La comisión interamericana aseveró en su informe que observa “acciones estatales que debilitan la independencia judicial” en el país centroamericano.
Fuente: ADNradio
La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un organismo internacional no gubernamental, fundado el 13 de Agosto de 1980, en Quito Ecuador, que impulsa la lucha por la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.
La comisión interamericana aseveró en su informe que observa “acciones estatales que debilitan la independencia judicial” en el país centroamericano.
Fuente: ADNradio
La aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos.
#Democracia #DerechosHumanos #Autoritarismo #Nointervención
Desde hace décadas, casi todos los gobiernos de las Américas, casi todo el tiempo, han sostenido su firme adhesión tanto a la democracia como a la protección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, han reiterado en cada oportunidad que se les presenta su respaldo enérgico al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. No hay nada peculiar en este comportamiento. Los mismos principios, junto con otros fundamentos básicos del derecho internacional, como la igualdad jurídica de los estados y la solución pacífica de las controversias, están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), e incluso en los documentos de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que el sábado pasado se reunió en México.
Cuando los gobiernos son producto de elecciones abiertas, en donde se respeta a la oposición, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la división de poderes, y donde existe un poder judicial independiente, la convivencia entre los principios de democracia, respeto a los derechos humanos y no intervención, es sencilla, sin controversias. Pero la aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos. El problema fundamental ocurre cuando un gobierno dictatorial exige a todos los demás gobiernos, organismos regionales e internacionales que se abstengan de emitir el más mínimo comentario sobre la falta de democracia o sobre las violaciones a los derechos humanos que ellos están cometiendo, escudándose en el principio de no intervención.
Pero tal derecho nunca existió. Y menos desde 1945, con la fundación de las Naciones Unidas, cuando la comunidad internacional le dio a dicha organización no sólo la facultad, sino la obligación de velar por la protección de los derechos humanos de todos, en cualquier país, en cualquier momento. Cómo llevar a cabo esa labor, de una forma imparcial, objetiva y atendiendo únicamente a la necesidad de proteger a los derechos humanos ha sido, desde luego, un reto mayúsculo para las Naciones Unidas. Setenta y seis años después, sigue siendo una labor incompleta y perfectible, pero fundamental para el futuro de la humanidad en su conjunto, que todos los gobiernos, la sociedad civil organizada, las organizaciones del sector privado y las universidades deben seguir apoyando.
La tesis de la jurisdicción exclusiva de cada estado sobre temas de derechos humanos se desechó al final de la segunda guerra mundial y México, para su honra histórica, tuvo mucho que ver en la conformación de la tesis de la protección internacional de los derechos humanos, como un sistema subsidiario a los sistemas nacionales.
En enero de 1942 veintiséis naciones, encabezadas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firmaron la Declaración de las Naciones Unidas en que declaraban que era esencial obtener la victoria sobre sus enemigos “para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como preservar los derechos humanos y la justicia, tanto en su propio suelo como en otras tierras…”. https://www.dipublico.org/3684/declaracion-de-las-naciones-unidas-1-de-enero-de-1942/ Más adelante, a fines de 1944, esos tres gobiernos elaboraron el documento de Dumbarton Oaks, que contenía el primer proyecto de Carta de las Naciones Unidas. https://www.google.com/search?q=texto+del+Documento+de+propuestas+de+Dumbarton+Oaks
Las propuestas de Dumbarton Oaks fueron discutidas en México, en la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la Guerra y la Paz, que se reunió en el Castillo de Chapultepec entre febrero y marzo de 1945. Esas propuestas eran mucho menos enfáticas en la protección internacional de los derechos humanos que la Declaración de las Naciones Unidas, por lo que la Delegación de México sometió a dicha Conferencia un proyecto de resolución titulado “Protección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre”. En la exposición de motivos de ese texto se puede leer: “…se ha abierto paso la idea de que el respeto de esos derechos es asunto que interesa directamente a la comunidad internacional; se ha impuesto a nuestra generación la verdad de afirmar que la opresión y la violencia ejercida por un estado sobre los individuos, son motivo de preocupación para todos los demás estados y constituyen una amenaza para la paz mundial”.
