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jueves, 18 de agosto de 2022

Daniel Ortega continúa su cruzada contra la Iglesia católica y detiene a un tercer sacerdote

Al acoso a los templos se suma la apertura de una investigación contra un obispo por «ejecutar actos de odio», según la Policía de Nicaragua.



Óscar Danilo Benavidez Tinoco, párroco de la iglesia Espíritu Santo, ubicada en el municipio de Mulukukú, perteneciente a la Diócesis de Siuna, se convirtió el domingo en el tercer sacerdote detenido por el régimen de Daniel Ortega. «Comunicamos a todos nuestros fieles católicos que en la tarde de hoy domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavides párroco de la parroquia Espíritu Santo Mulukukú, desconocemos las causas o motivos de su detención, esperamos que las autoridades nos mantengan informados», informó la Diócesis de Siuna en un comunicado difundido en redes sociales recogido por el medio '100% Noticias'. El lunes, Benavidez fue trasladado a la prisión del Chipote, donde están encarcelados en la actualidad 180 presos políticos.

Esta nueva detención muestra la escalada de represión del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, crítica con el régimen, que obligó a convocar una reunión de urgencia a la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado viernes para abordar esta situación.

Este mismo martes, los feligreses de una congregación no pudieron entrar en la Parroquia de Santa Lucía en Ciudad Darío, norte de Nicaragua porque la policía orteguista impidió el acceso al templo y el sacerdote tuvo que dar el sacramento detrás de una valla, según se puede ver en las imágenes colgadas en las redes sociales.

 El caso de Danilo Benavidez Tinoco se suma al hostigamiento sufrido desde hace semanas por el obispo Rolando Álvarez. La Policía Nacional mantiene rodeada la casa parroquial de monseñor, ubicada en la ciudad de Matagalpa, en el centro del país. La medida fue impuesta desde el 4 de agosto, el mismo día en que Álvarez realizó una procesión con los símbolos del catolicismo. Una escena como esta no se veía desde las protestas de abril de 2018, cuando miles salieron contra el régimen, incluidos varios curas que también hicieron procesiones por la «paz». Por ello, algunas fuentes eclesiásticas han asegurado que existen «presiones» por parte del Gobierno de Ortega hacia la jerarquía católica de Nicaragua con el fin de sacar al prelado del país.

 Sin embargo, monseñor Álvarez se ha negado a irse. Dentro de la curia graba vídeos y los cuelga a las redes sociales de la Diócesis de Matagalpa, su sede religiosa. El día que fue asediado aseguró que tiene una misión religiosa, y que la lucha de los «creyentes», no es solo contra «fuerzas humanas».

«Recuerden amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza auto sepulta y el odio es la muerte del corazón; al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza, al miedo con la fortaleza y con la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado», dijo el jerarca católico en otra transmisión realizada el 6 de agosto.

La situación en la curia de Matagalpa ha elevado las alarmas nuevamente en el país. La persecución ejecutada por estas fechas en 2021 contra siete aspirantes a la presidencia y decenas de líderes opositores sigue latente. El régimen abrió «una investigación» contra el líder religioso por «intentar organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio en contra de la población», según reza un documento publicado por la Policía Nacional un día después de la procesión. Dentro de la casa parroquial también se encuentran otras 11 personas que acompañan al obispo en sus jornadas de oración.

La vicepresidente Rosario Murillo también hizo mención a los hechos el pasado jueves, tildando las acciones de Álvarez como «crimen de lesa espiritualidad», una tipificación inexistente en el marco jurídico. «Todavía quedan algunos personajes que son bufonescos, que hacen el ridículo… Sin estatura moral alguna. Personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, personajes que creen que pueden ocupar lugares de autoridad, que tal vez no merecen, que tal vez no son para ello», agregó la vicemandataria, quien en otras ocasiones ha tildado a los curas católicos de «golpistas» y «falsos profetas».

Fuente: abc.es

martes, 14 de septiembre de 2021

Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua ya es “alarmante": Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante” y que más de 120 opositores están encarcelados cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales.

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En un discurso ante la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet señaló que el deterioro de la situación en el país centroamericano, desde que estalló la crisis social en 2018, afectará el derecho ciudadano de elegir en los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.

“Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos” en Nicaragua, la cual “no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó la exmandataria chilena.

Según Bachelet, desde su última actualización oral sobre la crisis en Nicaragua, en julio pasado, “no se han observado avances en la situación de derechos humanos, ni muestras del gobierno para abordar constructivamente las tensiones”.

Por el contrario, dijo que su oficina documentó “30 casos de amenazas e intimidaciones” contra defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, además del allanamiento y ocupación de la sede del diario La Prensa, crítico del gobierno.

“Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y de la sociedad civil por protestar en espacios públicos”, afirmó.

Bachelet reprobó el arresto de una treintena de opositores nicaragüenses desde fines de mayo, incluyendo profesionales, periodistas, líderes políticos y siete aspirantes a la presidencia.

Dijo que al menos 124 personas permanecen encarceladas por disentir del gobierno. Según la oposición, la cifra de “presos políticos” supera los 140 detenidos desde 2018, cuando protestas estudiantiles derivaron en una revuelta social que terminó exigiendo la renuncia de Ortega.

La Alta Comisionada agregó que las detenciones se han practicado “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias”.

Al respecto, exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes, “como mínimo, liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral”.

Tras cuestionar al tribunal electoral, plegado al Ejecutivo, por haber inhabilitado a tres partidos opositores, dijo que el gobierno tampoco aplicó un paquete de reformas electorales y otras recomendaciones que su oficina hizo en 2019. Esto ha provocado una “perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones” de derechos humanos, insistió.

La Alta Comisionada expresó voluntad de colaborar para mejorar la situación en Nicaragua e instó al gobierno sandinista a reanudar “una cooperación efectiva con mi Oficina, incluso autorizando una misión al país”.

Ortega, que el 11 de noviembre cumplirá 76 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990. Retornó al poder en 2007 y se reeligió en 2011 y en 2016, esta vez llevando como vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo, quien también busca la reelección en el cargo.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión policial sobre las protestas de 2018 dejó 328 civiles muertos, más de dos mil heridos, más de mil 600 detenidos en distintos momentos y más de 100 mil exiliados, en su mayoría refugiados en Costa Rica.

Fuente: Vértigopoítico.com

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, declaró al respecto: "las elecciones que se celebrarán en Nicaragua en dos meses más no tienen garantías. El gobierno nicaragüense haría bien en liberar a los opositores y entregar las garantías para unas elecciones democráticas".

lunes, 9 de agosto de 2021

Medidas contra el encarcelamiento de presos políticos en Nicaragua.

 La UE se suma a EE.UU. y Canadá, que han anunciado medidas similares para familiares de Daniel Ortega y personas de su entorno.



La Unión Europea (UE) anunció el lunes sanciones contra la vicepresidenta de Nicaragua, la esposa del presidente Daniel Ortega, un hijo del matrimonio y a otros seis funcionarios por graves violaciones de los derechos humanos en el país, tras la reciente ola de detenciones de figuras opositoras.

