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miércoles, 1 de febrero de 2012

INDÍGENAS PARAGUAYOS RECLAMAN TIERRAS ANCESTRALES


Indígenas son desalojados de la Plaza uruguaya en
Asunción

La lucha por las tierras que indígenas y campesinos libran en los campos de Paraguay se ha trasladado a Asunción. Todo, al rededor de la Plaza Uruguaya. La policía desalojo con violencia a los indígenas que ocupaban la Plaza y la Comisión del Bicentenario la va a enrejar. Del suceso al tema de fondo: la profunda injusticia y el racismo de las autoridades del país.

En la actualidad, hay alrededor de 80 indígenas acampando en la plaza.

Violencia policial contras ocupantes
“Venimos a pedir al gobierno que nos otorgue agua potable, que construya escuelas en nuestras comunidades, que nos incluya en los programas sociales que llevan adelante”, explicó en guaraní Tomás Domínguez, líder de la comunidad Mbyá Guaraní de la ciudad de Coronel Oviedo, a aproximadamente 130 kilómetros al este de Asunción. “La ciudadanía nos ayuda en cierta forma para tener alimentos mientras estamos en la plaza, sólo así tenemos para comer. Los niños no comieron nada aún hoy”.

La población indígena de Paraguay es de 108.308 personas, según la Encuesta de Hogares Indígenas de Paraguay, llevada a cabo por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos entre mayo y junio de 2008.

De acuerdo al estudio, sólo el 12,2% de la población indígena posee seguro médico y el 40,2% es analfabeta. Además, los datos revelaron que solamente el 5,9% de la población indígena cuenta con servicio de agua potable y únicamente el 21,3% accede al suministro de energía eléctrica. El 40,2% de la población indígena de Paraguay es analfabeta.

(Otramérica) Como ya dijo Bartomeu Melià, antropólogo y  jesuita español, en el diario El País el pasado septiembre, la sociedad paraguaya no está a favor de los indígenas, por mucho que se hable el guaraní o se refieran a ellos como “nuestros hermanos indígenas”. La práctica es diferente.
Y  esto lo contemplamos con acciones como las que se vienen dando en el último mes. La plaza Uruguaya  en Asunción va a ser enrejada y  para ello, previamente, fue expulsado con extrema violencia por parte de la policía un grupo de unos 100 indígenas que ocupaban la zona como forma de denuncia. La finalidad del enrejado propuesta por parte de la Municipalidad responde, supuestamente, a medidas de limpieza y mejora de la plaza. En realidad, se trata de una nueva forma de exclusión de una minoría étnica la cual pretende ejercer su derecho legítimo a manifestarse.
Como afirma Ignacio Telesca, historiador paraguayo, en un país donde el 50% de la población vive bajo la línea de la pobreza, desentenderse de esa realidad para priorizar la estética, es un despropósito.
La Comuna capitalian acariciaba este proyecto desde hace tiempo. De hecho, el  19 de julio de 2011 se firmó el Convenio entre la Municipalidad de Asunción, que administra Arnaldo Samaniego, y la Comisión del Bicentenario, a raíz del cual la Comisión pasa a encargarse de la financiación del proyecto de construcción y vallado.
La tensió  no ha cedido. Unos 200 policías se mantenían el miércoles 11 de enero alrededor de la Plaza y había otro contingente en Plaza Italia, todo para evitar nuevas ocupaciones.
Como señala Telesca, el  tema del enrejado no  es contra los indígenas, sino contra toda protesta social, ceñirse al tema de la estética sería  quedarse en la superficie de un problema que no es indígena, sino paraguayo y que apunta directamente al tema de la reforma agraria. No se trata pues de una reja más o menos, sino de una concepción del país y de la ciudadanía.
 El problema de las tierras malhabidas