Ese proyecto de resolución fue recogido en la Declaración de México que aprobó la Conferencia de Chapultepec. https://www.dipublico.org/glossary/acta-de-chapultepec-1945/ Fue el origen no sólo de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo de 1948, y de que la Carta de la ONU, de junio de 1945, fuera mucho más enfática en la protección internacional de los derechos humanos. También fue uno de los orígenes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. La Carta de la OEA también recogió el mismo espíritu de protección universal de los derechos humanos y añadió el de la democracia representativa.
De modo que no, de ninguna manera se viola el principio de no intervención cuando los gobiernos expresan su preocupación por la falta de democracia y violaciones flagrantes y masivas a los derechos humanos en un país americano, sea el que sea. Existe un extenso marco normativo de los derechos humanos tanto a nivel internacional como regional, con tratados generales y algunos referidos a temas específicos, como la protección de los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, o los trabajadores migrantes, por citar solamente algunos ejemplos.
Que ningún régimen dictatorial exija que se le respete su modo de actuar violando impunemente los derechos humanos. No hay país en el mundo donde no ocurran violaciones de esos derechos. Lo importante, sin embargo, es reconocer esas violaciones cuando hayan ocurrido, implementar medidas de reparación a las víctimas, y medidas de no repetición. Eso es lo que se niegan a hacer los regímenes dictatoriales. Esa es la diferencia con los gobiernos democráticos. México incorporó en el artículo 89 constitucional sus principios de política exterior, entre los que figuran tanto la no intervención como la protección internacional de los derechos humanos. México debe honrar su legado, y sostener siempre el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Eso no es intervención.
MIGUEL RUÍZ-CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Fuente: Heraldo de México
Maria Florencia Cremona “seminario interdisciplinario comunicación y género” en la universidad nacional de la plata.
La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que la migración venezolana puede llegar a las siete millones de personas a finales de 2021 o inicios de 2022, superando el éxodo de Siria, considerado el mayor del mundo, con 6,7 millones refugiados que han abandonado ese país.
“El éxodo venezolano por vías irregulares disminuyó con las restricciones de la movilidad impuestas para evitar los contagios, pero no se interrumpió”, señaló David Smolansky, que coordina el Grupo de Trabajo de la OEA para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos en la Región.
“Se calcula que, desde septiembre pasado, unos 700 a 900 venezolanos salen del país cada día por trochas fronterizas, de los cuales la mayoría se dirige a Colombia”, destaca Smolansky.
Más de 5,6 millones de personas abandonaron Venezuela desde 2015, de acuerdo con el reporte, que identificó cinco razones fundamentales para este éxodo masivo: una “emergencia humanitaria compleja”, “violación sistemática de los derechos humanos”, “inseguridad”, “colapso de los servicios básicos” y “alto costo de vida”. Ante este panorama, Colombia –principal receptor del flujo migratorio venezolano– se enfrenta a un reto mayúsculo.
“Si en Venezuela ocurriera una pérdida de control de la pandemia, en especial por la llegada de la variante delta, y ante la incapacidad que tiene el régimen venezolano de manejar la situación, Colombia se enfrentaría a una realidad bastante complicada”, le dice a EL TIEMPO Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien resalta que se sabe que “ya hay miles de ciudadanos venezolanos que vienen buscando vacunarse, sumados a los compatriotas que regresan para salvarse del virus”.
Rodríguez destaca que “el principal reto de Colombia, inicialmente, será poder lograr coordinar la respuesta en el mediano plazo de la vacunación de la población venezolana”. Lo que, a su juicio, no solo implica una política de vacunación que incluya a los refugiados, sino que “al ser el país que mejor ha recibido la dinámica migratoria, Colombia tiene el reto de liderar el proceso dentro de la región para que se genere un mecanismo que permita el avance de la vacunación dentro de territorio venezolano”.
