Piden extradición de militares condenados por Operación Cóndor

 Delegación visita Chile para pedir extradición de militares condenados en Italia por Operación Cóndor 

Tras más de 20 años de investigaciones y procesos judiciales, la Corte Suprema italiana concluyó el año pasado el “Proceso Cóndor”. Iniciado en 1998 tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, el proceso condenó a cadena perpetua a 24 militares y represores latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor, seis de ellos chilenos.

Entre el 15 y el 25 de abril, una delegación italiana compuesta por un abogado y representantes de las víctimas, quienes impulsaron el proceso en Italia, visitará el país para tomar contacto con las partes civiles y testigos del juicio Cóndor que se llevó a cabo en Roma, conocer los lugares donde ocurrieron los hechos delictivos y solicitar la extradición de los condenados. Junto con ello, tendrán diversos encuentros con los familiares de las víctimas, así como con testigos del juicio en Roma, y con autoridades parlamentarias y de gobierno.

La delegación está compuesta por Arturo Salerni, abogado defensor de familiares de víctimas de la Operación Cóndor; Jorge Ithurburu, apoderado de varias de las partes civiles en el juicio, quién además acompañó y asistió a las familias de los desaparecidos chilenos desde sus primeras denuncias en 1999 hasta las sentencias de 2019 y 2021; y Sofia Ithurburu, oficial de medios de 24marzo.it, organización no gubernamental que durante estos años impulsó la acción y apoyó a familiares y abogados en el proceso.

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina. A éstos se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya.

Los chilenos condenados, todos ellos a cadena perpetua, son Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía de Investigaciones; Carlos Luco Astroza, funcionario de la PDI (ambos en libertad actualmente); el ex suboficial Orlando Moreno Vásquez; el ex coronel Rafael Ahumada Valderrama; y los ex brigadieres y miembros de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán. Todos fueron condenados por la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento solo se ha pedido la extradición de los tres primeros, mientras que las de Ahumada, Espinoza y Vásquez se encuentran en proceso.

Para abordar en profundidad este fallo histórico, que impone cadenas perpetuas inapelables, la delegación realizará un punto de prensa en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos este jueves 21 de abril, a las 12 horas.

Para más información: +569 6227 7558 / comunicaciones@museodelamemoria.cl

Las víctimas del proceso

Juan José Montiglio Murúa: 24 años, PS, Jefe de unidad del GAP, fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe de Estado, llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13/09/1973. Permanece hasta hoy en calidad de detenido desaparecido. Por su caso se condenó al ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y está pendiente de resolución.

Omar Roberto Venturelli Leonelli: 31 años, ex sacerdote, militante del MIR, profesor del Departamento de Educación la Universidad Católica, Sede Temuco. Fue detenido en Temuco el 25 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente, tras ser llamado por radio. Llevado al Regimiento Tucapel y luego a la cárcel de Temuco. La familia señaló que se les informó que el 4 de octubre habría sido dejado en libertad; desde esa fecha lo buscaron sin resultado. Por su caso fueron condenados los ex integrantes de la PDI Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, y el ex suboficial Orlando Moreno.

Juan Bosco Maino Canales: 27 años, MAPU, estudiante. Fue detenido el 26 de mayo de 1976 junto a otros dos militantes del MAPU, el matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, en el departamento de la pareja. Todos fueron llevados a Villa Grimaldi, desde donde se les pierde el rostro. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Jaime Patricio Donato Avendaño: 41 años, miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, fue detenido el 05/05/1976 junto a otros cuatro dirigentes del PC, en una «ratonera» montada por agentes de la DINA en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

La delegación

Arturo Salerni, abogado de la familia Montiglio y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), querellantes en la causa. Es, además, abogado de la familia de víctimas de Uruguay, Argentina y Bolivia. Presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y Derechos Civiles (CILD, cild.eu)

Jorge Ithurburu, apoderado de varias de los familiares de víctimas de la Operación Cóndor, ha acompañado las denuncias desde su judicialización en 1999, hasta las últimas sentencias dictadas en 2021. Presidente de la organización 24marzo Onlus (24marzo.it).

Sofia Ithurburu, agregada de prensa de 24marzo. Contacto: sofia@24marzo.it / redazione@24marzo.it / Watsap: +393392875195

Falleció Ernesto Araníbar Quiroga

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, hace saber su profundo pesar por el fallecimiento de Ernesto Aranibar Quiroga

Ernesto fue uno de los pilares de nuestro trabajo continental y un gran embajador de la ALDHU  en Washington, además de rebautizar a la antigua Aladehu como ALDHU. Ya desde muy joven, se caracterizó por ser un líder por la democracia y los Derechos Humanos en Bolivia y el continente.

Ernesto Araníbar Quiroga fue ministro en dos oportunidades y antes de cumplir 33 años. Diferentes Políticos bolivianos destacan su aporte a la economía del país. Conocido como el padre de la desdolarización, una medida que se aplicó durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP ) es conocido por diferentes medidas que impulsaron la economía boliviana. 

Expresamos también nuestras condolencias a su hermano Antonio, vicepresidente de la ALDHu, solidarizándonos con su irreparable pérdida.

Licencia para matar. Art Opinión: Susana Seleme Antelo

“No se trata apenas de una ley... es un problema mucho más grave que apunta a un gobierno autoritario, decidido a imponer su voluntad por encima del interés nacional y sin ninguna predisposición al diálogo. El gobierno de Luis Arce pretende el control de la sociedad, de la economía y de las fuerzas del orden.” Senador Rodrigo Paz Pereyra, en “Periodismo sin Photoshop. MT” 

#Bolivia #EvoMorales #ley1386 #LuisArce

El Día. Santa Cruz de la Sierra.13.XI.2021

Los mandamases del régimen boliviano, Luis Arce, Evo Morales, David Choquehuanca y compañía, creen que haber obtenido 55 % de votos en las elecciones de octubre 2020, les da licencia para matar a la democracia.  

El asambleísta de Tarija José Yucra, afirmó que “... si tenemos que matar, lo vamos a hacer” (Página Siete Digital12. X.2021).  O con despliegue de policías, fuerzas parapoliciales, militares en las calles, o campesinos movilizados por el régimen, con uso excesivo de la fuerza como en Santa Cruz de la Sierra, en Potosí, en Tarija, con gases, con carros Neptuno, pandilleros pagados, amenazando a mujeres, adolescentes y personas discapacitadas. Ya se ha cobrado la vida de un joven campesino, hay decenas de heridos y más de 120 detenidos.  

Es el “poder crudo”, diría Levi-Strauss, para reprimir bloqueos, marchas y paros multisectoriales de gremialistas, transportistas, cooperativistas mineros, sector salud, cívicos y plataformas democráticas contra leyes que solo buscan, como dice el senador opositor, el control total de la sociedad. Las protestas pacíficas son contra la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, más conocida como “ley madre” y otras, más sus abultados anexos que le permitirían al presidente gobernar por decreto. Ese ‘paquetazo’ allana el camino para la incautación de bienes y propiedades por parte del Estado/Gobierno, desecha normas de secreto profesional y financiero a simple denuncia sin orden fiscal, y pueden utilizarse en persecución de adversarios políticos.

Es la dominación para ‘igualar’ a la sociedad hacia abajo y así llevar a Bolivia al socialismo “como en Cuba,” Arce dixit:  https://fb.watch/9dLk7wvpeb/.

Nunca fueron demócratas, por eso Morales violó la Constitución al presentarse a una cuarta elección en 2019, cuando la Ley solo permite dos continuas, y por eso también desconoció el Referéndum de 2016 que le dijo NO. Se subieron al carro de la historia utilizando el método democrático, es decir, el voto, como tantos populistas, pero desecharon la condición social de la democracia, que es el pluralismo político para que ciudadanos y ciudadanas participen en la construcción del destino de su sociedad. 

El MAS y sus jerarcas han optado por la antipolítica desde el poder, no solo para desmantelar los cimientos plurales de la realidad como síntesis de múltiples determinaciones, sino en su forma más radical: la concentración total del poder, a la vieja usanza estalinista: “al   margen de la esfera política”, como escribió Hannah Arendt en los “Orígenes del Totalitarismo”.

En otras palabras, a través de la antipolítica que desemboca en la sinrazón de la violencia y la fuerza bruta.  Es decir, sin compromisos democráticos, sin diálogos, sin debates, sin búsqueda de consensos, sin respeto a la institucionalidad democrática, a la convivencia pacífica entre diferentes, a la independencia de poderes, con un Poder Judicial probo y justo, la transparencia y rendición de cuentas. 

El MAS de Luis Arce, del ex Morales y su jacobino ex vice, creen que ganar elecciones les da potestad para despreciar a los Indígenas del Oriente y para imponer decisiones que atentan contra la libertad personal, y contra identidades socioeconómicas de vida y sobrevivencia de cerca de 80% la población económicamente activa. Es la informalidad, la mayor parte sin recursos suficientes para reproducir su fuerza de trabajo y la de su familia. 

Los del MAS abusan de su mayoría y van contra los derechos políticos de minorías, convertidas en descartables, por eso prescinden de ellas en la conformación de directivas camarales. Están envenenando la democracia porque quieren partido y pensamiento único, al punto que fomentan a tránsfugas político que pasan de la oposición al oficialismo en el Parlamento sin respetar el reglamento ni a las minorías. 

