Tres posibles evoluciones para el coronavirus que provoca el COVID-19

 

La agencia de la ONU encargada de velar por nuestra salud indica que, en cualquiera de ellos, todos los países deben seguir vigilantes y recomienda cinco medidas para mantener al virus bajo control.

#OMS #Covid-19 #ONU #Coronavirus

La Organización Mundial de la Salud ha presentado este miércoles su tercera actualización del Plan Estratégico de Preparación, Preparación y Respuesta para el COVID-19, en la que observa tres posibles evoluciones del coronavirus SARS-CoV-2, una la más probable, otra la más benigna y la última la más temida.

La actualización, que se espera sea la última según el director de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Gebreysus, señala que el escenario más probable sobre la evolución de la pandemia es que el coronavirus siga mutando y cause una enfermedad menos grave.

“Basándonos en lo que sabemos ahora, el escenario más probable es que el virus siga evolucionando, pero que la gravedad de la enfermedad que causa se reduzca con el tiempo a medida que aumenta la inmunidad debido a la vacunación y la infección”, explicó  Tedros en la rueda de prensa semanal sobre el estado de la pandemia en el mundo.

Es posible que se produzcan picos periódicos de casos y muertes cuando la inmunidad disminuya, lo que puede requerir un refuerzo cíclico para las poblaciones vulnerables.

La segunda posibilidad es el mejor de los casos posibles: el surgimiento de variantes menos graves contra las que no sean necesarios dosis de refuerzos o nuevas fórmulas de vacunas.

Sin embargo, la actualización señala que no es descartable el peor escenario, la aparición de una variante más virulenta y altamente transmisible. Frente a esta nueva amenaza, la protección contra los casos de  enfermedad grave y de muerte, ya sea debido a  la vacunación previa o por la infección, disminuirá rápidamente.

Para hacer frente a esta situación habría que modificar considerablemente las vacunas actuales y garantizar su aplicación a las personas más vulnerables ante las formas graves de la enfermedad.

Cómo acabar con la fase aguda de la pandemia

Ante este trío de posibilidades, el director de la OMS se preguntó a si mismo ¿cómo podemos avanzar y acabar con la fase aguda de la pandemia este año? Y  su respuesta fue que los paísess inviertan en cinco componentes básicos

Primero: mantener la vigilancia, el trabajo de los laboratorios y la recopilación de información de salud pública

Segundo: vacunar, continuar con las medidas sociales y de salud pública, y sostener el compromiso de las comunidades

Tercero: ofrecer atención clínica para el COVID-19, e invertir en sistemas de salud resistentes

Cuarto: avanzar en la investigación y el acceso equitativo a las herramientas y los suministros

Quinto: una coordinación a medida que la respuesta pasa del modo de emergencia a la gestión de la enfermedad respiratoria a largo plazo

“Tenemos todas las herramientas necesarias para controlar esta pandemia: podemos prevenir la transmisión con mascarillas, distanciamiento, higiene de manos y ventilación. Y podemos salvar vidas asegurando que todo el mundo tenga acceso a las pruebas, los tratamientos y las vacunas”, indicó Tedros.

Debe mantenerse el objetivo mínimo del 70% de vacunación

Por ese motivo, aseguró que vacunar al 70% de la población de cada país sigue siendo esencial para controlar la pandemia, priorizando a los trabajadores sanitarios, a las personas mayores y a otros grupos de riesgo.

A este respecto, el director de la OMS se mostró sorprendido de que haya personas en la comunidad sanitaria mundial que consideren que el objetivo del 70% ya no es pertinente.

“Muchos países de ingresos altos y medios han alcanzado este objetivo, y han visto una disociación entre casos y muertes. Aunque algunos países de ingresos altos están desplegando la cuarta dosis para sus poblaciones, un tercio de la población mundial aún no ha recibido una sola dosis, incluido el 83% de la población de África. Esto no es aceptable para mí, y no debería serlo para nadie”, aseguró antes de remachar: “Si los ricos del mundo disfrutan de los beneficios de una alta cobertura vacunal, ¿por qué no deberían hacerlo los pobres del mundo? ¿Acaso algunas vidas valen más que otras?”

Acción frente a otras pandemias

El responsable de la Organización Mundial de la Salud comentó que, al mismo tiempo que su Organización sigue respondiendo a la pandemia, también está poniendo en marcha nuevas medidas para ayudar a mantener el mundo a salvo de futuras epidemias.

“Hoy lanzamos una nueva estrategia para ampliar la vigilancia genómica a nivel mundial de los patógenos con potencial epidémico y pandémico. Y mañana pondremos en marcha una nueva estrategia mundial contra los arbovirus, la familia de virus propagados por los mosquitos que incluye el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, y que suponen una amenaza para más de la mitad de la población mundial”, anunció.

Militarización en América Latina en tiempos de Covid-19

 

Esta columna está basada en el paper The militarization of responses to COVID-19 in Democratic Latin America publicado en 2020 en la revista Brazilian Journal of Public Administration

Alrededor del mundo, las repuestas a la crisis sanitaria provocada por el SARS-COV-2 han intensificado el despliegue de dispositivos de control de la población. Por ejemplo, en Polonia, Corea del Sur y Australia se han usado aplicaciones que rastrean el movimiento de personas contaminadas para impedirles salir de sus casas[1]. En América Latina los gobiernos han utilizado sus fuerzas armadas para asegurar el cumplimento de las medidas de aislamiento social.[2] Esto se explica por la debilidad de las agencias civiles, aunada al alto prestigio que estas instituciones gozan entre la población en la mayoría de los países en la región[3].

Para identificar las consecuencias del incremento de la participación de los militares en este contexto, el doctor Igor Acacio y Anaís Medeiros analizan las tareas que se les han encomendado en las 14 democracias del continente y examinan el impacto de esta gestión en las instituciones, así como en el respeto a los derechos humanos en la región. Para ello, consultaron decretos oficiales y las redes sociales de las Fuerzas Armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay entre el 1 de marzo y el 25 mayo de 2020.

EL ROL HISTÓRICO DE LOS MILITARES

El rol de los militares en la historia de América Latina ha sido crucial. El siglo XIX fue la época de los caudillos: militares originarios de los ejércitos de liberación desmovilizados, gobernaron los países que recién se habían independizado. Además de asumir esas tareas políticas, las fuerzas armadas también participaron en levantar la infraestructura de los nuevos estados: se dedicaron a construir puentes, abrir y pavimentar caminos para conectar áreas aisladas con las más desarrolladas, así como a entrenar las policías urbanas y rurales. Esta característica llevó a Brian Loveman a referirse a las fuerzas armadas latinoamericanas como “los guardianes de la nación”.[1]

En el siglo XX, a esas misiones militares se agregaron tareas como la dirección de empresas públicas y las acciones cívico-sociales. Después, en la segunda mitad del siglo, los militares fueron protagonistas de la represión en contra de la oposición política como en Chile, Argentina y Brasil, y más recientemente en el combate al narcotráfico en países como Colombia y México.