En ese sentido, Colombia avanzó el viernes en la búsqueda de dichos recursos luego de que el ministro de salud, Fernando Ruiz, aprovechara su gira por EE. UU. para discutir la posibilidad de que este país entregue más biológicos para vacunar a más 900.000 venezolanos que estarían ilegalmente en Colombia y diseñar estrategias hemisféricas para mejorar la respuesta y coordinación entre países frente a este tipo de amenazas.
Venezuela, otrora una potencia petrolera, está sumida en una debacle económica y social agudizada desde la llegada al poder, en 2013, de Nicolás Maduro, cuya legitimidad la OEA desconoce por considerar viciada su reelección en 2018.
Bajo este panorama, Rodríguez considera clave la respuesta colombiana, puesto que el régimen de Maduro puede “llegar a instrumentalizar la campaña de vacunación ideológicamente”. “Hay casos reportados en los cuales se les exige a los ciudadanos militancia para acceder a la vacuna”, expresa el investigador.
Otra de las dificultades que enfrentará Colombia es que el avance migratorio no solo llegará por las fronteras colombo-venezolanas. Perú, segundo país receptor de refugiados venezolanos (1’050.000), recibió esta semana a su nuevo presidente, Pedro Castillo, que desde la campaña ha insistido en una política de cero tolerancia hacia los migrantes venezolanos.
“Colombia sigue siendo un país de tránsito para los migrantes. No obstante, hay que decir que por la postura del presidente Castillo, y la tensión interna que vive Perú, miles de venezolanos se están movilizando desde este país hacia nuestro territorio. En ese sentido, Colombia debe generar un trabajo integral en sus fronteras con Perú e incluso Ecuador”, advierte Rodríguez.
Para el investigador, “este es un fenómeno complejo que requiere de una respuesta regional en la que, lamentablemente, Colombia se está quedando, por ahora, sola. Eso, sumado a que el tema comienza a politizarse bajo el contexto de la contienda electoral”, sentenció.
Según la investigación que lanzó la OEA, los venezolanos huyen a diario por cinco razones:
1. Una emergencia humanitaria compleja: datos de la ONU apuntan que 1 de cada 3 venezolanos enfrentan condiciones de hambre. “9.3 millones de personas, un tercio de la población, sufren inseguridad alimentaria moderada o grave y necesitan asistencia”.
2. Violaciones de derechos humanos: el Secretario General de la OEA ha dicho que han identificado 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014. Por su parte, una misión de la Onu dice: "Las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad”.
3. Violencia generalizada: el país ha sido, además, azotado por el crimen y las bandas. El Observatorio Venezolano de la Violencia afirma que Caracas es la ciudad más violenta de Sudamérica. Un total de 366.000 personas fueron asesinadas entre 1999 y 2020. "Venezuela es el país menos pacífico de la región y está entre los 15 países menos pacíficos del mundo", según el Global Index 2020.
4. Colapso de los servicios públicos. Los ciudadanos de venezolanos viven cortes diarios de servicios como la luz y agua. El Comité de Víctimas de Apagones asegura que en el año 2020 se registraron 157.719 apagones en todo el país. Además, el 92 por ciento de los hogares en Venezuela no recibe agua de manera continua.
5. Colapso económico: la crisis en la economía también es un factor que contempla el informe de la OEA. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo (6.500 por ciento).
La OEA identificó hacia dónde emigran los venezolanos que escapan de la crisis. El Flujo de migrantes y refugiados venezolanos por país se divide así:
Colombia: 1'743.000
Perú: 1'050.000
Chile: 457.000
Ecuador: 431.000
Estados Unidos: 465.000
Canadá: 22.000
México: 102.000
Costa Rica: 30.000
Panamá: 121.000
Bolivia: 10.000
República Dominicana: 114.500
Curazao: 26.000
Aruba: 17.000
Trinidad y Tobago: 40.000
Guyana: 36.000
Paraguay: 5.000
Uruguay: 15.000
Argentina: 180.000
La OEA asegura que un migrante venezolano puede caminar hasta 4.000 kilómetros a través del continente para llegar a otro país.
