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viernes, 15 de abril de 2022

Piden extradición de militares condenados por Operación Cóndor

 Delegación visita Chile para pedir extradición de militares condenados en Italia por Operación Cóndor 

Tras más de 20 años de investigaciones y procesos judiciales, la Corte Suprema italiana concluyó el año pasado el “Proceso Cóndor”. Iniciado en 1998 tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, el proceso condenó a cadena perpetua a 24 militares y represores latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor, seis de ellos chilenos.



Entre el 15 y el 25 de abril, una delegación italiana compuesta por un abogado y representantes de las víctimas, quienes impulsaron el proceso en Italia, visitará el país para tomar contacto con las partes civiles y testigos del juicio Cóndor que se llevó a cabo en Roma, conocer los lugares donde ocurrieron los hechos delictivos y solicitar la extradición de los condenados. Junto con ello, tendrán diversos encuentros con los familiares de las víctimas, así como con testigos del juicio en Roma, y con autoridades parlamentarias y de gobierno.

La delegación está compuesta por Arturo Salerni, abogado defensor de familiares de víctimas de la Operación Cóndor; Jorge Ithurburu, apoderado de varias de las partes civiles en el juicio, quién además acompañó y asistió a las familias de los desaparecidos chilenos desde sus primeras denuncias en 1999 hasta las sentencias de 2019 y 2021; y Sofia Ithurburu, oficial de medios de 24marzo.it, organización no gubernamental que durante estos años impulsó la acción y apoyó a familiares y abogados en el proceso.

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina. A éstos se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya.

Los chilenos condenados, todos ellos a cadena perpetua, son Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía de Investigaciones; Carlos Luco Astroza, funcionario de la PDI (ambos en libertad actualmente); el ex suboficial Orlando Moreno Vásquez; el ex coronel Rafael Ahumada Valderrama; y los ex brigadieres y miembros de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán. Todos fueron condenados por la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento solo se ha pedido la extradición de los tres primeros, mientras que las de Ahumada, Espinoza y Vásquez se encuentran en proceso.

Para abordar en profundidad este fallo histórico, que impone cadenas perpetuas inapelables, la delegación realizará un punto de prensa en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos este jueves 21 de abril, a las 12 horas.

Para más información: +569 6227 7558 / comunicaciones@museodelamemoria.cl


Las víctimas del proceso

Juan José Montiglio Murúa: 24 años, PS, Jefe de unidad del GAP, fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe de Estado, llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13/09/1973. Permanece hasta hoy en calidad de detenido desaparecido. Por su caso se condenó al ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y está pendiente de resolución.

Omar Roberto Venturelli Leonelli: 31 años, ex sacerdote, militante del MIR, profesor del Departamento de Educación la Universidad Católica, Sede Temuco. Fue detenido en Temuco el 25 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente, tras ser llamado por radio. Llevado al Regimiento Tucapel y luego a la cárcel de Temuco. La familia señaló que se les informó que el 4 de octubre habría sido dejado en libertad; desde esa fecha lo buscaron sin resultado. Por su caso fueron condenados los ex integrantes de la PDI Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, y el ex suboficial Orlando Moreno.

Juan Bosco Maino Canales: 27 años, MAPU, estudiante. Fue detenido el 26 de mayo de 1976 junto a otros dos militantes del MAPU, el matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, en el departamento de la pareja. Todos fueron llevados a Villa Grimaldi, desde donde se les pierde el rostro. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Jaime Patricio Donato Avendaño: 41 años, miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, fue detenido el 05/05/1976 junto a otros cuatro dirigentes del PC, en una «ratonera» montada por agentes de la DINA en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.


La delegación

Arturo Salerni, abogado de la familia Montiglio y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), querellantes en la causa. Es, además, abogado de la familia de víctimas de Uruguay, Argentina y Bolivia. Presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y Derechos Civiles (CILD, cild.eu)

Jorge Ithurburu, apoderado de varias de los familiares de víctimas de la Operación Cóndor, ha acompañado las denuncias desde su judicialización en 1999, hasta las últimas sentencias dictadas en 2021. Presidente de la organización 24marzo Onlus (24marzo.it).


Sofia Ithurburu, agregada de prensa de 24marzo. Contacto: sofia@24marzo.it / redazione@24marzo.it / Watsap: +393392875195

lunes, 28 de febrero de 2022

Naciones Unidas observa normas contenidas en la LUC (Uruguay)

 Tres relatores especiales de Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que advierten sobre la incompatibilidad de las normas contenidas en la ley de urgente consideración (LUC) referidas al uso de la fuerza por parte la policía y las que regulan el derecho de reunión y manifestación pacífica. En el mensaje, que está dirigido al gobierno uruguayo, solicitan “se reconsidere la legislación de acuerdo con las normas de derechos humanos”.