En el contexto de la actual crisis sanitaria, su participación ha aumentado considerablemente, lo cual ha generado efectos negativos: la represión violenta de protestas como en el caso de Honduras, el abuso de autoridad por parte de soldados encargados de patrullar las calles durante la pandemia, o de vigilar los centros de contención para las personas que no respetan el toque de queda, como en el caso de El Salvador.

En países donde la rendición de cuentas es más consolidada, como Francia y Estados Unidos, las fuerzas armadas han restringido sus tareas a misiones de corte logístico cómo la construcción de hospitales y la distribución de insumos médicos. En contraste, en países como Chile, Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y El Salvador los militares han actuado en misiones que suelen ser problemáticas para la democracia y vulneran los derechos humanos de las clases populares: la participación en la gestión de la crisis sanitaria y el mantenimiento del orden público. La primera tarea es de corte político y debilita el control democrático sobre las fuerzas armadas pues promueve la politización de estas. A su vez, las actividades policiacas exigen autonomía individual para la toma de decisiones, una habilidad cognitiva que no es central en el entrenamiento militar. [2]

Reconociendo que los retos que impone la crisis del COVID-19 exigen la acción coordinada de diferentes agencias del estado, se espera que las fuerzas armadas, por ser altamente profesionales, participen de las repuestas estatales a la pandemia. Esto no se cuestiona. El tema que nos debe interesar y preocupar como sociedad civil es cuáles tareas estamos delegando a los militares y qué grado de autonomía política se les otorga para implementarlas.

TIPOLOGÍA DE MISIONES MILITARES ANTE LA COVID-19

En nuestro análisis identificamos seis áreas de participación de los militares durante la pandemia del COVID-19:

1) seguridad fronteriza, una misión cercana a la función clásica de los militares de defensa externa;

2) logística, que comprende la distribución de víveres e insumos médicos, así como la repatriación de ciudadanos;

3) atención médica, que incluye desde el apoyo en selección de pacientes, hasta casos de alta complejidad;

4) industria de defensa, sobre todo dedicada a la producción de mascarillas, alcohol gel (o gel hidroalcohólico) y distribución de medicamentos, una misión que, aunque no relacionada directamente con la defensa externa, no implica graves consecuencias sobre el control civil de los militares.

5) gestión política de la crisis, que incluye el nombramiento de militares para cargos políticos en ministerios o para liderar comités nacionales de emergencia que coordinan la respuesta a la pandemia.

y 6) tareas de vigilancia, las cuales abarcan el patrullaje de calles, el manejo de centros de contención y la participación en barreras sanitarias en el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las medidas de aislamiento social.

En general, encontramos que las misiones más efectivas fueron aquellas cuyos elementos militares tenían más entrenamiento: seguridad fronteriza, logística, atención médica e industria de defensa.

En casos donde los militares tenían poco entrenamiento, se detectó que sus misiones no se cumplieron satisfactoriamente, o que cometieron abusos de autoridad, como es el caso de El Salvador y Honduras. En este sentido, aunque su participación sea temporal, se tiene que resaltar que el aumento de la participación de los militares puede dañar permanentemente el balance civil-militar y la calidad de la democracia en Latinoamérica, especialmente en países donde dicho equilibrio se encuentra en declive cómo El Salvador, Ecuador y Bolivia.

Hay que recordar que una crisis, como lo es la pandemia actual, puede ser el contexto ideal para reformas políticas. La referencia a un estado de excepción puede facilitar la implementación de medidas políticas autoritarias vigentes, como es el caso de la suspensión de derechos políticos, bajo la justificación de la necesidad del mantenimiento del orden en un contexto de excepción y de inseguridad sobre el futuro. Por otra parte, dado que no es clara la duración de la pandemia, tampoco sabemos hasta cuándo se va a prolongar la militarización de las respuestas a la crisis. Eso permite que los militares actúen prácticamente sin contrapeso o control externo de sus actividades.

En Bolivia, un contralmirante es el director del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), responsable de coordinar las distintas acciones para enfrentar la emergencia por COVID–19 en el país. En Chile, los militares también están a cargo de la gestión de la crisis sanitaria: desde el inicio del 2020, son los encargados de la dirección de las dieciséis zonas de emergencia que se han creado en el contexto de la pandemia.

Brasil es un caso extremo de militarización de la gestión de la crisis sanitaria – y de la política en general. El presidente Jair Bolsonaro ha designado el mayor número de militares para encabezar ministerios públicos en la historia, desde el fin del régimen militar en 1985. Actualmente, 11 ministerios están encabezados por militares, incluyendo el Ministerio de la Salud dirigido por el general Eduardo Pazuello. Además, alrededor de 6000 militares ocupan puestos en secretarías y ministerios. Ese posicionamiento estratégico en el sistema político ha permitido el mantenimiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa en un periodo de contingencia de los gastos públicos y el aumento de los sueldos de los militares brasileños en hasta 72%.

MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Otro conjunto de misiones militares domésticas que merece atención es la asignación de militares en tareas policiales. Un gran número de investigaciones han demostrado que las actividades de seguridad doméstica que generan contacto estrecho entre los militares y la población pueden estar vinculadas a abusos de autoridad y corrupción por parte de los militares, especialmente cuando no existe un objetivo claro de la misión. Esto porque los militares de medio y bajo rangos son entrenados para misiones que requieren un bajo nivel de autonomía. Como un ideal tipo, actividades policiales implican un contacto cercano con la ciudadanía y la toma de decisiones a nivel individual – lo que les permite distinguir sospechosos de inocentes. Por ello, la adaptación de misiones militares hacia las policiacas no es conveniente y atenta contra la protección de las libertades civiles que son centrales para la sobrevivencia de un régimen democrático.

Sin embargo, se insiste en desplegar los militares como policías bajo la justificación de que se trata de la institución más preparada en el momento para enfrentar a grandes amenazas de seguridad. El mejor ejemplo es el caso de México, en donde inicialmente se involucró al ejército para combatir el narcotráfico como medida extraordinaria, y ahora esta medida se ha vuelto permanente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “en la región, y específicamente en México, experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

Países como El Salvador, Guatemala, Chile, Ecuador y Bolivia han utilizado los militares en diferentes niveles para asegurar que la población se quede en sus casas durante la pandemia. La situación es más preocupante cuando los militares son la principal agencia responsable de coordinar los toques de queda, como es el caso de Chile y de Bolivia. Esto es incompatible con la dimensión liberal de la democracia: la preservación del estado de derecho y vulnera las libertades individuales. En Chile, por ejemplo, seis funcionarios del ejército fueron detenidos por abandonar a ocho personas en medio del deserto bajo la acusación de violar la cuarentena. Ese caso no es aislado. En 2019, tras la convocatoria de militares para el control de las calles, se registraron más de 71 querellas contra miembros de las fuerzas armadas.

