Los demonios de la democracia (Autor: Luis Gallegos Chiriboga)

 Hace unas semanas, en esta columna me referí a las graves secuelas que ha traído la pandemia del covid-19. Además de la implosión económica, la grave afectación social y el impacto en los sistemas sociales, están las consecuencias en los sistemas políticos, en los liderazgos de los estados y en los regímenes liberales democráticos, cuyos efectos han sido perversos, por decir lo menos.

La regresión de casi veinte años en el desarrollo y el incremento del desempleo, la pobreza y el hambre han provocado frustración e inestabilidad en todas las personas, en muchos casos, incluso en su salud mental. Las mujeres y hombres del mundo se encuentran en una situación de insatisfacción con los estamentos del poder político en todo el orbe. La situación ha degenerado en convulsiones sociales, cambios del péndulo político y niveles insostenibles de violencia contra la ciudadanía.

Los pueblos reclaman liderazgos de estadistas visionarios, mientras los aparatos políticos se hallan anquilosados en las viejas contiendas del poder y en las luchas fratricidas que anteponen sus intereses seculares a los intereses del pueblo.

Para colmar este triste momento, la Federación de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, invade Ucrania y agrava la situación global con una guerra absurda, con funestas consecuencias para la mayoría de los países del mundo.

Los pueblos del mundo se preguntan, ¿cuál de los liderazgos y sistemas de gobierno, sean éstos democracias liberales o regímenes autoritarios, pueden solucionar una problemática tan grave? Allí es cuando el populismo y el mesianismo cosechan la insatisfacción del conglomerado humano, que clama por soluciones a una problemática estructural y coyuntural de dimensiones inconmensurables.

Sin duda, cuando se escriba la historia de esta etapa tan compleja, se destacarán los hombres y mujeres que supieron guiar a sus pueblos por el sendero de la resiliencia y la superación, en vez del camino al suicidio colectivo.

Fuente: El comercio (Ecuador)

Democracia, derechos humanos y no intervención

 La aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos.

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Desde hace décadas, casi todos los gobiernos de las Américas, casi todo el tiempo, han sostenido su firme adhesión tanto a la democracia como a la protección de los derechos humanos. Al mismo tiempo, han reiterado en cada oportunidad que se les presenta su respaldo enérgico al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. No hay nada peculiar en este comportamiento. Los mismos principios, junto con otros fundamentos básicos del derecho internacional, como la igualdad jurídica de los estados y la solución pacífica de las controversias, están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), e incluso en los documentos de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), que el sábado pasado se reunió en México.

Cuando los gobiernos son producto de elecciones abiertas, en donde se respeta a la oposición, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la división de poderes, y donde existe un poder judicial independiente, la convivencia entre los principios de democracia, respeto a los derechos humanos y no intervención, es sencilla, sin controversias. Pero la aceptación general de esos tres principios se complica cuando surgen o se consolidan gobiernos dictatoriales, en donde no se respeta ni a la democracia, ni a los derechos humanos. El problema fundamental ocurre cuando un gobierno dictatorial exige a todos los demás gobiernos, organismos regionales e internacionales que se abstengan de emitir el más mínimo comentario sobre la falta de democracia o sobre las violaciones a los derechos humanos que ellos están cometiendo, escudándose en el principio de no intervención.

En esas ocasiones los gobiernos dictatoriales, que se mantienen en el poder violando sus propias constituciones, eliminando la división de poderes, sometiendo al poder judicial, reprimiendo violentamente manifestaciones pacíficas de la población, suprimiendo la libertad de prensa y de expresión, encarcelando y hasta ejecutando a líderes opositores, exclaman iracundos que nadie puede opinar sobre las atrocidades que están cometiendo, porque se trata de asuntos internos, que solamente les conciernen a ellos, y las críticas violan el sagrado principio de no intervención. Al proceder de esa manera, reclaman para sí no sólo la representación exclusiva de sus pueblos, sino un inexistente “derecho a la dictadura”.

Pero tal derecho nunca existió. Y menos desde 1945, con la fundación de las Naciones Unidas, cuando la comunidad internacional le dio a dicha organización no sólo la facultad, sino la obligación de velar por la protección de los derechos humanos de todos, en cualquier país, en cualquier momento. Cómo llevar a cabo esa labor, de una forma imparcial, objetiva y atendiendo únicamente a la necesidad de proteger a los derechos humanos ha sido, desde luego, un reto mayúsculo para las Naciones Unidas. Setenta y seis años después, sigue siendo una labor incompleta y perfectible, pero fundamental para el futuro de la humanidad en su conjunto, que todos los gobiernos, la sociedad civil organizada, las organizaciones del sector privado y las universidades deben seguir apoyando.

