La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, es un organismo internacional no gubernamental, fundado el 13 de Agosto de 1980, en Quito Ecuador, que impulsa la lucha por la construcción, defensa, promoción y observancia de los Derechos Humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.
Tras cien años de vida, Luis Echeverría fue un testigo de su tiempo, y en lo que concierne a ALDHU, valoramos su apoyo a los miles de exiliados latinoamericanos que encontraron en México el refugio ante la persecución que sufrieron en sus países, entonces asolados por turanias militares absolutas.
Respeto y paz en su tumba.
Organismos denuncian violaciones a los derechos humanos contra personas que padecen desplazamiento forzado.
#Migrantes # Caravanamigrantes #DerechosHumanos #México
Las escenas son dantescas: guardias armados que golpean con saña a migrantes que yacen tirados en el piso, que empujan a hombres y mujeres con bebés en brazos y a personas con discapacidades, que jalonean a madres angustiadas porque no encuentran a sus hijas, que detienen a niños. Que los persiguen armados.
O que los meten a las "perreras", los vehículos-jaula en donde son detenidos para ser deportados y cuyo nombre es una más de las humillaciones que sufren miles de personas que fueron expulsadas de sus países por violencia política o económica, y que intentan tener una vida mejor en México o en EE.UU. Hoy están siendo reprimidos.
Las imágenes se han repetido durante la última semana en Chiapas, el estado del sureste mexicano, en donde los migrantes ya realizaron cuatro caravanas que fueron frenadas con violencia por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migraciones (INM).
El 28 de agosto iniciaron la primera marcha. A los dos días fue la segunda. El jueves pasado, la tercera. Y el domingo realizaron el cuarto intento. Participan haitianos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, cubanos. Familias completas. Madres con sus hijos. Niñas y niños que viajan solos.
En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: agresiones, persecuciones y detenciones y deportaciones en masa. En los operativos hay discriminación, racismo y xenofobia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) ya denunciaron los riesgos que entraña esta estrategia.
La brutal cacería del @INAMI_mx y la @GN_MEXICO_ contra los migrantes que huyeron de su país y de #Tapachula en el sur de #Mexico donde les encarcelan sin acceso a documentos ni a trabajos. La #CaravanaMigrante ha mermado pero avanza hacia el norte 1/1 pic.twitter.com/WLGGCRLYRo
— Benjamin Alfaro (@Tapabav) August 29, 2021
"Resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo – incluyendo niñas y niños–, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional", señalaron las organizaciones internacionales en un comunicado.
Se refieren a una grabación en la que se ve cómo un agente del Instituto Nacional de Migración patea en la cabeza a un migrante que está en el suelo. El organismo suspendió a dos de sus funcionarios, pero esta era apenas la primera caravana, la del 28 de agosto. La violencia se ha replicado en las otras tres marchas que hubo durante la semana. Las corridas, amenazas y persecuciones son la norma.
"En México ya no se violan los derechos humanos", presumió el presidente Andrés Manuel López al dar su tercer informe de Gobierno el pasado miércoles. Las imágenes de lo que ocurre en Chiapas lo contradecían. También contrastaban con las fotos y comunicados en los que la cancillería mexicana se jactaba de haberle dado refugio a 390 personas de Afganistán en la última semana.
Esta foto de Isaac Guzmán ( @Isaacgu32798216 ) sintetiza bien el operativo de desarticulación de la caravana migrante en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/iAjxQZRLc8
— Leonardo Toledo (@leonardotoledo) September 1, 2021
Porque lo que piden los miles de migrantes que están hacinados en Chiapas es precisamente refugio, asilo o residencia para poder radicarse en México, algunos con la intención final de llegar a EE.UU. En lugar de eso, los mantienen retenidos en Tapachula. La han bautizado "la ciudad cárcel".
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en los primeros ocho meses de este año se recibieron más de 65.000 solicitudes refugio. Triplican los pedidos de 2020. La mayor parte, alrededor de 45.000, se radican en Tapachula.
Una vez iniciado el trámite, los migrantes tienen prohibido salir de la ciudad. El problema es que la resolución tarda tanto que quedan atrapados, sin trabajo, sin casa, sin medios para sobrevivir, en muchos casos sin documentos, y con una mochila como toda pertenencia.
📌Así la caravana de migrantes #Haitianos avanza sobre Chiapas, la @GN_MEXICO_ y el @INAMI_mx intentan detenerlos por medio de la fuerza.
— Avispa Midia (@Avispa_Midia) August 29, 2021
A pesar que #Haití vive una grave crisis l@s migrantes no son tratados como refugiados.
📹 @Darinelzacarias #caravanademigrantes pic.twitter.com/bevkdPyOYO
La desesperación los llevó a protestar y a iniciar las caravanas que han sido reprimidas desde hace ya dos años con la intención de detener el flujo de migrantes a EE.UU., ya que es parte de los acuerdos pactados por López Obrador con el expresidente Donald Trump.
En esta ocasión destaca la presencia de ciudadanos de Haití, el país más pobre del Continente, pero también hay diversas nacionalidades latinoamericanas que se topan con la política que puso en marcha el Gobierno mexicano para frenar en la frontera sur las oleadas migratorias que, en algunos casos, buscan atravesar el país para llegar a la frontera norte.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano ha denunciado en varios comunicados la violencia estatal cometida esta semana en contra de personas que están realizando desplazamientos colectivos y forzados. Es decir, en contra de quienes ya son víctimas.
Desde el 28 de agosto, señala en uno de los escritos, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio.
"En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso. Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales", advierte.
También demandan ayuda humanitaria urgente para atender a las personas, en particular a mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que ya llevan varios días caminando durante largas horas, sin suficiente agua ni comida ni atención médica.
Al reiterar el abuso de poder y las políticas represivas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y del INM, exigen el cese de acciones de vigilancia, hostigamiento y agresiones que impactan de manera particular en personas que salieron de sus países buscando protección y una vida digna.
Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y otras organizaciones ya iniciaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular después de la redada que este domingo padecieron las personas migrantes que dormían en la ciudad de Huixtla, también en Chiapas, hasta donde habían logrado avanzar desde Tapachula.
Tres agencias de la ONU exigieron este martes a las autoridades mexicanas "respetar los derechos humanos de los migrantes" tras el violento operativo para disolver una caravana de migrantes en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
#México #Migración #Caravanamigrante #ONU
"El incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo", apuntaron en un comunicado.
El mensaje fue lanzado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El ente de migración mexicano informó el lunes que suspendió a dos agentes federales por actuar de manera indebida durante un operativo el pasado sábado al contener a migrantes en que salieron de la ciudad de Tapachula con destino a Estados Unidos.
Los dos agentes fueron captados en fotografías y vídeos cuando golpeaban a un migrante, a quien fuerzas de seguridad le impidieron continuar su camino por la carretera.
Las agencias de la ONU aplaudieron "la suspensión de funciones y la aplicación de medidas para la investigación de funcionarios que estarían involucrados en acciones que implicaron un uso excesivo de la fuerza".
Sin embargo, hicieron un llamado a "la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas".
"En toda investigación se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas", subrayaron.
Consideraron "profundamente preocupantes" las imágenes de la disolución de la caravana y consideraron que estos hechos demuestran "la necesidad de fortalecer la capacidad" de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El flujo migratorio aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos, por lo que el entonces presidente Donald Trump presionó a México para que los frenara.
Cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, suspendió el programa "Permenecer en México" de su antecesor que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia desde territorio mexicano, miles de los cuales quedaron varados en campamentos fronterizos.
Con ello, el flujo migratorio volvió a repuntar de manera que Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.
Ciudad de México, 31 ago (EFE).-(c) Agencia EFE
Fuetne: Yahoo Noticias
CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- La crisis política, social y económica que vive Nicaragua demuestra que "México debe recalibrar su postura" sobre la situación. Incluso, la comunidad internacional debe leer el problema con otros ojos, "no entre izquierdas ni derechas", fueron las posturas en el foro"Los ataques a la democracia en América Latina: el caso más reciente Nicaragua".
#Nicaragua #DerechosHumanos #México
El panel se realizó con los moderadores Rafael Fernández de Castro, Director de USMX, el director Sergio Alcocer, Presidente del COMEXI; además participaron Gema Santamaría, de Loyola University; Guadalupe González, de El Colegio de México, y Jorge Álvarez, exembajador del COMEXI, además del periodista Carlos Chamorro, quien fue perseguido en su país por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Sobre el conflicto en Nicaragua y en América Latina, Santamaría afirmó que la región ya no se entiende entre izquierda o derecha, puesto que hay acciones que realizan unos u otros gobiernos que se caracterizan así, que no corresponden a esas ideologías.
En Nicaragua, aseguró, "no hay una izquierda gobernante", por lo que se necesitan "otros lentes" para analizar la situación. "Ya no es el sandinismo" el que gobierna Nicaragua, señaló, sino que hay un "régimen que busca acallar a la oposición, coartar la libertad de expresión".
El exembajador Álvarez también coincidió que la "crisis" se debe ver "con otros ojos en el ámbito internacional, no entre izquierda ni derecha". Además, indicó que "se carece de un análisis profundo en México".
Los panelistas también recalcaron que hay una "notoria decadencia" de las "condiciones democráticas en América Latina".
Santamaría recordó que la crisis en Nicaragua no inició ni en 2018, cuando fueron las protestas contra el gobierno, que fueron reprimidas, sino que se remonta a desde el año "2000", cuando hubo "un pacto entre el Partido Liberal y el sandinista". En esta época, Ortega volvió al poder.
"La democracia ha sido erosionada" y "el proceso electoral es una farsa", señaló Santamaría, de Loyola University.
El periodista Carlos Chamorro hizo un recuento de las últimas acciones de Ortega en su país: "Está decidiendo eliminar a la competencia política. El régimen está decidiendo que no habrá competencia". Además, afirmó, que en la nación hay "un estado policial de facto", y una "recesión económica".
Los últimos arrestos de precandidatos y otros líderes de la oposición, dijo el periodista, "son el último zarpazo de la posibilidad de una vía electoral". "Ortega se va a reelegir sin democracia", afirmó.
Chamorro señaló que la "OEA tiene la capacidad de convocar a los cancilleres", pero también hay muchas preguntas sobre el papel de actores como México y Argentina.
González, de El Colegio de México, recordó que la República mexicana fue un referente en "1979 hasta principios de los 90s". Sin embargo, "en la actualidad, México asume un papel ambiguo" y es que la nación "aún no acaba de cuadrar el círculo de su papel en la región".
Y es que "asumir que hay probabilidades de diálogo (en Nicaragua) es no entender la situación, ¿sobre qué sería el diálogo?," cuestiona.
México y Argentina han dicho que es necesario impulsar un diálogo con el gobierno de Ortega para superar "esta situación por la vía pacífica".
También, González señaló que México se ha distanciado de la OEA "por su conflicto con (el secretario general, Luis) Almagro", al que no apoyó en su reelección.
Los panelistas recordaron que en una última votación sobre la crisis en Nicaragua en la OEA, México se abstuvo y si bien llamó a consultas a su embajador, eso no es solución.
La situación, en palabras de Fernández de Castro, es que hay una "América Latina sin voz ni liderazgo". Incluso, la situación en Nicaragua "no pasa por la opinión pública de México".
En este sentido, González mencionó que "cada país está metido en sus problemas", por lo que una vía para solucionar el problema sería en la "movilización de los autores no gubernamentales", además recalcó que un gran apoyo se daría en las instancias de derechos humanos.
Sobre un apoyo de la comunidad internacional, González indicó que si bien hay posiciones de Estados Unidos y de la Unión Europa (UE), "falta coordinación". "La comunidad internacional no cuenta con grandes instrumentos" para hacer algo, dijo.
