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domingo, 6 de marzo de 2022

La Asamblea General exige a Rusia la retirada inmediata de sus fuerzas militares de Ucrania

 El órgano más representativo de la ONU adopta una resolución que deplora la agresión rusa y reafirma la soberanía, independencia política e integridad territorial ucranianas. El texto también exige a Rusia revertir el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Luhansk. 141 países votan a favor, cinco en contra y 35 se abstienen.


La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este miércoles una resolución en la que exige a la Federación de Rusia que “retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”.

El documento, patrocinado por más de 90 países, obtuvo 141 votos a favor, cinco en contra -Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea-, y 35 abstenciones . El voto se llevó a cabo luego de más de dos días de un debate en el que casi 120 representantes coincidieron en la necesidad de una solución pacífica a la crisis, aunque desde diferentes perspectivas.

Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero reflejan la posición de los 193 Estados miembros de la ONU. La sesión de especial de emergencia y la decisión de la Asamblea se producen después de que el viernes pasado Rusia vetase una resolución en parecidos términos que habría permitido al Consejo tomar medidas, entre ellas las militares, para obligar a su cumplimiento.

Además de la retirada militar rusa, el texto adoptado exige a ese país que ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y que revierta sin condiciones la decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk.

Del mismo modo, estipula que Rusia debe abstenerse de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado Miembro.

Otra exigencia de la Asamblea es que todas las partes permitan el paso seguro e irrestricto a quienes busquen salir del país, que faciliten la entrada y distribución de asistencia humanitaria, que protejan a la población civil sin distinciones de ningún tipo, y que respeten los derechos humanos.

Deplora la participación de Bielorrusia

El texto “deplora en los términos más enérgicos la agresión de Rusia contra Ucrania”, que contraviene la Carta de las Naciones Unidas y condena las violaciones del derecho internacional humanitario y los abusos de las garantías fundamentales.

Por otra parte, deplora “la participación de Bielorrusia en este uso ilícito de la fuerza contra Ucrania y exhorta al país a que cumpla sus obligaciones internacionales”.

La resolución dispone que todas las partes cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario para no atacar ni dañar a la población ni a los bienes de carácter civil, que no ataquen bienes indispensables para la supervivencia de los civiles y que respeten al personal y suministros humanitarios.

La Asamblea General también exhortó a las partes a que cumplan los acuerdos de Minsk e insta a la resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania “mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos”.

En otro punto, acoge con beneplácito los esfuerzos continuos del Secretario General de la ONU, los Estados miembros y diversos organismos internacionales por distender la situación y promover el diálogo.

En el texto previo a las estipulaciones, la resolución explica que toma esas previsiones “condenando la declaración hecha por la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022 de llevar a cabo una ‘operación militar especial’ en Ucrania, al igual que la decisión rusa “de mejorar el nivel de preparación de sus fuerzas nucleares”.

Ucrania necesita la paz y el mundo la exige

Inmediatamente después de la votación, el Secretario General, quien estuvo presente durante toda la sesión al lado del presidente de la Asamblea, salió unos momentos de la sala para dirigirse a la prensa.

“La Asamblea General ha hablado. (…) El mensaje es alto y claro: Poner fin a las hostilidades en Ucrania, ahora. Silencien las armas, ahora. Abra la puerta al diálogo y la diplomacia, ahora”, declaró António Guterres.

Agregó que no hay tiempo que perder porque si bien los efectos brutales del conflicto ya son evidentes, la situación puede empeorar mucho más para la población ucraniana.

“La resolución de hoy refleja una verdad fundamental. El mundo quiere poner fin al tremendo sufrimiento humano en Ucrania”, enfatizó.

Guterres planteó nuevamente su preocupación por las consecuencias regionales y mundiales que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede tener en términos de paz y seguridad.

En otra línea, el titular de la ONU hizo hincapié en la rápida movilización de fondos para las operaciones humanitarias en Ucrania y sus países vecinos y recalcó la enorme generosidad internacional observada ayer en la respuesta al llamamiento a recaudar recursos para brindar asistencia vital a la población afectada.