La tesis de la jurisdicción exclusiva de cada estado sobre temas de derechos humanos se desechó al final de la segunda guerra mundial y México, para su honra histórica, tuvo mucho que ver en la conformación de la tesis de la protección internacional de los derechos humanos, como un sistema subsidiario a los sistemas nacionales.

En enero de 1942 veintiséis naciones, encabezadas por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firmaron la Declaración de las Naciones Unidas en que declaraban que era esencial obtener la victoria sobre sus enemigos “para defender la vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de cultos, así como preservar los derechos humanos y la justicia, tanto en su propio suelo como en otras tierras…”. https://www.dipublico.org/3684/declaracion-de-las-naciones-unidas-1-de-enero-de-1942/ Más adelante, a fines de 1944, esos tres gobiernos elaboraron el documento de Dumbarton Oaks, que contenía el primer proyecto de Carta de las Naciones Unidas. https://www.google.com/search?q=texto+del+Documento+de+propuestas+de+Dumbarton+Oaks

Las propuestas de Dumbarton Oaks fueron discutidas en México, en la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la Guerra y la Paz, que se reunió en el Castillo de Chapultepec entre febrero y marzo de 1945. Esas propuestas eran mucho menos enfáticas en la protección internacional de los derechos humanos que la Declaración de las Naciones Unidas, por lo que la Delegación de México sometió a dicha Conferencia un proyecto de resolución titulado “Protección Internacional de los Derechos Esenciales del Hombre”. En la exposición de motivos de ese texto se puede leer: “…se ha abierto paso la idea de que el respeto de esos derechos es asunto que interesa directamente a la comunidad internacional; se ha impuesto a nuestra generación la verdad de afirmar que la opresión y la violencia ejercida por un estado sobre los individuos, son motivo de preocupación para todos los demás estados y constituyen una amenaza para la paz mundial”.

Ese proyecto de resolución fue recogido en la Declaración de México que aprobó la Conferencia de Chapultepec. https://www.dipublico.org/glossary/acta-de-chapultepec-1945/ Fue el origen no sólo de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, de mayo de 1948, y de que la Carta de la ONU, de junio de 1945, fuera mucho más enfática en la protección internacional de los derechos humanos. También fue uno de los orígenes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. La Carta de la OEA también recogió el mismo espíritu de protección universal de los derechos humanos y añadió el de la democracia representativa.

De modo que no, de ninguna manera se viola el principio de no intervención cuando los gobiernos expresan su preocupación por la falta de democracia y violaciones flagrantes y masivas a los derechos humanos en un país americano, sea el que sea. Existe un extenso marco normativo de los derechos humanos tanto a nivel internacional como regional, con tratados generales y algunos referidos a temas específicos, como la protección de los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, o los trabajadores migrantes, por citar solamente algunos ejemplos.

Que ningún régimen dictatorial exija que se le respete su modo de actuar violando impunemente los derechos humanos. No hay país en el mundo donde no ocurran violaciones de esos derechos. Lo importante, sin embargo, es reconocer esas violaciones cuando hayan ocurrido, implementar medidas de reparación a las víctimas, y medidas de no repetición. Eso es lo que se niegan a hacer los regímenes dictatoriales. Esa es la diferencia con los gobiernos democráticos. México incorporó en el artículo 89 constitucional sus principios de política exterior, entre los que figuran tanto la no intervención como la protección internacional de los derechos humanos. México debe honrar su legado, y sostener siempre el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Eso no es intervención.

MIGUEL RUÍZ-CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Fuente: Heraldo de México

Bukele acelera sus pasos hacia un modelo autoritario en El Salvador

El proyecto político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticado por sus excesos autoritarios, es un proceso que va para largo, según el propio mandatario, lo que significa para sus críticos mayor deterioro de las endebles instituciones democráticas que él ha comenzado ya a desmontar.

Nayib Bukele, durante su alocución al país la noche del 15 de septiembre, con una cuidada puesta en escena, donde estaban representados los poderes públicos, así como representantes civiles y militares. Foto: Presidencia de El Salvador

El presidente aprovechó la conmemoración del bicentenario de la independencia en América Central, el miércoles 15 de septiembre, para revestirla de un toque simbólico y asegurar que su gobierno no dará marcha atrás a los cambios iniciados.

“Este país ha sufrido tanto que no se puede transformar de la noche a la mañana, los cambios importantes, los cambios reales y los que valen la pena llevan tiempo, no son inmediatos, se hacen paso a paso”, aseguró Bukele, en un discurso transmitido en cadena de radio y televisión, la noche del miércoles 15.

