"El cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo muestra 16 costillas rotas y quemaduras por posible electrocución". El examen forense que dio a conocer el fiscal director de actuación procesal (en el exilio) Zair Mundaray revela lo que las denuncias de sus familiares y defensores de derechos humanos habían advertido: el militar fue víctima de tortura mientras estuvo bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, Venezuela.
Los detalles hablan del trato cruel que padeció este hombre antes de morir, el pasado 29 de junio en el hospital militar. Su esposa, Waleska Pérez, y el abogado Alonso Medina Roa contaron que Acosta Arévalo fue llevado finalmente al juicio en silla de ruedas, que apenas podía moverse, estaba desorientado y adolorido y alcanzó a decirle a su defensor "Auxilio". Luego de eso el juez ordenó llevarlo al centro de salud custodiado por militares, donde murió.
El hecho ocurrió seis días después de ese 23 de junio cuando Michelle Bachelet, la comisionada para Derechos Humanos de la ONU concluyó su visita oficial en Venezuela, no sin antes dejar recomendaciones. Los tres días de visita –que implicaron reuniones con Nicolás Maduro y sus funcionarios, pero también con el presidente interino Juan Guaidó, víctimas de violación de derechos humanos y directivos de organizaciones independientes– culminaron con un acuerdo con el régimen para establecer dos delegados de su oficina de modo permanente en el país para el monitoreo, asesoría y asistencia técnica.
"Están aquí en Venezuela (los técnicos), pero el acuerdo no se está cumpliendo", denuncia Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización venezolana no gubernamental de derechos humanos Provea.
El lunes 1 de julio, Bachelet se vio obligada a expresar su preocupación por los derechos humanos en Venezuela.
Fuente: Univisisión Noticias
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