Hay que “robarles el alma”, estará repitiendo el ex vice García Linera, vía la judicialización de la política, la criminalización de la oposición y la generación de una estructura de prensa y propaganda al estilo leninista. Echan mano del uso selectivo de la crueldad política que la aplican sin piedad a la expresidenta Jeanine Añez, con un inventando golpe de Estado. El régimen tiene 52 presos políticos, amén de perseguidos y más de 1200 exiliados de vieja data, más los nuevos. Es la "venganza” del populista cocalero Morales. 

Investigadores que estudian los tentáculos del Primer Comando Capital de San Pablo, Brasil, califican a Bolivia como un santuario del Narcosur, además, de ser país tránsito de cocaína desde Perú y Colombia hacia Brasil y Europa.  Una de las razones para esa connivencia ilegal, según las investigaciones, es que los narcotraficantes cuentan con protección de policías y militares, dados los altos índices de corrupción en Bolivia. De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción del año 2020, Bolivia obtiene apenas 31 puntos sobre 100, igual que México, superado por Venezuela (17), Haití (18) y Nicaragua (22). 

El MAS y sus hombres están robando el presente y el futuro de la sociedad boliviana, que la queremos siempre libre. Ni con 55% de votos tienen licencia para matar la democracia. 

Autora: Susana Seleme Antelo 

LO QUE SÍ QUEREMOS. Artículo opinión: Susana Seleme Antelo

Amo a Santa Cruz porque es una madre generosa que para albergar más hijos se llenó de anillos.

Alcides Parejas Moreno

Y a pesar de esa generosidad, ¡qué manera de maltratar a Santa Cruz porque desde el centralismo andino se reivindica ancestros indígenas distintos a los regionales, a los que califican con explosivos epítetos de confrontación y violencia: separatistas, racistas, oligarcas y el último: ‘golpistas’. No somos ni unos ni otros. Somos autonomistas, también federalistas, que es otra historia, no de ahorita, sino desde que tenemos memoria histórica.

Si esta ‘Nación de la Llanura’, como la llamó don Carlos Valverde Barbery en uno de sus libros, fuera como la pintan el centralismo y sus voceros, los de antaño y los actuales, ¿por qué gran parte de Bolivia se vuelca a Santa Cruz, buscando su lugar en el mundo? Por su tierra y territorios fértiles, por el éxito de su economía abierta, inclusiva y dinámica, por la hospitalidad del ‘alma cruceña’, por su amor de madre generosa, como dice el historiador, profesor, novelista y entrañable cruceño, Alcides Parejas M.

De las 36 naciones indígenas reconocidas por la Constitución Política del Estado, aprobada en referendo, en 2009 –hubo quienes la rechazamos porque ya existían pruebas de las pulsiones autócratas y dictatoriales de Evo Morales- el Estado y el gobierno se centra en una: la aymara. Y ¿qué pasa con las 34 que habitan las Tierras Bajas del Oriente, el Chaco y la Amazonía? Tienen nombre, identidad, lengua e historia: Ayoreodes, Araonas, Buares, Canichanas, Cavineños, Cayubabas, Chácobos, Chiquitanos, EseEjjas, Guaranies, Guarasuw’es, Guarayus, Itonamas, Joaquinianos, Lecos, Machineris, Maropas, Mojeño-Trinitarios, Mojeño-Ignacianos, Monkoxi, Morés, Mosetenes, Movimas, Pacawaras, Reyesanos, Sirionós, Tacanas, Tapietes, Toronomas, T’simanes, Weenhayek, Yaninahuas, Yukis, Yuracares.

Caminando sobre alturas y llanos, siempre pacíficamente, marchan a pie exigiendo el cumplimiento de los Derechos Indígenas que hasta hoy son letra muerta en la Constitución y otras leyes. La marcha actual, la decimoprimera, 11, después de 37 días bajo lluvia, frío, sol ardiente hasta de 40 grados, con los pies ampollados, durmiendo a la intemperie, gente mayor, jóvenes, niñas, niños, tiene final abierto, aunque ya llegó a destino: Santa Cruz de la Sierra.  No podrá el régimen reprimirla como hizo con la VIII, porque se lo impediremos no solo de viva voz, pero pueden ignorarla como siempre. Sus máximas autoridades están invitadas a asistir a las reuniones del recién creado Parlamento de Naciones Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia. ¿Asistirán, o seguirán su malévola política de dividir para reinar?

Por eso, el primero de los SÍ que queremos es que, de una vez por todas, el Estado y el Gobierno reconozcan de buena fe la naturaleza y el carácter pluriétnico y multilingüe de Bolivia, porque el plurinacional se atora en una: la aymara, sin desmerecerla en absoluto.

SÍ queremos que la bandera wiphala, y también la de Patujú, flor nacional, como la khantuta, por Decreto Presidencial Nº 22482de 27 de abril de 1990, y bandera oficial de La Paz por Ley Departamental 167/2018, flameen por igual en reconocimiento a la diversidad que somos.  Por eso, SÍ queremos vivir en democracia, respetando las diferencias, porque la “otredad” existe, como síntesis de múltiples determinaciones.

SÍ queremos desterrar la manipulación en la administración de la justicia injusta y subsumida por el poder político desde el Ejecutivo, con un Fiscalato convertido en represor/opresor, en manos del partido de gobierno hace más de 14 años.

SÍ queremos que la administración de Justicia vaya de la mano de la ética y de los Derechos porque todos somos iguales ante la ley.

SÍ queremos independencia de poderes, para eliminar la criminalización de la política.

SÍ queremos que cese la mentira política, porque menoscaba la capacidad ciudadana para juzgar a quienes violaron reiteradamente Derechos Humanos.

SÍ queremos que se juzgue a los responsables de la muerte de Christian Urresti y las 13 de Porvenir; que se juzgue a los que dieron la orden de ejecución extrajudicial a tres extranjeros en Santa Cruz de la Sierra, a los que ordenaron la represión a la VIII Marcha Indígena, en Chaparina; a los que ordenaron las muertes en Caranavi, La Guardia, Cofadena-Montero, entre otras, todas en el gobierno del ex Evo Morales.

Y también queremos que se esclarezcan las muertes de Senkata y Sacaba, porque, sin juicio justo ya han condenado a la ex presidenta Jeanine Añez, víctima del abuso de la detención preventiva sin guardar el debido proceso, ni la presunción de inocencia, ni sus derechos humanos más fundamentales: el derecho a la vida, a la salud y a su defensa en libertad.

SÍ queremos que el actual presidente, ex superministro de economía durante 13 años del régimen de Morales, explique a Bolivia en qué consistió su “milagro económico” para habernos dejado sin gas, sin soga ni cabra.

SÍ queremos, como pensaba Hannah Arendt, un ámbito público políticamente garantizado, porque sin ese espacio político entre diferentes, “la libertad pierde el espacio para hacer su aparición.”  Por eso, también queremos que, en nombre de Bolivia, dejen de legitimar regímenes dictatoriales en los que la libertada está proscrita.

Eso queremos:  libertad y justicia para seguir siendo la Santa Cruz generosa que siempre fuimos.

Artículo opinión: Susana Seleme Antelo

Misiva de Ex presidenta Añez. Artículo Opinión. (Bolivia)

Art.: Agustín Zambrana

Ex presidenta Añez a la OEA y Comunidad Internacional sugiere que su muerte es la solución...“a veces pienso que es la mejor solución.”

#Carta #DerechosHumanos #Bolivia #ExpresidentaAñez

Jeanine Añez Chavez envía misiva a la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Luis Almagro: "Mis carcelarios quieren que muera en esta cárcel de la que hoy le escribo".

Desde su "frío encierro" cómo ella lo describe, la expresidenta Jeanine Añez, escribió una carta dirigida al Luis Almagro, Secretario General de la OEA, dónde le pide venir a Bolivia junto a la Comunidad Internacional para conocer lo que está pasando con la justicia y los presos políticos en el país. "Mi pedido de clamor y ayuda no es por mí, sino por un país totalmente destruido judicialmente y que su poder judicial está prostituido al gobierno de turno", dice Añez. 

"Señor Almagro y Comunidad Internacional este es el momento que deben venir a Bolivia y poner un alto a los proxenetas del poder que son liderados por Luis Arce Catacora, y Evo Morales Ayma, junto a toda la elite masista", continúa la misiva.

Añez también se refiere al "ultraje" que viven las mujeres que ingresan a la política en el país. "Entienda que ser mujer en la política en Bolivia es casi una maldición, ya que el poder nos ultraja y nos usa para fines personales"

Por último, Añez aclara "soy la expresidenta constitucional de Bolivia, aunque un mentiroso y vil ser humano como Evo Morales y sus sirvientes digan lo contrario".

Desde la ALDHU, su Secretario General, Juan de Dios Parra, declaró al respecto, "la prisión preventiva no es una condena, sino que se trata de una medida cautelar mientras se recogen antecedentes del crimen. No es la única medida cautelar disponible por la justicia (existen otras como la obligación de presentarse ante un juez, , la prohibición de salir del país o la privación de libertad en el propio domicilio, por ejemplo). La prisión preventiva, al no tratarse de una pena, debe ser reducida y debe incluir el mínimo de medidas, además, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) fue ratificada por Bolivia en 1979. En donde el país se comprometió a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. Así como dice su artículo 5:

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

De este modo, se observa que para la CADH, la libertad de todo acusado sólo “podrá ser condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio” (Art. Nº 7.5 CADH).

