Entró en vigencia el nuevo reglamento de migración y extranjería en Chile: ¿Qué medidas incluye?

En medio de la crisis migratoria y las manifestaciones de camioneros en diversas rutas del norte del país, el 12 de febrero entró en vigencia el nuevo reglamento sobre migración y extranjería publicado por el Ministerio del Interior en el Diario Oficial.

 

La función de la normativa que forma parte de la nueva ley de migración, es regular la migración en temas el ingreso, estadía, residencia y salida del país. Vale destacar que hasta antes de publicarse esta nueva norma, la ley vigente correspondía a la dictada en 1975, cuando no existía una crisis migratoria en el país.

Esta nueva ordenanza trae consigo importantes medidas y la creación de institucionalidad orientada a la materia.

Servicio de Migraciones

El Servicio de Migraciones es el “organismo público encomendado por ley para establecer, organizar, mantener y administrar el Registro Nacional de Extranjeros”. Además, se destaca que desde la entrada en vigencia del reglamento los trámites migratorios por ley Nº 21.325 pasan desde la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores al Servicio Nacional de Migraciones.

Reconducción y expulsión

También se contempla una actualización a los protocolos de expulsión y reconducción migratoria, según el artículo 135, donde se determinan las causales de una posible expulsión de quienes tienen un permiso transitorio y redirigir por donde mismo hace ingreso a los indocumentados.

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición imperativa de ingreso de las señaladas en el artículo 32 de la ley Nº 21.325.
2. Incurrir durante su permanencia en el país en alguna de las causales del artículo 32 de la ley Nº 21.325, con excepción de la señalada en el número 2 de dicho artículo.
3. No haber dado cumplimiento a la orden de abandono del país.
4. Encontrarse en Chile no obstante haber vencido su permiso de permanencia transitoria.
5. Reincidir en la conducta de ejercer actividades remuneradas sin tener autorización o estar habilitado para ello.
6. Efectuar declaraciones falsas, adulteración o falsificación en cualquier clase de documento al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas o para obtener un beneficio migratorio para sí o para un tercero.

Junto con eso, en el artículo 32 de la ley Nº 21.325 se dicta la prohibición de ingreso a quienes tengan condenas terroristas, padezcan ciertas enfermedades, hayan ingresado por pasos no habilitados, tenga una orden de prohibición de ingreso, tenga condenas por tráfico o haya sido condenado en Chile, entre otras.

En términos de reconducción, quienes se les niegue el ingreso al país serán “reembarcados de inmediato o devuelto a su país de origen o de procedencia en el más breve plazo, y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución”.

Excepciones

Los casos especiales estarán orientados especialmente a proteger la integridad de niños migrantes y a víctimas de tráfico de personas: “La acción estatal se orientará siempre a asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos que consagran en su favor la Constitución”.

Por otro lado “mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, de violencia de género o intrafamiliar, u objeto de tráfico de migrantes, podrán recibir de parte del Servicio Nacional de Migraciones un permiso que regule su permanencia. de acuerdo a antecedentes fundados” dice la legislación.

Fuente: Radio Duna

Diario Oficial

Por una acuerdo para alcanzar mínimos comunes sobre la gobernabilidad migratoria

La marcha contra migrantes que se registró este sábado en Iquique que terminó con la quema de muchas pertenencias de familias extranjeras que habían constituido un campamento en la ciudad.LA situación ponen el foco en la falta de intervención humanitaria por parte del gobierno  en las fronteras chilenas.

La ALDHU se suma a las peticiones realizadas por las diferentes organizaciones en pro de alcanzar unos consensos de Mínimos Comunes para una Gobernabilidad Migratoria.

POR UNA ACUERDO PARA ALCANZAR MÍNIMOS COMUNES SOBRE LA GOBERNABILIDAD MIGRATORIA

Las graves actuaciones de violencia acontecidas en Colchane e Iquique con cientos de familias migrantes, provenientes de Venezuela y otros países que ingresan desesperadamente por pasos no habilitados, a merced de inescrupulosos traficantes, expresan el fracaso de la política migratoria del Gobierno.

