Páginas vistas en total

martes, 14 de febrero de 2012

LA PERSECUCIÓN JUDICIAL AL JUEZ GARZÓN POR INVESTIGAR CRÍMENES DEL FRANQUISMO


Generales
traidores:
mirad mi casa muerta, 
mirad España rota:
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo 
en vez de flores, 
pero de cada hueco de España 
sale España, 
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, 
pero de cada crimen nacen balas 
que os hallarán un día el sitio 
del corazón.

Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles, 
venid a ver la sangre 
por las calles!

Explico Algunas cosas. Pablo Neruda




114.266 víctimas de la dictadura
franquista  han sido catastradas desde
1936 a 1950
(CiperChile) Poco menos de un año antes de morir, en septiembre de 2009, el escritor José Saramago publicó una dura columna de opinión en el diario El País. Allí se refería a las 114.266 personas que una investigación judicial había catastrado como víctimas de asesinatos y desapariciones ocurridas en España entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, después, durante la dictadura del general Francisco Franco. También hablaba de la deuda del Estado español, “que ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico”. 


 Y agregaba:

“La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
Hoy resulta raro ver a Garzón, el hombre que logró la detención de Pinochet a fines de los ’90 en Londres –lo que dio inició una nueva era en el derecho internacional que llevó a muchos ex dictadores a quedarse en sus casas–, sentado en el banquillo de los acusados.

El 23 de enero, El Mundo publicó las claves de las tres causas que Garzón enfrenta ante el Tribunal Supremo, todas por prevaricación. Y la primera de ellas, a la que Saramago se refería en su columna, esta semana entró en la recta final. El delito que se le imputa: investigar los crímenes del franquismo. Un hecho que The New York Times calificó como una “ofensa a la justicia y a la historia”.

Las asociaciones de ultraderecha Manos Limpias y Libertad e Identidad lo acusaron de atribuir a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional. La justicia española acogió la querella y, aunque la persecución judicial ha sido criticada por jueces y fiscales en todo el mundo y a pesar de que la Fiscalía española y la defensa del juez han pedido la nulidad del juicio y su absolución, todo ha seguido su curso. Hoy Garzón, que cuenta con el apoyo del a ciudadanía, se arriesga a que el Tribunal Supremo lo inhabilite por hasta 20 años.

Durante el desarrollo de la fase testimonial del juicio a Garzón, comenzaron a surgir las historias de los familiares que recurrieron a Garzón en busca de justicia, ya que lo consideraban como “la última vía para cerrar heridas”.

José Pérez (76) estaba citado a declarar  para explicar en el Supremo por qué denunció en 2007 en la Audiencia Nacional la desaparición de su madre, pero no pudo ir porque estaba enfermo. Sí llegó María Martín (81), a quien le preguntaron ante el tribunal: “¿A usted la han ayudado hasta ahora a encontrar a su madre?”. Su respuesta fue breve y lapidaria: “No”, dijo con su voz que parece estar apagándose.

Cuando le tocó hablar a Fausto Canales, contó que el 20 de agosto de 1936 un grupo de falangistas entró en siete domicilios del pueblo, uno el de su padre. Fausto tenía dos años. Los detenidos fueron fusilados de madrugada. Y Olga Alcega aseguró que no tenía ningún afán de venganza, sino que lo único que pretendía era saber por qué mataron a su abuelo y quiénes lo hicieron. También declaró Antonio Solsona, cuyo padre también fue desaparecido por darle pan y huevos a los maquis.

Esos son sólo algunos de las decenas de casos que expuso la defensa de Garzón en el juicio, aunque no sólo llegaron allí para defender a Garzón, sino que también para exigirle a la justicia que los ayude a encontrar a sus familiares.

El acusado también declaró ante los magistrados del Tribunal Supremo: “No es cuestión de ideología, sino de que me correspondió un asunto e hice lo que creía que tenía que hacer acomodándome a las leyes nacionales e internacionales”, dijo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario