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martes, 9 de agosto de 2022

Las llaves de Colombia

 Baltasar Garzón 9 de agosto de 2022 10:59h 


En el año 2012 recibí las llaves de la ciudad de Bogotá de manos de su alcalde. Supuso para mí un inmenso honor en un momento especialmente duro de mi vida profesional. En la memoria también están presentes, de forma principal, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos; el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero; y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, al dar, estos, el visto bueno a mi incorporación como asesor a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz.




Bogotá, siguiendo la terminología derivada de la antigua civilización muisca, tiene varias acepciones. Yo me quedo con la que creo más la significa: “La dama de la montaña que resplandece”. No sé si pueden imaginar lo que significa para alguien tan ligado como yo a la pelea por los acuerdos de paz de Colombia contar con el honor excepcional de recibir ese galardón. El regidor que me lo entregó tuvo un complejo mandato, siendo destituido de su cargo tras la desprivatización de la recogida de basuras para luego ser restituido por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alcalde se llamaba Gustavo Petro, obtuvo sus mejores éxitos en educación y salud y desde el consistorio saltó al escenario nacional, convirtiéndose en un referente de la izquierda.

Diez años después me encuentro de nuevo en Bogotá, en circunstancias diferentes. Acudo junto a mi compañera de vida, Dolores Delgado, a la toma de posesión de Gustavo Petro, que ha recorrido un camino largo desde su despacho municipal de entonces. Este domingo, el revolucionario que formó parte de la guerrilla Movimiento 19 de abril (M19) asumía la realidad de ser el primer presidente de izquierdas de Colombia. Con él, Francia Márquez, su vicepresidenta, que va a revolucionar el papel de la mujer, de la indígena, de la afroamericana de los y las invisibles en su país.

Esta nación querida tiene ahora un gobierno progresista. Ello supone la continuación de los esfuerzos por la paz que omitió el gobierno anterior de Iván Duque, la implementación de un modelo solidario de desarrollo y un impulso para la reactivación de Latinoamérica, reactivación que podrá potenciarse aún más en la región si en octubre las urnas dan la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva para la presidencia de Brasil frente al ultraderechista actual mandatario Jair Bolsonaro. Se auguran tiempos de ejercer políticas por los más vulnerables, de respeto por los pueblos originarios, de dialogo, de paz. De cuidados hacia la madre tierra. Tiempos en que los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes reciban el trato debido a sus derechos ancestrales, tantas veces olvidados.

La esperanza

Del juramento de Petro han sido testigos numerosos jefes de Estado y primeros ministros de otros países, entre ellos el rey de España. Fuera del boato oficial, lo más emotivo es la esperanza de la ciudadanía. Colombia ya dio su opinión con el acuerdo con las FARC en 2016, con las elecciones presidenciales de 2018 en las que el hoy presidente quedó segundo y en el ambiente que traducían las protestas de los años 2019 y 2021, que denotaban hastío de la política conservadora y de la corrupción. 

El proceso de paz en Colombia salió adelante aun cuando a los narcos no les interesaba que así fuera. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2018 apuntaban a que el senador y presidente de Colombia de 2002 a 2010, Álvaro Uribe, había sido acusado varias veces por diplomáticos estadounidenses a causa de supuestos vínculos con el narcotráfico en los años noventa.

La embajada de EEUU en Bogotá remitió una lista de políticos colombianos "sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico". La lista se dividía en dos secciones: "los narco-políticos", que eran "políticos con sólidas historias" de relación con el narcotráfico, y "los posibles narco-políticos", que eran sospechosos de tener lazos con el tráfico de drogas, aunque no estaban comprobados. Así eran las cosas. Y con ello tendrá que lidiar el presidente Petro. 

Izquierda en el Gobierno 

La coalición progresista lo va a tener muy difícil para superar todos los obstáculos que afrontará en ámbitos como el del medio ambiente, en el que se necesitan fórmulas más respetuosas con la naturaleza y más combativas con el extractivismo, la mineria ilegal o el cambio energético, eliminando la dependencia del carbón y del petróleo. Es decir, una política medioambiental ambiciosa para una transición energética que saque a Colombia de la dependencia de los combustibles fósiles.

Los caminos por los que piensa avanzar Petro discurrirán por la senda del acuerdo, por un pacto nacional que incluya a quienes no votaron por él. Reto importante que incluye una suma de voluntades que, hoy por hoy, no existe en Colombia. En su ejecutivo hay conservadores como Álvaro Leyva, quien conoce bien las negociaciones con los guerrilleros, o Cecilia López, que desde la cartera de Agricultura tendrá que desarrollar la imprescindible reforma agraria. En la ONU ha situado a un símbolo: Leonor Zabalza, indígena y diplomática. La mayoría que detenta en el Congreso le permitirá a abordar la inaplazable y necesaria reforma tributaria que se centrará en los mayores contribuyentes y en aquellos que evaden capitales. 

El sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos destaca en un artículo publicado a finales de junio que Petro y Francia buscan movilizar a la sociedad colombiana como sociedad cuidadora que reconozca y recompense el trabajo de cuidado de las mujeres, establezca una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza que priorice la defensa de la vida sobre los intereses económicos, promueva la transición energética y democratice el conocimiento ambiental. Añade que "se trata de pasar de una economía extractivista a una economía productiva que disminuya la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra mediante una reforma agraria que dé acceso al uso del agua y transforme el mundo rural colombiano como pieza clave de la justicia social y ambiental…". En cuanto al conflicto armado, hace hincapié en el respeto a las víctimas y la necesidad "de estimular una política de convivencia pacífica y reconciliación".

La guerra marca

Falta hace, porque 60 años de guerra han marcado a la población. Un cuarto de millón de muertos, decenas de miles de desaparecidos… La Comisión de la Verdad presentó el informe final concluido en junio, después de tres años de trabajo. Su presidente, el jesuita Francisco de Roux, expuso con confianza y optimismo algunas conclusiones que deben servir para un debate en profundidad. Cambiar la idea del enemigo –todo el que no esté conmigo– de las fuerzas de seguridad, transformar la mentalidad del ejército en la protección de las personas y las infraestructuras, separar a la Policía nacional del ministerio de Defensa… Teniendo en cuenta al narcotráfico, que ocupó "un lugar político, económico, militar y territorial", interviniendo en el conflicto en ambos lados. El informe llama a negociar la paz completa con el ELN, ultima guerrilla activa que, a su vez, se dice dispuesta a escuchar y avanzar. El propio Petro se ha mostrado dispuesto a tender puentes.

Mientras este documento veía la luz, el diario El País entrevistaba al ya candidato electo, quien decía:

–"Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo; yo no puedo fallar” 

–"¿A qué tinieblas se refiere?", preguntó el periodista

Respondía Petro: 

"Hemos lanzado un desafío formidable. Era poco probable que yo pudiera llegar vivo al final del proceso electoral. Y ahora, si mi gobierno establece las condiciones de la transición, lo que sigue es una nueva era. Y si fracasamos, lo que viene, por ley física, es la reacción. Y una reacción de la que Uribe no es el protagonista. Los ciclos vitales cambian. Hay círculos organizándose alrededor del fascismo. No los vamos a agredir, por ahora, nada de eso, sino que vamos a tener en cuenta que esto está pasando". 

Terrible responsabilidad, no menos aterradora que ese futuro que vislumbra el gobernante colombiano como una realidad inminente. Las fuerzas del mal tienden a aliarse y no es Colombia país ajeno a que se abran los infiernos y a que la violencia, no extinguida, repunte contra cualquier colectivo. A Petro la prudencia le pedirá equilibro para impartir justicia sin que prime la impunidad y sin que la violencia tome la palabra. 

La espada de Bolívar 

El domingo 7 de agosto, bajo un sol de justicia y ante miles de personas en la emblemática Plaza Bolívar, la toma de posesión de Gustavo Petro fue emocionante, vibrante e intensa, con momentos inesperados que marcan el cambio de rumbo en el que se embarca el nuevo mandatario.  

Dio la orden: “Como presidente, le solicito a la Casa Militar, traer la espada de Bolívar”. Se trataba de la orden del mandato popular. El acto se interrumpió por 30 minutos hasta la llegada de la espada en una urna de cristal, custodiada por guardias uniformados con traje de gala, en presencia de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, lider del M19 asesinado en 1990 por un sicario –con posibles implicaciones en el hecho del aparato del Estado y paramilitares– cuando fungía como candidato presidencial por la Alianza Democrática M19, que momentos antes le había impuesto la banda presidencial. Entonces, no solo hubo un estallido de júbilo, sino que también las lágrimas abundaron y el canto de "alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina" llenó la plaza y las gargantas de toda Colombia.  


Sin embargo, algunos líderes demuestran una preocupante cortedad de miras y una desconsideración histórica hacia quienes forjaron la independencia de este pueblo. Como le ha ocurrido al presidente saliente, Iván Duque, que, en un último intento agónico de su mandato, se negó a que aquel símbolo de unión latinoamericana se incorporara desde el principio a la ceremonia. U otros, que no honran los símbolos y no prevén los efectos de su omisión. Desde este momento el presidente Petro, de esta forma tan alegórica, mandó un mensaje de firmeza a los mandos militares y después conciliador –pero exigente– de sumisión constitucional, irrestricta.

La enumeración de sus "diez mandamientos" para su gobierno especifican una política progresista que revolucionará su país y será ejemplo para toda una región respecto de la cual llamó a la unidad, a modo de una Unión Europea latinoamericana que aglutine los esfuerzos de tantos hombres y mujeres que, desde Latinoamérica y desde fuera, físicamente, pero dentro del corazón, luchamos por el concepto de Patria Grande.  

El 7 de agosto de 2022 será una fecha inolvidable. Cuando abracé a Maria José Pizarro sentí toda la fuerza de su padre, cuya imagen llevaba impresa en la espalda, y sentí que nos miraba y aprobaba lo que allí estaba sucediendo. Gobierno paritario; defensa de los más vulnerables y de los derechos de los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes; nueva política fiscal, redistribución de las riquezas;  nueva política agraria; nueva política antidrogas, valiente y compleja; nueva política sobre medio ambiente, exigiendo responsabilidades a los países contaminantes; paz, en el más amplio sentido de la expresión; verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición; o diálogo integrador y sin exclusiones fueron algunos de los puntos que resaltaron.  

Fue al llegar a la plaza y oír a un grupo de jóvenes que, apretujados en primera línea, me identificaron cuando caminaba de la mano de Dolores Delgado –"Juez Garzón, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, ¡sí se puede!"–, cuando sentimos emoción y una sinergia especial. Fuimos conscientes de que algo estaba cambiado definitivamente en Colombia. Y nosotros, cada uno en nuestra esfera, estábamos allí, renunciando con ello a la indiferencia y asumiendo un compromiso de contribuir a que, al menos por esta vez, triunfen los que siempre pierden. Y que la frase indeleble en estas tierras americanas de "el pueblo unido jamás será vencido" sea una realidad para siempre

En medio de todo este conjunto de emociones, estrechando manos, repartiendo abrazos, besos y escuchando aplausos, no podía por menos que recordar mientras se desarrollaba el acto, solemne y jubiloso, algunas frases de la canción Empezar una vez más, dedicada a quienes trabajan a diario para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado:

"…Vamos a cambiar la realidad

Que esto no vuelva a pasar

Construyendo un nuevo mundo

Empezar una vez más.

Quitar la venda del dolor

Sin olvidar lo que pasó

Coraje para transformar

Respirar

Volver a empezar.

Construir algo distinto

Depende de nosotros mismos

Mirarme en el espejo y reconocer

Que de mis cenizas puedo renacer.”

En el mismo lugar en el que me entregó las llaves de la Ciudad de Bogotá en 2012, Gustavo Petro recibió este 7 de agosto de 2022 las llaves de Colombia. Se las entregó el pueblo que quiere iniciar algo nuevo y edificar un país mejor, diferente y en el que la vida en paz sea posible. Que así sea.

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Fuente: Infolibre.es




viernes, 29 de julio de 2022

Columna de Daniel Matamala: Mapuches millonarios

Uno de los episodios más recordados del programa de sátira televisiva Plan Z es “Mapuches millonarios”.


Su genio consiste en una simple inversión de la jerarquía social: un mundo en que los mapuches se mueven en limusinas, y tratan desdeñosamente a los empleados -rubios y de piel clara- de sus mansiones. Todo, tomando prestada la música de “Dallas”, la serie ochentera sobre una familia de magnates petroleros, sólo que intervenida con el sonido de trutrucas.

El chiste se cuenta solo, no hay nada que explicar. Cualquiera que viva en Chile sabe que, después de dos siglos de despojo y discriminación hacia los pueblos originarios, lo allí mostrado es absurdo, ridículo, impensable.

Recordé esos sketch esta semana, cuando líderes de opinión comenzaron a hablar, muy seriamente, de un mundo que recuerda al de Plan Z. Para el senador Manuel José Ossandón, los convencionales “transformaron a los pueblos originarios en ciudadanos de primera clase, y los chilenos que no son de pueblos originarios, son de segunda clase”.

René Tapia, abogado de Libertad y Desarrollo, argumenta que en el proyecto de nueva Constitución los pueblos indígenas adquieren una “categoría superior y privilegiada”.