Además, la Corte Interamericana ha señalado que la prisión preventiva debe ser revisada por las autoridades judiciales y en caso de que no se mantengan los elementos que la motivaron, debe dejarla sin efecto y preferir otra medida menos gravosa. Asimismo, en caso de que surjan nuevos antecedentes, estos deben ser tenidos en consideración. (de Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú, de Nash, C. 2020)

#CartaInExtensa:

“Estimado Luis Almagro (Secretario General de la OEA),

Mientras me observa mi carcelero, aprovecho estas pocas líneas y desde mi oscuro y frío encierro, cada momento pierdo las esperanzas que en Bolivia tengamos justicia verdadera para componer grietas hoy existentes.

Sr. Almagro, clamo a la comunidad internacional que debe venir a Bolivia y ver que está pasando con la justicia y los presos políticos.

Mi pedido de clamor y ayuda no es por mi, sino por un país totalmente destruido judicialmente y que su Poder Judicial esta prostituido al gobierno de turno.

Seguramente mis carceleros quieren que muera en esta cárcel de la que hoy le escribo y a veces pienso que es la mejor solución. Pero eso no arreglará el tema de fondo, que es que en Bolivia la justicia no vale ni arregla sino divide y arruina.

Sr. Almagro y Comunidad internacional, este es el momento que deben venir a Bolivia y poner un alto a los proxenetas del poder que son liderados por Luis Arce Catacora y Evo Morales junto a toda la Elite Marxista.

Sólo le pido a Dios que mueva sus corazones y en estas horas que estará con mi hija, pueda sentir nuestra resignación y tome la decisión de venir a Bolivia con la comunidad internacional.

Entiendo que ser mujer y política en Bolivia es casi una maldición ya que el poder nos ultraja y nos usa para sus fines personales. Soy madre privada de ver a mis hijos, soy una hija privada de ver a mi madre anciana y enferma. Pero lo más importante es que soy la ex presidenta constitucional de Bolivia, aunque un mentiroso y vil ser humano como Evo Morales y sus sirvientes digan lo contrario.

Dios lo bendiga e ilumine en lo que vaya a hacer.

Jeanine Añez Chávez 

Desde la Cárcel en La Paz - Bolivia.

Criminalización de la justicia. Art.Opinión: Susana Seleme Antelo

“Como ser humano he agotado mis límites del esfuerzo; que el sufrimiento no es solo físico y psicológico, que va más allá de todo lo experimentado en mi vida, pues veo ya con cansancio y desesperación las lágrimas impotentes de mis hijos.”  Jeanine Añez: mujer, madre, expresidenta de Bolivia.

La exmandataria interina está presa desde hace cinco meses acusada en tres procesos diferentes de genocidio, terrorismo, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes durante su gestión presidencial de un año (2019-2020).

Si entre los rasgos que definen al sustantivo ‘humanidad’, figuran la sensibilidad y la compasión, convengamos que los mandamases del actual régimen boliviano y sus predecesores del proceso de cambio, carecen de humanidad. Igual que todos los regímenes autocráticos cubiertos de los peores excesos en procesos judiciales, más que delincuenciales, criminales, asevera Laurence Whitehead.

Es decir, dictaduras revestidas de democracia solo porque utilizan el voto ciudadano en elecciones periódicas para legitimarse y legalizar sus desmanes. Buscan el poder total para quedarse usufructuando de él toda la vida, como Evo Morales, expresidente de Bolivia, quien “desde 2006” sigue “la línea que nos dan Fidel y Hugo”. (Página Siete. La Paz. 09.03.2018). Esa línea no fue otra que la estrategia continental de dominación político-ideológica, planificada desde el Caribe y otros afines. (Ver https://www.nexos.com.mx/?p=49024).

Pedir humanidad para Jeanine Añez parece un contrasentido en esta cacería política, en la que matar al enemigo, se convierte en una forma ruin de supervivencia política, enfangada en un sistema de administración de Justicia miserable de hecho y de Derecho. El régimen cuenta con un ejército de arbitrarios ministros, procurador, fiscales, jueces serviles y mandados, responsables de la criminalización de la justicia, del desmantelamiento del Estado de Derecho, del fraude electoral de 2019, de las elucubraciones de un supuesto golpe de Estado, del inverosímil tráfico de armas y demás infundios. Esas son rotundas mentiras, mucho más que posverdades.

Jeanine Añez, de 52 años, madre de Carolina y de José Armando, está imputada y con cárcel preventiva por 6 meses por delitos que no cometió: terrorismo, sedición y conspiración. Antes de que se cumpliesen, le endilgaron otros 6 meses más, a costa de nuevos cargos que redundan en el abuso delincuencial de la detención preventiva, convertida en guillotina selectiva. Jeanine padece un cuadro de hipertensión arterial como enfermedad de base, a lo que se agrega una aguda depresión emocional, pues está incomunicada, las visitas de sus hijos solo por 30 minutos son vigiladas, ha adelgazado 10 kilos en 5 meses y su rostro habla de un sufrimiento severo e impotente.

Como expresidenta le correspondería un juicio de responsabilidades, no la criminalización a la que la someten, privándola de sus derechos constitucionales como su derecho a la vida, defensa en libertad y presunción de inocencia. Morales y los suyos no los respetaron nunca. Lo prueba José María Bakovic, sometido a persecución, hostigamiento y 76 juicios, hasta que lo mataron de infarto, en 2013. No olvido al General de la República, Gary Prado Salmón, quien sobrevive hasta hoy para contarlo, lo mismo que el exgobernador Rubén Costas con 33 juicios a sus espaldas.

La expresidenta asumió su obligación de sucesión constitucional como segunda vicepresidenta del Senado, tras el desmadre creado en Bolivia por Morales, su renuncia, huida, el vacío de poder tras la renuncia en cascada del resto de irresponsables que lo acompañan en su deriva dictatorial, que empezó en 2006.

¿Lo sabrán quienes redactaron el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-OEA) que identifica el origen de la crisis política y social que vive Bolivia, en el incumplimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016? Cierto, esa consulta le dijo NO a la pretendida cuarta elección de Morales, porque violaba el Art. 168 de la Constitución Política del Estado que solo permite una reelección continua. Morales iba por la cuarta. En los hechos, la deriva antidemocrática empezó diez años antes, siguiendo “la línea de Fidel y Hugo”.

Ya en 2016 Morales y los suyos habían barrido la institucionalidad democrática que con tanto esfuerzo Bolivia empezó a construir tras la derrota de las dictaduras militares en 1982. Aquel 2016 ya arrastraban cerca de 100 muertes violentas por las que Morales ni ninguno de sus conmilitones han rendido cuentas, merced a una justicia impune. A Morales, los Derechos Humanos le valen madre: Huanuni, La Calancha, Porvenir, hotel Las Américas, Caranavi, Panduro, La Guardia, entre otros.  Luto colectivo por las víctimas de Senkata y Sacaba, pero no son las únicas.

Pedir que las fuerzas políticas con representación parlamentaria aprueben un juicio de responsabilidades para juzgar a Jeanine Añez, sin incluir a Morales es una insolencia amoral. Es Morales quien nos condujo a este desmadre y retroceso político, jurídico, económico, social, étnico y cultural. No solo durante los casi 14 años de sus tres mandatos, amén de corrupción a granel, sino que aun hoy, no siendo presidente, es él quien manda, ordena y ejecuta.

¿Quiénes son los fachos aquí? Le preguntamos a Luis Arce, presidente formal, quien nos acribilló en la efeméride patria con un discuso de odio frente a los otros diferentes, para después cantar “ya la pagaran fachos de mierda”.  Como apunta Álvaro Riveros Tejada, los fachos son ellos, los del MAS, Movimiento al Sadismo, con su criminalización de la justicia.

Respeto y solidaridad con Jeanine Añez y todos los presos políticos del régimen Morales/Arce

El secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra,  comentó al respecto:

Aún no podemos descifrar los hechos acontecidos durante este lamentable episodio. Por ello desde la ALDHU pedimos a las autoridades Bolivianas que Jeanine Añez acceda a un Juicio justo, con garantías de un correcto proceso y el no abuso político de la prisión preventiva; de este modo el gobierno demostraría que se trata de un ente democrático y justo. 

No convencerán. Art. Opinión Susana Seleme Antelo

 “Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha”. Miguel de Unamuno.

A raíz de un sospechoso peritaje efectuado por la Universidad de Salamanca sobre las elecciones de 2019, recordé esa añeja casa de estudios y a Don Miguel de Unamuno. Afloró el recuerdo ante las manipulaciones del centralismo, consumadas por Luis Arce, presidente formal, y el ex Evo Morales, quien de verdad conduce, manda, ejecuta, y des-gobierna Bolivia.

El fiscal General del Estado presentó el pasado 27 de julio el trabajo de un profesor y dos alumnos de esa Universidad, pagados por el régimen boliviano –$us 30.000- sobre la base de investigaciones de la propia Fiscalía, cooptada por el oficialismo, como toda la administración de Justicia en Bolivia durante los casi 14 de Morales presidente, hoy vigente otra vez.

Dicho peritaje, según el fiscal, cierra el “caso fraude” porque no habría habido tal irregularidad en las elecciones de octubre 18 de 2019, como sí atestigua la auditoría de Análisis de Integridad Electoral, realizada por la OEA: hubo «Manipulación dolosa» y «parcialidad de la autoridad electoral» que alteraron «la voluntad expresada en las urnas».  La auditoría se hizo por “invitación” del entonces régimen de Morales.

Unamuno fue catedrático y rector de la Universidad de Salamanca fundada en 1218, la más antigua de España, y de todas las de habla hispana. Asumo que Morales, máximo dirigente vitalicio de los campesinos ‘cocaleros’ que cultivan la materia prima de la cocaína, no sabe del prestigio de esa Universidad, ni dónde queda, ni quién fue Miguel de Unamuno. Sin embargo, sus consejeros externos en el Caribe y algunos más allá del Atlántico, hasta Eurasia, sí lo saben y utilizan el nombre al margen de toda ética. Todo sea por borrar de la memoria histórica y política el fraude y sustituirlo por un golpe de Estado. Antes utilizaron el nombre de la Universidad de Harvard y del periódico New York Times.

Desenmascarar las maniobras político-mediáticas que involucran el prestigio de instituciones académicas no es difícil, aunque la cofradía del Socialismo del Siglo 21: grupo de Puebla/San Pablo, Cuba, México, Venezuela, Nicaragua, Argentina y sus afines allende los mares tienen sobrado poder político, ideológico, mediático y económico. Lo vienen ejerciendo con éxito, hace más de un siglo, desde el triunfo de la Revolución de 1917 en Rusia para imponer su doctrina.

Lo difícil es hacerles comprender que en Bolivia y en los otros países que los sufren, no somos idiotas. Somos demócratas, mientras ellos pertenecen a los dictadores centralistas, despóticos, concentradores de poder aun cuando ese poder provenga de representantes políticos electos por voto popular.

La frase de Unamuno: “Tenéis que tener en cuenta que vencer no es convencer y conquistar no es convertir”, fue la repuesta al improperio lanzado por el general José Millán Astray: “muera la inteligencia”, una vez consumado el golpe militar contra la República. Corría el 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, cuando Unamuno dio la cara por el valor que nace del intelecto, opuesto al que nace de la histeria exterminadora, como fue el franquismo y como han sido y son todas la doctrinas totalitarias, caudillistas, demagogas y populistas.

El centralismo en Bolivia con Morales/Arce está desechando la posibilidad de una convivencia entre diferentes, por su impotencia de contener a toda la nación diversa, heterogénea, pluri y multi que le da vida, color y amor. Los ejemplos sobran: el censo de población y vivienda, el pacto fiscal, el tema tierra a costa de los propios indígenas de las zonas donde se asientan los llamados ‘interculturales’, invento político-étnico de la mano de la toma del territorio y control de la población, como en Santa Cruz, para consolidar su poder.

El docente de la «U» de Salamanca admitió que su informe, en colaboración con 2 estudiantes se basó en datos proporcionados por la Fiscalía boliviana. Su misión, añade, no era verificar si hubo fraude, sino un trabajo para uso interno del régimen.(Página7.2.VIII. 21). El equipo de la OEA que hizo el análisis integral de las elecciones de 2019 estuvo integrado por 36 especialistas:  auditores internacionales, abogados electorales, estadígrafos, peritos informáticos, especialistas en documentos, caligrafía, cadena de custodia y organización electoral. El informe preliminar fue difundido el 10 de noviembre de 2019. Antes, Morales le pidió a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que no lo hiciera público. Luego, renunció ese mismo día, aunque había decidido hacerlo un día antes, según datos de prensa y testigos de esos días. Hubo fraude no golpe de Estado.

El dirigente cocalero Morales juega el juego de las dictaduras y autocracias en boga, que han eliminado el debate político y sustituido el argumento por el estigma, como bien resume Fernando Mires. Es decir, la satanización del adversario político, a quien consideran el enemigo a destruir, mandarlo a la cárcel, hasta matarlo con histeria exterminadora, de la mano de un poder judicial que perdió su independencia y decencia a favor del poder político, hasta hoy impune.

Art. Opinión Susana Seleme Antelo

¡Dejen de mentir! Art Opinión Susana Seleme Antelo

“La mentira política tiene el efecto de desestabilizar las instituciones al destruir la capacidad de los ciudadanos de confiar en los políticos y hacerlos responsables.” Hannah Arendt

Aplicada esa sentencia a la Bolivia de Morales/Arce, y a otros países,  Hannah Arendt tenía y tiene razón, como siempre. Y es que la ausencia de la verdad en política, es decir la mentira, corrompe la práctica política desde adentro y termina convirtiendo al Estado en una maquinaria que destruye la democracia, sus instituciones, la libertad jurídica y al Derecho como estructura básica de armonización del mundo. Así opinan los expertos antiguos y modernos.

La propaganda política, que encuentra en Lenin el primigenio “padrino de la posverdad” según Víctor Sebestyen, siempre sacrificará la realidad de los hechos y los datos por el beneficio político propio de los autócratas, como el expresidente Evo Morales, sin importar las consecuencias. Esa es la realidad que vive la sociedad boliviana, rehén de la mentira y de la propaganda implacables que el gobierno de Luis Arce, aupado por el expresidente, pretende imponer sobre lo que sucedió en octubre/noviembre de 2019.  Aquí no hubo el golpe de Estado que ahora inventan. ¡Sí hubo fraude en las elecciones del 18 de octubre del mismo año!

El 10 de noviembre de ese año, Morales supo que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, daría a conocer los resultados de la auditoría, solicitada por su propio gobierno. Morales le pidió que no lo hiciera, porque él sabía la chapucería que habían cometido sus adeptos, bajo sus órdenes y la de sus mentores.  Hoy pocos recuerdan que existe el informe final de la OEA donde se constata que hubo “Manipulación dolosa» y «parcialidad de la autoridad electoral» que alteraron «la voluntad expresada en las urnas”. Puntualiza  que “Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave…La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial… Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta.”  Nunca se investigó nada y los responsables del fraude andan impunes, como Morales, hoy reinando y mandando desde su suntuario cocalero, en Chapare.

Después de conocido aquel informe, Morales y su jacobino Vice presentaron su renuncia y luego lo hicieron quienes estaban en la línea de sucesión constitucional, para crear caos social y político por un eventual vacío de poder. Creyó Morales que esas renuncias dejaba al país sin orden ni concierto y que, como en la Venezuela de Hugo Chávez (+) en 2002, se le rogaría que volviera. Pero Bolivia no era Venezuela. Aquí hubo sucesión constitucional.

Ya lo dijimos: la mentira tiene patas cortas y cada vez salen más a la luz los entresijos de la monumental mentira que siguen montando Morales y su partido, el MAS. También algunos vecinos externos, que hacen papelones políticos y diplomáticos, con flagrante deshonestidad. Hoy sabemos que Argentina no envió material bélico a Bolivia, sino un grupo de 12 agentes del grupo “Alacrán”, expertos en operaciones especiales para proteger la Embajada y la residencia del embajador de su país en La Paz, cuando Morales quería incendiarla.  En esas instalaciones se refugiaron miembros del gobierno de Evo Morales, ya renunciado, entre ellos, varios exministros.

La sociedad boliviana sospechó el fraude desde el primer momento, no en vano fueron los 21 días de paro. Sabemos que la crisis política y democrática actual tiene su origen en el desconocimiento del Referéndum de 21 de febrero de 2016, cuando Bolivia dijo NO a una cuarta elección de Morales.  Lo repetiremos sin cansarnos nunca ante los impulsos de Morales y los suyos, no solo de quedarse en el poder para toda la vida, sino de someter a la sociedad a convivir con la mentira, como parte de la estrategia de la propaganda del régimen, con la arrogancia del poder total. Pretenden obligarnos entre el engaño y el propio autoengaño, sin el menor escrúpulo, aparentando ser víctimas, siendo los verdugos de la democracia, mientras mandan a prisión preventiva a la expresidenta Jeanine Añez, y a más de 20 exfuncionarios de su gobierno violando el debido proceso, sin pruebas, solo por sed de venganza, sin atisbos de humanidad.

A Morales y los suyos los mueve el poder de dominación sobre el territorio, la población y, desde luego, sobre el prójimo que le impide lograr su objetivo. La sociedad se lo impidió en 2019 desde la calle y en la calle en paro movilizado 21 días. Entre otros factores, lo hizo huir esa calle llena de ciudadanía consciente y democrática al grito de “nadie se cansa, nadie se rinde, Evo de nuevo, huevo carajo”.  A la calle es adonde tenemos que volver.

Hannah Arendt sabía que la verdad y la política pocas veces han sido buenas compañeras, pero también sabía que la solo verdad de los hechos podía salvar la política. Salvemos la política en Bolivia con la verdad. ¡Basta de mentiras!

Art. Opinión Susana Seleme Antelo

 

Golpes son los que propinó Morales. Artículo Opinión Susana Seleme.

Pienso, analizo, creo y luego afirmo que el ex presidente Evo Morales le propinó al menos 4 golpes de Estado a la democracia boliviana. El primero, es dos en uno: haber desconocido el Referéndum de 2016 que le dijo NO a una cuarta elección, y luego violar la Constitución(art.168) que solo permite dos continuas.  El segundo, haber forzado al Tribunal Constitucional a aprobar esa cuarta elección con el argumento de que era ‘su Derecho Humano’. El tercer golpe fue el fraude en las elecciones del 20 octubre 2019. Por último, su estrategia de renuncia (10.XI.19) para un retorno triunfal después, aun a costa de incendiar el país. 

Si el cerebro es el órgano que solo "se dedica a pensar" y que todo lo que somos y hacemos se origina ahí, asumo que el expresidente Morales, también presidente vitalicio cocalero y de su partido, el MAS, ha utilizado y utiliza su cerebro para brutalizar la política y usufructuar del poder toda la vida. Con la ayuda de serviles leguleyos, hoy elucubra cómo castigar con la mayor saña a quienes ocuparon parte del poder omnímodo que ejerció durante casi 14 años, tras su renuncia (10.XI.2019) y su huida a México (11.XI.2019). Antes mató por mantener ese poder en Porvenir, Hotel Las Américas, Caranavi, Montero, entre otros sitios. 

Fiscalía abre proceso contra Evo por matanza en el hotel Las Américas | Foto: Página Siete

Y comprobamos de lo que son capaces él y su jacobino vice Álvaro García L. tras las declaraciones del ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general Jorge Gonzalo Terceros Lara. Ante el Ministerio Público, el General los desnudó: querían ‘quemar’ la ciudad de La Paz al mando de milicias civiles para enfrentar a ciudadanos y cívicos que, en pacíficos paros llevaban 21 días de protesta por el desaprensivo fraude en las elecciones del 20 octubre de ese año. 

Según el portal eju.tv, la declaración de Terceros “...da luces sobre las amenazas que recibió de Morales para presionarlo a fin de que garantice el ingreso y salida del avión que AMLO (Andrés Manuel López Obrador) le envió. ‘Él (Evo Morales) me dijo: ‘si no me autoriza el ingreso de ese avión usted será culpable de que los 15.000 compañeros que estaban bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad’ y yo le dije: ‘por favor no haga eso, cómo va a hacer eso, ordéneles que se vuelvan que no cometan eso’ y él me indicó: ‘yo ya no tengo el control'”.  

General Terceros | Foto: La Voz de Tarija

El general Terceros también recibió amenazas del Vice. Un día después de su renuncia, recibió su llamada y le dijo que sería responsable de “una matanza y muerte de cientos de ciudadanos en la ciudad de La Paz” si no autorizaba el sobrevuelo de un avión mexicano. Hoy, el general Terceros está con detención preventiva por 4 meses en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra. 

Las declaraciones de Terceros tiran por la borda el relato del golpe de Estado. ¿A quién habrían ‘golpeado’, si él y el jacobino, ya habían renunciado, dejando un vacío de poder porque también instruyeron la renuncia de quienes estaban en la línea sucesoria? Los golpes los dio Morales.  Le creemos a Terceros porque Morales y los suyos son mentirosos, negacionistas y sociópatas.

El general Terceros asegura que el ex comandante de las FFAA, William Kaliman, sabía que Morales renunciaría tres horas antes de sugerirle que lo hiciera. Y lo hizo de forma unilateral, sin consulta ni debate con sus camaradas. ¿Era parte de la estrategia? Antes le había sugerido que acepte una segunda vuelta, que es lo que ameritaba según los datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP, frenada en seco al 83% del conteo, aquella noche de octubre del 2019. 

Morales llorando en su espace a México | Foto: Los Andes

“Volveremos y seremos millones” dijo Morales cuando renunció. Volvió al cabo de 11 meses aupado en 55% de votos que obtuvo su delfín, Luis Arce, votos siempre bajo sospechas por el millón de votantes extra que tendría el Padrón Electoral, desde 2009. De ahí las sucesivas victorias electorales de Morales.  Rosario Baptista, vocal del Tribunal Electoral, recién suspendida de su cargo, será sometida a proceso –puede terminar presa- después de haber dicho que el padrón electoral debía ser revisado. Otras voces lo exigimos antes y ahora. 

El fracaso de la estrategia de Morales y sus compinches se debe, entre otros factores por aquello de que la realidad es síntesis de múltiples determinaciones, a la senadora Eva Copa y su colega Sergio Choque, ambos del MAS. Ellos y otros decidieron dar continuidad a las labores del Poder Legislativo, reconocieron a Jeanine Añez como presidenta constitucional, aprobaron la convocatoria a nuevas elecciones y el cambio de autoridades electorales, pero obstaculizaron tenazmente la gestión del gobierno interino. Bien señala el periodista Eduardo Bowles: “fueron más inteligentes que los cubanos, los Quintana y demás golpistas y por eso ahora se quieren vengar”. La venganza contra Eva Copa, al no elegirla como candidata del MAS a la Alcaldía de El Alto, es una venganza pírrica: con 67 % de los votos, ella ganó con otra sigla.

Morales y Maduro en la búsqueda de dominación | Foto: El Parlante

Morales padece de irrefrenables impulsos de dominación y sed de venganza. Y mete presos a inocentes, como a la expresidenta que nunca cometió los delitos que se le imputan, lo mismo que el exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink, quien tampoco firmó contratos lesivos al Estado ni hizo daño económico alguno. Igual que las más de 20 personas presas del gobierno constitucional interino. 

El cerebro de Morales solo piensa en el poder y sigue dando órdenes desde su reino cocalero en Chapare, por encima del presidente Arce. El impulso de dominación le ha podrido el alma, que está en el cerebro. 

Artículo de Susana Seleme, Consejera ALDHU

Fotos fuente: Cabildeo Digital

Nuestro Juego de Tronos. Art. Opinión.: Susana Seleme Antelo (Bolivia)

 La serie “Juego de tronos” es una descarnada y deshumanizada lucha por el poder. Nuestro juego a la boliviana, no está a la altura de la famosa serie porque aquel era ficción. En el nuestro, apenas empezado el siglo XXI con nuevas figuras políticas, todo es real. 

Y abunda la violencia, que no es solo cortar cuerpos y cabezas, que la hemos tenido. Hay violencia verbal que envenena el ambiente, denigra, hostiga y miente; amenaza con castigos, acomete crímenes contra la democracia porque hace fraudes electorales, desmantela la institucionalidad democrática, politiza la justicia, judicializa la política, agrede la libertad de prensa, comete burradas económicas y menoscaba Derechos Humanos.

Nuestro “juego de tronos” es para que quienes detentan el poder definan qué hacer con las vidas ajenas. Es decir, ejercer poder sobre vidas y haciendas para imponerle a la sociedad un partido único, el partido de gobierno -el Movimiento al Socialismo, MAS- como obstinadamente quiere su ‘jefazo’ ex presidente Evo Morales. Convertido en ‘señor de la guerra’, manda, ordena y decide sobre el destino de Bolivia. Por ejemplo, quiénes van presos preventivamente, a quiénes se imputa, se les sigue juicio y luego se condena. Tiene a su disposición un ejército de matones jurídicos que “arman casos” para que él ejerza la dominación total, para “toda la vida”. Se creen inmortales.

No obstante, la mentira tiene patas cortas, aunque los hombre y mujeres del MAS se desgañiten mintiendo, con cara de “yo no fui”, para imponer la tesis de que no hubo fraude en las elecciones de octubre de 2019, sino un golpe de Estado. Empero, sabemos que sí hubo fraude, corroborado por el lapidario Informe de la OEA y por la Unión Europea. De pronto olvidan que Morales renunció porque vio disminuido su poder militar, policial, político y social tras 21 días de paro pacífico contra el fraude, en todo el país. No recuerdan que él y su Vice huyeron en un avión expreso enviado por su afín ideológico mexicano. Olvidaron que también renunciaron en cadena todos los mandos sucesorios porque querían incendiar Bolivia, sin dragones como los de la serie, sino con masas movilizadas al grito de “ahora sí guerra civil”, con odio, dinamita, fuego y bala

De todos los testimonios conocidos desde entonces a hoy, julio 2021, incluido el Informe/Memoria de la Iglesia Católica de Bolivia, la verdad ya habría absuelto a la expresidenta Jeanine Añez Chávez (54) de los cargos que se le imputaron: terrorismo, sedición y conspiración para detenerla en su Beni natal, trasladarla a prisión en la sede del centralismo y mantenerla incomunicada desde la madrugada del 13 de marzo de 2021. Fue un acto a contrapelo del Derecho, pues como expresidenta Constitucional Interina, le corresponde Juicio de Responsabilidades. En su condición de ciudadana y exsenadora, sus derechos constitucionales también han sido conculcados. Lo mismo que a dos de sus exministros y más de 20 funcionarios de su gobierno por supuestos delitos de “incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución”.

¡Hipócritas! ¿Y qué de las corrupciones cometidas y probadas durante los 14 años de Morales? ¿Y qué de las violaciones contra la Constitución Política del Estado perpetradas por Morales, sus amnésicos ministros y funcionarios viejos y nuevos, como frente al Art. 168 que prohíbe la reelección continua por más de 2 períodos? Los magistrados que aprobaron su “reelección indefinida” en 2017 y mandaron al infierno el voto soberano que en 2016 dijo NO, en un Referéndum, hoy están absueltos: inmunes, impunes y libres como Morales. 

La lucha por el poder en la serie era para ocupar el Trono de Hierro de los Siete Reinos. Aquí, sin ficción, era y es para sentar reales en los símbolos del poder político, el Palacio Quemado o la casa del Pueblo: son contiguos. Al frente, al este o al poniente, desde donde se los mire, está otro símbolo de poder, el Legislativo, ostensiblemente disminuido porque anduvo 14 años subordinado al poder político. Hoy con Luis Arce en el Ejecutivo, ambos siguen las imposiciones de Morales. Si el Legislativo fuese independiente, como manda la norma de garantía democrática, equivaldría a la separación de poderes, con lo cual, el otro Poder, el Judicial, sería también independiente para evitar los abusos de poder.  

El “Juego de tronos” boliviano juega con todos los poderes y hace uso de violencia jurídica a modo de guillotinas judiciales, de la mano del cinismo y una retahíla que impiden que la ética vaya de la mano de la ley. ¡Cuán lejos estamos de la doctrina del Derecho como civilización jurídica que pretende la armonización de la sociedad, diría Umberto Cerroni! La libertad de los modernos, insistiría, como estructura básica de la libertad jurídica, se fue a pique, entre otras razones, por la antipolítica concebida como la dicotomía ‘amigo-enemigo’, contra la razón política de los acuerdos y los pactos por la democracia como convivencia entre diferentes. Amén de los populismos de izquierda, Ernesto Laclau mediante, para granjearse adhesiones acríticas y el voto de sectores sociales, aun a costa de tomar medidas contra el Estado de Derecho. 