De la misma manera, en El Salvador, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que defienden los derechos humanos han reportado abusos y violaciones por parte de militares y de las policías. Según el Decreto 19, publicado en marzo de 2020 por las autoridades salvadoreñas, los militares y policías están facultados para encarcelar a quienes violan la cuarentena en centros de detención por 30 días. En consecuencia, miles de personas fueron llevadas a centros de detención sobrepoblados y se encuentran bajo condiciones inhumanas. También se denunciaron abusos de autoridad perpetrados por personal militar y policial a cargo de esas instalaciones en los primeros meses de la pandemia.

El caso de las fuerzas armadas salvadoreñas es un claro ejemplo donde la rendición de cuentas es mínima, ya que tienen más de 220 puestos de control en todo el territorio nacional para verificar el cumplimiento de la cuarentena social, lo que les permite disfrutar de un alto nivel de autonomía en sus actividades.

De manera similar, la intervención de los militares ha incrementado considerablemente en Honduras. La Secretaría de Defensa Hondureña ha reportado más de 15.000 puestos de control en todo el territorio nacional. Las fuerzas estatales han sido acusadas de realizar detenciones arbitrarias y abuso de poder en contra de personas acusadas de violar la cuarentena. Manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades locales y nacionales han sido reprimidas con armas de fuego y gas lacrimógeno. Solamente entre marzo y mayo de 2020, 20.000 personas fueron detenidas por no cumplir con las medidas de aislamiento social en el país.

En Bolivia, con el toque de queda controlado por los militares en el contexto de la pandemia y la implementación de puestos de control militar en todo el territorio, fuentes de medios alternativos denunciaron la represión de manifestaciones pacíficas que denunciaban el hambre en distritos que históricamente han apoyado a Evo Morales. Esto es un ejemplo de cómo el contexto de excepcionalidad de la pandemia ha intensificado la represión política. Al inicio del año, políticos fueron arrestados bajo vagas acusaciones de “terrorismo” y “sedición” por las fuerzas de seguridad, lo que constituye una clara señal del desequilibrio que existe hoy entre civiles y militares en Bolivia.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL EQUILIBRIO CÍVICO MILITAR

América Latina es una región que enfrenta problemas estructurales de acceso a vivienda y servicios de salud que han profundizado la gravedad del COVID-19. Por esta razón se entiende que sea necesaria una acción coordinada por parte de todas las agencias estatales, incluyendo las fuerzas armadas por supuesto.

El perfil de las fuerzas armadas es compatible con varias funciones clave en la contención de la pandemia. Misiones técnicas, como el apoyo a los cuidados médicos y funciones logísticas, son compatibles con el entrenamiento previo de los militares y no impactan negativamente en el ejercicio democrático. Sin embargo, la urgencia de esta crisis no debe desviar la atención de la relevancia de la rendición de cuentas por parte de los agentes del estado sobre sus tareas, y de su responsabilización por eventuales abusos y desviaciones.

Por otro lado, la gestión política de la crisis sanitaria, así como las misiones policiales que implican un contacto estrecho entre ciudadanos y militares, deben ser evitadas porque vulneran el balance civil-militar, en detrimento de la democracia. Los gobiernos de la región que se autodefinen como democráticos tienen el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en cualquier situación, pero sobretodo en momentos de incertidumbre global como la actual pandemia del COVID-19.

Por Anaís Medeiros Passos. Editado por Karina García Reyes.

  

Desde la ALDHU insistimos en la necesidad de diferenciar los ámbitos mitiliares y civiles. Muchas de las policías presentes en Latinoamérica tienen un carácter militar, conservan estructuras militares  e incluso existe una justicia miliar especial para ellas. Sin embargo, la diferenciación entre las fuerzas de los ámbitos militares y civiles puede incluso ayudar a conservar la democracia e interponerse a cualquier intención de dañarla. El uso indiscriminado de fuerza ante conflictos sociales y civiles acaba provocando mayores enfrentamientos y desconformidad con el estado. América latina debe tender hacia un diseño acotado de las actividades de las fuerzas de seguridad  (civiles) y de las fuerzas armadas (militares); de otro modo los civil acaba convirtiéndose en militar, y lo militar interfiere produciendo e intensificando los conflictos existentes en la sociedad civil; hasta que lo militar acaba siendo lo único; imprescindible.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU

NOTAS Y REFERENCIAS

[1] Treguer, Felix. Gestion techno-policière d’une crise sanitaire. Paris: Ceri, 2020.

[2] Ver, por ejemplo: Argentina, Brasil, Chile, Honduras. Último acceso: 21/01/2021.

[3] En el caso de Chile hasta 2018 el 53% de los chilenos confiaba en la Fuerzas Armadas según Latrinobarómetro, pero en el estudio de 2020 esa confianza es ubicó en el 32%. Ver aquí

[4] Loveman, Brian. 1999. For La Patria. Politics and the Armed Forces in Latin America. Edited by SR Books. Wilmington, Delaware.

[5] Campbell, Donald J., and Kathleen M. Campbell. 2010._“Soldiers as Police Officers/ Police Officers as Soldiers_: Role Evolution_and Revolution in the United States.” Armed Forces & Society 36 (2): 327–50. Disponible aquí. Último accesso: 21/01/2021.

La moda de perseguir a los defensores de derechos humanos en tiempos de coronavirus

 Hay gobiernos que han usado la pandemia como excusa para detener o retener a los ciudadanos más críticos. Defensores, periodistas o activistas permanecen incluso en prisiones afectadas por la covid-19 como una suerte de doble castigo, según denuncia hoy Amnistía Internacional

En este dramático tiempo coronavírico mundial (con más de 700.000 fallecidos y casi ya 20 millones de infectados) en que tantas situaciones críticas y nuevas se están viviendo y tan necesario ha sido y es el trabajo conjunto de todos los sectores para salir adelante a escala local, nacional y global, muchos gobiernos han hecho de su capa un sayo y han aprovechado para reprimir aún más a los ciudadanos, incluso a aquellos ya retenidos o encarcelados. Así lo denuncia hoy Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe titulado Atreverse a defender los derechos humanos durante una pandemia.