Comunidades Guaranies solo exigen  sus
derechos
Desde la época de la dictadura stronista hasta la actualidad, el  mayor porcentaje de tierras está concentrado en manos de grandes terratenientes, políticos y diplomáticos, a los que les fueron entregadas tierras en incumplimiento de la ley agraria, ya que que ésta establece que sólo pueden  adjudicar propiedades a aquellas personas que se dedican habitualmente a las labores agropecuarias y que no tengan en propiedad otros inmuebles rurales; es decir, a campesinos sin tierra.
Entre estos beneficiarios se encuentran políticos oficialistas, traficantes y hacendados de origen brasileño y hasta ex presidentes de la República. En la selecta lista no hay sólo ciudadanos paraguayos,  sino  que hasta el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza fue adjudicatario de 8.000 hectáreas en Nueva Asunción, Alto Paraguay, durante su exilio de un año en el país.
La Comisión de Verdad y Justicia investigó más de 200.000 adjudicaciones entre 1954 y 2003, lo que supone una superficie total de 12.229.594 hectáreas. Según su informe, existen unos  7.851.295 héctareas (64.2%) de tierras que fueron adjudicadas ilegalmente. Se calcula que 3.336 adjudicatarios obtuvieron sus títulos de forma irregular.
Esas hectáreas serían suficientes para asentar a las 300 mil familias sin tierra y su recuperación debería ser mucho menos costosa que la compra de una cantidad similar de tierras a precios de mercado.
Detrás del robo de tierras se encuentran, como apunta Meliá, el agronegocio, con el cultivo de la soja (sexto productor mundial)  y la ganadería. La ganadería latifundista de producción extensiva e ineficiente es una de las principales causas de la alta concentración de tierras, pues sobre una superficie total de 39 millones 700 mil hectáreas que conforman el Paraguay, 16.515.451 hectáreas están en manos de ganaderos. En cuanto al cultivo de la soja, en muchas de las tierras robadas aumentan el envenenamiento y la contaminación del medio ambiente en abierta violación de las leyes ambientales vigentes en el país y el derecho de terceros, sumado esto a la evasión de impuestos y otras ilegalidades.
 El caso indígena

Según el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el 80% de los indígenas dispone de tierra pero sólo la mitad de ellos tiene títulos de propiedad; el resto está titulado a nombre de terceros o en proceso de pago por expropiaciones a nombre del INDI. Conforme a datos de Meliá, hay unas 95 comunidades que no tienen personalidad jurídica, es decir, que no están reconocidas en el INDI. De éstas, la mayoría no tiene tierra propia: 70 están en proceso y 23 no tienen nada.
Estos indígenas que ocupaban la Plaza Uruguaya, pertenecientes a las parcialidades Mbya, Ava Guaraní y Ache reclaman casi 8 mil hectáreas de tierra de la zona de Unión, en San Pedro.
Filemón Torres, antropólogo que tiene a su cargo la Misión Indígena, y Óscar Ayala, titular del INDI,  coinciden en que sólo alrededor de 1.000 hectáreas son útiles, pues el resto es zona inundable. La presión sobre la compra viene de parte de  negociados, pues pretenden cobrar cerca de 8 millones de guaraníes por hectárea, lo que es, además de exagerado, contrario también a la reforma agraria, que establece que  las tierras deben ser adjudicadas a los campesinos o indígenas a precios 10 y hasta 20 veces menor que los del mercado.
A parte de ser tierras que no sirven, el “tekoja”(hábitat) puede estar destruido. La visión de la tierra sólo como propiedad se escapa de la concepción indígena, de modo que las superficies ya no responden a la realidad de sus comunidades, que viven de una estrategia mixta de agricultura, caza, pesca, recolección, trabajo asalariado y, en algunos casos, ganadería. Ahora el área está rodeada de sojeros que dificultan, incluso impiden, el acceso a las parcelas y usan agrotóxicos incumpliendo la legislación ambiental.
Asistimos a un genocidio por omisión, porque el estado paraguayo está incumpliendo la obligación de realizar el derecho a la alimentación de las familias sin tierras pues no está garantizando efectivamente el acceso a la tierra, a asistencia técnica, a insumos, herramientas, créditos, capacitación e infraestructura como agua, sistema de irrigación y electricidad  para que las familias campesinas o indígenas puedan vivir dignamente de su propio trabajo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado tres veces para que el gobierno paraguayo restituya las tierras a los pueblos, de hecho, el fallo más reciente es el de octubre de 2010. Hasta ahora, el estado no ha hecho nada para recuperar estas “tierras malhabidas”(aquellos inmuebles rurales propiedad del Estado que fueron adjudicados de forma ilegal). 
Es por ello que, a fecha de 25 de octubre de 2011, alrededor de 10.000 personas llegaron a la capital desde varios departamentos para exigir la recuperación de las tierras malhabidas. En un comunicado que entregado al presidente Fernando Lugo, la Coordinadora Nacional por la Recuperación de las Tierras Malhabidas -integrada por colectivos y organizaciones de sectores estudiantiles, urbanos, de campesinos, de índigenas y partidos de izquierda- demandaba la creación de una Comisión Especializada para la recuperación de tierras señalando que “las tierras malhabidas son el principal y más escandaloso ejemplo de corrupción que existe en nuestro país, y creemos que todo el pueblo paraguayo, toda la ciudadanía paraguaya, puede y debe manifestarse, movilizarse contra la corrupción por la recuperación de tierras ilegales, robadas, malhabidas”.
Espacios públicos ocupados por la Asociación Nacional Republicana (ANR)