Alcocer concluyó que estos problemas en América Latina deben abordarse de forma permanente, "no por picos".
Fuente: Noticias Yahoo (el Universal)
Un amigo me envía lo que sigue, escrito por un común conocido: "Es a Colombia o México que se asemeja más el "nuevo modelo" que estamos engendrando. Nace, cuando nadie, ni izquierdas ni derechas, ni gobiernos, Parlamento o jueces, están dispuestos o preparados a pagar los costos de terminar con la violencia y el desorden público. Al contrario, ambos comienzan a contar con protección y validación entre autoridades políticas. La realidad de nuestros tres poderes del Estado lo grafica. Un Ejecutivo incapaz de imponer el orden público como es su deber. Un Legislativo ambiguo cuando no amparador y azuzador de la violencia. Un Poder Judicial de un garantismo inepto para el Chile actual, que adiestra en que los delitos violentos suelen volverse impunes y que reserva la severidad para los procedimientos policiales mermando al Estado la capacidad para reprimir, castigar o defenderse. Sean cuales sean las intenciones, ideales, frustraciones o anhelos, la violencia no es contenida, condenada, ni castigada en la medida necesaria para erradicarla. Así se va configurando un nuevo modelo de país".
Si no entiendo mal, la persona que escribe está llamando a una represión violenta tipo masacre para "erradicar la violencia". Y que cuando critica a los que no estarían "dispuestos a pagar los costos" se sitúa abiertamente al margen de toda garantía de respeto de los derechos humanos en aras de evitar "un nuevo modelo de país" signado por la violencia. Este es un discurso -y desgraciadamente una práctica histórica- que conocemos bien: la de la derecha autoritaria y de la oligarquía vieja y nueva que se siente dueña del país. Y que hoy considera "débil" incluso a este gobierno y sus procedimientos represivos con asesinatos a mansalva, disparos a los ojos, heridas y golpizas por doquier de unas policías con síntomas de desquicio. Y que no considera que los derechos de las personas, por condenables que pudieran llegar a ser sus conductas, deben respetarse siempre en un Estado de derecho, que el articulista evidentemente desprecia con ironía. Y que no considera en absoluto que la violencia de la explotación económica, de la humillación de los débiles y de los vencidos, el abuso de los poderosos y del patriarcado ancestral, termina en un momento u otro por engendrar formas de violencia social, como en el Chile de hoy. Esta violencia, por condenables que sean algunas de sus expresiones, nunca debe dejar de ser contenida abordando las raíces y no solo los síntomas, las causas y no solo los efectos.
Oscar G. estuvo a cargo de delinear el plan de nacionalizaciones (que Vuskovic y mi padre entendían limitado a grandes empresas y a la banca), pues había estudiado los grupos económicos de la época y el Mapu lo nominó para ocupar la subsecretaría de Economía. Se usó las intervenciones de empresas de distinta índole y tamaño e incrementos salariales sin estrategia política clara, como la hubo con la compra de acciones de la banca. En 1973 Oscar G. saltó al parlamento y a la política partidaria y se hizo cargo de una de las facciones del recién dividido Mapu. Después del golpe, salí de Chile al exilio con mi madre y mi hermano menor en el mismo avión de la fuerza aérea colombiana en que estaban su mujer y sus pequeñas hijas, quedando Oscar G. todavía por meses en la embajada de ese país, cuando era uno de los hombres más buscados por la dictadura recién entronizada y que de encontrarlo lo hubiera asesinado sin más. Seguí sabiendo de él durante la dictadura, dirigiendo su partido desde Cuba y entrando y saliendo clandestinamente, incluso para organizar un grupo de lucha armada. No pudo volver al parlamento en 1990 porque estaba proscrito por una acción legal de la Armada, y optó por dedicarse a la actividad empresarial. Compartí con él en el comité central del PS, al que se integró en 1989, por muchos años y me ayudó con su bonhomía y simpatía de siempre en temas de gestión partidaria cuando fui dirigente del PS (aunque equivocándose gravemente en el tema de la administración de los bienes devueltos) y en diversos otros temas. Siempre lo vi como un defensor de los derechos humanos, aunque fuimos discrepando cada vez más por su creciente defensa del libremercadismo que, como se sabe, poco tiene que ver con las ideas socialistas.