Con ese dinero, las agencias de las Naciones Unidas podrán aumentar la entrega de suministros médicos y de salud, alimentos, agua potable, refugio y protección.

“De cara al futuro, continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para contribuir a un cese inmediato de las hostilidades y negociaciones urgentes para la paz. La gente en Ucrania necesita desesperadamente la paz. Y la gente de todo el mundo la exige”, concluyó el Secretario General antes de volver a la sala de la Asamblea.


El Secretario General António Guterres salió de la Asamblea General para hablar con la prensa.ONU


Intervención “no provocada”

Antes de la votación, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, una de las últimas oradoras del debate, instó a Rusia a detener su intervención “no provocada” en Ucrania y llamó a Bielorrusia a dejar de apoyar y facilitar la agresión.

Linda Thomas-Greenfield acusó a Rusia de violar las leyes internacionales y recordó que el trabajo de los Estados reunidos en la Asamblea General es detener la guerra.

La diplomática estadounidense responsabilizó a las fuerzas rusas de lanzar ataques contra la población e infraestructura civil y abogó por el bienestar de los refugiados, sin ninguna distinción, en los países que los están acogiendo.

Ucrania y Rusia

El representante de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, presentó la resolución al pleno antes de proceder al voto pidiendo apoyo para el texto y afirmando que Rusia está cometiendo un genocidio en su país.

Kyslytsya agradeció además las expresiones de solidaridad mundial y la acogida de refugiados en los países vecinos.

También antes de la votación, el embajador de Rusia, Vassily Nebenzia, denunció la presión ejercida por los países occidentales sobre muchos Estados para que votaran a favor y exhortó al pleno a no apoyar el documento, argumentando que no contribuiría al fin de la operación militar sino que exacerbaría a los nacionalistas radicales ucranianos que tienen como rehén a los civiles y que no son mencionados en la resolución.

Nebenzia refutó categóricamente las acusaciones de bombardeos en áreas civiles, llamó a no caer en la trampa de la información falsa, y acotó que quienes verdaderamente están interesados en Ucrania entienden el origen de la situación.


Resultados de la votación en la reunión de la Asamblea General sobre Ucrania

La resolución no alude a las preocupaciones de seguridad de las partes

Tras la votación, numerosos representantes explicaron el porqué de la posición de sus países con respecto a la resolución.

China, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstuvo de respaldar el texto, como lo había hecho en ese órgano resolutivo. Su embajador expuso la falta de consultas con todos los Estados miembros para la redacción del documento, una imputación compartida por Sudáfrica, que también se abstuvo diciendo que hubieran preferido un proceso abierto y transparente para su elaboración.

Otro punto destacado por China fue la falta de profundidad de la resolución en cuanto a las preocupaciones de seguridad de las partes, que son causa del conflicto, por lo que llamó una vez más a abandonar la mentalidad de Guerra Fría y a no extender los bloques militares ni a reforzar la seguridad de Europa a costa de la seguridad rusa.

La falta de mención de la seguridad de los países involucrados también dejó inconformes a Sudáfrica -que las resaltó como origen del conflicto- y a Brasil.

El país sudamericano señaló que si bien votó a favor por estar del lado de la paz, la resolución se queda corta al no abordar esas preocupaciones. Más que la retirada de las tropas, es eso lo que hace falta para resolver pacíficamente el conflicto, aseveró su representante.

Como China, India fue otro país que se abstuvo en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General y que se manifestó a favor de una solución pacífica y la entrada de ayuda humanitaria, y urgió a “todos los Estados miembros a mostrar su compromiso con los principios de la Carta de la ONU”, respetando la soberanía e integridad de “todos los Estados”.

En el mismo tenor, la representante de los Emiratos Árabes Unidos -nación que se abstuvo en el Consejo de Seguridad- subrayó que su país votó a favor en esta ocasión, pero que su convicción es que la solidaridad no significa preocuparse por resolver los conflictos en algunas zonas del mundo e ignorar los de otros lugares, donde llevan mucho tiempo devastando países.