En nuestro juego de tronos, la sociedad civil y la sociedad política de oposición están en total indefensión. Sobran represión, violencia e impostura. Faltan vacunas para frenar la pandemia, la sanitaria, porque la pandemia del juego por el poder rudo y duro solo se inmunizará con más y mejor democracia. 

¡Viva mi Patria Bolivia! Artículo: Juan Raúl Ferreira

Por: Juan Raúl Ferreira 3 junio, 20213 junio, 2021

Hugo Navajas, boliviano, diplomático de la ONU que había escondido a mi padre, nos pide que llevemos al expresidente Torres con nosotros. Ahí se empieza a cruzar mi vida con Bolivia.

Ayer estuve un par de horas, declarando sobre esos días en la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad. Habían matado a Toba, Zelmar, Barredo y Whitelaw y desapareció el Dr. Liberoff. Apenas se llevan (11:15 de la mañana) los restos de nuestros amigos al Vapor de la Carrera, buscamos nuestra propia seguridad.

El Dr. Kaufman (Amnesty) desde Londres y Tito Berro Hontou desde Buenos Aires lograron que el Embajador nos encontrara. Al despedirnos del boliviano Navajas, a quien tanto debíamos, nos dice: «por favor lleven al Gral. Torres, (expte. de su país exiliado en B.A.), lo van a matar.» El Embajador (Peter Müller) dice a mi padre: «sus huéspedes son los míos».

Y marchamos a su casa para iniciar al asilo con él. Estaba en su casa. Venció rápidamente la sorpresa para responder: «Gracias, querido Wilson, pero a mí no me van a hacer nada porque soy militar». Acabábamos de llegar huidos a Paris cuando, el 3 de junio, ofrecíamos una conferencia de prensa, interrumpida por una esquela: «Encontraron anoche los restos de Torres acribillado a tiros».

Hasta sus últimos días de vida papá decía que cargaba con esa mochila: «¿Qué nos faltó decirle para convencerlo?». Sin duda el exilio nos hizo más latinoamericanos de lo que ya éramos antes. ¡Al diablo esa costumbre de sentirnos la «Suiza de América»! ¡Qué horror! Fue muy importante compartir destino y lucha con hermanos de la Patria Grande.

Cuando en 1979 logro «status consultivo no gubernamental» en la OEA, fue todo un éxito. No existía. Pero en condición de tal fui a La Paz, a la Asamblea General del organismo. Allí me quedé en lo del diputado socialista Marcelo Quiroga, que habrá estado poco antes en Washington en una Conferencia en la que yo estaba.

Fue la Asamblea donde se discutió el caso de Julio Castro, desparecido en agosto del 77. Un Coronel (Bonifacio) me arremetió a golpes cuando se discutía el tema. Los recortes del diario «Presencia», que aún conservo, son muy elocuentes. Uruguay pide se me expulse de la Asamblea y el expulsado de la misma fue Uruguay.

En esta reunión, Bolivia obtiene un gran triunfo diplomático: la multiliateralización de la disputa con Chile por la salida al mar. Se neutralizó muy rápido. Horas después del discurso de clausura del Presidente Constitucional Guevara Arce, se produjo un golpe de Estado: el del Gral. Natusch Busch. Chile lo usó como argumento de que la inestabilidad boliviana impedía negociar.

Pero eso era lo de menos. Yo regreso a donde me alojaba y creí que habían matado a mi anfitrión. Habían allanado su casa. Se salvó, pero murió poco después durante el golpe de García Mesa. El Golpe fue a las 2 y media de la madrugada. Sobre el mediodía la Fuerza Aérea comenzó a bombardear a civiles concentrados en la Plaza de San Francisco.

Los veíamos caer inermes. Muertos y más muertos: se le recuerda, por la fecha, como la masacre de todos los Santos. Varios días después Diego Achard logró sacarme de Bolivia. Asumió luego Lydia Gueiler, y vino otro golpe: el de García Mesa.

El Golpe encuentra al vicepresidente electo junto a Siles Suazo, Jaime Paz, en Washington, reponiéndose de las heridas de un atentado a su avión. Le ofrecimos lo que estaba a nuestro alcance. Siempre con la sensación de que era poco.

Antes de volver a la democracia ocurre una nueva tragedia: «La Masacre de la Calle Harrington». Fue un 15 de enero del 81. La dirección del MIR fue tomada por asalto y fusilada. En Lima, un boliviano se enteraba cómo habían muerto sus amigos y compañeros de causa: Ernesto Aranibar, el Pirulo. Poco después llega a Washington y le conozco. Pasó a ser de los mejores amigos que me dio el exilio.

Pirulo llegaba con cartas de amigos en común. Por esos tiempos la Asociación Latino Americana de Derechos Humanos (Aldhu) me había pedido la representara en la Capital de EEUU. No podría, la Convergencia tenía apenas un año de vida y a ella me debía. Entonces le ofrezco: «abramos la oficina, le paso los contactos y usted me ayuda…» Lo que él buscaba. «¿Dónde está el titirito de leche?», respondió con humor.

Pobre Pirulo, creo que le di más dolores de cabeza que ayuda. Pero fuimos compañeros de oficina y me abrió las puertas para hacer alguna otra picardía para apoyar la resistencia boliviana. Su hermano Antonio era un referente político en América Latina. Llega el año 1982, en el que cae el dictador y Siles Suazo asume el 10 de octubre la Presidencia.

Con Diego Achard fuimos a su asunción. Cuál no sería nuestra sorpresa que en el acto de asunción, «Pirulo» Aranibar asumía como Ministro de Finanzas de su gobierno. Estuvimos varios días. El Presidente Siles vivía al lado de la suntuosa residencia presidencial y fue en aquella, su casa, donde nos recibió. Son tantas las fotos de esos días que no sé cómo elegir.

Pero hay una que siempre tengo a mano. A la calle Harrington, donde habían matado tantos amigos de Aranibar, tantos y tantas combatientes contra la dictadura, le iban a poner el nombre de «Mártires del 15 de enero». Y me habían designado para llevar a cabo la ceremonia, discurso (foto), corte de cinta, etc. ¡Cómo nos acercó el exilio al sueño de la Patria Grande de Artigas, los libertadores, y más cerca en el tiempo, nuestro maestro Tucho Methol! Iban a seguir muchas visitas a Bolivia en ese lapso.

Wilson fue recibido con honores de Jefe de Estado. Cuando en junio de 1984 preparamos nuestro regreso a Uruguay, papá me manda a Bolivia, Venezuela, Colombia, y Panamá. 4 días, 4 países, 4 Presidentes para pedir solidaridad que nos dieron de sobra para nuestro regreso, sabiendo que iríamos presos.

Pero de esa visita de octubre del 82 nos deparaba más sorpresas. El 12 de octubre, fecha polémica si las hay, sobre cómo debe festejarse, yo ese año lo celebré del mejor modo. El Congreso por iniciativa del Ejecutivo me hace ciudadano boliviano. Mi segunda patria. Al otro día el Ministro del Interior, Mario Roncal, me entregó el pasaporte. En el 91 el Presidente Lacalle visita Bolivia y me invita a acompañarlo.

Al presentar su comitiva le dice al Presidente boliviano: «Juan Raúl no sé si a ti te votó, a mí, seguro que no». Al año siguiente el Presidente Paz Zamora retribuye la visita de Estado y le ofrezco al canciller Gross Espiel mi casa para agasajarlo. Así se hace y en medio del asado, los guitarristas de su gran amigo Alfredo Zitarrosa entraron de sorpresa, algo que siento en el fondo de mi corazón: ¡Viva mi Patria Bolivia!

Paz Zamora convoca a expresidentes para ‘frenar abusos en plena democracia’

 “Ante los intentos de restaurar la dictadura, organizarse para resistir”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Jaime Paz Zamora tras conocerse la aprehensión de la exgobernante Jeanine Áñez junto a dos de sus exministros por el supuesto caso “golpe de Estado”.

De igual manera en una entrevista con un medio de comunicación, anunció que gestiona un encuentro entre exmandatarios del país para asumir una posición sobre la “persecución política y judicial” que afrontan exautoridades del Gobierno transitorio.

En esta oportunidad, Paz Zamora anunció que se contactó con los expresidentes Jorge Quiroga, Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa, a fin de asumir “acciones conjuntas para frenar los abusos en plena democracia”. El encuentro se llevaría adelante en las próximas horas.

“He pedido organizarse para resistir ante los intentos de restaurar la dictadura. Comités Cívicos, juntas vecinales y otras organizaciones deben hacer los esfuerzos para resistir», exhortó Paz Zamora en contacto con El Deber.

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez fue aprehendida en Trinidad, Beni, por el caso “golpe de Estado”. Asimismo, sus exministros Álvaro Coimbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energías, ahora imputados por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. (14/03/2021)

Fuente: La razón

Vicecanciller boliviano y crisis en la frontera con Chile: “Sacando militares y policías no vamos a resolver el tema de la migración”

 

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia.

En entrevista con Ex-Ante, el vicecanciller Freddy Mamani afirma que el problema de los migrantes debe tratarse de manera integral y no enfocarse solo en los venezolanos. Dice que los cancilleres de Chile y Bolivia han conversado sobre el tema, que esperan impulsar una reunión técnica entre ambos países para buscar soluciones y propone hacer lo mismo con Perú y Venezuela. Y responsabiliza “a las acciones unilaterales de Estados Unidos”, sobre todo de Trump, por el éxodo de venezolanos.