Nunca he tenido problemas con que la gente evolucione o derechamente cambie sus ideas. Es propio de la condición humana y del ejercicio de la libertad personal. Nada que decir. Lo único que siempre he pedido es franqueza en la materia. En cambio, Oscar G. fue de los que querían que su evolución personal hacia el mundo de la gran empresa -¿en una hegeliana lucha por el reconocimiento a posteriori?- fuera entendido como parte de la renovación del socialismo, en lo que fuimos discrepando de manera cada vez más aguda. Me pasó con otra gente que pasó del dogma del socialismo centralizado al dogma del libremercado y a "las soluciones privadas a los problemas públicos". Se compraron aquello de que el Estado sería siempre ineficiente, en circunstancias que como organizaciones las privadas no suelen ser mucho mejores que las públicas y las sin fines de lucro y que sistémicamente producen desigualdades sociales y destrucciones de la naturaleza que son inaceptables. Y se olvidaron que los defectos del Estado son muchos, pero que en democracia y con participación ciudadana son siempre mejorables.
Tal vez se trata de gente que necesita interpretar el mundo de manera cerrada, cualquiera sea el sistema de interpretación que adopten. Los que creemos en el pensamiento abierto y crítico nunca fuimos marxistas-leninistas. Al evidenciarse su fracaso histórico, no necesitamos abrazar un nuevo dogma, solo seguir con el pensamiento crítico y, en lo fundamental, con la opción por principios igualitarios y libertarios de organización de la sociedad. Los instrumentos siempre serán discutibles y, por qué no, cambiantes. Aferrarse a instrumentos que no funcionan no es precisamente muy inteligente. Los principios son otra cosa y no tienen que ver con la inteligencia sino con la concepción que se tiene de la vida social. Cuando un instrumento no sirve, eso no quiere decir que los principios a los que uno libremente adhiere haya que desecharlos junto al instrumento que no sirve. Cuando no funciona, personalmente procuro cambiar el instrumento, y no mis principios.
Pero insisto, cada uno es libre de adherir a los principios y a los instrumentos que quiera, tratando de no pasar gato por liebre, eso sí. Yo sigo pensando que el Estado democrático de derecho es una conquista irrenunciable de la humanidad y que el socialismo en materia económica debe defender combinaciones adaptadas a cada etapa histórica entre una fuerte acción estratégica y de prestación de servicios del Estado, la reciprocidad comunitaria en la economía social y del cuidado y mercados subordinados al interés general que coordinan descentralizadamente ofertas y demandas a través del sistema de precios. Pero adherir al libremercadismo y a la dominación de la gran empresa es propio de otras ideas y de otros intereses que los de la mayoría social. Y así, cada uno con las ideas y adscripción a intereses que mejor le parezcan.
Pero entre mis conocidos que pasaron de la izquierda a las ideas económicas liberales, con los que discrepo pero a los que respeto, no había visto el tránsito a la defensa del autoritarismo violento propio de la peor derecha, como observo con pesadumbre, dada la mencionada historia común, que ocurre ahora con Oscar G. Eso si ya no es respetable.
Escribo estas líneas lejos de sentirme dueño de verdad alguna o con el derecho de juzgar a nadie, sino solo como defensor de ciertas ideas igualitarias y libertarias que se inscriben en una tradición en la historia contemporánea, y para que las nuevas generaciones no piensen que hay una parte de una generación de la izquierda que viró a las ideas liberales y, ahora, a respuestas represivas y autoritarias, sin que hubiera controversia con los que tomaron ese camino. La controversia existió en todo momento, y siguen habiéndola, aunque el privilegio mediático de los nuevos liberales o los nuevos autoritarios pudiera hacer pensar lo contrario.
Gonzalo Martner
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| Juan Montalvo, escritor ecuatoriano |