Votos en contra

Entre los votos en contra, Eritrea y Siria detallaron el motivo de esta decisión. Eritrea dijo haber rechazado el texto por estar en contra de las sanciones unilaterales que se vienen imponiendo a Rusia, que son ilegales y contraproducentes. Sostuvo que lo que se necesita es resolver los problemas de seguridad de los países enfrentados y que esas imposiciones lejos de solucionarlos, los agudizan. El representante eritreo abogó entonces por una solución diplomática.

Siria, por su parte, enfatizó la doble moral -un aspecto aludido por otros países, como Saint Kitts-Nevis, aunque éste votó a favor- de algunos miembros de la comunidad internacional que en el caso de Ucrania se apresuran a pedir la retirada de Rusia, mientras que durante décadas han permitido la ocupación israelí de los Territorios Palestinos y de los Altos del Golán.


Fuente: Noticias ONU

sábado, 11 de septiembre de 2021

¿Debe España reincorporar a Baltasar Garzón a su cargo judicial?

 Art. Opinión: Fabián Salvioli

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó un dictamen el día 31 de julio de 2021, que se hizo público cuatro semanas después -el 25 de agosto-, por el que concluyó que Baltasar Garzón no tuvo garantizado -entre otros derechos- el derecho a un tribunal independiente e imparcial, como consecuencia de los procesos que se siguieron en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel, que derivaron en su condena penal por prevaricación, y la destitución del cargo de juez que ejercía como titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

En el dictamen se subraya que durante el trámite de las causas por delitos cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, el juez Garzón adoptó resoluciones motivadas jurídicamente en relación a su competencia para investigar las denuncias; en cuanto a la causa Gürtel -el proceso que derivó en la condena penal del magistrado-, el examen realizado por el Comité examina a partir de las propias pruebas presentadas por las partes, la interpretación jurídica de la Ley Orgánica General Penitenciaria realizada por Garzón -con la que concordaron otros jueces e incluso el Ministerio Fiscal-, por lo que concluye que ni una ni otra actuación pueden constituir mala conducta, falta grave, ni ausencia de idoneidad que conlleve destitución y la pérdida definitiva de su cargo.

#DerechosHumanos #BaltasarGarzón #Gürtel #España




Los dos procesos contra Baltasar Garzón se desarrollaron en instancia única ante el Tribunal Supremo de España, y los respectivos juicios orales fueron llevados adelante para ambas causas con cinco días de diferencia, destacándose que dos de las personas que lo acusaron en el caso Franquismo, le juzgaron por el caso Gürtel. Uno de ellos, especialmente, dejó evidente su falta de imparcialidad cuando en el primer proceso, asistió reiteradamente a la parte demandante para que modifique sus escritos de acusación respecto de Garzón.

El Comité de Derechos Humanos llega a la conclusión de que en los procesos contra Baltasar Garzón se ha violado el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, en los términos del artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que al haber sido condenado en instancia única, sin posibilidad de revisión del fallo y la pena, también se violó la garantía establecida en el artículo 14.5 del mismo instrumento jurídico. Finalmente, asimismo indica que el artículo 446 del Código Penal de España, que castiga el delito de prevaricación para el juez o jueza que dictare “sentencia o resolución injusta” no define qué ha de entenderse por ello, implicando una violación del principio de legalidad, que obliga a los Estados a determinar con claridad, precisión, de manera explícita y exacta la conducta que se prohíbe. Dicha norma, aplicada al caso Garzón, viola el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El dictamen, finaliza resaltando que las violaciones al Pacto requieren la obligación de reparar integralmente a las personas a quienes se les hayan violado los derechos, y destaca para el caso que, entre otras medidas, deben borrarse los antecedentes penales y proporcionar una compensación adecuada, además de tomar las medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.


Medir la democracia

España ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 27 de abril de 1977, y el 25 de enero de 1985 ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto, que permite la presentación de denuncias por presuntas violaciones al Pacto ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano compuesto por dieciocho personas expertas e independientes que actúan a título personal, no reciben honorarios por su tarea en el mismo, y duran cuatro años en sus funciones; se les elige por mayoría de votos en la Asamblea de Estados Partes en el Pacto, que a 2021 ascienden a 173. La adhesión de España a ambos instrumentos se da desde la recuperación de la democracia, y ello no es casualidad, ya que el régimen democrático resulta consustancial con el concepto de Estado de Derecho basado en los derechos humanos

Pero el nivel de democracia substancial de un Estado no se mide tanto en si ha ratificado o no instrumentos internacionales de derechos humanos, sino más bien en cuánto cumple con las disposiciones establecidas en los mismos en el diseño y ejecución de su política pública, y cuán eficaz es en reparar las violaciones que eventualmente se han cometido.