La UE se suma así a Estados Unidos y Canadá, que en las últimas semanas han anunciado medidas similares para familiares del mandatario y personas de su entorno, algunas de las cuales ostentan cargos de alto nivel en el Gobierno o en los poderes judicial y legislativo.

La vicepresidenta Rosario Murillo y los otros sancionados, entre ellos Juan Carlos Ortega, hijo del matrimonio y director de un canal estatal de televisión, verán congelados sus activos en la UE y no podrán recibir fondos de ciudadanos y empresas del viejo continente.

"También están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE", agregó el bloque comunitario en un comunicado, donde los responsabiliza de "acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho" en la nación centroamericana.

En las últimas semanas han sido detenidos decenas de opositores nicaragüenses, entre ellos seis precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo.

"La UE condena firmemente la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses, les insta a que deroguen leyes restrictivas (...) y reclama la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos", agregó el comunicado.

Fuente: La república, Colombia

miércoles, 14 de julio de 2021

Unidad opositora desconoce proceso electoral de Nicaragua por "viciado"

 Managua, 13 jul (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco informó este martes que desconoce, por "viciado", la legitimidad del actual proceso electoral de Nicaragua, que tendrá su día cumbre con las votaciones el 7 de noviembre próximo, y en el que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección.

#elecciones #Democracia #DanielOrtega #Nicaragua 



"No podemos reconocer en este momento el proceso electoral como algo legítimo y vinculante, no cumple con los requisitos mínimos", dijo la dirigente de la Unidad Alexa Zamora, en teleconferencia de prensa.

Las elecciones generales del 7 de noviembre próximo "no garantiza bajo ninguna circunstancia que se respete la voluntad popular, y es totalmente violatoria de los derechos de los ciudadanos", sostuvo.

La Unidad Nacional, que no cuenta con personalidad jurídica, basó su decisión en las acciones estatales contra opositores, como el arresto de al menos seis aspirantes a la Presidencia y cerca de 20 líderes, la imposición de leyes que restringen la participación en las elecciones, el nombramiento de magistrados sandinistas en el Poder Electoral, o el asedio policial contra la disidencia.

"Reafirmamos que no rechazamos la vía electoral, rechazamos el proceso electoral viciado e impuesto por la dictadura", indicó ese grupo.


INSISTEN EN ELECCIONES LIBRES

"Podés ir a un proceso electoral, pero eso no garantiza el resultado y no garantiza la salida de Ortega", señaló el también dirigente de la Unidad Ariel Sotelo, al ser cuestionado sobre la necesidad de derrotar al presidente en unas elecciones que, según afirmó, no ofrece garantías.

Los miembros de la Unidad Nacional insistieron en que el interés de la organización, conformada en su mayoría por los llamados "manifestantes autoconvocados" de abril de 2018, es "salir de la dictadura a través de la vía pacífica", más allá de los comicios de noviembre.

Sostuvieron que solamente reconocerán como legítimo un proceso electoral que cuente con "libertad absoluta de todas las personas presas políticas, elecciones libres, observadas, transparentes, retorno de las garantías civiles y políticas", así como el "cese a la represión, persecución y militarización en el país".

También reconocerán las elecciones si se realizan "reformas electorales que incorporen las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La Unidad descartó apoyar a quien resulte candidato presidencial por el también partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), al considerar que la elección interna "se está dando a través de dedazos (impuesta)", explicó la integrante de la organización María Laura Alvarado.

"No tenemos el derecho de elegir a las personas que nosotros creemos que son óptimas para dirigir el país", lamentó el dirigente de la Unidad Alex Hernández.

El proceso electoral ha sido objeto de críticas, tanto dentro como fuera del país, por las razones que señaló hoy la Unidad.

En las elecciones de noviembre, Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.

(c) Agencia EFE

Fuente: Yahoo Noticias

lunes, 12 de julio de 2021

"México debe recalibrar su postura sobre Nicaragua"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- La crisis política, social y económica que vive Nicaragua demuestra que "México debe recalibrar su postura" sobre la situación. Incluso, la comunidad internacional debe leer el problema con otros ojos, "no entre izquierdas ni derechas", fueron las posturas en el foro"Los ataques a la democracia en América Latina: el caso más reciente Nicaragua".

#Nicaragua #DerechosHumanos #México




El panel se realizó con los moderadores Rafael Fernández de Castro, Director de USMX, el director Sergio Alcocer, Presidente del COMEXI; además participaron Gema Santamaría, de Loyola University; Guadalupe González, de El Colegio de México, y Jorge Álvarez, exembajador del COMEXI, además del periodista Carlos Chamorro, quien fue perseguido en su país por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Sobre el conflicto en Nicaragua y en América Latina, Santamaría afirmó que la región ya no se entiende entre izquierda o derecha, puesto que hay acciones que realizan unos u otros gobiernos que se caracterizan así, que no corresponden a esas ideologías.

En Nicaragua, aseguró, "no hay una izquierda gobernante", por lo que se necesitan "otros lentes" para analizar la situación. "Ya no es el sandinismo" el que gobierna Nicaragua, señaló, sino que hay un "régimen que busca acallar a la oposición, coartar la libertad de expresión".

El exembajador Álvarez también coincidió que la "crisis" se debe ver "con otros ojos en el ámbito internacional, no entre izquierda ni derecha". Además, indicó que "se carece de un análisis profundo en México".

Los panelistas también recalcaron que hay una "notoria decadencia" de las "condiciones democráticas en América Latina".

Santamaría recordó que la crisis en Nicaragua no inició ni en 2018, cuando fueron las protestas contra el gobierno, que fueron reprimidas, sino que se remonta a desde el año "2000", cuando hubo "un pacto entre el Partido Liberal y el sandinista". En esta época, Ortega volvió al poder.

"La democracia ha sido erosionada" y "el proceso electoral es una farsa", señaló Santamaría, de Loyola University.

El periodista Carlos Chamorro hizo un recuento de las últimas acciones de Ortega en su país: "Está decidiendo eliminar a la competencia política. El régimen está decidiendo que no habrá competencia". Además, afirmó, que en la nación hay "un estado policial de facto", y una "recesión económica".

Los últimos arrestos de precandidatos y otros líderes de la oposición, dijo el periodista, "son el último zarpazo de la posibilidad de una vía electoral". "Ortega se va a reelegir sin democracia", afirmó.

Chamorro señaló que la "OEA tiene la capacidad de convocar a los cancilleres", pero también hay muchas preguntas sobre el papel de actores como México y Argentina.

González, de El Colegio de México, recordó que la República mexicana fue un referente en "1979 hasta principios de los 90s". Sin embargo, "en la actualidad, México asume un papel ambiguo" y es que la nación "aún no acaba de cuadrar el círculo de su papel en la región".