Logo ONU

En el cierre del documento los relatores Clement Nyaletsossi Voule, Agnes Callamard y David Kaye, instan al gobierno uruguayo a que retire los artículos referidos “y proporcione tiempo adicional para la consideración legislativa y pública para evaluar el proyecto de ley a fin de garantizar que se alinee con las normas internacionales de derechos humanos.”

Se trata del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

La nota está fechada el 8 de junio y está dirigida al Embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, para que este la reenvíe a la mayor brevedad posible al Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi.

SE ADJUNTA DOCUMENTO COMPLETO DE LOS RELATORES ESPECIALES

Descargar documento

Fuente: Instituto Nacional de Derechos Humanos Y Defensoría del Pueblo

martes, 22 de febrero de 2022

lunes, 5 de julio de 2021

Asesinato de Letelier en Washington

Cuando me despido de mis padres y me quedo en Washington, no es ajena la sensación de seguridad personal que necesitaba. Los yanquis mandan matar, pero fuera de su territorio. Sin duda pesó también labrar mi propio camino y la necesidad de aislar a la dictadura desde donde más se la apoyaba. Pero sentirme seguro tras la pesadilla de Buenos Aires fue importante. En setiembre, una persona que me estaba ayudando a encontrar mi lugar, muere asesinada a pocas cuadras de donde le esperaba: Orlando Letelier.





Lo había conocido en el 75, con mi viejo en un coloquio en Oaxtepec (México). Allí nos ayudó a armar la agenda de nuestra visita a Washington, donde tenía importantes contactos. Orlando había sido Canciller y Embajador en Washington de Allende. Fue preso después del golpe y una vez en libertad se instaló en la capital de EEUU. En el 76, conocedor de la tragedia de mayo, me abrió muchas puertas cuando quedé solo, tras la tragedia de Buenos Aires, con 23 años. Los americanos lo conocían como Embajador y lo respetaban. Muchos chilenos creían que era el único capaz de unir toda la oposición a Pinochet.

Juan Gabriel Valdez, amigo chileno, me había puesto de nuevo en contacto con él. Su padre, Gabriel Valdez (amigo de mis viejos), me había ayudado a contactar a Descoto que fue quien terminaría financiando mi trabajo en WOLA. Pero en setiembre yo estaba sin trabajo ni respaldo institucional. Me había hecho unas hojas que decían «Uruguay Information Project». Sonaba muy rimbombante pero era solo yo. Dormía en un sofá del Consejo de Asuntos Hemisféricos, en la Av. New Hampshire.

Como Embajador del exilio chileno, Orlando conmemoraba en su casa su Fiesta Nacional (las fiestas dieciocheras). Yo venía hablando con él por una pasantía («internship») en su oficina hasta que se concretara lo de la WOLA. Su oficina financiada por fundaciones europeas: el «Instituto de Estudios Políticos (IPS), quedaba en el 1901 de la calle Q -NW-, a pasos del céntrico Dupont Circle. Me invitó a la Fiesta.

Ésta comenzó antes del mediodía del sábado 18 de setiembre y terminó pasadas las 17:30. Justo al mediodía bailó una cueca con su esposa, Isabel Margarita. Tenía hijos chicos, hoy uno de ellos es Senador en Chile. Terminado el baile, pasaron bebidas: me toma del brazo y en un aparte brinda conmigo: «Conseguí los recursos: el lunes puedes empezar como pasante en IPS». Seguí el festejo hasta la noche.

El lunes 20, a las nueve en punto llegué a lo que sería mi oficina, hasta que se concretara lo de WOLA. Orlando me recibe de inmediato, me agencia un escritorio pequeño. El IPS era un edificio amplio de unos cuatro pisos. Orlando me cuenta que al otro día se reunirá LASA. «Y a que no sabéis qué… te he conseguido para que hables». Enorme alegría.

De inmediato tuve que averiguar qué era LASA. Yo era un recién llegado. Por cómo lo dijo, intuí que era muy importante. Pero yo, ni idea. La única persona que conocía en IPS era la Prof. Roberta Salper (y al cineasta Saul Landau, pero creo que él no sabía quién era yo). Roberta me felicitó y explicó. La sigla identificaba a la Asociación de Estudios Latinoamericanos. A la misma pertenecían los departamentos internacionales de todas las Universidades de EEUU.