Los gobiernos de corte autoritario desconocen e incumplen con las sentencias y dictámenes de órganos internacionales; en el caso de los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas -como el Comité de Derechos Humanos- con argumentos decimonónicos se intenta minar o relativizar el valor vinculante de sus decisiones, indicando que constituyen meras “recomendaciones”.

Esas posiciones son incapaces de explicar -entre otras cosas- de qué manera cumplirá un Estado con sus obligaciones vinculantes establecidas en el Pacto, dejando de acatar un dictamen del órgano creado por el mismo Pacto para monitorear su observancia de parte de los Estados a través de diferentes procedimientos, entre otros, la tramitación de comunicaciones individuales conforme al Protocolo Facultativo. Un Estado democrático no tiene excusas, ni jurídicas ni éticas, para incumplir con el pronunciamiento emitido por un órgano internacional de supervisión de derechos humanos en el marco de sus competencias.

El jurista Baltasar Garzón durante la presentación de su nuevo libro, "La Indignación Activa".  EFE

En efecto, en el párrafo 16 de su Observación General N 31 (2004), por la que el Comité describe la naturaleza de las obligaciones establecidas en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresamente ha indicado que “…en los casos en que proceda, la reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos…”. Previamente, al final del párrafo 15 de la citada Observación General, el Comité subraya que “…La cesación de la violación constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo…”. También, la frase final del párrafo 20 de la Observación General N 33 (2008) destaca que “…los Estados partes han de utilizar todos los medios que estén a su alcance para dar efecto a los dictámenes del Comité…”.


En el año 2016, el Comité de Derechos Humanos aprobó las Directrices sobre Medidas de Reparación”; dicho documento señala expresamente que “…Cuando el Comité concluye que una comunicación individual pone de manifiesto violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto, ordena medidas destinadas a proporcionar una reparación íntegra a las víctimas (restitución, indemnización, rehabilitación y medidas de satisfacción), así como a evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro (garantías de no repetición)…”, y cuando aborda las medidas de “restitución”, que: “…Esas medidas pueden consistir, por ejemplo, en la reincorporación de la víctima al empleo que perdió a consecuencia de la violación cometida…” (párrafos 2 y 8).


Honrar los compromisos

En el caso de Baltasar Garzón se han violado los derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como indica el dictamen fijado precisamente por el órgano creado por el Pacto -Comité de Derechos Humanos-; dicha conclusión jurídica es legítima, válida y final; pretender que el Estado puede reinterpretar dicha decisión sobre el fondo del asunto sería brindarle la inconsecuente posición de “juez y parte”, lo que además en el presente asunto resultaría una gran paradoja, ya que ese ha sido -en virtud de la posición asumida por dos magistrados- uno de los elementos valorados en la sustanciación de las causas tramitadas en el Tribunal Supremo, que merituaron la determinación de la responsabilidad internacional de España por violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la resolución del Comité

Queda muy en claro que el Estado debe borrar los antecedentes penales derivados de las causas Franquismo y Gürtel que figuren en el expediente de Baltasar Garzón, y también que debe otorgar una compensación económica -que el Comité no cuantifica, aunque deberá cubrir lógicamente los daños patrimoniales y morales generados-.

Asimismo, al señalar el dictamen el término “entre otras” (inter alia), corresponde formularse la pregunta: ¿Cuáles son las “otras medidas” que el Estado debe tomar para reparar integralmente?