En él, y a través de cinco apartados, se enumeran otros tantos modos y modas de persecución de defensores de derechos humanos (DDHH) que se han producido en gran parte del mundo en estos últimos meses. Desde el uso del confinamiento como pretexto para el control y ataque a determinadas personas o grupos, algo que, indican, ha sucedido en Hungría, Zimbabue, Níger, Tailandia o, especialmente, en Filipinas (con el presidente Duterte animando a la "caza del activista", y donde el caso de Maria Resa es el más destacado pero no el único), hasta los castigos específicos asociados a la identidad de los defensores, es decir, que algunos de ellos además de ser atacados por el trabajo que realizan están en riesgo por ser quienes son. "Sus desafíos se derivan de la desigualdad estructural y la discriminación porque son mujeres, personas indígenas o afrodescendientes, migrantes, refugiados o personas LGBTI o pertenecen a otros grupos que son sistemáticamente discriminados y marginados", señala el informe.

En silenciar a aquellas personas que han sido críticas con el manejo y las medidas tomadas por los políticos y gobiernos contra la pandemia han destacado China, Polonia, Nicaragua, EE.UU. o Rusia. Así, Amnistía Internacional ha identificado a 131 personas en todo el mundo que han sido víctima de hostigamiento, enjuiciamiento, homicidio o encarcelamiento bajo pretextos relacionados con la covid-19. "La legislación sobre noticias falsas, las restricciones de la circulación, la menor protección policial y la mayor intolerancia a la crítica han dado lugar a una nueva oleada de represión en todo el mundo contra quienes han denunciado irregularidades en el sector sanitario o han señalado respuestas inadecuadas a la pandemia", indican.

No liberar a los ya encarcelados como doble castigo parece haber sido uno de los métodos de represión preferidos, según AI. "Gobiernos a los que se alabó durante estos meses por dejar en libertad a miles de presos por prevención sanitaria antes los brotes de coronavirus (como hicieron Egipto, India, Irán y Turquía) han excluido de esta excarcelación a los defensores de derechos humanos y/o han continuado practicando detenciones de activistas, periodistas y ciudadanos críticos", indican.

El 25 de marzo de 2020 pasado, en el momento álgido de la pandemia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, instó a los Estados a poner en libertad “a todas las personas recluidas ilícitamente, entre ellas las presas y presos políticos y las detenidas por sus opiniones críticas y disidentes”. Debían hacerlo, pidió, en respuesta a la amenaza sanitaria. No obstante, varios países hicieron oídos sordos y excluyeron a los defensores de las medidas para descongestionar las prisiones. "En India, por ejemplo, muchos estudiantes y activistas que habían participado en protestas pacíficas contra la Ley de Ciudadanía, que es discriminatoria, continúan detenidas injustamente", denuncia AI.

En Egipto, sigue, el Gobierno no puso en libertad a los detenidos únicamente por expresar su opinión, "ni a miles de otros presos y presas preventivos, muchos de los cuales se enfrentan a cargos de terrorismo excesivamente imprecisos entre motivos de preocupación por el incumplimiento de las garantías procesales". En Irán, las autoridades anunciaron que habían puesto en libertad temporalmente a 85.000 personas presas, "pero muchos defensores continúan recluidos por cargos de motivación política en condiciones atroces". Entre ellos, Narges Mohammadi, que padece graves problemas de salud y a la que se le niega atención médica.

"En Turquía, las medidas de descongestión, en virtud de las cuales más de 100.000 personas quedaron en libertad en abril, han excluido expresamente a las personas detenidas en espera de juicio y a las que se encuentran en prisión preventiva o han sido declaradas culpables en aplicación de la legislación antiterrorista turca, excesivamente general. Entre ellas hay activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, personas del mundo académico y otras que se han pronunciado en contra del Gobierno".

“Su exclusión de las medidas de libertad subraya el carácter político de su encarcelamiento. Es evidente que el gobierno turco le teme a la crítica aún más que a la pandemia”, asegura Lisa Maracani, investigadora de la organización. Recordemos que en el caso de Turquía, este mismo julio un tribunal del país condenó a cuatro defensores de derechos humanos, entre ellos dos directivos de Amnistía Internacional, a entre dos y seis años de cárcel, acusándoles de estar relacionados con organizaciones terroristas y conspirar para derrocar al Gobierno del islamista Erdogan. "Acusaciones que los observadores internacionales tachan de ridículas e insostenibles y fruto de un sistema judicial cada vez más controlado por el Ejecutivo", escribía el corresponsal de EL PAÍS Andrés Mourenza.

En otros países en los que el hacinamiento en las prisiones ya es grave, los gobiernos han seguido deteniendo a activistas por cargos falsos, agravando el problema y poniendo en peligro a más personas, tal como sucede en Túnez, Marruecos, Níger, Zimbabue y Angola, entre otros países.

Convertirlos en blanco fácil

Finalmente, señala este informe, otro modo de persecución sutil es dejar expuestos o no protegidos a aquellos defensores ya en riesgo previo (algo que ha sucedido en aquellos países donde los asesinatos ya existían previamente) lo que ha brindado nuevas oportunidades a aquellos que quieren silenciarlos. Es decir, convertirlos en blanco fácil. Y lo han conseguido, en algunos casos, con muertes sobre la mesa como la de la lideresa comunitaria Carlota Isabel Salinas Pérez, activista de los derechos de las mujeres a la que mataron a la puerta de su casa en marzo mientras repartía alimentos. Así, denuncia AI, en Colombia y México, por ejemplo, se han reducido las medidas de protección policial; en Honduras, el incidente reciente más grave es la posible desaparición forzada de cinco jóvenes, cuatro de los cuales son activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña. "Unos hombres vestidos con uniforme policial se los llevaron el 18 de julio de sus hogares". Y en Colombia, la organización de la sociedad civil Indepaz denunció 166 homicidios durante el primer semestre de 2020.

Así, son muchos los que parecen haber hecho caso omiso a lo que esta organización independiente (una de las pocas que se financia sólo de sus socios, más de siete millones) sugirió a los Estados ya en primavera, al igual que hizo la ONU. Entonces instó a los países a garantizar que los defensores de Derechos Humanos fueran tenidos en cuenta en sus respuestas para abordar la pandemia, "por ser actores clave para garantizar que las medidas implementadas respetan los derechos humanos y no dejan a nadie atrás". Amnistía pidió entonces a todos que "no utilizasen restricciones relacionadas con la covid-19 como pretexto para reducir aún más el espacio cívico y tomar medidas enérgicas contra los disidentes o aquellos que defienden los derechos humanos, o para suprimir la información relevante que se considera incómoda para un Gobierno". Tres meses despues, esta investigación, interesantísima y cargada de casos personales y enlaces a datos, documenta ataques contra ellos perpetrados durante el periodo de la covid-19 en nada menos que 46 países.

Sobre el exceso de celo de los cuerpos de seguridad y el uso de la violencia previos y durante el confinamiento en países africanos hablamos en el artículo El virus que también mata derechos en referencia a Nigeria, Senegal, Kenia o Sudáfrica. “La policía mata más que el virus' ha sido un titular que se ha repetido al menos en dos ocasiones, en Nigeria y en Kenia, y que representa la sensación sobre la excesiva violencia de la policía para hacer respetar los toques de queda y el resto de medidas de contención de la covid-19. Las redes sociales se han hecho eco de estos atropellos y en algunos han conseguido algo poco común: que las autoridades reaccionasen y reconociesen errores, pidiesen disculpas o anunciasen investigaciones y sanciones, según los casos", escribía Carlos Bajo Erro, periodista especializado en activismo africano.