LASA se reunía en un gran congreso una vez al año. Ese año lo harían en Atlanta, Georgia. El proceso de selección de la sede del encuentro era una movida muy grande. Al otro día habría una de esas reuniones preparatorias y todo referente sobre América Latina en Washington estaría presente. Me ayudó a preparar mi presentación. Todavía, prefería llevarla por escrito.

El martes a las 9 en punto comenzó la sesión. A las 11 me anuncian y hablé 20 minutos y luego contesté preguntas. Todo denunciando a la dictadura uruguaya de la que muy poco se sabía allí hasta entonces. Terminé y alivié los nervios. Poco recuerdo los saludos y comentarios de la gente presente. Había sido mi debut público: en EEUU y en inglés.

Fui a tomar agua en el fondo del salón. En eso, empezaron a sentirse llantos y voces que anunciaban y gritaban algo confuso. La sesión se interrumpió sin protocolo. Todo el mundo corría en direcciones opuestas. No entendía ni sabía cómo hacer para comprender algo. Allí estaba el Prof. Larry Burns de NY a quien pregunté qué pasaba. «Mataron a Letelier», me dijo.

Subí a mi oficina por una escalera repleta de gente que la bajaba. Me tiro en mi silla. No lograba llorar. No tenía reflejos. Así estuve como un cuarto de hora. Alguien (no recuerdo quién) entró y me contó. «Pusieron una bomba bajo el coche de Letelier. Fue a las 9:30 frente a la Embajada de Chile en Sehirdan Circle. Murió él y Ronnie Moffit».

Ronnie, su secretaria, tenía su escritorio al lado del mío. Vivía a la misma distancia de la oficina que yo, pero hacia el norte y yo hacia el sur. Orlando la solía traer porque le quedaba de paso. Su marido Michael (también trabajaba en IPS) salvó su vida, pero sufrió heridas graves. Tengo lagunas, pero recuerdo mucho el velatorio y el entierro.

En este último fuimos al cementerio de Georgetown, tras sus restos y una camioneta que llevaba a Joan Baez, con un equipo muy improvisado cantando en español e inglés. «We shall not be moved, como un árbol firme junto al río no nos moverán». Instintivamente, al finalizar, le di un apretado abrazo y una vez más traté de llorar, pero no pude. Las lágrimas se anudaban en mi garganta y en un ardor en el pecho. Creo que, además de tristeza, la angustia expresaba mucho miedo.

En el entierro y las marchas gritábamos que la bomba había sido detonada desde la Embajada de Chile, frente a Sheridan Circle, donde estalló la bomba. Yo en realidad quizás no lo creía, era demasiado burdo. Años más tarde la Justicia de EEUU estableció que desde allí operó Michael Townley, el autor material.

Recuerdo flashes de aquellas horas. Pero cuando en 2019 escribía con Vignolo el libro «Wilson Bitácoras de una lucha» una historiadora argentina, Naguy Marsilla, me hizo llegar un link: el noticiero de la CBS del afamado periodista Walter Cronkite, que veía todas las noches, menos esa del entierro: (youtube.com/watch?v=qHEBvEFW951). En el mismo aparezco, marchando frente a la Embajada de Chile y en la conferencia de prensa de IPS con mi joven mirada perdida.

Esa noche, la Presidenta de Amnistía Internacional en EEUU, Rose Styron, me llevó con su familia a su casa de descanso en Cape Cod. Su marido, el novelista William Styron, era el autor de la novela «La elección de Sofía» llevada magistralmente al cine por Meryl Streep. Quizás lograron distraerme un par de días. Nunca supe expresarles toda mi gratitud. Quizás por eso mi hija se llama Sofía.

Días después, me citan del FBI, pero esa es otra historia.




viernes, 30 de abril de 2021

Impunidad . Artículo Opinión: Paco Moncayo.

 La historia política de la humanidad refiere acontecimientos de explotación, abusos y arbitrariedades ejercidas desde el poder, que se magnifican en los sistemas totalitarios y autoritarios. La lista de emperadores, reyes, papas, dictadores, presidentes y autoridades de rango inferior, con el relato de crímenes abominables contra los pueblos que tuvieron que soportar su tiranía, es interminable.





Los cultores más sabios de la ciencia política propusieron una solución práctica: dividir el poder en tres funciones independientes, sometidas al imperio de la norma jurídica y obligadas a la protección de los derechos humanos. La Revolución francesa y la Revolución americana llevaron a la práctica ese modelo. Los regímenes absolutistas lucharon sin tregua en un proceso de larga agonía.

Los países latinoamericanos adoptaron sistemas republicanos presidencialistas y dictaron cartas constitucionales, pero todo quedó en letra muerta porque era imposible importar instituciones políticas a su patética realidad. Desde entonces, la región ha sido víctima de caudillos, la mayoría ineptos y corruptos, que cometieron abyectas tropelías.