¿Hay preocupación del gobierno boliviano por el creciente flujo de migrantes venezolanos por su país?

Consideramos que el tema de la migración es un proceso que se ha dado siempre en la historia de la humanidad. Como Estado hemos dicho que debemos darle importancia a las principales causas que genera una migración forzada, ya sean conflictos bélicos, intervenciones militares o el cambio climático. En el caso de Venezuela esta crisis migratoria ha sido provocada por las acciones unilaterales del Gobierno de Estados Unidos, sobre todo del Gobierno de Trump. Por eso las personas buscan fuentes de trabajo y mejores oportunidades.

“Partiendo desde ese contexto, este desplazamiento de personas en números elevados a lo largo de las fronteras, que muchas veces pasan por lugares no autorizados, genera preocupación en todos los países de la región. También, por la situación de los migrantes, sin importar la nacionalidad de estos, consideramos en Bolivia que el tema de la migración es un tema global y también tenemos que verlo desde un punto de vista de desarrollo social y económico. La migración no es solamente de venezolanos”.

¿Su gobierno ha tomado contacto con Venezuela y con Chile para abordar esta situación?

Hemos tomado contacto [con las autoridades chilenas] a iniciativa del Gobierno de Chile. Nuestro canciller se ha comunicado telefónicamente para abordar el tema. Personalmente he tenido contacto con la vicecanciller chilena Carolina Valdivia para abordar este tema, tener una reunión técnica y explorar algunas posibles acciones integrales, para no solo enfocarnos en el tema de la migración venezolana, porque ahí estaríamos generando también algo de racismo y discriminación.

“Nosotros no creemos que sacando militares y policías a las fronteras vamos a resolver el tema de la migración. Eso tenemos que entenderlo. De la misma manera, tendremos algunas reuniones probablemente en el futuro con Perú y también con Venezuela, porque es uno de los actores en este tema en particular”.

¿Acordaron algunas medidas en conjunto con el Gobierno chileno?

Estamos analizando. Vamos a tener en el futuro cercano una reunión técnica con las instancias correspondientes. Obviamente ahí tiene que estar Migración de ambos países, las direcciones consulares y probablemente las Fuerzas Armadas y policías para trabajar integralmente el tema.

Usted dice que no es un tema de desplegar policías y militares en las fronteras. Pero considerando que estamos en pandemia, ¿es posible que Bolivia aumente el control de sus límites, para impedir el movimiento de los migrantes?

El tema de la migración es uno de los temas que vamos a abordar, porque el aspecto de la salud también lo tenemos que desarrollar, pero sin tomar en cuenta, en particular, el tema de Venezuela.

¿Qué cifras o estadísticas tiene del ingreso y salida de venezolanos en Bolivia?

La Dirección General de Migraciones de mi país maneja los ingresos y salidas de los ciudadanos de las distintas nacionalidades. El Ministerio de Relaciones Exteriores no es responsable de ese tema.

Los venezolanos que ingresan a Bolivia, aparte de los intentan llegar a Chile, ¿también siguen camino hacia Brasil y hacia Argentina?

La información que tengo es que pasan a Chile y una pequeña parte lo hace a Argentina.

¿Qué medidas está tomando su gobierno por la situación que se está viviendo en la localidad boliviana de Pisiga, donde hay venezolanos a la espera de poder cruzar a Chile? ¿Se está considerando instalar ahí un campamento móvil para acoger a los venezolanos?

Se están coordinando algunas acciones internas, obviamente con Migración, con las Fuerzas Armadas, con la Policía, dependiendo de la situación, para ver estos temas. Entiendo que nuestras instituciones han estado en la frontera también viendo, y lo que se ha reflejado en la prensa no era tan complicado. Pero de todas maneras ya se han desarrollado algunas acciones para ver de una manera integral el tema.

El senador chileno José Miguel Insulza dijo en entrevista con Ex-Ante que la única posibilidad “de controlar un poco” esa inmigración irregular “es conversarlo con Bolivia, pero no existe puente con Bolivia en estos temas. […] El tema es la carencia de relaciones”. ¿Concuerda con esa apreciación?

Hay que buscar algunas alternativas de diálogo y coordinación sobre temas que obviamente tienen que ver, porque el tema de la migración tiene que enfocarse desde el punto de vista de los derechos humanos. Ese debe ser el punto de partida y con eso tenemos que sentarnos para trabajar de manera integral y conjuntamente, e identificando las causas.

“Es importante mencionar que, si en el futuro logramos desarrollar alguna reunión técnica entre Chile y Bolivia, que estamos trabajando en ese nivel, también la deberíamos tener con Perú y, sobre todo, con Venezuela. Si excluimos a alguien, obviamente, no es tan conveniente, desde el punto de vista de que somos sudamericanos. Creo que tenemos que integrarlos a todos para trabajar de manera integral”.

Fuente: ex-ante.

Militarización en América Latina en tiempos de Covid-19

 

Esta columna está basada en el paper The militarization of responses to COVID-19 in Democratic Latin America publicado en 2020 en la revista Brazilian Journal of Public Administration

Alrededor del mundo, las repuestas a la crisis sanitaria provocada por el SARS-COV-2 han intensificado el despliegue de dispositivos de control de la población. Por ejemplo, en Polonia, Corea del Sur y Australia se han usado aplicaciones que rastrean el movimiento de personas contaminadas para impedirles salir de sus casas[1]. En América Latina los gobiernos han utilizado sus fuerzas armadas para asegurar el cumplimento de las medidas de aislamiento social.[2] Esto se explica por la debilidad de las agencias civiles, aunada al alto prestigio que estas instituciones gozan entre la población en la mayoría de los países en la región[3].

Para identificar las consecuencias del incremento de la participación de los militares en este contexto, el doctor Igor Acacio y Anaís Medeiros analizan las tareas que se les han encomendado en las 14 democracias del continente y examinan el impacto de esta gestión en las instituciones, así como en el respeto a los derechos humanos en la región. Para ello, consultaron decretos oficiales y las redes sociales de las Fuerzas Armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay entre el 1 de marzo y el 25 mayo de 2020.

EL ROL HISTÓRICO DE LOS MILITARES

El rol de los militares en la historia de América Latina ha sido crucial. El siglo XIX fue la época de los caudillos: militares originarios de los ejércitos de liberación desmovilizados, gobernaron los países que recién se habían independizado. Además de asumir esas tareas políticas, las fuerzas armadas también participaron en levantar la infraestructura de los nuevos estados: se dedicaron a construir puentes, abrir y pavimentar caminos para conectar áreas aisladas con las más desarrolladas, así como a entrenar las policías urbanas y rurales. Esta característica llevó a Brian Loveman a referirse a las fuerzas armadas latinoamericanas como “los guardianes de la nación”.[1]

En el siglo XX, a esas misiones militares se agregaron tareas como la dirección de empresas públicas y las acciones cívico-sociales. Después, en la segunda mitad del siglo, los militares fueron protagonistas de la represión en contra de la oposición política como en Chile, Argentina y Brasil, y más recientemente en el combate al narcotráfico en países como Colombia y México.

En el contexto de la actual crisis sanitaria, su participación ha aumentado considerablemente, lo cual ha generado efectos negativos: la represión violenta de protestas como en el caso de Honduras, el abuso de autoridad por parte de soldados encargados de patrullar las calles durante la pandemia, o de vigilar los centros de contención para las personas que no respetan el toque de queda, como en el caso de El Salvador.

En países donde la rendición de cuentas es más consolidada, como Francia y Estados Unidos, las fuerzas armadas han restringido sus tareas a misiones de corte logístico cómo la construcción de hospitales y la distribución de insumos médicos. En contraste, en países como Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador los militares han actuado en misiones que suelen ser problemáticas para la democracia y vulneran los derechos humanos de las clases populares: la participación en la gestión de la crisis sanitaria y el mantenimiento del orden público. La primera tarea es de corte político y debilita el control democrático sobre las fuerzas armadas pues promueve la politización de estas. A su vez, las actividades policiacas exigen autonomía individual para la toma de decisiones, una habilidad cognitiva que no es central en el entrenamiento militar. [2]

Reconociendo que los retos que impone la crisis del COVID-19 exigen la acción coordinada de diferentes agencias del estado, se espera que las fuerzas armadas, por ser altamente profesionales, participen de las repuestas estatales a la pandemia. Esto no se cuestiona. El tema que nos debe interesar y preocupar como sociedad civil es cuáles tareas estamos delegando a los militares y qué grado de autonomía política se les otorga para implementarlas.

TIPOLOGÍA DE MISIONES MILITARES ANTE LA COVID-19

En nuestro análisis identificamos seis áreas de participación de los militares durante la pandemia del COVID-19:

1) seguridad fronteriza, una misión cercana a la función clásica de los militares de defensa externa;

2) logística, que comprende la distribución de víveres e insumos médicos, así como la repatriación de ciudadanos;

3) atención médica, que incluye desde el apoyo en selección de pacientes, hasta casos de alta complejidad;

4) industria de defensa, sobre todo dedicada a la producción de mascarillas, alcohol gel (o gel hidroalcohólico) y distribución de medicamentos, una misión que, aunque no relacionada directamente con la defensa externa, no implica graves consecuencias sobre el control civil de los militares.

5) gestión política de la crisis, que incluye el nombramiento de militares para cargos políticos en ministerios o para liderar comités nacionales de emergencia que coordinan la respuesta a la pandemia.

y 6) tareas de vigilancia, las cuales abarcan el patrullaje de calles, el manejo de centros de contención y la participación en barreras sanitarias en el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social.

