Piden extradición de militares condenados por Operación Cóndor

 Delegación visita Chile para pedir extradición de militares condenados en Italia por Operación Cóndor 

Tras más de 20 años de investigaciones y procesos judiciales, la Corte Suprema italiana concluyó el año pasado el “Proceso Cóndor”. Iniciado en 1998 tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, el proceso condenó a cadena perpetua a 24 militares y represores latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor, seis de ellos chilenos.

Entre el 15 y el 25 de abril, una delegación italiana compuesta por un abogado y representantes de las víctimas, quienes impulsaron el proceso en Italia, visitará el país para tomar contacto con las partes civiles y testigos del juicio Cóndor que se llevó a cabo en Roma, conocer los lugares donde ocurrieron los hechos delictivos y solicitar la extradición de los condenados. Junto con ello, tendrán diversos encuentros con los familiares de las víctimas, así como con testigos del juicio en Roma, y con autoridades parlamentarias y de gobierno.

La delegación está compuesta por Arturo Salerni, abogado defensor de familiares de víctimas de la Operación Cóndor; Jorge Ithurburu, apoderado de varias de las partes civiles en el juicio, quién además acompañó y asistió a las familias de los desaparecidos chilenos desde sus primeras denuncias en 1999 hasta las sentencias de 2019 y 2021; y Sofia Ithurburu, oficial de medios de 24marzo.it, organización no gubernamental que durante estos años impulsó la acción y apoyó a familiares y abogados en el proceso.

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina. A éstos se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya.

Los chilenos condenados, todos ellos a cadena perpetua, son Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía de Investigaciones; Carlos Luco Astroza, funcionario de la PDI (ambos en libertad actualmente); el ex suboficial Orlando Moreno Vásquez; el ex coronel Rafael Ahumada Valderrama; y los ex brigadieres y miembros de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán. Todos fueron condenados por la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento solo se ha pedido la extradición de los tres primeros, mientras que las de Ahumada, Espinoza y Vásquez se encuentran en proceso.

Para abordar en profundidad este fallo histórico, que impone cadenas perpetuas inapelables, la delegación realizará un punto de prensa en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos este jueves 21 de abril, a las 12 horas.

Para más información: +569 6227 7558 / comunicaciones@museodelamemoria.cl

Las víctimas del proceso

Juan José Montiglio Murúa: 24 años, PS, Jefe de unidad del GAP, fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe de Estado, llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13/09/1973. Permanece hasta hoy en calidad de detenido desaparecido. Por su caso se condenó al ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y está pendiente de resolución.

Omar Roberto Venturelli Leonelli: 31 años, ex sacerdote, militante del MIR, profesor del Departamento de Educación la Universidad Católica, Sede Temuco. Fue detenido en Temuco el 25 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente, tras ser llamado por radio. Llevado al Regimiento Tucapel y luego a la cárcel de Temuco. La familia señaló que se les informó que el 4 de octubre habría sido dejado en libertad; desde esa fecha lo buscaron sin resultado. Por su caso fueron condenados los ex integrantes de la PDI Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, y el ex suboficial Orlando Moreno.

Juan Bosco Maino Canales: 27 años, MAPU, estudiante. Fue detenido el 26 de mayo de 1976 junto a otros dos militantes del MAPU, el matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, en el departamento de la pareja. Todos fueron llevados a Villa Grimaldi, desde donde se les pierde el rostro. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Jaime Patricio Donato Avendaño: 41 años, miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, fue detenido el 05/05/1976 junto a otros cuatro dirigentes del PC, en una «ratonera» montada por agentes de la DINA en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

La delegación

Arturo Salerni, abogado de la familia Montiglio y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), querellantes en la causa. Es, además, abogado de la familia de víctimas de Uruguay, Argentina y Bolivia. Presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y Derechos Civiles (CILD, cild.eu)

Jorge Ithurburu, apoderado de varias de los familiares de víctimas de la Operación Cóndor, ha acompañado las denuncias desde su judicialización en 1999, hasta las últimas sentencias dictadas en 2021. Presidente de la organización 24marzo Onlus (24marzo.it).