Una de las principales rutas que emprenden es a través de Colombia hacia Perú. La investigación indica que el periplo inicia desde Cúcuta y el destino final es Lima. Esta ruta tiene unos 3.586 kilómetros.
Otra de las rutas que suelen utilizar está en Estados Unidos. El informe indica que muchos toman una ruta desde la ciudad de Nueva York hacia el estado de Utah, con aproximadamente 3.546 kilómetros de recorrido.
Fuente: El tiempo.com
Estos días, Haití vuelve a acaparar las primeras planas. He hecho todo lo posible para aprovechar toda posibilidad de sumarme a la denuncia de lo que ocurre. Haití se ha cruzado en mi vida varias veceTambién en el exilio, cuyos archivos hurgué rápidamente.
Cuando andábamos «Con la Patria en la Valija» recorriendo el mundo, golpeando todas las puertas y recibiendo la solidaridad de partidos, pueblos y gobiernos de todos los signos, Haití sufría a la dinastía dictatorial de los Duvalier. A veces sentía vergüenza. Antes del golpe en Uruguay no manifestamos suficientemente nuestra solidaridad con el pueblo hermano.
Conocimos en la diáspora (fotos) al dirigente opositor Gerard Pierre Charles. Autor de varios libros sobre su país, en cuyas páginas aprendí la dimensión de la tragedia; también recorría el mundo buscando solidaridad. Coincidimos en varias reuniones. En más de una de ellas, al terminar nuestro trabajo sobre Uruguay, nos sumábamos a su propio esfuerzo.
Haití fue el primero en independizarse en América Latina, en 1791. Fue también la República, al no vacilar, en romper el yugo colonial para optar por constituirse en República. Este pionero de la libertad de nuestros pueblos sufría una crueldad indescriptible bajo nuestra indiferencia.
Pedimos al presidente Arístides Royo de Panamá, que ya que tanto había hecho por Uruguay, pensara en una actividad sobre Haití. Se hizo una jornada bajo su auspicio en mayo del 79. Al Presidente Roldós, de Ecuador, también pedimos lo mismo. Incorporó a Pierre Charles en el conjunto de personalidades que conformaron la Asociación Latino Americana de Derechos Humanos (Aldhu), fundada en Quito en 1980.
Recorríamos el mundo, cada uno, con su bolsa de dolor y de esperanza. Recibíamos esa arma contra la que las dictaduras no sabían defenderse: la solidaridad. Cada uno rodeado de sus compatriotas fuimos generando una comunidad. Memo Ungo de El Salvador; José Francisco Peña Gómez, de Dominicana; Anselmo Sule, de Chile; Vicente Saadi, de Argentina; Ernesto Cardenal, de Nicaragua; Gerard de Haití; Grille, Achard y yo de Uruguay éramos casi una ONG sin personería jurídica.
Gerard me introdujo en el exilio a la realidad de Haití. Luego la vida hizo que el drama de este pueblo se cruzara en mi camino. Hubo una esperanza de democratización, transformada luego en una nueva frustración. Aristide fue electo en 1990. Siendo yo Embajador en Argentina, volvieron los recuerdos del exilio, por un hecho muy puntual.
Al lado de la residencia de la Embajada se erige la modesta plaza República de Haití. Su Embajador se había vuelto mi amigo. Me dice que quiere emplazar allí un monumento al Mariscal Petion, Primer Presidente de Haití. Pero no tenía plata. Se lo doné. Allí sigue, y desde allí me convoca como un aguijón: «no es justo que se olviden de nosotros».
Luego de tres elecciones fallidas, en 2016 el Secretario de la OEA, Luis Almagro, me pide ser Jefe de una misión que apoye el esfuerzo haitiano para democratizarse. Yo había hecho ya varias misiones y cursos de observación electoral durante la Secretaría de Miguel Insulza (no menos de diez). También había mediado por Unasur en un conflicto fronterizo, un alto al fuego en Colombia; me entusiasmaba la idea.
Como me la presentó a la Misión, iba a ser muy especial. La ONU y la UE la apoyaban y no enviarían una propia, ayudando a financiar esta. No solo habría que observar el proceso electoral sino contribuir a garantizar un clima favorable al mismo. Quizás lo único que logré fue que la Minustah (verdadera fuerza de ocupación) no desplegara efectivos en las mesas electorales.