"Si esos defensores de derechos humanos que estaban advirtiendo contra la propagación del coronavirus hubieran sido escuchados hace meses y no silenciados, el mundo sería un lugar mucho más saludable ahora, con muchas menos vidas y medios de vida perdidos. El mundo no puede darse el lujo de ignorar a periodistas, científicos y sanitarios o defensores profesionales de los derechos humanos", señala Mary Lawlor, la Relatora Especial de las Naciones Unidas.

Lamentablemente lo que muestran la realidad y estos datos, según Maracani, es que en lugar de hacerles sitio para que apoyen los esfuerzos dirigidos a abordar la pandemia y a prepararse para una recuperación justa, los gobiernos están "tomando medidas contraproducentes para silenciar a quienes consideran opositores" y la covid-19 ha sido "un castigo añadido para los defensores".

Como conclusión, Amnistía Internacional insiste en este informe en que la pandemia ha presentado una serie de nuevos desafíos sociales múltiples que no pueden abordarse únicamente con enfoques de arriba hacia abajo. "Los Estados deben aprender rápidamente de los errores, adaptarse, innovar y proporcionar respuestas flexibles y diferenciadas a los vastos problemas derivados de la crisis. Esto solo se puede lograr cuando se permite la crítica y el debate, y se consulta, escucha y anima a diferentes sectores de la sociedad a participar. Es por eso que los defensores son actores importantes en la lucha contra la pandemia y deberían ser vistos como aliados, no como enemigos".

Los Estados deberían reconocer, señala, que sin los individuos y colectivos que defienden los Derechos Humanos en todo el mundo, será casi imposible abordar la covid-19 y salvar tantas vidas y medios de subsistencia como sea posible. Por lo tanto, no es solo su obligación, sino que es de interés general "reconocerlos, protegerlos y permitirles llevar a cabo su trabajo crucial para que se pueda mitigar el impacto más duro de la crisis y los que más en riesgo están no se queden fuera".

“Ahora más que nunca, su trabajo es esencial para luchar por la igualdad en el acceso a atención médica, alimentos y alojamiento, y para informar a la ciudadanía sobre el virus y las formas de protegerse. Los gobiernos que explotan esta crisis para atacar a quienes defienden los derechos humanos deben saber que se les está vigilando de cerca”, advierte Maracani.

LA PANDEMIA COMO CALDO DE CULTIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El nuevo informe de Amnistía Internacional sobre los riesgos a la hora de defender los derechos humanos hoy desvela que son muchas las organizaciones feministas que se ocupan ya del impacto de esta crisis en las mujeres en general y en las activistas en particular, incluidas las que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, las que trabajan contra la violencia doméstica y otras de género. SISMA Mujer de Colombia, por ejemplo, publicó un análisis en profundidad de cómo la pandemia ha provocado un aumento de los niveles de violencia contra ambos grupos, tanto doméstica como en amenazas, ataques físicos y asesinatos de mujeres activistas. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres también ha publicado un análisis de la situación en México y América Central, citando numerosas amenazas para ellas, incluidos ataques de género y falta de protección, así como pérdida de medios de vida y de acceso a los servicios de salud. El informe de Amnistía también documenta los intentos de excluir a las defensoras de derechos humanos de participar en la respuesta a la pandemia, en particular aquellas que ya fueron marginadas, hostigadas e intimidadas antes, como las que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. En El Salvador, reportan un aumento en las amenazas en línea, acoso y uso de lenguaje despectivo, misógino y estigmatizante en las redes sociales, incluso por parte de funcionarios estatales y de los que apoyan al gobierno. Particularmente en el caso de activistas y periodistas que han criticado públicamente el manejo de la crisis por parte del Gobierno en los últimos meses, según indica esta investigación.

Fuente: El país

Comunidad indígena en Ecuador teme ser eliminada por avance del coronavirus

QUITO (Reuters) - Una comunidad indígena de Ecuador teme ser eliminada por el aumento de las infecciones por coronavirus en su territorio, lo que ha llevado a decenas de sus miembros a huir a la selva amazónica en busca de protección contra la pandemia que ha dejado cerca de 1.600 muertos en el país.

Los Siekopai, que viven en tierras que se ubican en la frontera entre Ecuador y Perú, temen que el coronavirus repita la historia de otras enfermedades que diezmaron su población. La comunidad de unos 744 miembros tiene 15 casos confirmados del virus y dos de sus maestros ancianos han muerto en las últimas dos semanas después de mostrar síntomas COVID-19.

Un gran número de Siekopai ha presentado síntomas relacionados con el brote, pero al buscar ayuda en un centro de salud del gobierno en la ciudad de Tarapoa, los médicos les dijeron que sufrían una “fuerte gripe”, dijo el presidente de la comunidad, Justino Piaguaje.

Cuando el primero de los ancianos murió a mediados de abril, los líderes de la comunidad lanzaron una alerta al Estado ecuatoriano para que levante un cerco epidemiológico y aplique pruebas a la población, sin obtener respuesta.

“Somos apenas 700 habitantes. En el pasado ya fuimos víctimas de este tipo de enfermedades y hoy no quisiéramos que la historia (se) repita”, dijo Piaguaje en las redes sociales el lunes.

“No quisiéramos que nuestros compañeros digan fuimos 700 y ahora somos 100, qué vergüenza sería que en el siglo XXI que el Estado ecuatoriano nos de una triste historia”, agregó.

Decenas de ancianos y niños Siekopai salieron en pequeñas canoas hacia Lagartococha, uno de los humedales más grandes del país en el corazón de la selva, para refugiarse y evitar el contagio. Los que se quedaron en su territorio en la provincia de Sucumbíos recurren a la medicina natural para sobrellevar sus problemas respiratorios, dijo Piaguaje.

Otros grupos indígenas en la Amazonia ecuatoriana también han confirmado casos de COVID-19, según la organización CONFENIAE. Ecuador ha reportado más de 30.000 contagiados.

En el vecino Perú, los grupos indígenas presentaron una queja formal ante Naciones Unidas a fines de abril, diciendo que el Gobierno los ha abandonado ante el avance del coronavirus, lo que podría derivar en un “etnocidio generado por la inacción” del Estado.

Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la Amazonia de Ecuador dicen que el Ministerio de Salud está descuidando a comunidades como la Siekopai, que aún no han recibido pruebas o suministros médicos a pesar de su vulnerabilidad.