Sofia Ithurburu, agregada de prensa de 24marzo. Contacto: sofia@24marzo.it / redazione@24marzo.it / Watsap: +393392875195

Plan Cóndor: "Argentina es el país que más avanzó en el juzgamiento de los delitos"

La alianza entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante las dictaduras militares para afinar la efectividad del terrorismo de Estado en la región es para Lessa el ejemplo más nefasto de lo que significa la cooperación internacional entre países. Pero dice que tuvo una consecuencia no buscada por sus perpetradores: dejó rastros. Las conclusiones de sus indagaciones.

“El Plan Cóndor fue la manera más nefasta que pudo existir de cooperación entre países”, afirmó Francesca Lessa, una investigadora italiana y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford que dedicó su carrera a indagar las bases, los alcances y las consecuencias de aquella coorperación que desarrollaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para afinar la efectividad del terrorismo de Estado en la región. Después de casi una década, Lessa ingresó en la fase final de su segunda investigación. El análisis de la base de datos que armó para la ocasión, que reúne 763 víctimas de coordinación represiva en América del Sur entre 1969 y 1981, le está permitiendo alcanzar algunas conclusiones. Entre ellas, surge Argentina destacada por su proceso transicional: “Dio un paso superador en el sentido reparador”, puntualizó.

--¿Por qué?

--Porque Argentina fue el país que más avanzó, sin dudas más que los demás países, en la investigación y el juzgamiento de los delitos que tuvieron lugar en el marco del Plan Cóndor. Lo hizo como resultado de políticas de Estado. En Chile hubo juicios, en Uruguay también. La diferencia principal es que Argentina ha tomado el hecho como un todo, a partir de la costumbre de juzgar en megacausas estos hechos. Entonces fueron muchas más las víctimas tenidas en cuenta en el juicio, pero también jueces y fiscales analizaron de manera general lo que sucedió como resultado de la coordinación represiva. Así, se logró que la sentencia considerara que el Plan había sido una asociación ilícita transnacional, algo que resultó fundamental para definir el hecho y superador en términos de reparación regional. Fue impactante oír las experiencias de familiares de víctimas paraguayas, uruguayas, chilenas, que esperaron la sentencia en las cancillerías de sus países. En Chile y en Uruguay se posó la atención en las víctimas, que en Chile incluso fueron solo chilenas. No al contexto. Argentina hizo más que Justicia: escribió una historia compartida, fijó memoria como región.

A Lessa le fascina cómo en Argentina la memoria vinculada con las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar “circula en las calles”, camina entre el trajín cotidiano. En la década de los 2000, trabajó su tesis de doctorado en Relaciones Internacionales sobre la justicia transicional entre Argentina y Uruguay. Meses antes de culminar esa investigación, supo cómo continuaría: el juicio por los crímenes que tuvieron lugar durante la última dictadura en el marco del Plan Cóndor.

Llegó a Buenos Aires para presenciar el debate oral, audiencia tras audiencia. Se quedó los tres años que duró. Luego, se estableció en Uruguay, ya que decidió que centraría su investigación en las víctimas uruguayas, pero en 2017 la Universidad de Oxford, la base desde donde desplegó el trabajo, le pidió que abandonara ese país. Es que al igual que militantes de derechos humanos y dirigentes políticos, había recibido amenazas de muerte de parte del autodenominado Comando Barneix  Entonces, su trabajo volvió a dar un giro. Regresó a Argentina y apuntó a analizar el Plan Cóndor desde la región entera.

--¿Qué fue lo primero que pudo concluir?

--Que el Plan Cóndor fue y es el ejemplo negativo más nefasto de lo que significa la cooperación internacional entre países. En general, las cooperaciones se diseñan y llevan a cabo para mejorar la vida de los ciudadanos, de quienes participan de esos vínculos. En el caso del Cóndor, su objetivo fue afinar y efectivizar la implementación de la represión sin límites de fronteras. Otra es fue que lo que se conoce como Operación Cóndor fue parte de un proceso histórico más amplio: pude rastrear casos de coordinación represiva con los mismos patrones de Cóndor hasta incluso el año 69. Casos de refugiados brasileños que habían exiliado a Uruguay tras la dictadura de 1964. El mismo patrón que Cóndor: intercambiar información, hacer operativos conjuntos, traslados clandestinos de personas. Incluso hay registros de cooperación entre las policías regionales desde principios del siglo XX, cuando se preocupaban por la presencia del anarquismo en la región.

--¿Eran las policías las que coordinaban las operaciones de cooperación previas al Cóndor? ¿Qué cambia?