Y es que "asumir que hay probabilidades de diálogo (en Nicaragua) es no entender la situación, ¿sobre qué sería el diálogo?," cuestiona.

México y Argentina han dicho que es necesario impulsar un diálogo con el gobierno de Ortega para superar "esta situación por la vía pacífica".

También, González señaló que México se ha distanciado de la OEA "por su conflicto con (el secretario general, Luis) Almagro", al que no apoyó en su reelección.

Los panelistas recordaron que en una última votación sobre la crisis en Nicaragua en la OEA, México se abstuvo y si bien llamó a consultas a su embajador, eso no es solución.

La situación, en palabras de Fernández de Castro, es que hay una "América Latina sin voz ni liderazgo". Incluso, la situación en Nicaragua "no pasa por la opinión pública de México".

En este sentido, González mencionó que "cada país está metido en sus problemas", por lo que una vía para solucionar el problema sería en la "movilización de los autores no gubernamentales", además recalcó que un gran apoyo se daría en las instancias de derechos humanos.

Sobre un apoyo de la comunidad internacional, González indicó que si bien hay posiciones de Estados Unidos y de la Unión Europa (UE), "falta coordinación". "La comunidad internacional no cuenta con grandes instrumentos" para hacer algo, dijo.

Alcocer concluyó que estos problemas en América Latina deben abordarse de forma permanente, "no por picos".

Fuente: Noticias Yahoo (el Universal)

Abogado de nicaragüenses presos dice que están desaparecidos

El abogado estadounidense Jared Genser, defensor de los opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, detenidos por el gobierno de Daniel Ortega hace un mes, afirmó el viernes que sus clientes están legalmente “desaparecidos” debido a que no existe información alguna sobre su paradero ni su condición.

#Nicaragua #Daniel Ortega #desaparecidos #DerechosHumanos

“Este es un claro ejemplo de desapariciones forzadas, cuando un Estado se niega a reconocer una detención o a dar información sobre personas detenidas”, señaló Genser en una rueda de prensa virtual sobre la situación de ambos aspirantes presidenciales, capturados por la policía el pasado 9 de junio.

Dijo que en igual situación están la dirigente política Violeta Granera y otros 23 opositores arrestados desde fines de mayo, entre quienes figuran otros cuatro aspirantes presidenciales, tres dirigentes campesinos, dos líderes estudiantiles, dos exguerrilleros sandinistas, dos exvicecancilleres, dos empresarios y un periodista.

“Es una situación muy grave. El gobierno ha dicho que han sido llevados ante un juez, pero no podemos confirmarlo, los abogados no han estado presentes y no han sido acusados formalmente de ningún delito”, explicó el jurista.

Los opositores tampoco han sido vistos por sus familiares. “Es posible” que estén en la cárcel conocida como El Chipote, pero esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial ni por allegados a los detenidos, añadió Genser.

Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Maradiaga y Chamorro, exigieron al gobierno una “prueba de vida”. Por su parte Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, acusó al gobierno de impedir el ingreso de un médico privado al centro penal para examinar a su madre, que tiene 70 años y padece problemas cardíacos.

Genser dijo que esperan que Ortega responda a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que el 24 de junio dio un plazo de dos semanas para liberar a ambos detenidos y dar información sobre su situación. El plazo venció este jueves.

El alto tribunal también ordenó liberar a Granera y al empresario José Adán Aguerri, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió adoptar medidas provisionales para “proteger la vida, la integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares”.

A una pregunta de The Associated Press Genser dijo que prevén otras acciones legales, como solicitar una audiencia en la CorteIDH y, en el caso de Maradiaga y Chamorro, entregar información al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias para que se pronuncie sobre la legalidad de su arresto. Reveló que han realizado gestiones con el Parlamento Europeo, que el jueves aprobó una resolución solicitando aumentar las sanciones contra el gobierno, y que han contactado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pero no ofreció detalles al respecto.

“Están presos por decir la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua por luchar por la democracia y la libertad. Esto no es moral, no es aceptable”, subrayó Genser.

Nicaragua vive una crisis política desde 2018, cuando estallaron protestas que fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares dejando un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 emigrados y exiliados, según cifras de la CIDH.

El gobierno acusa a los opositores detenidos de haber organizado esa rebelión, que califica como “un fallido golpe de Estado” para derrocar a Ortega. El mandatario de casi 76 años aspira ser reelegido por tercera vez en los comicios del 7 de noviembre, con lo cual iniciaría un cuarto mandato presidencial consecutivo en 2022.

Fuente: Yahoo Noticias

martes, 29 de junio de 2021

Nicaragua: "Los métodos de represión, el odio, la sed de venganza que demuestra el gobierno de Ortega superan las acciones represivas de la dictadura somocista"

 A sus 82 años, Vilma Núñez asegura que la única forma en que podrían silenciar su lucha por los derechos humanos en Nicaragua sería encerrándola o matándola.

#ALDHU #Nicaragua #VilmaNuñez #DanielOrtega



Esta fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cree que la actual ola de arrestos de precandidatos y políticos opositores en su país marca una situación inédita en América Latina al menos desde los regímenes militares de la década de 1970.

Núñez responsabiliza por eso al presidente Daniel Ortega, a quien acusa de traicionar los ideales de la revolución sandinista tras derrocar al régimen de Anastasio Somoza, una revolución en la que ella misma depositó esperanzas en su momento.

"Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país", dice Núñez en una entrevista con BBC Mundo desde Managua.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con esta abogada reconocida internacionalmente por una tarea que dice llevar adelante en medio de hostigamientos y dificultades como la cancelación de la personería jurídica de la Cenidh en 2018 y la destrucción de instrumentos de trabajo.

¿Cómo es el trabajo día a día de una defensora de los derechos humanos como usted en la Nicaragua actual?

Es difícil explicarlo y sobre todo que se lo imaginen incluso colegas defensores de los derechos humanos en otros países donde existen institucionalidad y políticas para apoyar el trabajo de derechos humanos.

Aquí prácticamente estamos criminalizados, se nos considera prácticamente enemigos del régimen, que trata de ignorar cuál es el rol de fiscalización que debe impulsar un organismo de derechos humanos frente a las acciones y abusos que los gobiernos dictatoriales como el que tenemos aquí en Nicaragua cometen en contra de la población.

Trabajamos como podemos. No podemos hacer nada frente a las instancias jurisdiccionales nacionales, porque allí tampoco funcionan los mecanismos de prevención para derechos humanos.

Aquí, aparte de que el Poder Judicial no tiene independencia, se ha convertido o lo ha convertido Daniel Ortega en un instrumento de represión más. En este momento prácticamente es el que lleva la delantera en la represión que se impulsa en este momento.

Estamos documentando y acompañando a las víctimas con limitaciones, porque muchas veces las víctimas no quieren que se dé a conocer su nombre y se transmita a los organismos internacionales. Y una denuncia sin un nombre limita la credibilidad y la posibilidad de que los organismos internacionales reaccionen.