“Están en un grave riesgo de exterminio físico y cultural que está exacerbada por la expansión del COVID-19 en su territorio”, dijo María Espinosa, defensora de los Derechos Humanos de la organización Amazon Frontlines.

Reporte de Alexandra Valencia y Cristina Muñoz. Editado por Javier Leira

Fuente: Reuters

ONU previene de un “desastre” para los derechos humanos

La Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, pidió este lunes a los países que limiten en el tiempo las medidas excepcionales contra el coronavirus para evitar un "desastre" para los derechos humanos.

 

"La vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas", dijo Bachelet en un comunicado.

La ONU está particularmente preocupada por las medidas y leyes en algunos países que "contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores".

"Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos", con efectos negativos prolongados, añadió.

"Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder", advirtió Bachelet.

Manual de derechos humanos

La Oficina de Bachelet ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se han extralimitado en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países.

Las medida excepcionales de cualquier tipo "deben servir ni más ni menos" que para frenar la pandemia, dijo una responsable de comunicación de la Oficina de la alta comisionada, Peggy Hicks, durante una rueda de prensa virtual en el que se presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.

Los sectores más pobres de la sociedad han resultado de manera general los más afectados por los abusos, a pesar de que en algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.

En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.

Asesinatos y detenciones

Esto ha ocurrido en varios países, llegando a extremos en Nigeria, donde 18 personas fueron asesinadas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden. En Sudáfrica se ha reportado la detención temporal de 17.000 personas por razones similares, mientras que en Kenia se presentaron más de 150 quejas por abusos policiales.

La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas.

Desde El Salvador se han recibido también reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres, mientras que en Honduras la Policía se habría excedido en la disolución de protestas en las que la gente reclamaba acceso a bienes y servicios básicos.

En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 habrían ocurrido en República Dominicana y unas 50.000 en Perú. Los propios centros de detención o prisiones a los que los detenidos son conducidos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación, se ha advertido.

Fuente: DW

Reino Unido ya prueba en humanos una vacuna experimental contra el COVID-19

El gran enemigo que se quiere derrotar en los principales laboratorios de todo el mundo es al coronavirus. El instituto Jenner de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, es el primer centro europeo en probar ya con humanos, desde esta semana, su candidata a vacuna para acabar con esta pandemia.

Para saber si sale adelante con éxito necesita, como primer paso, un mes de ensayos con medio millar de voluntarios entre 18 y 50 años. En caso de que se tuviera éxito, se decidiría probar con una parte de la población más vulnerable, y si se cumplen los plazos, la vacuna estaría lista en otoño.

Fuente: La vanguardia

Científicos Suizos esperan tener una vacuna para el mes de octubre de 2020

 Una vacuna contra el coronavirus podría estar lista para su utilización en Suiza en octubre próximo, aseguraron hoy científicos que lideran un equipo que trabaja en el desarrollo de este producto en el Hospital Universitario de Berna (Inselspital) y en la industria biotecnológica.

Esta será la primera o una de las primeras vacunas" para frenar la pandemia del COVID-19, dijo el jefe del Departamento de Inmunología del Inselspital, Martin Bachmann, quien dirige los trabajos de investigación de la vacuna, que ahora se encuentran en la etapa de pruebas de eficacia y seguridad.El especialista aseguró que existen "posibilidades realistas" de empezar una vacunación masiva de la población suiza en octubre·, un plazo mucho más corto que el de doce a dieciocho meses en base al cual trabajan expertos y compañías del sector farmacéutico.

Bachmann precisó que en las investigaciones que dirige también colaboran instituciones científicas del Reino Unido, Letonia y China, así como la Universidad de Zúrich, y que la investigación se encuentra en una fase en la que se han resuelto problemas que harán posible pasar a los ensayos clínicos (con personas) en agosto y a una comercialización de la vacuna dos meses después.

La tecnología que se ha elegido genera una alta inmunogenicidad, lo que la hace que sea adaptada para las personas mayores, no tiene contraindicaciones para quienes sufren de enfermedades crónicas y es muy productiva porque a partir de una pequeña cantidad de vacuna se podrían producir hasta 20 millones de dosis, detalló en una conferencia de prensa virtual desde Berna.

Sobre la seguridad que ofrece la vacuna, Bachmann afirmó:

"Todo lo estamos haciendo de conformidad con los estándares, pero de forma acelerada"

 Añadió que se siguen las directiva sobre esta cuestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, el especialista sostuvo que lo más probable es que la vacuna o las vacunas que se utilizan contra el coronavirus ofrezcan una protección a largo plazo y no sea necesario renovarlas cada año, como en el caso de la gripe.

Ello se debe a que el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, es un virus "estable" y no se han encontrado razones para pensar en que es susceptible a mutaciones a corto plazo, por lo que una eventual vacuna probablemente no proteja para toda la vida, pero sí para un periodo de unos diez a quince años.

Fuente: debate.mx

Trump prohíbe a 3M seguir exportando mascarillas y guantes médicos a Latinoamérica y Canadá

Mediante una ley que data de la guerra de Corea en la década de 1950, el presidente Donald Trump prohibió a la gigante 3M seguir exportando mascarillas médicas N95 y guantes quirúrgicos al extranjero, siendo sus principales destinos Canadá y Latinoamérica.

La disposición, conocida como Ley de Protección de la Defensa Nacional (Defense Production Act), faculta al Gobierno a redirigir la producción de insumos críticos al mercado interno, así como a ordenar a las empresas que tienen sus fábricas en el extranjero, que redirijan sus envíos hacia EEUU.

Trump ya había adelantado este jueves el conflicto con la productora de equipo protector, al acusarla por Twitter.

“Hoy golpeamos duro a 3M luego de ver lo que estaban haciendo con sus mascarillas… Tuvimos una gran sorpresa en el gobierno al descubrir lo que estaban haciendo. ¡Van a tener que pagar un alto precio!”, advirtió entonces sin entregar más detalles.

We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their Masks. “P Act” all the way. Big surprise to many in government as to what they were doing - will have a big price to pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2020

El mismo día, Trump se refirió vagamente a la situación durante su punto de prensa diario sobre medidas contra el coronavirus, indicando que “Ojalá que sean capaces de hacer lo que deberían hacer”, indica la cadena CBS.

Fue así que el viernes por la tarde, la Casa Blanca firmó un decreto ejecutivo, donde ordena a las oficinas federales de salud y de emergencia usar su autoridad legal para preservar las mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas y guantes quirúrgicos, sólo para uso doméstico dentro de los EEUU, indica el New York Times.

En un comunicado que acompañó el decreto, el presidente estadounidense criticó a los “especuladores en tiempos de guerra”, que incluyen a especuladores financieros, propietarios de bodegas y algunos distribuidores “muy conocidos, con la capacidad de derivar su producción inescrupulosamente de los hospitales y gobiernos estatales, a compradores extranjeros dispuestos a pagar un extra”.


“Esto no debería interferir con la capacidad de los productores de equipamiento de protección personal (PPE) para exportar, siempre y cuando cumplan con las políticas de gobierno y actúen en el interés nacional de los Estados Unidos”, cierra la misiva.

“Importantes consecuencias humanitarias”

En un comunicado, 3M rechazó la medida asegurando que de imponerse tendrá “importantes consecuencias humanitarias” para los trabajadores de la salud de nuestros países vecinos, y que están obligados por contrato a cumplir sus compromisos internacionales.

Según indicó la firma de Minesotta, el gobierno invocó la ley para “obligar a 3M a priorizar las órdenes de nuestras mascarillas respiratorias N95 para la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), así como a importar a EEUU más de estas mascarillas hechas en nuestras fábricas del exterior, lo cual apoyamos plenamente”.

Sin embargo 3M aseguró que el gobierno también les exigió dejar de exportar mascarillas hechas en los Estados Unidos a Canadá y América Latina, cita la BBC.

La empresa incluso replicó que esta acción podría significar represalias de otros gobiernos.

“Cesar todas nuestras exportaciones de mascarillas producidas en los Estados Unidos probablemente hará que otros países tomen represalias de igual forma, sin considerar que algunos ya lo han hecho. Si esto ocurre, el total de mascarillas disponibles en los Estados Unidos acabará por reducirse. Esto es justo lo contrario de lo que nosotros y el gobierno, en nombre del pueblo estadounidense, buscamos”, consigna el New York Times.

Las mascarillas N95, también conocidas como FFR, poseen un filtro capaz de reducir en 95% partículas microscópicas del aire, incluyendo virus y bacterias, por lo que son imprescindibles para personas inmunodeprimidas y profesionales de la salud.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que sería un “grave error” decretar un bloqueo de insumos o reducir el comercio. Más aún considerando que Canadá no tiene fábricas de mascarillas N95, dependiendo íntegramente de la producción estadounidense.

“Hay cientos de enfermeros en Windsor que van a trabajar a Detroit todos los días, y los estadounidenses dependen de ellos. Tenemos productos médicos y otros bienes esenciales que intercambiamos hacia ambos lados de la frontera. Cosas de las que dependen los estadounidenses”, afirmó el gobernante según recoge la BBC.

Por el momento, se desconoce si Chile era uno de los mercados hacia los cuales debían enviarse las mascarillas.

Fuente: BiobioChile

La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín

Los países asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente. Mientras allí se trabaja con datos y mascarillas, aquí se llega tarde y se levantan fronteras.

El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. Al parecer Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados. En Taiwán se registran 108 casos y en Hong Kong 193. En Alemania, por el contrario, tras un período de tiempo mucho más breve hay ya 15.320 casos confirmados, y en España 19.980 (datos del 20 de marzo). También Corea del Sur ha superado ya la peor fase, lo mismo que Japón. Incluso China, el país de origen de la pandemia, la tiene ya bastante controlada.   Pero ni en Taiwán ni en Corea se ha decretado la prohibición de salir de casa ni se han cerrado las tiendas y los restaurantes. Entre tanto ha comenzado un éxodo de asiáticos que salen de Europa. Chinos y coreanos quieren regresar a sus países, porque ahí se sienten más seguros. Los precios de los vuelos se han multiplicado. Ya apenas se pueden conseguir billetes de vuelo para China o Corea.

Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia. En Italia mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para ayudar a los jóvenes. Pero también cabe observar sobreactuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una mera exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucha más ayuda cooperar intensamente dentro de la Eurozona que cerrar fronteras a lo loco. Entre tanto, también Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros: un acto totalmente absurdo en vista del hecho de que Europa es precisamente adonde nadie quiere venir. Como mucho, sería más sensato decretar la prohibición de salidas de europeos, para proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa es en estos momentos el epicentro de la pandemia.

Las ventajas de Asia

En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia? Estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo). Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado. Y no solo en China, sino también en Corea o en Japón la vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo, para enfrentarse al virus los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el big data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas.

La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Apenas se habla ya de protección de datos, incluso en Estados liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para recopilar datos. Entre tanto China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable para los europeos, que permite una valoración o una evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser evaluado consecuentemente en su conducta social. En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales le quitan puntos. Entonces la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien compra por Internet alimentos sanos o lee periódicos afines al régimen le dan puntos. Quien tiene suficientes puntos obtiene un visado de viaje o créditos baratos. Por el contrario, quien cae por debajo de un determinado número de puntos podría perder su trabajo. En China es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de Internet y de telefonía móvil y las autoridades. Prácticamente no existe la protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el término “esfera privada”.

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos.


Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Quizá incluso le imprima una multa y se la deje caer volando, quién sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, pero a la que, por lo visto, no se ofrece resistencia en China.

Ni en China ni en otros Estados asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón existe una conciencia crítica ante la vigilancia digital o el big data. La digitalización directamente los embriaga. Eso obedece también a un motivo cultural. En Asia impera el colectivismo. No hay un individualismo acentuado. No es lo mismo el individualismo que el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia.

Al parecer el big data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa. Sin embargo, a causa de la protección de datos no es posible en Europa un combate digital del virus comparable al asiático. Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe por tanto dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, adónde me dirijo. Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica digital que controla activamente a las personas.


En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digitales que buscan posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Basándose únicamente en análisis de macrodatos averiguan quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena. También por cuanto respecta a la pandemia el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia quizá deberíamos redefinir incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa proclama el estado de alarma o cierra fronteras sigue aferrada a viejos modelos de soberanía.

No solo en China, sino también en otros países asiáticos la vigilancia digital se emplea a fondo para contener la epidemia. En Taiwán el Estado envía simultáneamente a todos los ciudadanos un SMS para localizar a las personas que han tenido contacto con infectados o para informar acerca de los lugares y edificios donde ha habido personas contagiadas. Ya en una fase muy temprana, Taiwán empleó una conexión de diversos datos para localizar a posibles infectados en función de los viajes que hubieran hecho. Quien se aproxima en Corea a un edificio en el que ha estado un infectado recibe a través de la “Corona-app” una señal de alarma. Todos los lugares donde ha habido infectados están registrados en la aplicación. No se tiene muy en cuenta la protección de datos ni la esfera privada. En todos los edificios de Corea hay instaladas cámaras de vigilancia en cada piso, en cada oficina o en cada tienda. Es prácticamente imposible moverse en espacios públicos sin ser filmado por una cámara de vídeo. Con los datos del teléfono móvil y del material filmado por vídeo se puede crear el perfil de movimiento completo de un infectado. Se publican los movimientos de todos los infectados. Puede suceder que se destapen amoríos secretos. En las oficinas del ministerio de salud coreano hay unas personas llamadas “tracker” que día y noche no hacen otra cosa que mirar el material filmado por vídeo para completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a las personas que han tenido contacto con ellos.

Una diferencia llamativa entre Asia y Europa son sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay prácticamente nadie que vaya por ahí sin mascarillas respiratorias especiales capaces de filtrar el aire de virus. No son las habituales mascarillas quirúrgicas, sino unas mascarillas protectoras especiales con filtros, que también llevan los médicos que tratan a los infectados. Durante las últimas semanas, el tema prioritario en Corea era el suministro de mascarillas para la población. Delante de las farmacias se formaban colas enormes. Los políticos eran valorados en función de la rapidez con la que las suministraban a toda la población. Se construyeron a toda prisa nuevas máquinas para su fabricación. De momento parece que el suministro funciona bien. Hay incluso una aplicación que informa de en qué farmacia cercana se pueden conseguir aún mascarillas. Creo que las mascarillas protectoras, de las que se ha suministrado en Asia a toda la población, han contribuido de forma decisiva a contener la epidemia.

Los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus incluso en los puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus apariciones públicas solo con mascarillas protectoras. También el presidente coreano la lleva para dar ejemplo, incluso en las conferencias de prensa. En Corea lo ponen verde a uno si no lleva mascarilla. Por el contrario, en Europa se dice a menudo que no sirven de mucho, lo cual es un disparate. ¿Por qué llevan entonces los médicos las mascarillas protectoras? Pero hay que cambiarse de mascarilla con suficiente frecuencia, porque cuando se humedecen pierden su función filtrante. No obstante, los coreanos ya han desarrollado una “mascarilla para el coronavirus” hecha de nano-filtros que incluso se puede lavar. Se dice que puede proteger a las personas del virus durante un mes. En realidad es muy buena solución mientras no haya vacunas ni medicamentos. En Europa, por el contrario, incluso los médicos tienen que viajar a Rusia para conseguirlas. Macron ha mandado confiscar mascarillas para distribuirlas entre el personal sanitario. Pero lo que recibieron luego fueron mascarillas normales sin filtro con la indicación de que bastarían para proteger del coronavirus, lo cual es una mentira. Europa está fracasando. ¿De qué sirve cerrar tiendas y restaurantes si las personas se siguen aglomerando en el metro o en el autobús durante las horas punta? ¿Cómo guardar ahí la distancia necesaria? Hasta en los supermercados resulta casi imposible. En una situación así, las mascarillas protectoras salvarían realmente vidas humanas. Está surgiendo una sociedad de dos clases. Quien tiene coche propio se expone a menos riesgo. Incluso las mascarillas normales servirían de mucho si las llevaran los infectados, porque entonces no lanzarían los virus afuera.

En los países europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que las llevan, pero son asiáticos. Mis paisanos residentes en Europa se quejan de que los miran con extrañeza cuando las llevan. Tras esto hay una diferencia cultural. En Europa impera un individualismo que trae aparejada la costumbre de llevar la cara descubierta. Los únicos que van enmascarados son los criminales. Pero ahora, viendo imágenes de Corea, me he acostumbrado tanto a ver personas enmascaradas que la faz descubierta de mis conciudadanos europeos me resulta casi obscena. También a mí me gustaría llevar mascarilla protectora, pero aquí ya no se encuentran.


En el pasado, la fabricación de mascarillas, igual que la de tantos otros productos, se externalizó a China. Por eso ahora en Europa no se consiguen mascarillas. Los Estados asiáticos están tratando de proveer a toda la población de mascarillas protectoras. En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para producir mascarillas. En Europa ni siquiera el personal sanitario las consigue. Mientras las personas se sigan aglomerando en los autobuses o en los metros para ir al trabajo sin mascarillas protectoras, la prohibición de salir de casa lógicamente no servirá de mucho. ¿Cómo se puede guardar la distancia necesaria en los autobuses o en el metro en las horas punta? Y una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos, como mascarillas protectoras o productos medicinales y farmacéuticos.

A pesar de todo el riesgo, que no se debe minimizar, el pánico que ha desatado la pandemia de coronavirus es desproporcionado. Ni siquiera la “gripe española”, que fue mucho más letal, tuvo efectos tan devastadores sobre la economía. ¿A qué se debe en realidad esto? ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? Emmanuel Macron habla incluso de guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante un regreso del enemigo? La “gripe española” se desencadenó en plena Primera Guerra Mundial. En aquel momento todo el mundo estaba rodeado de enemigos. Nadie habría asociado la epidemia con una guerra o con un enemigo. Pero hoy vivimos en una sociedad totalmente distinta.

En realidad hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. La guerra fría terminó hace mucho. Últimamente incluso el terrorismo islámico parecía haberse desplazado a zonas lejanas. Hace exactamente diez años sostuve en mi ensayo La sociedad del cansancio la tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico, que se basa en la negatividad del enemigo. Como en los tiempos de la guerra fría, la sociedad organizada inmunológicamente se caracteriza por vivir rodeada de fronteras y de vallas, que impiden la circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas, que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales, eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión, la explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento uno guerrea sobre todo contra sí mismo.

Umbrales inmunológicos y cierre de fronteras.

Pues bien, en medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global irrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de fuera. El pánico desmedido en vista del virus es una reacción inmunitaria social, e incluso global, al nuevo enemigo. La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad de la positividad, y ahora el virus se percibe como un terror permanente.

Pero hay otro motivo para el tremendo pánico. De nuevo tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece, y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del “me gusta”, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época posfáctica de las fake news y los deepfakes surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real, y no un virus de ordenador, el que causa una conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad.


La reacción pánica de los mercados financieros a la epidemia es además la expresión de aquel pánico que ya es inherente a ellos. Las convulsiones extremas en la economía mundial hacen que esta sea muy vulnerable. A pesar de la curva constantemente creciente del índice bursátil, la arriesgada política monetaria de los bancos emisores ha generado en los últimos años un pánico reprimido que estaba aguardando al estallido. Probablemente el virus no sea más que la pequeña gota que ha colmado el vaso. Lo que se refleja en el pánico del mercado financiero no es tanto el miedo al virus cuanto el miedo a sí mismo. El crash se podría haber producido también sin el virus. Quizá el virus solo sea el preludio de un crash mucho mayor.

Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Žižek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. Y los turistas seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a Occidente el Estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración del neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis que causaron conmociones. Es lo que sucedió en Corea o en Grecia. Ojalá que tras la conmoción que ha causado este virus no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder eso, como teme Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo.

El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta.

Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano que imparte clases en la Universidad de las Artes de Berlín. Autor, entre otras obras, de ‘La sociedad del cansancio’, publicó hace un año ‘Loa a la tierra’, en la editorial Herder.


Traducción de Alberto Ciria.

Fuente: El país