Una debilidad de los incipientes sistemas republicanos ha sido la manipulación de la justicia desde el poder político y económico. Así, los corruptos logran impunidad y persiguen inocentes. Cuando la justicia obra conforme a norma jurídica y los condena, acuden a trapacerías y salen indemnes. Uno de esos embauques es el de ‘asegurar la gobernabilidad’, un sinsentido porque una gobernabilidad fundamentada en la impunidad es la que ha conducido a la actual postración del pueblo ecuatoriano.

El presidente electo Guillermo Lasso, hombre de principios morales sólidos, cometería un error de fatales consecuencias si escucha a asesores que, argumentando ‘acuerdos de gobernabilidad’ o intereses de Estado, le conducen a convertirse en un rehén de intereses mezquinos que desde la Asamblea harían fracasar su gestión. A la democracia no se la salva pactando a favor de los corruptos, sino acordando políticas públicas en bien del pueblo.

Fuente: La hora

lunes, 27 de julio de 2020

Plan Cóndor: "Argentina es el país que más avanzó en el juzgamiento de los delitos"

La alianza entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante las dictaduras militares para afinar la efectividad del terrorismo de Estado en la región es para Lessa el ejemplo más nefasto de lo que significa la cooperación internacional entre países. Pero dice que tuvo una consecuencia no buscada por sus perpetradores: dejó rastros. Las conclusiones de sus indagaciones.



“El Plan Cóndor fue la manera más nefasta que pudo existir de cooperación entre países”, afirmó Francesca Lessa, una investigadora italiana y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford que dedicó su carrera a indagar las bases, los alcances y las consecuencias de aquella coorperación que desarrollaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para afinar la efectividad del terrorismo de Estado en la región. Después de casi una década, Lessa ingresó en la fase final de su segunda investigación. El análisis de la base de datos que armó para la ocasión, que reúne 763 víctimas de coordinación represiva en América del Sur entre 1969 y 1981, le está permitiendo alcanzar algunas conclusiones. Entre ellas, surge Argentina destacada por su proceso transicional: “Dio un paso superador en el sentido reparador”, puntualizó.

--¿Por qué?

--Porque Argentina fue el país que más avanzó, sin dudas más que los demás países, en la investigación y el juzgamiento de los delitos que tuvieron lugar en el marco del Plan Cóndor. Lo hizo como resultado de políticas de Estado. En Chile hubo juicios, en Uruguay también. La diferencia principal es que Argentina ha tomado el hecho como un todo, a partir de la costumbre de juzgar en megacausas estos hechos. Entonces fueron muchas más las víctimas tenidas en cuenta en el juicio, pero también jueces y fiscales analizaron de manera general lo que sucedió como resultado de la coordinación represiva. Así, se logró que la sentencia considerara que el Plan había sido una asociación ilícita transnacional, algo que resultó fundamental para definir el hecho y superador en términos de reparación regional. Fue impactante oír las experiencias de familiares de víctimas paraguayas, uruguayas, chilenas, que esperaron la sentencia en las cancillerías de sus países. En Chile y en Uruguay se posó la atención en las víctimas, que en Chile incluso fueron solo chilenas. No al contexto. Argentina hizo más que Justicia: escribió una historia compartida, fijó memoria como región.

A Lessa le fascina cómo en Argentina la memoria vinculada con las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar “circula en las calles”, camina entre el trajín cotidiano. En la década de los 2000, trabajó su tesis de doctorado en Relaciones Internacionales sobre la justicia transicional entre Argentina y Uruguay. Meses antes de culminar esa investigación, supo cómo continuaría: el juicio por los crímenes que tuvieron lugar durante la última dictadura en el marco del Plan Cóndor.

Llegó a Buenos Aires para presenciar el debate oral, audiencia tras audiencia. Se quedó los tres años que duró. Luego, se estableció en Uruguay, ya que decidió que centraría su investigación en las víctimas uruguayas, pero en 2017 la Universidad de Oxford, la base desde donde desplegó el trabajo, le pidió que abandonara ese país. Es que al igual que militantes de derechos humanos y dirigentes políticos, había recibido amenazas de muerte de parte del autodenominado Comando Barneix  Entonces, su trabajo volvió a dar un giro. Regresó a Argentina y apuntó a analizar el Plan Cóndor desde la región entera.

--¿Qué fue lo primero que pudo concluir?