Es una situación emocionalmente difícil, con un costo muy grande, asumiendo los riesgos que significa estar prácticamente enfrentados a un poder que está dispuesto a cualquier cosa en este país.


¿Han podido establecer cuántos precandidatos, políticos opositores y personas que trabajaban para ellos fueron detenidos este mes?

Sí. En este momento estamos enfocados en dar acompañamiento directo incluso a muchos de los que están encarcelados.

Ya ni siquiera estamos seguros de que estén encarcelados, porque no hay información cierta del lugar donde se encuentran.

En este momento son 20 personas, cinco de ellas que eran precandidatos a la presidencia de la República y participarían en las elecciones que se realizarían el 7 de noviembre. Con esta acción consideramos que cada día se aleja la posibilidad de que éstas se realicen.

Están prácticamente detenidos dirigentes políticos del más alto nivel, incluso antiguos compañeros de lucha en la revolución como son Dora María Téllez, el general retirado Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, quien fue vicecanciller.

Están detenidos dos funcionarios empleados de Cristiana Chamorro, que era la candidata que tenía como la mayor aceptación a nivel de las encuestas [y que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario]. Incluso tienen detenido y prácticamente desaparecido, porque es del que tenemos menos información, a su chofer particular.

Esas son las personas que en este momento, dando un voto de credibilidad, están en el centro de Auxilio Judicial, que es donde la policía investiga centralizadamente, pero que se ha convertido prácticamente en un centro de tortura.

Los dos funcionarios de la fundación Violeta Barrios de Chamorro están presos desde el 28 de mayo y sus familiares no los han podido ver, ni sus abogados se han podido entrevistar con ellos. Entonces no sabemos qué es lo que están haciendo.

Es realmente doloroso. Cada día los familiares peregrinan hacia las cárceles a dejar comida y resulta que no se las reciben. Desde hace dos días sólo están recibiendo agua. Y hay señales, por algunas medicinas que han solicitado algunos parientes, de que hay un deterioro de salud en algunos de ellos, porque casi todos son personas de edad con enfermedades crónicas.

Los tienen encerrados, como metidos en una caja, y no sabemos en qué condiciones están adentro. No se sabe nada.

Cristina Chamorro prisión domiciliaria


De esos 20 detenidos, ¿de cuántos ustedes no han podido determinar su paradero y estado de salud?

De los únicos que tenemos seguridad dónde están son Cristiana Chamorro, porque está en su casa por cárcel, incomunicada, y María Fernanda Flores porque también está en su casa.

De los otros 18, sólo lo que nos dicen: que se los llevaron porque están siendo investigados.

Están juzgándolos de manera antojadiza por delitos que no existen y que sobre todo no han cometido. Les están aplicando una ley que crearon específicamente para ellos. Prolongaron hasta por 90 días la detención preventiva.

No sabemos qué está pasando.

Los familiares los declaran como desaparecidos mientras no los muestren y den pruebas claras de que están allí.

Nosotros, como organismo de derechos humanos, los consideramos rehenes de la dictadura.

 Precandidato detenido José Adán Aguerri 


¿Cómo se vive a nivel de la población todo esto?


No podría valorar en términos absolutos cómo vive la población de Nicaragua. Sin embargo, hay una realidad: un 70% de la población ha rechazado al actual régimen.

Esa gente vive en una situación de incertidumbre e inseguridad porque prácticamente se ha establecido un estado de sitio de hecho. Tienen militarizadas prácticamente las ciudades con patrullajes permanentes de policías, fuerzas especiales y grupos armados con comportamiento paramilitar.

Además han organizado a las fuerzas políticas que ellos tienen y los han convertido en órganos de espionaje. Todos convivimos y ya no sabemos cuál de nuestros vecinos… Todo el mundo camina viendo al lado porque se ha establecido que detrás de una denuncia de uno de estos señores del Consejo del Poder Ciudadano viene la captura y agresión policial.

Cada día la situación económica se agrava, con las limitaciones además que impone una pandemia mal manejada por el gobierno.

La situación aquí en Nicaragua es verdaderamente dramática. Tenemos que decir que los métodos de represión, el odio, la saña, la sed de venganza que demuestra este gobierno con sus acciones superan las acciones represivas de la dictadura somocista.




¿Es posible en este contexto que vuelvan las protestas antigubernamentales que hubo en Nicaragua en 2018?


Sería lo ideal que la gente tuviera la posibilidad de manifestarse. Sin dudas, si encierran a esas fuerzas represivas y se deja que la gente se manifieste, las calles de Nicaragua se volverán a llenar. Pero ahora no se puede.

El gobierno trata de encubrir esta represión, que tiene como objetivo buscar cómo eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral, de elecciones libres y transparentes, porque sabe que perdería.

Está aferrado al poder y quiere perpetuarse en el mismo, lo que significa no solamente concentrar el poder político sino que prácticamente seguir usufructuando los millones que se han prácticamente sustraído del erario público y de la cooperación internacional, específicamente de la cooperación venezolana.

Usted comparaba la situación actual de derechos humanos con lo que ocurría durante el régimen de Somoza. Algunos se preguntan cómo se compara este momento que vive Nicaragua con la represión que hubo en el pasado en otros países de América Latina. ¿Puede responder esto?

Son situaciones diferentes y escenarios distintos, pero la repercusión que está teniendo esta acción criminal de la dictadura en contra de una población de apenas seis millones de habitantes, le aseguro que tiene los mismos niveles y las repercusiones de las acciones de Pinochet, de las juntas militares de Argentina, Uruguay y Brasil.

Aquí Daniel Ortega tiene un odio personal contra dirigentes políticos que fueron sus antiguos compañeros de lucha. Por ejemplo, el general retirado Hugo Torres, vicepresidente de un partido disidente del Frente Sandinista, prácticamente expuso su vida en un operativo en 1974 para sacar de la cárcel a Daniel Ortega. A ellos los está tratando con una saña perversa.



¿Usted dice que esta situación que se vive en Nicaragua es algo inédito para América Latina por lo menos desde los regímenes militares de los años '70?

Dijo: a mí no me van a presionar, lo que estamos juzgando no son ni candidatos a la presidencia ni dirigentes políticos, aquí estamos juzgando a criminales y vamos a ir hasta el final.

Entonces imagínese al ambiente de terror que había cuando este señor terminó de hablar frente a una cadena de radio y televisión.

En ese discurso Ortega también dijo que quienes gritan son "los enemigos de la revolución". ¿Cómo toma esto?


Es el discurso que maneja hacia afuera. El dice que todo esto es una estrategia del gobierno norteamericano y del colonialismo europeo para destruir a su gobierno y a Nicaragua, que todos estos dirigentes políticos, con todas sus calidades y posibilidades, son títeres y agentes del imperialismo, usando el lenguaje trasnochado de la época de la Guerra Fría.

La comunidad internacional ha aumentado la presión sobre el gobierno de Ortega para que detenga esta ola de arrestos y libere a las personas detenidas. ¿Podría hacerse algo más desde el exterior para defender los derechos humanos en Nicaragua?