Digo bien «los días» porque el proceso llevó más de un año, de 2016, a instancias en segunda vuelta, a 2017 (parlamentarias y locales). Nunca tuvimos independencia técnica, ingrediente imprescindible en estas misiones. El Director del Departamento de Cooperación Electoral de la OEA (DECO), se instaló en Puerto Príncipe, impartía órdenes y directivas. Luego lo hizo Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia. Ambos, del team de Almagro.
Dentro de lo posible y un poco más, me salí del aislamiento al que se había sometido a la Misión. Así me reuní con sindicalistas, luego de consultar a fuentes propias, sobre la legitimidad de cada uno de ellos y con grupos ecuménicos de base. La gente no quería misiones, quería libertad y autodeterminación.
Cuando tocaron las presidenciales, ganó el candidato Juvenal Moise. Se transmitió al mundo: «el Presidente Electo obtuvo más del 50% de los votos: no hay segunda vuelta». Era falso, con información cierta. Como decía Onetti: «la peor mentira es aquella en que todo lo que se dice es verdad pero se le quita el alma a los hechos». No se dijo que de 6:189.253 habilitados votaron solo 1:120.663 ciudadanos (padrón actualizado con la ayuda de la propia OEA).
Terminada la misión hice mi informe y se dilató su presentación. Una y otra vez. Un día, se iba a presentar finalmente el informe. Luego de hacerlo ante el Consejo Permanente de la OEA se haría ante la ONU y ante los Embajadores de la UE. Pero se ve que el informe que quise presentar no era funcional a los objetivos de la OEA.
Almagro no se hizo presente en la reunión del Consejo Permanente. Apenas comencé, el Director de la DECO, Gerardo de Icaza, comenzó a pasarme papelitos: «suficiente, termina». Los conservé como trofeo. Ahí constato y advierto oralmente que mi informe escrito se había cambiado. Al culminar mi aclaración, se me avisa que la presentación del informe ante ONU y UE había sido suspendida.
La semana pasada, a raíz del magnicidio, Haití vuelve a ser noticia. Silencio del gobierno uruguayo. Solo habló de Cuba, porque había habido una manifestación de opositores. En Haití no hay sucesión. Era el Presidente de la Corte de Justicia (murió de Covid), el del Congreso, Juvenal ya había prescindido del mismo gobernando por decreto.
Las manifestaciones se suceden con una brutal represión. El Primer Ministro (me pregunto, ¿de quién?) decretó Estado de Sitio. También pidió tropas de EEUU y ONU (una vez más). La ONU dijo que requería la autorización del Parlamento. Pero EEUU dijo que lo iba a considerar aunque ya llegaron a Haití representantes del FBI, la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado. Algo así como la avanzada.
La noche del magnicidio se sintió que hablaban español. Algunos han sido detenidos. No eran guerrilleros sino soldados colombianos. Con pasaportes expedidos con una modalidad extraordinaria. Cuando peleábamos contra la Cisplatina, Simón Bolívar se apestó a venir, hasta que vio que no llegaba a tiempo. Su apoyo en armas y soldados eran de Petion, Presidente haitiano.
Nos toca a nosotros estar a la altura.
Durante el 2020 el promedio de tramitación de casos disminuyó a 19 meses, lo cual es inferior a los dos años anteriores. Se emitieron 19 sentencias de fondo y 4 de interpretación 43 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia 14 resoluciones sobre medidas provisionales 6 resoluciones de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia.
Se emitió la Opinión Consultiva OC-26/20 sobre “La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos”.
Actualmente: Estamos supervisando 24 medidas provisionales vigentes. Se encuentran en trámite tres solicitudes de Opinión Consultiva de temas actuales en materia de derechos humanos. En 2020 se sometieron a conocimiento de la Corte 23 nuevos casos contenciosos.
Conoce más sobre la Presentación del #InformeCorteIDH2020 aquí: