La Coalición por los Derechos Humanos y la
Democracia realizó la denuncia al respecto. En esa misma línea, el abogado e
integrante de la ONG, Alonso Medina Roa, afirmó que los casos "han sido
documentados y denunciados" ante "las sedes de los tribunales, bien
sea militares o civiles", y en presencia de los jueces y representantes de
la Fiscalía.
Los “presos políticos” encarcelados son tanto
civiles como militares, desde la institución se espera que exista algún tipo de
reacción por parte de los organismos internacionales, considerando que la inoperancia
internacional se trata un silencio cómplice con el gobierno de Maduro.
Un ejemplo de esta práctica sería la muerte
del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado estando bajo custodia
de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Medina Roa, quien era su
abogado defensor, ratificó que el cuerpo del militar fue enterrado por orden de
la corte, constando en el acta de defunción que murió por
"politraumatismos con objetos contundentes", aunque señaló que
todavía no reciben el informe oficial del forense.
La abogada, de la organización Ana Leonor
Acosta, también denunció que "los militares han sido brutalmente
golpeados, dentro de los cuerpos de seguridad del Estado", en entes como
la Dgcim.
Mencionó, como ejemplo, el caso de Miguel
Rodríguez Torres, quien, según sus familiares, cumple ocho días en huelga de
hambre, pidiendo el acceso a sus abogados y parientes; y del primer
vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, que suma "más de dos meses
incomunicado".
Durante la protesta, varias ONG presentaron
una solicitud ante los delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, para que verifique la situación en la que se encuentran
los "presos políticos", y anunciaron una campaña informativa para que
la sociedad conozca "la realidad" de Venezuela.
Además se realizarán actividades callejeras en
los estados de Táchira (oeste), Yaracuy (centro), Bolívar (sur), Mérida (oeste)
y Carabobo (centro).
El Secretario General de la ALDHU, Juan de
Dios Parra, declaró al respecto: “Deberíamos frenar la impunidad a la violación
de los derechos humanos que existe en América Latina. Es en estos momentos cuando
los gobiernos deberían entregar más apoyo al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Sin embargo, jefes de estado de como Argentina, Brasil, Chile, Colombia
y Paraguay se unen para cuestionar y desacatar resoluciones
de este organismo, avalando la impunidad y debilitando el enjuiciamiento de los
delitos contra los derechos humanos como las denunciados por la Alta
Comisionada en Venezuela”.
Fuente: Infobae