Pablo Ortúzar, un antropólogo habitualmente lúcido, dice que “el chileno será un ciudadano de segunda categoría en su propio país”. Titula su columna “La Constitución del privilegio”, en contraste con la actual, que consagra “la igualdad básica ante la ley”.

Por cierto, es debatible si el proyecto de nueva Constitución acierta o no al establecer la plurinacionalidad, los sistemas de justicia o los escaños reservados. Todo eso es discutible. Pero es absurdo pensar que hoy en Chile existe igualdad solo porque la Constitución así lo dice, y que esa idílica equidad se rompería, y los pueblos originarios pasarían a ser “privilegiados”, si se aprueban algunas medidas para reparar la discriminación que han sufrido por siglos.

Es la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva. Hoy, claro, la Constitución asegura que “en Chile no hay persona ni grupos privilegiados”. Pero todos sabemos que sí hay desigualdad y privilegios, en todos los ámbitos de la vida.

Un solo dato al respecto: en Chile hay 95 González por cada Larraín, pero ambos apellidos han tenido casi la misma cantidad de miembros en la historia del Congreso (110 contra 107). La misma gigantesca sobrerrepresentación tienen otros apellidos ilustres, como Errázuriz. Esos han sido los verdaderos “escaños reservados” del Chile republicano.

Según el rector Carlos Peña, la igualdad sustantiva es un principio que “atraviesa toda la carta” constitucional, intentando remediar la histórica discriminación contra grupos como las mujeres, los pueblos indígenas o las minorías sexuales.

Entonces, ¿qué tan “iguales” son los pueblos originarios, no en el papel, sino en la realidad?

Partamos por un estudio del PNUD, que mide los apellidos más comunes en las carreras de mayor prestigio social: lideran los Matte, Délano y Zegers. En el otro extremo de la pirámide social, los 50 apellidos más comunes en Chile sin profesionales en esas carreras son, todos, sin excepción alguna, de pueblos originarios: Melinao, Curihuinca, Huenupi, Hualquimil, Yevilao… Por cierto, la ley no les prohíbe ejercer como médicos o ingenieros, pero en la vida real su acceso a esos puestos ha estado restringido.

Según Casen, el déficit de acceso a servicios sanitarios básicos es casi el doble entre indígenas (13,2%) que entre no indígenas (7,2%). Las familias con viviendas de calidad “aceptable” son menos entre los pueblos originarios (76,6% contra 87,6%). El ingreso del trabajo promedio del hogar, mucho menor ($582.081 a $763.052). El acceso a isapres, apenas la mitad (8,0% a 16,3%), etcétera.

La Araucanía es la región más pobre por ingresos del país (17,4%, contra 10,8% de promedio nacional), y las diez comunas con mayor tasa de pobreza tienen alta población mapuche o aymara: Alto Biobío (28,93% de pobres), General Lagos, Curarrehue, Galvarino, Ercilla, Chol Chol, Carahue, Camarones, Camiña y Lonquimay.

En Santiago, Cerro Navia y La Pintana son las comunas con mayor porcentaje de población mapuche y están, también, entre las más pobres y con menor esperanza de vida de la capital (en mujeres, 73 años en Cerro Navia, y 71 en La Pintana). Una mujer de Las Condes o Providencia tiene una expectativa de vida de 84 años, la misma de Noruega. Su compatriota de Tirúa, apenas 68 años, como en Namibia. Si es de Lumaco, 67, igual que en Pakistán.

Con todos estos datos a la mano, ¿puede alguien sostener que, de aprobarse el proyecto de Constitución, los pueblos originarios pasarían a ser de “primera clase”? Quienes lo afirman, ¿estarían dispuestos a intercambiar su posición social con la de los supuestos “privilegiados”? ¿Aceptarían que sus hijos tuvieran el mismo acceso a salud y vivienda, las mismas expectativas educativas y laborales, el mismo futuro económico, que un “privilegiado” niño mapuche de Ercilla, Lumaco o La Pintana? ¿Que su esperanza de vida ya no fuera noruega, sino pakistaní?

El senador Manuel José Ossandón Irarrázabal, hermano de la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal, padre del exconvencional Manuel José Ossandón Lira, tío de la concejala Bernardita Paul Ossandón, y hermano del exvicepresidente de RN Roberto Ossandón Lira, ¿puede sostener que su familia pasaría a ser “de segunda clase” ante una familia de Galvarino, Alto Biobío o Cerro Navia?

