Ciudad de México. Las medidas en materia
migratoria y de asilo adoptadas de manera conjunta por México y Estados Unidos
están teniendo impactos directos en los derechos humanos de los migrantes,
solicitantes de asilo y refugiados; los exponen a riesgos como secuestros,
extorsiones y otros abusos, y limitan su derecho a la protección
inter-nacional, censuró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un extenso pronunciamiento dado a conocer
ayer en su sede en Washington, el organismo internacional criticó duramente las
políticas en la materia adoptadas recientemente por los gobiernos de la región,
en particular el acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos el 7 de junio,
a partir de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las
exportaciones mexicanas.
Expresó su preocupación por la extrema
seguridad, militarización y externalización de las fronteras; así como la
criminalización de defensores de derechos humanos que atienden a ese sector.
La comisión hizo un llamado urgente a los
gobiernos de la región a respetar y garantizar los derechos de migrantes y
refugiados, así como de los defensores de sus garantías.
Complejidades y desafíos
En cuanto a la magnitud del fenómeno, la CIDH
remarcó que el informe Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2018 del
Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) evidencia que a finales de 2018 se registraban 314 mil 946 solicitantes
de asilo y 72 mil 229 refugiados de los países de Centroamérica a escala
mundial, y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva
de personas en el contexto de movimientos migratorios mixtos.
Destacó que a partir de la implementación
unilateral del programa Quédate en México, Estados Unidos ha devuelto a
territorio mexicano a más de 10 mil personas para que esperen mientras se
realizan sus procedimientos migratorios y de asilo.
El organismo internacional agregó que ambos
países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de
asilo, por medio de las cuales cerca de 18 mil 778 personas habrían esperado en
un puerto de entrada fronterizo en México hasta principios de junio para
presentar su solicitud.
La comisión observa que estas políticas son
contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo
que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no
devolución, dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen
la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones
criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que
están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a
servicios de asistencia básica.
La CIDH solicitó a los países de Norte y Centroamérica
adoptar medidas urgentes e integrales con el fin de garantizar vías seguras
para que las personas busquen protección internacional.
Otro aspecto que preocupa a la CIDH son los
casos de separación de familias mediante el programa Quédate en México, por el
cual los padres y/o madres permanecen en territorio mexicano mientras sus hijos
son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos.
Motivo de alerta también, señaló, son las
nuevas normas en materia de asilo anunciadas por Estados Unidos el 15 de julio,
mediante las cuales impedirá que muchos migrantes soliciten esa protección, lo
cual violenta el derecho internacional.
Asimismo, la CIDH tiene información acerca de
que existe hacinamiento y malas condiciones de detención en las estaciones
migratorias y estancias provisionales mexicanas, así como detenciones de niños,
niñas y adolescentes.
Además, el 2 de julio la oficina del inspector
general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un
informe sobre el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones
insalubres en los centros de detención de migrantes.
El plan integral es positivo
Sobre el plan del gobierno mexicano para el
Desarrollo Integral de Centroamérica, presentado el 20 de mayo, en colaboración
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CIDH consideró
positivo que se implementen medidas para abordar las causas estructurales de la
migración forzada, como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas
para todas las personas en sus comunidades de origen.
Fuente: La Jornada