En el acompañamiento de la comunidad internacional considero que ha habido altos y bajos.

Hubo una primera reacción cuando aparecieron los 328 asesinados en 2018. Y como la represión nunca terminó, pero cambió de modalidad, también cambió y bajó el tono de la comunidad internacional.

La gente de Nicaragua ha decidido lograr el cambio. Un verdadero cambio pasa por la finalización del gobierno dictatorial de Daniel Ortega.

Hemos optado por la vía cívica, buscar cómo hacer uso del derecho a la protesta y concluir de la única forma en los gobiernos democráticos: el proceso electoral. Ese es el instrumento que ahora está siendo bombardeado.

Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país.

Ante esta arremetida brutal se volvió a alarmar la comunidad internacional, que estaba apostando incluso a proponer cooperación técnica para intentar un proceso electoral democrático.

Usted fue parte de la lucha contra el régimen de Somoza y estuvo presa por eso, ¿verdad?


Sí, soy una luchadora por los derechos humanos desde 1958. Una de las primeras cosas que hice al llegar a la universidad fue integrarme al movimiento estudiantil y fundamos el primer comité pro-libertad de reos políticos universitarios, entre los cuales estaba Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista.

Contra todo eso luchamos. Después de avanzar esa lucha, me involucré con el Frente Sandinista, convencida de que estábamos impulsando una transformación donde las libertades públicas fueran el sustento para desarrollar las transformaciones sociales y económicas que un país necesita.

Sin embargo, vimos que pronto eso se empezó a desdibujar y se empezó a erigir un gobierno completamente autoritario.

Yo pensaba sinceramente que la lucha había que darla adentro, que la falta de democracia que ya sentíamos dentro del Frente Sandinista había que combatirla adentro. Y aquí nos quedamos hasta que esa situación se vuelve insostenible.

Me separo prácticamente del Frente Sandinista en 1998 cuando Zoilamérica Narváez, la hija adoptiva de Daniel Ortega, denuncia la violación a ella por Daniel Ortega desde que tenía 11 años. Fui yo la abogada, en el Cenidh asumimos su representación legal y llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Daniel Ortega traicionó la lucha y la sangre de todo un pueblo, los ideales en los que muchos creímos. Por haber creído y haber sido parte, cargamos con culpas que no tuvimos directamente.

Todo esto permanece en la impunidad. Nosotros esperamos que haya justicia algún día. Si no se puede lograr justicia en los tribunales de Nicaragua, que sean los tribunales internacionales los que se encarguen de juzgar estos crímenes para que no queden en la impunidad.

No puede haber borrón y cuenta nueva. Si se vuelven a hacer arreglos, si se recurre a amnistías generales y todo eso, el ciclo de violencia vuelve a repetirse. Es lo que dice la historia.


A sus 82 años, ¿teme que a usted también la arresten?

Defender derechos humanos tiene que llevar implícita la decisión de enfrentar al poder y asumir los riesgos que eso implica, sobre todo cuando enfrentas regímenes dictatoriales.

La promesa que le hicimos al pueblo de Nicaragua el día que nos arrebataron la personería jurídica del Cenidh fue que no nos vamos a callar.

Vamos a seguir luchando hasta que podamos, hasta el momento en que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo se les ocurra callarme. Callarme significaría capturarme y encerrarme, o matarme.

miércoles, 23 de junio de 2021

Nicaragua, la revolución traicionada


Por el significado que tiene Nicaragua y la épica de la Revolución Popular Sandinista, es necesario,

realizar un análisis de la dramática realidad y de la crisis que desencadenada desde la última elección

presidencial, y que se agrava cada día más. Es ineludible recordar que después de la elección de

Ortega de 2016 que ganó su tercera reelección consecutiva, con un 72% de los votos, el Consejo

Supremo Electoral destituyó a 28 diputados de oposición del Congreso, pertenecientes al Partido

Liberal Independiente (PLI) y al Movimiento Renovador Sandinista, intento no disimulado de Ortega

por eliminar cualquier disidencia, que hiciera mella a su tercera reelección. En la práctica en las

elecciones Ortega no tuvo competidores verdaderos y obviamente triunfó.


#DanielOrtega #Sandinismo #Nicaragua #RosarioMurillo


Sin ningún pudor Ortega pretende seguir encarnando el mito de la revolución y sus conquistas

democráticas y cree personificar la supervivencia a la reminiscencia de la Revolución Popular

Sandinista, (1979 – 1990)

En todo este período las voces críticas hacia Ortega crecieron y se masificaron, por su afán de

perpetuarse en el poder. Lo que arguyen los opositores de amplios sectores, es que al final de su

mandato, en 2022, Daniel Ortega sumará 15 años sucesivos como presidente de Nicaragua, y si se

considera su período como coordinador de la Junta de la Revolución Sandinista, cargo que ejerció

de 1981 a 1985, así como su primera presidencia, de 1985 a 1990, sumaría 24 años al frente de los

destinos de Nicaragua. Hoy sabemos sus deseos de un poder son ilimitados y pretende convertir la

nueva elección en otra gran farsa, al estilo de los peores tiranos de la región. Ya no se puede hablar

de un gobierno de FSLN sino de un régimen personalista y populista de Ortega y su compañera

Rosario, donde los espacios democráticos se han ido anulando paulatinamente. Digámoslo

abiertamente hoy Nicaragua vive una dictadura.

En esta reflexión, es necesario referirnos es una particularidad del régimen que ha sido fuente de

duras críticas, y aparece como un elemento configurador de los conflictos, es el preponderante rol

de Rosario Murillo, que primero fue el poder en las sombras, posteriormente de hecho ejerció como

Ministra del Interior, y en la actualidad es Vicepresidenta de la República. Rosario, mujer poderosa,

polémica e inteligente, tiene a su favor provenir de una familia de alcurnia política al ser sobrina

nieta de Cesar Augusto Sandino. Según sus detractores, la familia presidencial, es un claro caso de

nepotismo y corrupción, representando una nueva dinastía, al estilo somocistas.

Lo que comenzó como una dura impugnación política y de rechazo a las políticas de Ortega se

convirtió en un abierto estallido social, que no da tregua hasta hoy. La revuelta se inició con una

protesta de estudiantes universitarios contra una impopular reforma al Seguro Social, que esto fue

solo el detonante, ante un creciente descontento social hacia el gobierno y sus políticas. Las

manifestaciones comenzaron en abril de 2018 y se extendieron rápidamente a varias ciudades del

país, tras la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados, redundó

en una cantidad de muertos, detenidos, heridos y exiliados.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 325 personas murieron y más de

2.000 resultaron heridas por participar en protestas, en su mayoría jóvenes alcanzados por impactos 

de bala. (2020). El gobierno reconoció 198 fallecidos, aunque organismos de Derechos Humanos

denunciaron más de 545. También de acuerdo con la CIDH, que documentó la crisis desde el punto

de vista humanitario, cerca de 700 nicaragüenses permanecieron en prisión y otros 60.000 se vieron

forzados al exilio, refugiándose mayoritariamente en Costa Rica.