En general, encontramos que las misiones más efectivas fueron aquellas cuyos elementos militares tenían más entrenamiento: seguridad fronteriza, logística, atención médica e industria de defensa.

En casos donde los militares tenían poco entrenamiento, se detectó que sus misiones no se cumplieron satisfactoriamente, o que cometieron abusos de autoridad, como es el caso de El Salvador y Honduras. En este sentido, aunque su participación sea temporal, se tiene que resaltar que el aumento de la participación de los militares puede dañar permanentemente el balance civil-militar y la calidad de la democracia en Latinoamérica, especialmente en países donde dicho equilibrio se encuentra en declive cómo El Salvador, Ecuador y Bolivia.

Hay que recordar que una crisis, como lo es la pandemia actual, puede ser el contexto ideal para reformas políticas. La referencia a un estado de excepción puede facilitar la implementación de medidas políticas autoritarias vigentes, como es el caso de la suspensión de derechos políticos, bajo la justificación de la necesidad del mantenimiento del orden en un contexto de excepción y de inseguridad sobre el futuro. Por otra parte, dado que no es clara la duración de la pandemia, tampoco sabemos hasta cuándo se va a prolongar la militarización de las respuestas a la crisis. Eso permite que los militares actúen prácticamente sin contrapeso o control externo de sus actividades.

En Bolivia, un contralmirante es el director del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), responsable de coordinar las distintas acciones para enfrentar la emergencia por COVID–19 en el país. En Chile, los militares también están a cargo de la gestión de la crisis sanitaria: desde el inicio del 2020, son los encargados de la dirección de las dieciséis zonas de emergencia que se han creado en el contexto de la pandemia.

Brasil es un caso extremo de militarización de la gestión de la crisis sanitaria – y de la política en general. El presidente Jair Bolsonaro ha designado el mayor número de militares para encabezar ministerios públicos en la historia, desde el fin del régimen militar en 1985. Actualmente, 11 ministerios están encabezados por militares, incluyendo el Ministerio de la Salud dirigido por el general Eduardo Pazuello. Además, alrededor de 6000 militares ocupan puestos en secretarías y ministerios. Ese posicionamiento estratégico en el sistema político ha permitido el mantenimiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa en un periodo de contingencia de los gastos públicos y el aumento de los sueldos de los militares brasileños en hasta 72%.

MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Otro conjunto de misiones militares domésticas que merece atención es la asignación de militares en tareas policiales. Un gran número de investigaciones han demostrado que las actividades de seguridad doméstica que generan contacto estrecho entre los militares y la población pueden estar vinculadas a abusos de autoridad y corrupción por parte de los militares, especialmente cuando no existe un objetivo claro de la misión. Esto porque los militares de medio y bajo rangos son entrenados para misiones que requieren un bajo nivel de autonomía. Como un ideal tipo, actividades policiales implican un contacto cercano con la ciudadanía y la toma de decisiones a nivel individual – lo que les permite distinguir sospechosos de inocentes. Por ello, la adaptación de misiones militares hacia las policiacas no es conveniente y atenta contra la protección de las libertades civiles que son centrales para la sobrevivencia de un régimen democrático.

Sin embargo, se insiste en desplegar los militares como policías bajo la justificación de que se trata de la institución más preparada en el momento para enfrentar a grandes amenazas de seguridad. El mejor ejemplo es el caso de México, en donde inicialmente se involucró al ejército para combatir el narcotráfico como medida extraordinaria, y ahora esta medida se ha vuelto permanente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “en la región, y específicamente en México, experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

Países como El Salvador, Guatemala, Chile, Ecuador y Bolivia han utilizado los militares en diferentes niveles para asegurar que la población se quede en sus casas durante la pandemia. La situación es más preocupante cuando los militares son la principal agencia responsable de coordinar los toques de queda, como es el caso de Chile y de Bolivia. Esto es incompatible con la dimensión liberal de la democracia: la preservación del estado de derecho y vulnera las libertades individuales. En Chile, por ejemplo, seis funcionarios del ejército fueron detenidos por abandonar a ocho personas en medio del deserto bajo la acusación de violar la cuarentena. Ese caso no es aislado. En 2019, tras la convocatoria de militares para el control de las calles, se registraron más de 71 querellas contra miembros de las fuerzas armadas.

De la misma manera, en El Salvador, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que defienden los derechos humanos han reportado abusos y violaciones por parte de militares y de las policías. Según el Decreto 19, publicado en marzo de 2020 por las autoridades salvadoreñas, los militares y policías están facultados para encarcelar a quienes violan la cuarentena en centros de detención por 30 días. En consecuencia, miles de personas fueron llevadas a centros de detención sobrepoblados y se encuentran bajo condiciones inhumanas. También se denunciaron abusos de autoridad perpetrados por personal militar y policial a cargo de esas instalaciones en los primeros meses de la pandemia.

El caso de las fuerzas armadas salvadoreñas es un claro ejemplo donde la rendición de cuentas es mínima, ya que tienen más de 220 puestos de control en todo el territorio nacional para verificar el cumplimiento de la cuarentena social, lo que les permite disfrutar de un alto nivel de autonomía en sus actividades.

De manera similar, la intervención de los militares ha incrementado considerablemente en Honduras. La Secretaría de Defensa Hondureña ha reportado más de 15.000 puestos de control en todo el territorio nacional. Las fuerzas estatales han sido acusadas de realizar detenciones arbitrarias y abuso de poder en contra de personas acusadas de violar la cuarentena. Manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades locales y nacionales han sido reprimidas con armas de fuego y gas lacrimógeno. Solamente entre marzo y mayo de 2020, 20.000 personas fueron detenidas por no cumplir con las medidas de aislamiento social en el país.

En Bolivia, con el toque de queda controlado por los militares en el contexto de la pandemia y la implementación de puestos de control militar en todo el territorio, fuentes de medios alternativos denunciaron la represión de manifestaciones pacíficas que denunciaban el hambre en distritos que históricamente han apoyado a Evo Morales. Esto es un ejemplo de cómo el contexto de excepcionalidad de la pandemia ha intensificado la represión política. Al inicio del año, políticos fueron arrestados bajo vagas acusaciones de “terrorismo” y “sedición” por las fuerzas de seguridad, lo que constituye una clara señal del desequilibrio que existe hoy entre civiles y militares en Bolivia.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL EQUILIBRIO CÍVICO MILITAR

América Latina es una región que enfrenta problemas estructurales de acceso a vivienda y servicios de salud que han profundizado la gravedad del COVID-19. Por esta razón se entiende que sea necesaria una acción coordinada por parte de todas las agencias estatales, incluyendo las fuerzas armadas por supuesto.

El perfil de las fuerzas armadas es compatible con varias funciones clave en la contención de la pandemia. Misiones técnicas, como el apoyo a los cuidados médicos y funciones logísticas, son compatibles con el entrenamiento previo de los militares y no impactan negativamente en el ejercicio democrático. Sin embargo, la urgencia de esta crisis no debe desviar la atención de la relevancia de la rendición de cuentas por parte de los agentes del estado sobre sus tareas, y de su responsabilización por eventuales abusos y desviaciones.

Por otro lado, la gestión política de la crisis sanitaria, así como las misiones policiales que implican un contacto estrecho entre ciudadanos y militares, deben ser evitadas porque vulneran el balance civil-militar, en detrimento de la democracia. Los gobiernos de la región que se autodefinen como democráticos tienen el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en cualquier situación, pero sobretodo en momentos de incertidumbre global como la actual pandemia del COVID-19.

Por Anaís Medeiros Passos. Editado por Karina García Reyes.

  

Desde la ALDHU insistimos en la necesidad de diferenciar los ámbitos mitiliares y civiles. Muchas de las policías presentes en Latinoamérica tienen un carácter militar, conservan estructuras militares  e incluso existe una justicia miliar especial para ellas. Sin embargo, la diferenciación entre las fuerzas de los ámbitos militares y civiles puede incluso ayudar a conservar la democracia e interponerse a cualquier intención de dañarla. El uso indiscriminado de fuerza ante conflictos sociales y civiles acaba provocando mayores enfrentamientos y desconformidad con el estado. América latina debe tender hacia un diseño acotado de las actividades de las fuerzas de seguridad  (civiles) y de las fuerzas armadas (militares); de otro modo los civil acaba convirtiéndose en militar, y lo militar interfiere produciendo e intensificando los conflictos existentes en la sociedad civil; hasta que lo militar acaba siendo lo único; imprescindible.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU

NOTAS Y REFERENCIAS

[1] Treguer, Felix. Gestion techno-policière d’une crise sanitaire. Paris: Ceri, 2020.

[2] Ver, por ejemplo: Argentina, Brasil, Chile, Honduras. Último acceso: 21/01/2021.

[3] En el caso de Chile hasta 2018 el 53% de los chilenos confiaba en la Fuerzas Armadas según Latrinobarómetro, pero en el estudio de 2020 esa confianza es ubicó en el 32%. Ver aquí

[4] Loveman, Brian. 1999. For La Patria. Politics and the Armed Forces in Latin America. Edited by SR Books. Wilmington, Delaware.

[5] Campbell, Donald J., and Kathleen M. Campbell. 2010._“Soldiers as Police Officers/ Police Officers as Soldiers_: Role Evolution_and Revolution in the United States.” Armed Forces & Society 36 (2): 327–50. Disponible aquí. Último accesso: 21/01/2021.