La marcha contra migrantes que se registró este sábado en Iquique que terminó con la quema de muchas pertenencias de familias extranjeras que habían constituido un campamento en la ciudad.LA situación ponen el foco en la falta de intervención humanitaria por parte del gobierno en las fronteras chilenas.
La ALDHU se suma a las peticiones realizadas por las diferentes organizaciones en pro de alcanzar unos consensos de Mínimos Comunes para una Gobernabilidad Migratoria.
POR UNA ACUERDO PARA ALCANZAR MÍNIMOS COMUNES SOBRE LA GOBERNABILIDAD MIGRATORIA
Las graves actuaciones de violencia acontecidas en Colchane e Iquique con cientos de familias migrantes, provenientes de Venezuela y otros países que ingresan desesperadamente por pasos no habilitados, a merced de inescrupulosos traficantes, expresan el fracaso de la política migratoria del Gobierno.
Una crisis de esta envergadura implica de parte de la autoridad poner en el centro de su preocupación la protección de las personas garantizando por sobre todo los Derechos Humanos establecidos en los instrumentos internacionales, que resguarden la seguridad de las personas.
Es intolerante que la autoridad competente de nuestro país, solo utilice en la gestión migratoria la represión, la militarización de las fronteras, la criminalización y las expulsiones irregulares, incluso contra decisiones de la Corte Suprema. Esta forma de actuar no disminuye los flujos de migración sino que los agrava y los hace riesgosos.
Esta no es la primera crisis migratoria en los últimos años. El estallido social, evidenció la carencia de redes y apoyos a los migrantes y siendo los primeros a perder sus empleos, se les arrinconó en las periferias, en campamentos, ante la imposibilidad de pagar arriendos y servicios. Posteriormente, en el contexto de pandemia muchos se sintieron abandonados por sus autoridades consulares, incluso para regresar a sus propios países.
El caso de Venezuela es particular, dada las condiciones de un país en profunda crisis, lo cual ha generado la salida de más de 5 millones de sus connacionales en los últimos 5 años, que llegan a nuestro país, porque Chile abrió sus puertas para recibirlos con una invitación explícita, que posteriormente se materializaría en la creación de la visa consular, conocida como Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), y ahora el mismo gobierno que los instó a venir los maltrata y los expulsa.
A raíz de la grave situación se hace urgente que desde el gobierno central, las gobernaciones y municipios se adopten medidas para dar solución a la crisis humanitaria que viven los migrantes y se abra la posibilidad de un dialogo transversal sobre la gestión migratoria.
Se hace imperioso que el control policial en las zonas de mayor complejidad como Colchane, Huara, Iquique, se desarrolle de acuerdo a las normas vigentes y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
El trato humanitario a los migrantes debe tener garantías de no expulsión, no criminalización y protección a la seguridad de sus vidas.
Coordinar gestiones con las gobernaciones y municipios involucrados para montar albergues de tránsito en Colchane, Huara e Iquique que permitan resguardar a las familias migrantes e impedir que pernocten en la calle, en sitios públicos, en forma precaria e indigna.
Es urgente que las autoridades competentes se hagan cargo de cumplir con el resguardo de la seguridad y derechos inherentes a niños, niñas y adolescentes, en todas sus dimensiones, alimento, cuidado, salud y educación.
Uno de los aspectos más frágiles de esta crisis dice relación con la reunificación familiar de las familias migrantes que han ingresado por pasos no habilitados, especialmente de niños, niñas y adolescentes y sobre todo cuando la infancia migrante no está acompañada. Este es un derecho irrevocable.
Es igualmente urgente que a corto plazo, se logre regularizar a los migrantes mediante el uso de la Ley de Refugio especialmente a las personas de nacionalidad venezolana y haitiana que son las más golpeadas y vulnerables y que han ingresado al país en situación de pandemia.
Poner fin a las expulsiones administrativas de personas que ingresaron por paso no habilitado en el periodo de la pandemia, tal como lo ha determinado la Corte Suprema.
Es imperioso que la sociedad en su conjunto adopte una actitud de rechazo claro a la violencia, la xenofobia, el racismo, la intolerancia, y que dichas actitudes sean desterradas del lenguaje de la prensa, de las autoridades y de todos los ciudadanos.
En este sentido hacemos un llamado al Gobierno, Poder Judicial, al Parlamento, a los Partidos Políticos, a los poderes locales y regionales, a la sociedad civil, a establecer un Dialogo Nacional que permita llegar a consensos de Mínimos Comunes para una Gobernabilidad Migratoria, que tome en cuenta las líneas fundamentales de una gestión migratoria, de una política migratoria, que se enmarque en el contexto regional y que adopte una posición clara sobre refugio y asilo.
Santiago 27 de septiembre 2021.
Foro Académico Migratorio
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