En el estado de Tabasco, diputados locales
aprobaron una reforma que criminaliza las manifestaciones públicas. La reforma
establece prolongados periodos de prisión como pena por actos que busquen
oponerse a algún proyecto u obra pública o privada y también por realizar
cierres de calles y otras vías de comunicación.
El Congreso del estado de Tabasco aprobó el
lunes una reforma al código penal estatal por la que se podrían imponer penas
de hasta 20 años de cárcel por impedir la ejecución de obras públicas mediante
protestas o manifestaciones.
El texto de la normativa de esta entidad del
sureste de México dice que se sancionará de 6 a 13 años de prisión a quienes
impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos,
maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u
obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción
local, según un comunicado del Congreso estatal. La pena se incrementará en una
mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar
de personas menores de edad o se emplee violencia.
“La iniciativa legislativa en Tabasco
permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de
afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es
una clara violación a la libertad de expresión en México. Además, se
criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea
pacífica,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía
Internacional.
La organización considera que la restricción
está redactada en términos tan amplios que, en los hechos, anularía la
capacidad de las personas de reunirse y expresar libremente sus ideas respecto
a proyectos aprobados por el gobierno.
Este tipo de ley ha sido usado en México para
inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas
defensoras de derechos humanos.
Desde 2016, el gobierno federal ha usado ese
tipo de delito para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a
una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, en el
estado de Puebla. Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para
intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.
Por otro lado, el pasado viernes 26 de julio,
estudiantes y otras personas que se manifestaron en el estado de Jalisco en
contra de un anunciado aumento al costo del transporte público, reportaron la
intervención excesiva de las autoridades, incluyendo abuso de la fuerza por
parte de agentes de policía. Varios manifestantes fueron golpeados en
circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna
persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación.
“Estas acciones muestran la fragilidad del
ejercicio de los derechos humanos en México y la falta de voluntad política de
los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad
en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades”, dijo Tania
Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Fuente: Amnistía Internacional, 20 minutos
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