--Que el Plan Cóndor fue y es el ejemplo negativo más nefasto de lo que significa la cooperación internacional entre países. En general, las cooperaciones se diseñan y llevan a cabo para mejorar la vida de los ciudadanos, de quienes participan de esos vínculos. En el caso del Cóndor, su objetivo fue afinar y efectivizar la implementación de la represión sin límites de fronteras. Otra es fue que lo que se conoce como Operación Cóndor fue parte de un proceso histórico más amplio: pude rastrear casos de coordinación represiva con los mismos patrones de Cóndor hasta incluso el año 69. Casos de refugiados brasileños que habían exiliado a Uruguay tras la dictadura de 1964. El mismo patrón que Cóndor: intercambiar información, hacer operativos conjuntos, traslados clandestinos de personas. Incluso hay registros de cooperación entre las policías regionales desde principios del siglo XX, cuando se preocupaban por la presencia del anarquismo en la región.

--¿Eran las policías las que coordinaban las operaciones de cooperación previas al Cóndor? ¿Qué cambia?

--Tras la dictadura de Brasil, se observa como la doctrina de seguridad nacional en la región va tomando fuerza. La cantidad de víctimas de la cooperación represiva crece exponencialmente en la segunda mitad de los 70. Entre el 69/73 hay alrededor de 40 casos. Más uno se acerca a mediados de los 70, más crece ese número. A partir del 76, cuando sucede el Golpe de Estado en Argentina, el número se dispara a 450 hasta 1979, en tres años. Las prácticas se vuelven más frecuentes y sistematizadas. Sucede el Plan Cóndor. Incluso cambia esto que preguntás: los actores en esta coordinación. Hasta la segunda mitad de los 70, las Policías son los actores principales de la represión coordinada. Las Fuerzas Armadas toman intervención a partir de 1975. Las policías siguen involucradas, porque son las que tienen hecho todo el trabajo de inteligencia en en cada país, pero son las Fuerzas Armadas las que empiezan a tomar las decisiones.

--¿También hubo cambios en la clase de operativos?

--Asesinatos y desapariciones hubo siempre. Pero menos previo a que la región quedara en su totalidad en manos de dictaduras. En Argentina hubo una operación muy grande contra algunos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, del Ejército Revolucionario del Pueblo y de la Junta Coordinadora Revolucionaria en el que detienen a más de 30 personas en abril de 1975 y, tras torturarlos y mantenerlos detenidos clandestinamente, son pasados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Si hubiera sucedido en 1976, los habrían desaparecido. El endurecimiento más fuerte se dio a partir del Golpe de Estado de Argentina. Porque ese golpe derriba el último bastión, aunque mínimo, que quedaba de democracia.

--Usted presenció el juicio por el Plan Cóndor, entrevistó a familiares y sobrevivientes… ¿Sabían las organizaciones políticas de la existencia de la coordinación regional entre dictaduras?

--Es una pregunta que siempre hice cuya respuesta cuesta. Los uruguayos exiliados en Buenos Aires me contaron que sí, que habían visto cuando su exilio a policías uruguayos en las calles de Buenos Aires. Pero aseguran ellos, y aseguran el resto de las víctimas, que nadie se imaginaba el tamaño de la violencia y lo meticuloso de la coordinación. Cuando uno mira los operativos era una cosa sistemática de un día por el otro. El hecho de estar en otro país generaba esa sensación de seguridad, una seguridad muy efímera, que en realidad no existía porque la persecución no respetaba fronteras, eso quedó registrado. Y esa es otra de las conclusiones a las que llegamos con la investigación: la burocracia de la coordinación represiva en el Plan Cóndor tuvo una consecuencia no buscada por sus perpetradores y es que dejó rastros.

--¿Cómo es eso?

--Hay mucha documentación que prueba que hubo un plan de cooperación entre países para perseguir a militantes políticos, para acallarlos en el caso de Uruguay, por ejemplo, cuyos exiliados eran muy activos en la denuncia de lo que ocurría allí. Sin ir más lejos, el acta constitutiva del plan, firmado en 1975 en Santiago de Chile, entre Argentina, Chile y Uruguay. En Argentina, el trabajo de especialistas en revisar los archivos de algunos ministerios de Argentina, que comenzó en 2010 (desfinanciado por el gobierno de Mauricio Macri en 2015) localizó mucha data. Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires aportaron lo suyo. El Archivo del Terror, en Paraguay (perteneciente a la Policía), que se encontró de casualidad. En Chile no se encontró nada, en Brasil muy poco y en Uruguay, algo a medias. Con la última desclasificación de los documentos de inteligencia que los Estados Unidos que entregaron a Argentina hay muchos documentos de la CIA que hablan del Cóndor.