Al parecer, según argumentan las autoridades municipales, los espacios públicos no pueden ser ocupados, pero debe ser que hay distinciones según de quién se trate. Según documentos oficiales de la Junta Municipal de Asunción, la capital del país cuenta con 26 plazas públicas en litigio por las ocupaciones de las seccionales y subseccionales del Partido Colorado; 600 hectáreas son además ocupadas por los cuarteles militares y plazas ocupadas por sectores privados. Por tanto existen alrededor de 1000 hectáreas de propiedad municipal que han sido ocupadas por seccionales y subseccionales del Partido Colorado de manera irregular. Una en concreto, la seccional Nº 12, es a la que pertenecen el propio intendente junto con su hermana Lilian, presidenta del Partido Colorado.
Los fondos para el enrejado provienen de la Comisión del Bicentenario, con la excsusa de volver a los orígenes, cuando estaba enrejada, pero eso fue a fines del XIX, porque antes era un cuartel militar; hasta 1824 vivían allí los esclavos del convento franciscano y ahí estaba su ranchería, y antes de ellos, los mismos indígenas, eran sus tierras, según señala Telesca.
 Plazas libres
La Uruguaya tiene su historia como plaza.  Fue rebautizada con ese nombre en el siglo XIX, tras el fin de la guerra de la Tripla Alianza, cuando el gobierno de Uruguay, a cargo del general Máximo Santos, hizo entrega de los trofeos de guerra y se cambia el nombre de Plaza San Francisco por Plaza Uruguaya en señal de amistad. Es esta plaza un lugar público, de esparcimiento, de protección del ambiente y de una activa convivencia comunitaria en el que convergen las asambleas, marchas, y resistencias que datan de fechas históricas como la manifestación y marcha de los movimientos campesinos e indígenas, la resistencia de los jóvenes de 1996 (carapintadas) y en 1999 durante el conocido como marzo paraguayo.
Previamente al desalojo, tuvo lugar una manifestación en la propia plaza para demostrar el rechazo al enrejado del espacio público. Pero, finalmente, se iniciaron las obras con los desalojos forzados.
El 5 de enero  fueron expulsados de forma violenta el grupo de indígenas y un grupo de manifestantes que estaban realizando una protesta pacífica en contra del enrejado. Fueron también demorados por policías y la fiscalía y detenidos en la Comisaría Tercera de Asunción, según el acta policial, por impedir el trabajo de los obreros municipales.
El 9 de enero, el movimiento ciudadano presentó una carta al presidente Fernando Lugo  para pedir que interponga los recaudos a su alcance a fin de conseguir la paralización de los trabajos.  Este movimiento ciudadano se reúne de tardecita todos los días en la plaza Uruguaya, alrededor de la estatua  del General Artigas,  ante las miradas de desconfianza  de los policías  apostados  en vigilancia del lugar. Formado por organizaciones sociales como ONGS, universitarios, campesinos, indígenas, trabajadores sociales, se manifiestan en contra del enrejamiento, a lo que se sumaron los Avá Guaraní del Movimiento de Pueblo Originario y la Red Paraguaya de Afrodescendientes, remarcando sobre todo la idea de que  la  peor manera de resolver los problemas sociales es cerrar los canales de comunicación y convivencia y encuentro de los pueblos.  (Irene Ayuso Morillo)
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