La pérdida del cargo de Juez que detentaba Baltasar Garzón ha sido efecto directo de la sanción penal en su contra establecida en violación al derecho a la justicia; el cese de dicha consecuencia inmediata no puede ser otro que su restitución a la función judicial, y cualquier otra interpretación repugnaría al principio de buena fe que debe guiar el comportamiento de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Finalmente, se requiere la adecuación normativa del artículo 446 del Código Penal de España, que constituye hoy una “ley penal en blanco -indeterminada-” y en consecuencia violatoria del principio de legalidad; dicha medida es indispensable como garantía de no repetición.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de Baltasar Garzón no representa un castigo para España, sino por el contrario la oportunidad de medir la calidad democrática del Estado, a quien le corresponde jurídica y moralmente, dar debido y pronto efecto al mismo, cumpliendo con todas las medidas que hacen a la reparación integral, honrando así sus compromisos convencionales de cara a sus ciudadanos y ciudadanas, y también frente a la comunidad internacional.

Fabián Salvioli es jurista de nacionalidad argentina, y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata; integró el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, presidiéndolo entre los años 2015-2016. Es además, el autor de las Directrices sobre medidas de Reparaciones adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 4 de noviembre de 2016.

Fuente: La Vanguardia

martes, 29 de junio de 2021

La Asamblea General rechaza una vez más de forma abrumadora el embargo a Cuba

La Asamblea General de las Naciones se pronunció una vez más este miércoles de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales.





La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania).

Con su voto de hoy, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la sesión pasada sobre el tema, en noviembre de 2019.

La resolución A/75/L.97 se suma a las 28 que se han adoptado anualmente desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.


“Acto de genocidio”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presente en la sala, afirmó en el debate que precedió la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que según la Convención de Ginebra de 1948, “constituye un acto de genocidio”.

Se trata, dijo, “de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia, que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo”.

El canciller cubano preguntó qué les ocurriría a otras economías, incluso de países ricos, si se les sometiera a condiciones similares.

Precisó que de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9157 millones de dólares a precios corrientes y que en el último lustro las pérdidas superaron los 17.000 millones de dólares. Los daños acumulados en las seis décadas ascienden a 147.853 millones de dólares.


Que cese la persecución

“El reclamo de Cuba es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo”, recalcó.

Rodríguez Parrilla aseveró que el bloqueo “es un acto políticamente motivado” descrito a la perfección “en el infame memorando” del Departamento de Estado estadounidense del 6 de abril de 1960 que llama a poner en práctica “todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros” para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrotar al gobierno.

En este sentido, el diplomático acusó a Estados Unidos de querer provocar inestabilidad política y social en el contexto de las dificultades económicas causadas por su propia política de castigo al pueblo cubano.


Política anacrónica

No obstante, los intentos de mostrar un fracaso del sistema y de sostener que el bloqueo no es un factor significativo de las dificultades económicas del país no han funcionado sino que han tenido un efecto de aislamiento de Estados Unidos de la comunidad internacional, que pugna por el fin del embargo.

“Muchos alegan pragmáticamente, incluso dentro del gobierno estadounidense, que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz que no ha logrado ni logrará su objetivo y ha terminado por desacreditar y aislar al propio Estados Unidos”, enfatizó.

Para concluir, Rodríguez Parrilla agradeció las muestras de solidaridad internacionales y aseguró que, “como el virus, el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar”.


Estados Unidos

Antes de la votación, Rodney Hunter, coordinador político de la Misión de Estados Unidos ante la ONU anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.

“Las sanciones son un conjunto de herramientas de nuestro esfuerzo más amplio para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, señaló.

Hunter reconoció los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y añadió que por eso Estados Unidos provee al país caribeño suministros humanitarios, además de ser “uno de los principales socios comerciales de Cuba”.

“Cada año autorizamos miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano”, insistió.


A favor del multilateralismo

Los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea, al igual que los bloques de países, que tomaron la palabra durante la sesión reiteraron la urgencia de ponerle fin al embargo estadounidense a Cuba, particularmente en la emergencia que vive el mundo frente a la pandemia de COVID-19.

Del mismo modo, encomiaron la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria e, incluso, desarrollado vacunas contra el coronavirus.

Acabar con el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba es impostergable, fue la voz unísona, llamando a defender el multilateralismo y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Fuente: Noticias ONU