Para la oposición, sin embargo, esos cambios han implicado una clara arremetida contra la democracia del país centroamericano, de 6,7 millones de habitantes.

¿Bukele presidente en 2024?

Quizá el cambio más brusco impulsado por el gobierno de Bukele, desde que se instaló en el Ejecutivo en junio de 2019, ha sido el descabezamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por cinco jueces.

Fueron removidos el mismo 1 de mayo cuando se instaló la nueva Asamblea Legislativa, controlada por los diputados de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, con 56 de los 84 escaños.

Ese control legislativo permitió al presidente maniobrar para introducir nuevos jueces afines en la cúpula de la Sala Constitucional, que inauguraron su actividad quitando la traba legal para la reelección presidencial continúa.

“Aparentemente estamos en democracia, pero las acciones del presidente son contrarias a la democracia, él está desmantelando la institucionalidad del Estado, y con eso se atenta contra los derechos de toda la población”: Loyda Robles.

Con ello se abre las puertas al mandatario, para que logre un segundo periodo al finalizar el quinquenio actual, en 2024, algo prohibido constitucionalmente hasta hace apenas dos semanas.

Bukele, de 40 años, procedente de una acomodada familia de empresarios originaria de Palestina, se fraguó políticamente como popular presidente de San Salvador (2015-2018) y se inscribe en un neopopulismo con trazos propios, en que destaca su atributo de político milenial, muy dado a comunicarse con la población y a dar a conocer sus decisiones mediante tuits.

La posibilidad de reelegirse inmediatamente después de un primer periodo era restringida por la constitución, bajo la lógica de dar espacio a la alternancia en el poder. Sí lo avalaba después de que pasaran dos periodos presidenciales, según un fallo de 2014 de la Sala Constitucional que fijó el significado del artículo 152 de la Constitución.

Pero la una nueva Sala designada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa reinterpretó ese polémico y confuso artículo de la ley fundamental y concluyó, el 3 de septiembre, que la reelección presidencial continua, es decir, la que sigue a un primer periodo, es factible si el gobernante renuncia a la presidencia seis meses antes de los comicios.

Ese fallo del alto tribunal, duramente criticado por sectores opositores nacionales y organizaciones de derechos humanos internacionales, abre las puertas al mandatario a un periodo más, si es que gana las elecciones previstas para el 2024.

Manual del autoritarismo latinoamericano

De esa forma el presidente salvadoreño estaría siguiendo, casi copiando, el manual del que han echado mano otros presidentes latinoamericanos populistas y con tendencias autoritarias, se inscriban en la derecha o la izquierda, quienes a golpe de sentencias jurídicas emitidas por jueces bajo su control, han trastocado las leyes y se han perpetuado en el poder.

“Si el pueblo otorga el poder, y el pueblo exige esos cambios, sería no menos de una traición no hacerlos”, aseguró el mandatario en su discurso ante representantes civiles y militares de los poderes y la sociedad del país.

El presidente ahora controla los tres poderes del Estado, sin contrapesos que le pongan paro a su estilo de gobierno en el que todo gira alrededor de su figura de milenial, que suele calarse una gorra de beisbol con la visera al revés, poco dado a tolerar la crítica, ya sea de los medios, de organismos internacionales e incluso de gobiernos como el estadounidense.

La mañana del miércoles 15, miles de personas marcharon por las calles de la capital salvadoreña, San Salvador, para protestar contra el avance autoritario del mandatario, en la manifestación contra el gobernante más masiva desde que llegó al poder.

“Estoy marchando por mantener nuestros derechos y en contra de todos los atropellos del presidente Bukele”, señaló a IPS una mujer trans, que no quiso identificarse.

Bukele ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales, en febrero de 2019, beneficiado por el hastío y decepción de los electores con los 20 años que gobernó la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena, 1989-2009), y los 10 años, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, 2009-2019).

Luego su partido arrasó en las legislativas en mayo de 2021 y ahora, con esa movida del máximo tribunal constitucional, controla y mueve los hilos de un segmento de la justicia en el país.

Controla además la Fiscalía General de la República, luego de que la mayoría legislativa oficialista removiera al fiscal Raúl Melara, el mismo 1 de mayo, e impusiera a Rodolfo Delgado, alineado con el bukelismo.

“Aparentemente estamos en democracia, pero las acciones del presidente son contrarias a la democracia, él está desmantelando la institucionalidad del Estado, y con eso se atenta contra los derechos de toda la población”, dijo a IPS la abogada Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Añadió que se están viendo signos que advierten que El Salvador podría estarse encaminando hacia un régimen aún más autoritario, de corte dictatorial, al estilo de Nicaragua.