El truco es conocido. En todo el mundo, políticos populistas esconden sus propios privilegios azuzando a la población contra la amenaza del “otro”, el más pobre y discriminado: el inmigrante, el miembro de una minoría sexual, el indígena.

Quienes hablan tan livianamente de privilegios, podrían revisar esos viejos capítulos de “Mapuches millonarios”, y reflexionar por qué, en un país supuestamente “igual”, ese sketch sigue causando una mezcla de risa, culpa y profunda incomodidad ante la sociedad que hemos construido.

Fuente: La tercera

miércoles, 8 de junio de 2022

Instrumento para conocer el borrador de la nueva constitución de Chile.

Esta plataforma de búsqueda es una gran contribución para explorar en forma directa los artículos del borrador oficial de la Nueva constitución.

Ello puede ayudar a conocer el texto que se va a votar, y contrastar si existen informaciones tendenciosas o partidistas respecto al proceso de una nueva constitución en chile. 





Por ejemplo: si pones "Pueblos Indígenas" en el recuadro "Buscar", te aparecen de inmediato los textos directos. Y así, con otros temas. Aprovéchenlo y de paso difundan el enlace como un aporte en la campaña ciudadana de Educación Cívica por el Apruebo. Saludos cordiales. 


Folleto sobre la Convención constitucional y los enfoques por temas en la nueva constitución:





sábado, 11 de septiembre de 2021

Proceso constituyente marca 48 aniversario del golpe de Estado en Chile

 Santiago de Chile, 11 sep (EFE).- Chile conmemoró este sábado el 48 aniversario del golpe militar que derrocó al expresidente socialista Salvador Allende, esta vez en medio de un inédito proceso constituyente que dejará atrás la Carta Fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet iniciada el 11 de septiembre de 1973.



El debate constitucional, que inició oficialmente en julio pasado con la inauguración del organismo a cargo de redactar la nueva Carta Magna, le dio un carácter especial y de gran peso histórico al ejercicio de memoria de este año, en una fecha en que el país entero fija su recuerdo en el pasado con la intención de no olvidar y que no se vuelva a repetir.

A diferencia de 2020, donde los actos de homenaje a los caídos tras el derrocamiento de la Unidad Popular contaron con una baja convocatoria debido a las restricciones sanitarias, en esta ocasión la congregación de manifestantes fue más numerosa debido al retroceso progresivo de contagios por covid-19 y la flexibilización de las medidas de movilidad y aforo.

Prueba de ello fue la multitudinaria marcha que inició desde el centro de la capital en dirección al Cementerio General, camposanto donde se guardan los restos de Salvador Allende y de un sinnúmero de detenidos y ejecutados políticos durante la dictadura.

La figura del expresidente chileno fue recordada en diversos puntos del país mediante diversos actos, siendo el más emblemático la multitudinaria marcha rumbo al Cementerio General que esta vez terminó con algunas escaramuzas en los alrededores del camposanto.


EL ÚLTIMO 11-S CON LA CONSTITUCIÓN DEL 80

Después de las graves protestas que sacudieron al país a fines de 2019, desatando la crisis política y social más grave desde el retorno a la democracia, Chile se embarcó en un proceso constituyente que se prolongará como máximo hasta julio de 2022, trabajo que terminará con la Carta Fundamental redactara bajo el régimen militar.

"Vivimos un proceso colectivo de transformación social, para construir una sociedad de derechos, con todos y para todos, con memoria y con futuro. Nuestro proceso constituyente es una oportunidad histórica para avanzar y concretar los anhelos y luchas de los pueblos", indicó durante la jornada el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa.

"Quizás este sea el último 11 de septiembre con la Constitución de la dictadura", escribió también la delegada constitucional Cristina Dorador esta madrugada en sus redes sociales.


DERECHOS HUMANOS: EJE DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

A juicio de la diputada del Partido Comunista y abogada de derechos humanos Carmen Hertz, la impronta del proceso constituyente actual y de cara a la sociedad que se pretende construir debe tener como base el respecto a los derechos humanos.

"Los derechos humanos son la columna vertebral de una Constitución y por tanto de la reconstrucción democrática de la sociedad chilena, incluyendo los mecanismos", dijo a Efe la parlamentaria chilena.

Si bien la pandemia ha remitido en Chile y existen mayores libertades de movimiento para la población, no dejó de sorprender la cantidad de asistentes a la romería de Cementerio General.

Cientos de personas se reunieron en el Patio 29, donde descansan los restos de detenidos y ejecutados políticos, no todos aún identificados. EFE

Fuente: swissinfo.ch