraron el sitio donde cometieron el crimen para simular la ocurrencia de un combate y a las víctimas les pusieron el “kit de legalización”[1] que, en esta ocasión, consistió en un pantalón de la Policía Nacional “…una pistola calibre 7.65 mm marca Star sin número con un proveedor, tres cartuchos calibre 7.65, un revolver calibre 38 mm, una vaina calibre 38, un revolver hechizo, una granada aturdidora y una M26, un radio marca Yaesu, cinco cartuchos 25 mm, un morral color verde envejecido, un bolso, un par de botas de caucho color negro…”[2]. Horas más tarde, los militares presentaron a la pareja asesinada como guerrilleros del Frente 59 de las FARC-EP abatidos en un supuesto combate[3]. Los militares y el Instituto de Medicina Legal no quisieron entregar los cadáveres de las víctimas a sus familiares.


El entonces mayor del ejército Oscar Reinaldo Rey Linares, para esos años sub comandante del Batallón La Popa,  firmó un acta donde certificaba una recompensa de $500.000 COP (alrededor de 131 dólares al cambio actual), entregada a un supuesto informante por los “excelentes resultados” de la operación y reportó a las víctimas como NN[4]. Este fue el precio en el que el Ejército Nacional tasó las vidas de una niña indígena de 13 años embarazada y de un joven de 23 años, también indígena.

Rey Linares era amigo cercano del conocido narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias El Ñeñe[5] y, entre otros favores, le facilitaba aeronaves de la Quinta Brigada para que el narco se transportara[6]. Alias El Ñeñe también era amigo del expresidente[7]  Álvaro Uribe[8] y presuntamente compró votos[9] que ayudaron a que Iván Duque ganase la presidencia en 2018[10].

Pese a las denuncias y alertas sustentadas en pruebas que fueron realizadas por organizaciones sociales nacionales e internacionales, el actual gobierno ascendió a Rey Linares en diciembre de 2020: ahora es Brigadier General, Comandante Quinta División del Ejército Nacional y lidera a “…más de 30 mil soldados que conforman esta unidad militar, responsable de la seguridad en el centro del país representada en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Risaralda, Caldas y la capital de la República”[11].

Este es tan solo uno de los al menos 127 aberrantes casos de asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe cometidos por miembros del batallón La Popa que han sido documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[12] bajo el caso 003 denominado Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, una modalidad de asesinatos de personas inermes cometida principalmente por miembros del Ejército y la Policía Nacional colombianos para cobrar recompensas y presentar resultados falseados en la lucha contrainsurgente. La niña Nohemí y el joven Hermes forman parte de las alrededor de 8.208 víctimas mortales asesinadas en estado de indefensión a manos de miembros de las fuerzas armadas colombianas entre 1978 y 2008 para hacerlas pasar por guerrilleros y guerrilleras muertas en combate (de las cuales al menos 6.402, el 78%, se perpetraron bajo la presidencia de Álvaro Uribe), según datos de la JEP[13].

Esta es una parte de la verdad que revela el trabajo riguroso del mecanismo de justicia transicional tan atacado por los representantes del partido del actual gobierno. La JEP, mediante los Autos 125 y 128 de 2021, ha revelado aspectos fundamentales de este crimen que es, a su vez, crimen de Estado, crimen de lesa humanidad y crimen de guerra, cometido por miembros de las fuerzas armadas en alianza con grupos paramilitares y funcionarios civiles del Estado.

El 2 de julio de 2021, en su Auto 125, la JEP determinó los crímenes y conductas ocurridos en el Catatumbo durante los años 2007 y 2008, atribuibles a miembros de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y del Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN) del Ejército Nacional, además de los atribuibles a terceros civiles en el marco de los asesinatos perpetrados en Norte de Santander bajo la modalidad descrita, denominada por los medios de comunicación como “Falsos Positivos”.

El pasado 15 de julio, en su Auto 128 de 2021, este mismo tribunal les imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 militares (dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados) que cometieron asesinatos y desapariciones forzadas falsamente presentados como bajas en combate cuando operaron en el batallón La Popa, en el departamento del Cesar.

Dentro de los imputados y máximos responsables se encuentra un amigo entrañable de los poderosos líderes del partido de gobierno Centro Democrático[14], el coronel Publio Hernán Mejía, quien “…comandó el Batallón La Popa entre el 9 enero de 2002 y el 8 de enero de 2004[15], periodo durante el cual la unidad militar reportó 86 bajas en combate, 75 de las cuales corresponden a muertes ilegítimas”[16]. Según denuncias de sus subalternos, en algunas ocasiones este coronel pagó los asesinatos cometidos con cajas de arroz chino y entregándoles $100.000 COP (alrededor de 26 dólares al cambio actual)[17].

Mejía fue condenado en la justicia ordinaria por el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá a 19 años de cárcel y seis meses de prisión, por ser culpable de los delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados ilegales y homicidio en persona protegida. El proceso en la justicia ordinaria estuvo rodeado de una serie de graves hechos como el asesinato de dos testigos, amenazas contra otros y denuncias de la Fiscalía sobre obstrucción a la justicia por parte de los acusados[18]. Después de la condena en la justicia ordinaria, el coronel solicitó ser aceptado por la JEP para así poder salir de la cárcel.