El presidente de ese país, Daniel Ortega, lleva ya tres periodos consecutivos desde su retorno al poder en 2007, y se encamina a un cuarto mandado, en 2022. Para ello la justicia, bajo su control, ha encarcelado a una decena de candidatos opositores que pudieran disputarle el triunfo.

Una camándula de pasos antidemocráticos

Envalentonado por el abrumador triunfo en las elecciones presidenciales de 2019, Bukele ha dado, en efecto, una serie de pasos que han crispado a los sectores opositores, porque les resulta evidente que en el fondo pretende socavar los contrapesos y gobernar a sus anchas.

Además de las remociones en la Sala Constitucional y en la Fiscalía General de la República, el 31 de agosto, la Asamblea pasó un decreto que establece la jubilación obligatoria de unos 200 jueces.

La narrativa gubernamental ha hablado de un proceso de “limpieza” de jueces corruptos, que los hay, pero sin ninguna investigación expedita sino que el único parámetro es el del retiro laboral: que los letrados sean mayores de 60 años o tengan 30 años de trabajo.

Eso ha sido interpretado como una purga dentro del sistema judicial para, más tarde, ir llenando esos vacíos con jueces afines al bukelismo.

El oficialismo lo ha negado y ha asegurado que se trata de abrir espacios a los abogados jóvenes, y que los jueces en El Salvador no tienen cargos vitalicios.

Todos esos movimientos han encendido las alarmas tanto dentro como fuera de El Salvador.

Vista parcial de manifestantes en la plaza de Francisco Morazán, en el centro histórico de San Salvador, donde el 15 de septiembre se concentraron parte de quienes salieron a protestar contra las crecientes señales autoritarias del gobierno de Nayib Bukele, en la más masiva manifestación contra el presidente desde su llegada al poder, convocada por organizaciones sociales en el día de la Independencia del país. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Sin embargo, el desencuentro entre opositores y Bukele tendrían como base la pugna silenciosa entre dos grupos económicos: la tradicional oligarquía que ha manejado los hilos de la política del país, y nuevos empresarios, pequeños, medianos e incluso grandes, alineados con el presidente, explicó a IPS el analista Dagoberto Gutiérrez.

Gutiérrez, un excomandante guerrillero ahora cercano al presidente, dijo que la oposición demanda una independencia de poderes que, en realidad, nunca ha existido en el país, pues siempre aquella oligarquía movía sus piezas para poner a los funcionarios que mantuvieran el statu quo.

Esa “democracia” auspiciada por la oligarquía, con sus falacias y abusos, está siendo retomada por otro proyecto político, el de Bukele, pero aclaró que las transformaciones esperadas “aún están por verse”.

De momento, según la reciente interpretación del tribunal constitucional, Bukele puede, si quisiera, optar por un segundo mandato al finalizar el actual periodo presidencial. Pero ya no podría competir por un tercero de manera continua.

“¿Pero quién nos asegura que en el futuro, a través de otra jurisprudencia, no van a sacarse de la manga otra reelección?, eso queda como duda, obviamente”, señaló a IPS la abogada Tahnya Pastor.

Agregó que cuando se analizan todas las señales de alarma, “podemos concluir que nos dirigimos hacia la máxima concentración de poder, y la historia ha demostrado que ninguna concentración de poder es buena”.

Sin embargo, al igual que Gutiérrez, la abogada criticó a la oposición porque en el pasado también se ha manipulado por intereses políticos esas mismas instituciones por las que ahora se pone el grito en el cielo.

“La constitución sí se ha reformado en el pasado dependiendo de la conformación del tribunal (constitucional), y la jurisprudencia ha respondido a intereses político partidistas”, afirmó.

Bukele pareciera estar confiado de que, a pesar de las críticas, su proyecto es bienvenido por la mayoría de los salvadoreños, que lo sigue apoyando.

Según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, sobre la aceptación del gobierno de Bukele en su segundo año de gestión, en junio, 9 de cada 10 consultados afirmaron que el presidente representa un cambio positivo para el país.

Obtuvo además una nota de 8,1, considerada alta, y los encuestados identificaron como principal logro del gobierno el buen manejo de la pandemia de covid-19.

No todos comparten ese entusiasmo por Bukele, obviamente, ni todas las críticas vienen de cúpulas académicas, políticas o de activistas.

“No es bueno que alguien gobierne como le dé la regalada gana, eso era cuando habían reyes, pero ya no estamos en esos tiempos”, dijo a IPS el campesino Hernán Campos, oriundo del cantón Cangrejera, del municipio y departamento de La Libertad, en el centro del país.

ED: EG

Fuente: IPS Noticias