En 2022 corresponde celebrar nuevas elecciones presidenciales, y como es lógico, surgieron

diversos candidatos que pretenden hacer frente a Ortega que aspira a un nuevo período

presidencial. El inicio del ambiente electoral fue el detonante de allanamientos, detenciones,

órdenes de captura contra líderes políticos opositores, empresarios y periodistas independientes

que no han cesado.

La Fiscalía, bajo dominio total del gobierno, abrió una investigación contra la Fundación

Nicaragüense se para el Desarrollo (Funides), un centro de pensamiento independiente, ligada al

precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que fue encarcelado, acusado por

“por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras". La Fiscalía además

citó a declarar a periodistas independientes, como parte de otra investigación abierta contra la

Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirige la periodista y aspirante presidencial Cristiana

Chamorro, que también está con arresto domiciliario.

En esta abierta represión del régimen, han sido detenidos además Miguel Mora, precandidato

presidencial y exdirector de 100% Noticias, por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos

internos y pedir intervenciones militares". Se mantiene bajo arresto a otros dos candidatos

presidenciales Arturo Cruz y Félix Madariaga, a quienes los acusa de "traición a la patria". Además,

dos ex vicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente

empresarial, un banquero, cuatro activistas y líderes de organizaciones de la sociedad civil, han sido

detenidos bajo la acusación de diversos delitos, en base a una ley que el Gobierno de Daniel Ortega

aplica a opositores.

El escritor, novelista, Premio Cervantes, y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez hizo un

llamamiento a la "solidaridad internacional" ante la ola de arrestos en contra de dirigentes políticos

opositores y empresarios a menos de cinco meses de las elecciones generales, que tendrán lugar en

medio de una prolongada crisis política.

"La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes

a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus

hogares", denunció Ramírez, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-

1990) y ahora es crítico del presidente Ortega, en un mensaje en Twitter.

Cuando recién comenzaba a vislumbrarse esta crisis, Sergio Ramírez, declaraba que el sistema

democrático nicaragüense ha sido completamente aplastado y no queda nada más que una

sumisión a un proyecto personal y familiar, que ha ido sumando poderes a través de la corrupción,

la compra de voluntades, la sumisión y hasta el temor. Ramírez, fue expulsado del FSLN en 1995

por atreverse a disputarle el poder a Ortega. 

La escritora Gioconda Belli, combatiente del FSLN, comentaba al Diario La Prensa de Managua, que

“en términos estrictos, ahorita estamos en un sistema prácticamente monárquico. Porque es un

sistema que está ungido por Dios. Así pasaba la Europa medieval, donde los reyes pasaban el poder

que recibían de Dios a sus hijos. Alusión a las reiteradas invocaciones a Dios en los discursos de

Rosario.

La autora de la novela "El país bajo mi piel”, confirmó a través de un Twitter, que su hermano

Humberto Belli, que fue ministro de Educación en el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro

(1990-1997), debió salir al exilio. "En otro país mi hermano habría ido a la Fiscalía a defender su

inocencia, pero en éste, donde te condenan sin razón, ni juicio, hizo bien en prevenir e irse del país.

Segundo exilio suyo. Triste".

Julio López Campos, toda una vida en el FSLN, combatiente en la ofensiva final contra la dictadura

somocista, responsable, del Departamento de Relaciones Internacionales del gobierno

revolucionario, compartió reflexiones sobre los desafíos de la insurrección no armada que hoy

enfrenta a la dictadura orteguista, “Yo nunca había visto en Nicaragua una situación tan complicada

como la que estamos viviendo hoy ante esta dictadura. Nunca. Y nunca había visto a mi país en un

nivel de incertidumbre tan grande sobre su presente y sobre su futuro. Tampoco nunca había visto

a Nicaragua sometida a una violencia tan criminal como la que Daniel nos está imponiendo. Esa

criminalidad nunca había ocurrido, ni siquiera bajo la dictadura somocista. Tampoco nunca se me

habría ocurrido a mí pensar que un gobierno con raíces en el sandinismo fuese capaz de mandar a

matar a la gente desarmada como hoy lo hacen”.

Y como no recordar al poeta Ernesto Cardenal, ex ministro de cultura, que en su momento expresó

que la experiencia revolucionaria, “fue una revolución muy bella, pero fue traicionada”. Lo que hay

ahora “es una dictadura familiar de Daniel Ortega. Eso no fue lo que apoyamos nosotros”. Sin

embargo, no me arrepiento de haber apoyado ese proceso, afirmaba el poeta. Cardenal abandonó

el FSLN en 1994, en protesta contra la dirección autoritaria de Daniel Ortega, dando su apoyo al

Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Cardenal falleció en marzo de 2020, entristecido por la

tragedia de su querida Nicaragua.

Esperamos una solidaridad más comprometida y activa con el pueblo nicaragüense, que lucha por

mantener una democracia que conquistó con el sacrificio de muchos. Tal como lo ha expresado la

Alta Comisionada para Los DDHH Michelle Bachelet, al demandar cambios urgentes que “implicarían

como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar toda

persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un

proceso electoral".

En estos momentos aciagos que vive el mundo bajo la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza

y las necesidades básicas, esperamos el pronunciamiento y condena de los hombres y mujeres

dignos, de los defensores de los Derechos Humanos, de las organizaciones de la sociedad Civil, de

los líderes políticos, de los candidatos presidenciales. 

Sólo queda esperar que los sueños de tantos en la ética y legendaria de la Revolución Popular

Sandinista, se puedan hacer realidad en benéfico del pueblo en el marco de una democracia y no se

evaporen en un régimen dictatorial, personalista y autoritario.

Ronald Wilson 


viernes, 4 de junio de 2021

Nicaragua: Cristiana Chamorro, la influyente periodista opositora que fue detenida tras anunciar que se enfrentaría en las urnas a Daniel Ortega

Para muchos nicaragüenses, Cristiana Chamorro, la influyente periodista que anunció que se postularía como candidata opositora para las elecciones presidenciales de noviembre y que este miércoles fue puesta bajo arresto domiciliario, representa un vínculo con el pasado de su país.



Es la hija de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que venció en las urnas en 1990 al primer gobierno de Daniel Ortega.

"Lo primero que te diría de ella cualquier nicaragüense de ella es eso, que es la hija de Violeta", le dice a BBC Mundo Ana Margarita Vijil, analista política y antigua académica de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

"Simbólicamente, Cristiana, que estuvo muy vinculada al gobierno de su mamá, significa también para el actual gobierno el recuerdo vivo de esa derrota", agrega.

En solo unos meses, Chamorro Barrios pasó de no hacer (abiertamente) política a convertirse en el rostro más visible de la oposición en Nicaragua.

Y en los últimos días se volvió también el principal foco de las tensiones entre el gobierno y la oposición en la nación centroamericana, luego de que confirmara su aspiración de postularse como candidata para las elecciones del 7 de noviembre.

El martes, poco después inscribirse para participar en el proceso interno del partido Ciudadanos por la Libertad, que luego escogerá un candidato opositor único, la Fiscalía de Nicaragua abrió un proceso en su contra por "delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos".

Pidió, además, su inhabilitación política "por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo". Esta fue decretada por un juzgado de Managua.

Este miércoles, poco antes de iniciar una rueda de prensa que había convocado para condenar su propia inhabilitación, la vivienda de Chamorro Barrios fue allanada por la policía y la opositora fue puesta bajo arresto domiciliario.

Tanto Chamorro como su familia han negado los cargos y aseguran que se trata de una maniobra política para evitar que se postule a las presidenciales.

Pero ¿Quién es esta reconocida periodista y cómo terminó convertida en el nuevo rostro de la oposición a Ortega?


El ascenso

Nacida en 1954 de Managua, Cristiana Chamorro Barrios es también hija de quien fuera uno de los periodistas más reconocidos del país, Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa, quien fue asesinado en 1978, en los últimos meses del régimen de Anastasio Somoza.

Su familia ha sido por siglos no solo una de las más ricas, sino también una de las más poderosas del país: cinco de sus ancestros, incluida su madre, fueron presidentes de Nicaragua.

Aunque estudió Historia y Filosofía e hizo una maestría en Historia y Literatura latinoamericana, los vínculos familiares entre el periodismo y la política marcaron su trayectoria.

En 1979 se iniciaría como reportera en La Prensa, el diario que su madre había gestionado desde el asesinato de su esposo.

A los 35 años, Chamorro Barrios se convirtió en editora de la publicación y poco después, fue una de las artífices de la campaña que llevó a su madre a la presidencia.

Con Violeta Barrios al frente de Nicaragua, la hija se ocupó de tareas de comunicación y relaciones públicas nacionales e internacionales del Ejecutivo, a la vez que permanecía al frente del periódico tradicionalmente opositor (que se volvió a partir de entonces "portavoz" del nuevo gobierno).

Chamorro Barrios contrajo matrimonio con el político Antonio Lacayo, quien fuera ministro de la Presidencia durante el gobierno de su madre y que murió en un accidente de helicóptero en 2015.

"Después, ella crea la Fundación Violeta Barrios, en honor a su mamá, que ahora está en el centro de este problema", recuerda Vijil.

"Es una organización que ha ayudado a capacitar medios de comunicación y que se volvió muy relevante después que empezaron las protestas que tuvieron lugar hace tres años", agrega.

Desde el periodismo

En 2018, Nicaragua vivió una ola de manifestaciones que pedían la salida del poder de Ortega y que, según organizaciones de derechos humanos, fueron duramente reprimidas y provocaron unas 328 muertes, centenares de presos políticos y el exilio de más de 100.000 personas.

Vijil recuerda que en esos años, el gobierno cerró muchos medios de comunicación y que entonces, la Fundación se volvió una plataforma de aprendizaje para los cientos de periodistas que debieron reencausar su labor.

"La Fundación fue muy importante para apoyar a medios independientes a readaptarse tras ser sacados del aire y tener que migrar a los medios digitales", dice.

Sin embargo, a inicios de este año, Chamorro Barrios anunció que la cerraría tras negarse a inscribirla en el registro asociado a una ley que aprobó la Asamblea Legislativa que obligaba a organizaciones que recibieran dinero de la cooperación internacional a inscribirse como "agentes extranjeros".

"La Fundación licitó y administró fondos para la enseñanza del periodismo de la USAID, eso no es secreto", recuerda Vijil.

"Pero el gobierno consideró que estas organizaciones que recibían dinero del extranjero venían a oxigenar a la oposición, por lo que se aprueba esta ley que básicamente busca frenar esa entrada de dinero. Ahí es cuando ella decide cerrar la Fundación", recuerda la académica.

La ruptura

Sin embargo, medios locales recuerdan que su tarea frente a la Fundación y el posterior cierre de esta no la pusieron en la mira de las autoridades.

"Ella, hasta ese momento, no se había metido activamente en política. El gran cambio se dio cuando anunció que se postularía como candidata para las elecciones de noviembre", recuerda Vijil.

Tras el anuncio, incluso antes de asociarse a ningún partido, Chamorro Barrios se ubicó a la delantera de las encuestas de opinión y medios independientes de Nicaragua comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que pudiera repetir la victoria de su madre frente a Ortega.

"En Nicaragua, los partidos de oposición están muy debilitados. Es una oposición donde la preferencia del votante está más basada en candidaturas personales. Entonces, alrededor de Cristiana se había generado mucha expectativa y mucha ilusión porque se veía como una candidatura que regresaba a todos en el mismo barco", opina Vijil.

El Ministerio Público, por su parte, alegó a que el proceso contra Chamorro está vinculado a su trabajo frente la Fundación que, según dijo, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador".

Aseguró, además, haber obtenido "claros indicios de lavado de dinero" tras revisar documentos de finanzas entre 2015-2019.

El proceso contra Chamorro Barrios generó reacciones en varios gobiernos y organismos regionales.

El secretario de Estados de EE.UU., Anthony Blinken, consideró que impedir la candidatura de la periodista "refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas" mientras la OEA lo consideró un "atentado a la democracia".


Otros casos

La detención de Cristiana Chamorro y los cargos en su contra son vistos por activistas y opositores solo como el último caso de otras maniobras que ha realizado el gobierno de Nicaragua con vista a las elecciones.

Más de una decena de periodistas han denunciado haber sido citados para testificar en la Fiscalía nicaragüense por el caso de supuesto lavado de dinero de Chamorro Barrios.

El pasado 20 de mayo, las autoridades allanaron también la sede del diario El Confidencial y de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos F. Chamorro, el hermano de Cristiana Chamorro, quien recientemente fue galardonado con el Premio Ortega y Gasset.

Otros candidatos opositores también han denunciado con anterioridad que el gobierno creó casos en su contra para impedirles participar en las elecciones de noviembre.

Varios organizaciones de derechos humanos han denunciado que la situación en Nicaragua se ha agravado en los últimos tiempos como resultado del impacto de la pandemia de coronavirus, la crisis económica y lo que califican como "represión" por parte de las fuerzas del orden.

Según un reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en las cárceles del país todavía hay más de un centenar de detenidos por razones políticas.

El gobierno de Ortega niega que en el país existan presos políticos y asegura que los opositores son "revoltosos" que buscan crear disturbios en el país.

En un reciente informe sobre Nicaragua, el Crisis Group, un think tank progresista, alertó sobre las potenciales consecuencias que podrían tener las elecciones de noviembre.

"Un resultado injusto podría desatar disturbios y una violenta represión. La comunidad internacional debe impulsar reformas y diálogo con la oposición, evitando al mismo tiempo sanciones contraproducentes", indicó.


Fuente: BBC mundo

domingo, 21 de febrero de 2021

Excarcelados “políticos” de Nicaragua se suman a la oposición contra Ortega

 Managua, 19 feb (EFE).- El Grupo de Reflexión de Excarcelados (Grex), compuesto por manifestantes con libertad condicional en Nicaragua, conocidos como “excarcelados políticos”, se unió este viernes a la opositora Coalición Nacional, que busca derrotar al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo.



La adherencia del Grex fue anunciada por la propia Coalición Nacional, que reformó sus estatutos para incluir a uno de los grupos considerados víctimas de los ataques armados del Gobierno contra manifestantes en 2018, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.

Entre los integrantes del Grex se encuentran algunos de los llamados “presos políticos” más emblemáticos de Nicaragua, como Lenín Salablanca, Victoria Obando, Edwin Carcache (exiliado), y Kevin Solís, este último capturado en 2020 tras haber sido excarcelado en 2019.

Además de la inclusión del Grex, la Coalición Nacional, una las principales agrupaciones opositoras de Nicaragua, anunció su apertura hacia otros sectores sociales, entre ellos los familiares de los muertos en el marco de la crisis sociopolítica local, agrupaciones sindicales o profesionales, la diáspora y nicaragüenses en el exilio.

Hasta ahora la Coalición Nacional, que no ha oficializado la adhesión del Grex, está compuesta por los movimientos sociales Unidad Nacional Azul y Blanco, Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y Movimiento Campesino, así como por el Partido de Restauración Democrática (PRD), y el indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita).

A pesar de ser un grupo opositor clave, la Coalición Nacional no cuenta con personalidad jurídica ni con una casilla electoral, requisitos básicos para participar en las elecciones del 7 de noviembre próximo. Para salvar la situación, sus miembros creen que pueden valerse del PRD y Yatama, que sí cuentan con ambos requerimientos.

Las elecciones de noviembre serán claves para Nicaragua, porque estarán en juego 42 años de dominio casi total de Ortega sobre la política nicaragüense.

(c) Agencia EFE

sábado, 27 de junio de 2020

Amplio apoyo de América Latina y el Caribe a resolución sobre DDHH en Nicaragua

OPINIÓN

El Consejo de Derechos Humanos concluyó el martes 23 de junio su 43º período ordinario de sesiones, tras haberlas retomado luego de su suspensión el 13 de marzo debido a la pandemia de COVID-19. Durante la cuarta semana de sesiones, entre las resoluciones adoptadas bajo el ítem 2 de la agenda, se incluyó la resolución A/HRC/43/L.35 sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.



Nicaragua ha sido objeto de serias denuncias desde abril de 2018, a raíz de las graves violaciones de derechos humanos y otros abusos cometidos. Entre otros, represiones violentas, arrestos ilegales y detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, comisión de actos de violencia por grupos armados, detenciones ilegales, prisión arbitraria, hostigamiento y torturas.

En lo que se refiere a su contenido, esta resolución del Consejo solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que refuerce el seguimiento llevado a cabo por su Oficina y continúe informando sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Le requiere, entre otras medidas, la preparación de un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto, y que someta dicho informe al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo, y también que presente oralmente a éste, en sus períodos de sesiones 44º y 45º, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en dicho país (punto 13 de la resolución).

La resolución expresa su gran preocupación por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, los estudiantes, las víctimas y sus familiares, y otras personas que expresan opiniones críticas respecto del Gobierno.

El texto votado contiene serias advertencias para el Gobierno de Nicaragua, instándolo a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación, la fiscalía y el poder judicial, y solicita que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas. Asimismo, lo exhorta directamente a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias, a que respete las debidas garantías procesales y garantice la independencia e imparcialidad del sistema de justicia.

En otro de sus puntos de la resolución se le pide al Gobierno de Nicaragua que investigue y sancione los actos de intimidación o represalia, que reanude su cooperación con los organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos, y la Organización de los Estados Americanos, y que permita el acceso sin trabas a todo el país, facilitando las visitas.

Además del contenido de la resolución, indudablemente valioso, y que puede seguirse mediante la lectura de sus considerandos y puntos de exposición, el resultado de la votación también merece reflexiones. La resolución fue adoptada por 24 votos a favor, 19 abstenciones y 4 votos en contra.

En primer lugar, los cuatro votos en contra son los que corresponden a Eritrea, Filipinas, Somalia y Venezuela. Resulta interesante recalcar que según la calificación de Freedom House (organización no gubernamental que conduce investigaciones sobre la democracia y los derechos humanos), salvo Filipinas que tiene el estatus de país parcialmente libre, los otros tres países son calificados como no libres. A mayor abundamiento, en el caso de Eritrea y Somalia, el Consejo de Derechos Humanos, durante 2019, renovó los mandatos de país establecidos por existir en esos dos países una situación grave de violación de derechos. Los mandatos por países, que normalmente duran un año y pueden renovarse, permiten a los titulares de mandatos examinar y asesorar a distintas partes interesadas -incluyendo al Consejo y al país en cuestión- sobre las situaciones de derechos humanos en un determinado país o territorio.

En segundo lugar, en cuanto a los países que se han abstenido de votar, puede interpretarse que su abstención tenga más de un significado en función de sus propios compromisos o intereses, pero sin duda alguna tiene el claro significado de no apoyar el mandato específico que tiene la Alta Comisionada para vigilar de manera directa la situación de Nicaragua.

Varios de los países que se abstuvieron tienen también situaciones graves de derechos humanos y han sido, o son, objeto de seria preocupación por los organismos internacionales, como Sudán, Congo o Libia, e incluso tienen o tuvieron mandatos especiales que se dedican o dedicaron a su situación. Algunos otros no mantienen una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, como Angola, Bangladesh, Namibia o Nepal, lo que quiere decir que no están preparados para recibir una visita de cualquier titular de los procedimientos especiales del Consejo.

Se concluye entonces, que aquellos países que no han apoyado la resolución mediante el voto positivo se caracterizan por regímenes autoritarios o al menos poseen una pobre calidad democrática e institucional. Estas características resultan de constante reiteración en las votaciones en el seno del Consejo, en el cual las dictaduras buscan apañarse entre sí. Por otra parte, debe señalarse, entre los votos a favor, el de los países de América Latina y el Caribe que actualmente integran el Consejo, esto es: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. La excepción, que por supuesto no sorprende, ha sido la dictadura de Venezuela, que como ya se ha dicho es uno de los cuatro países que votó en contra.

Es de destacar que la comunidad internacional ha sido contundente al efectuar estas exhortaciones de una gravedad alarmante, infundiendo aliento sobre la sociedad civil al dar continuidad a la resolución tomada en marzo de 2019.

Resta ahora ver si el gobierno de Daniel Ortega emprende el camino hacia un diálogo amplio y creíble, que lleve a una rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos cometidas, tal como se le reclama o, en cambio, si continuará su lamentable derrotero dictatorial y opresivo.

Roxana Perel es Investigadora Asociada de CADAL.
Fuente: Infobae.com