Hallazgos de la JEP en los Autos 125 y 128 de 2021

Frente a estos crímenes, los Autos de la JEP confirman que los imputados perpetraron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, afectando con brutalidad a civiles, especialmente a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. Además, los victimarios conformaron organizaciones criminales que operaban dentro de las unidades militares en alianza con paramilitares. Sus crímenes fueron una conducta “extendida y perpetrada a gran escala”, cuya finalidad era presentar resultados operacionales ficticios en los que mostraron como “bajas en combate” a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército Nacional o por paramilitares. Los crímenes se cometieron con conocimiento pleno de su ilegalidad por parte de los victimarios y los responsables ocultaron sus actos para darles apariencia de legalidad, esto con el fin de responder a las presiones ocasionadas por la política de presentar resultados operacionales basados en la exigencia permanente de bajas o muertes en combate, mejorar la percepción de seguridad en la opinión pública, mostrar avances ficticios en la guerra contrainsurgente y cobrar el dinero de las recompensas.

Los crímenes obedecieron a un plan criminal y se enmarcan en dos macropatrones criminales:

El primero evidencia cómo los victimarios asesinaron, en alianza con paramilitares, a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin tener información previa real que verificara estos señalamientos y sin haber tenido lugar ningún combate.

El segundo patrón muestra cómo los victimarios basaron la elección de sus víctimas en la condición de vulnerabilidad que ellas presentaban: escogieron a personas que no tuviesen familiares o redes de apoyo que intentasen buscarlos posteriormente a su desaparición. Muchas de las víctimas fueron engañadas por las estructuras criminales mediante falsas promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para poder atraerlas y asesinarlas. Los perpetradores escogían a estas personas porque presumían que nadie reclamaría por su muerte, debido a la condición de vulnerabilidad dada por su marginalidad. La JEP hizo énfasis en que “…una de las peores formas que adquirió la práctica de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate fue la deliberada manipulación o instrumentalización de las personas con discapacidades cognitivas. Esta forma de instrumentalización de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad pone de manifiesto el daño asociado a la idea de que las personas en condiciones de discapacidad son prescindibles en la sociedad, una constante que ha llevado a perpetuar conductas de marginación, que se concentran en prácticas deleznables como la ‘limpieza social’ y que, a su vez dañan a la sociedad en tanto le impiden reconocerse como diversa”[19].

Además, los Autos de la JEP develan, entre otros aspectos fundamentales, el modus operandi de los victimarios en cuanto a la planeación de los crímenes; la selección de las víctimas; la perpetración de los asesinatos y la simulación del combate; la legalización operacional de los asesinatos; el encubrimiento de los asesinatos, los victimarios y sus alianzas; así como la distribución de funciones y roles en la estructura criminal.

¿Podría ser este un ejemplo de una versión con tintes de “solución final”[20] por parte del nazismo criollo incrustado en las altas esferas del poder?

Conviene recordar que en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado y crímenes de guerra no solo son culpables quienes apretaron el gatillo, también lo son quienes los encubrieron, quienes intentaron ocultar esta realidad, quienes sabiendo que esto ocurría callaron con silencio cómplice y quienes defendieron a los criminales intentando borrar las evidencias de lo sucedido.

Es evidente el peligro que representa para una democracia y para el ejercicio de los derechos humanos el que criminales de lesa humanidad y criminales de guerra no sean juzgados y, por el contrario, se les premie con cargos de poder en la estructura de dominación que es el Estado. Su encubrimiento, sumado a los ataques a la JEP por parte de los líderes del partido de gobierno y de sectores poderosos de las fuerzas armadas, son una muestra del terror que le tienen a la verdad quienes viven cobijados por la sombra de la mentira y se sirven de ella para cometer los crímenes y delitos que los mantienen en el poder. De ahí se desprende la evidente importancia de la labor de la JEP en la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición estipulados en el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP, así como para el ejercicio de una democracia real y garante de los derechos humanos.


Camilo Amador Bonilla Stucka.

Foto tomada de: Vanguardia

martes, 6 de julio de 2021

La Justicia hondureña declara culpable a David Castillo, ejecutivo de una hidroeléctrica, como coautor del asesinato de la activista Berta Cáceres


La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras declaró culpable a Roberto David Castillo Mejía como coautor por el asesinato de la activista ambiental e indígena Berta Isabel Cáceres, ocurrido en 2016.

#DerechosHumanos #BertaCáceres #Honduras #Militar




Castillo, quien fue teniente segundo en inteligencia militar en el Ejército de Honduras (2006-2011), ocupó la presidencia ejecutiva de DESA y fue señalado como coautor intelectual del asesinato de Cáceres.

"Esta es una victoria popular del pueblo hondureño", dijeron desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización de la cual Cáceres fue cofundadora.


Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, mientras dormía en su casa en la Residencial El Líbano en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

La activista, con el COPINH, enfrentó durante años a la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que impactaba al río Gualcarque, indispensable para la sobrevivencia del pueblo indígena lenca.

Castillo, quien fue teniente segundo en inteligencia militar en el Ejército de Honduras (2006-2011), ocupó la presidencia ejecutiva de DESA y fue señalado como coautor intelectual del asesinato de Cáceres.

Justamente al cumplirse dos años del asesinato, el 2 de marzo de 2018, Castillo Mejía fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando estaba a punto de tomar un avión para volar a la ciudad estadounidense de Houston.

De acuerdo con el Ministerio Público, Castillo podría enfrentar una pena de entre 25 y 39 años de cárcel, pero la sentencia se conocerá el próximo 3 de agosto.


Condenas previas

En diciembre de 2019, la Justicia hondureña condenó con entre 30 y 50 años de prisión por este asesinato, y también el intento de homicidio del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, al oficial del Ejército Mariano Díaz, al exmilitar Douglas Geovanny Bustillo, al exgerente de la empresa del Proyecto Agua Zarca Sergio Ramón Rodríguez y al militar retirado Henry Hernández.

También fueron condenados los señalados como sicarios Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez.

Fuente: RT