Una crisis de esta envergadura implica de parte de la autoridad poner en el centro de su preocupación la protección de las personas garantizando por sobre todo los Derechos Humanos establecidos en los instrumentos internacionales, que resguarden la seguridad de las personas.

Es intolerante que la autoridad competente de nuestro país, solo utilice en la gestión migratoria la represión, la militarización de las fronteras, la criminalización y las expulsiones irregulares, incluso contra decisiones de la Corte Suprema. Esta forma de actuar no disminuye los flujos de migración sino que los agrava y los hace riesgosos.

Esta no es la primera crisis migratoria en los últimos años. El estallido social, evidenció la carencia de redes y apoyos a los migrantes y siendo los primeros a perder sus empleos, se les arrinconó en las periferias, en campamentos, ante la imposibilidad de pagar arriendos y servicios. Posteriormente, en el contexto de pandemia muchos se sintieron abandonados por sus autoridades consulares, incluso para regresar a sus propios países. 

El caso de Venezuela es particular, dada las condiciones de un país en profunda crisis, lo cual ha generado la salida de más de 5 millones de sus connacionales en los últimos 5 años, que llegan a nuestro país, porque Chile abrió sus puertas para recibirlos con una invitación explícita, que posteriormente se materializaría en la creación de la visa consular, conocida como Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), y ahora el mismo gobierno que los instó a venir los maltrata y los expulsa.

A raíz de la grave situación se hace urgente que desde el gobierno central, las gobernaciones y municipios se adopten medidas para dar solución a la crisis humanitaria que viven los migrantes y se abra la posibilidad de un dialogo transversal sobre la gestión migratoria.

Se hace imperioso que el control policial en las zonas de mayor complejidad como Colchane, Huara, Iquique, se desarrolle de acuerdo a las normas vigentes y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

El trato humanitario a los migrantes debe tener garantías de no expulsión, no criminalización y protección a la seguridad de sus vidas. 

Coordinar gestiones con las gobernaciones y municipios involucrados para montar albergues de tránsito en Colchane, Huara e Iquique que permitan resguardar a las familias migrantes e impedir que pernocten en la calle, en sitios públicos, en forma precaria e indigna.

Es urgente que las autoridades competentes se hagan cargo de cumplir con el resguardo de la seguridad y derechos inherentes a niños, niñas y adolescentes, en todas sus dimensiones, alimento, cuidado, salud y educación. 

Uno de los aspectos más frágiles de esta crisis dice relación con la reunificación familiar de las familias migrantes que han ingresado por pasos no habilitados, especialmente de niños, niñas y adolescentes y sobre todo cuando la infancia migrante no está acompañada. Este es un derecho irrevocable.

Es igualmente urgente que a corto plazo, se logre regularizar a los migrantes mediante el uso de la Ley de Refugio especialmente a las personas de nacionalidad venezolana y haitiana que son las más golpeadas y vulnerables y que han ingresado al país en situación de pandemia.

Poner fin a las expulsiones administrativas de personas que ingresaron por paso no habilitado en el periodo de la pandemia, tal como lo ha determinado la Corte Suprema. 

Es imperioso que la sociedad en su conjunto adopte una actitud de rechazo claro a la violencia, la xenofobia, el racismo, la intolerancia, y que dichas actitudes sean desterradas del lenguaje de la prensa, de las autoridades y de todos los ciudadanos.

En este sentido hacemos un llamado al Gobierno, Poder Judicial, al Parlamento, a los Partidos Políticos, a los poderes locales y regionales, a la sociedad civil, a establecer un Dialogo Nacional que permita llegar a consensos de Mínimos Comunes para una Gobernabilidad Migratoria, que tome en cuenta las líneas fundamentales de una gestión migratoria, de una política migratoria, que se enmarque en el contexto regional y que adopte una posición clara sobre refugio y asilo.

Santiago 27 de septiembre 2021.

Foro Académico Migratorio