--Tras la dictadura de Brasil, se observa como la doctrina de seguridad nacional en la región va tomando fuerza. La cantidad de víctimas de la cooperación represiva crece exponencialmente en la segunda mitad de los 70. Entre el 69/73 hay alrededor de 40 casos. Más uno se acerca a mediados de los 70, más crece ese número. A partir del 76, cuando sucede el Golpe de Estado en Argentina, el número se dispara a 450 hasta 1979, en tres años. Las prácticas se vuelven más frecuentes y sistematizadas. Sucede el Plan Cóndor. Incluso cambia esto que preguntás: los actores en esta coordinación. Hasta la segunda mitad de los 70, las Policías son los actores principales de la represión coordinada. Las Fuerzas Armadas toman intervención a partir de 1975. Las policías siguen involucradas, porque son las que tienen hecho todo el trabajo de inteligencia en en cada país, pero son las Fuerzas Armadas las que empiezan a tomar las decisiones.

--¿También hubo cambios en la clase de operativos?

--Asesinatos y desapariciones hubo siempre. Pero menos previo a que la región quedara en su totalidad en manos de dictaduras. En Argentina hubo una operación muy grande contra algunos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, del Ejército Revolucionario del Pueblo y de la Junta Coordinadora Revolucionaria en el que detienen a más de 30 personas en abril de 1975 y, tras torturarlos y mantenerlos detenidos clandestinamente, son pasados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Si hubiera sucedido en 1976, los habrían desaparecido. El endurecimiento más fuerte se dio a partir del Golpe de Estado de Argentina. Porque ese golpe derriba el último bastión, aunque mínimo, que quedaba de democracia.

--Usted presenció el juicio por el Plan Cóndor, entrevistó a familiares y sobrevivientes… ¿Sabían las organizaciones políticas de la existencia de la coordinación regional entre dictaduras?

--Es una pregunta que siempre hice cuya respuesta cuesta. Los uruguayos exiliados en Buenos Aires me contaron que sí, que habían visto cuando su exilio a policías uruguayos en las calles de Buenos Aires. Pero aseguran ellos, y aseguran el resto de las víctimas, que nadie se imaginaba el tamaño de la violencia y lo meticuloso de la coordinación. Cuando uno mira los operativos era una cosa sistemática de un día por el otro. El hecho de estar en otro país generaba esa sensación de seguridad, una seguridad muy efímera, que en realidad no existía porque la persecución no respetaba fronteras, eso quedó registrado. Y esa es otra de las conclusiones a las que llegamos con la investigación: la burocracia de la coordinación represiva en el Plan Cóndor tuvo una consecuencia no buscada por sus perpetradores y es que dejó rastros.

--¿Cómo es eso?

--Hay mucha documentación que prueba que hubo un plan de cooperación entre países para perseguir a militantes políticos, para acallarlos en el caso de Uruguay, por ejemplo, cuyos exiliados eran muy activos en la denuncia de lo que ocurría allí. Sin ir más lejos, el acta constitutiva del plan, firmado en 1975 en Santiago de Chile, entre Argentina, Chile y Uruguay. En Argentina, el trabajo de especialistas en revisar los archivos de algunos ministerios de Argentina, que comenzó en 2010 (desfinanciado por el gobierno de Mauricio Macri en 2015) localizó mucha data. Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires aportaron lo suyo. El Archivo del Terror, en Paraguay (perteneciente a la Policía), que se encontró de casualidad. En Chile no se encontró nada, en Brasil muy poco y en Uruguay, algo a medias. Con la última desclasificación de los documentos de inteligencia que los Estados Unidos que entregaron a Argentina hay muchos documentos de la CIA que hablan del Cóndor. 

Fuente: Pagina 12 argentina

MISIÓN DE LA ONU PIDE PACTO SOCIAL PARA COMBATIR LA POBREZA EN PARAGUAY

Asunción, 16 dic (EFE).- Paraguay necesita un pacto social para reducir la pobreza, que afecta a un tercio de su población, y corregir las desigualdades de su sistema tributario, el único de América Latina que no grava la renta personal, concluyó hoy una misión de las Naciones Unidas (ONU).

La relatora especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, señaló a Efe que lo que preocupa al organismo es que "más de una tercera parte de la población, el 34 por ciento, vive en pobreza y de esa proporción un 19 por ciento vive en extrema pobreza o indigencia".

Sepúlveda, que finalizó hoy una visita de inspección de seis días en este país, añadió que también inquieta la composición impositiva por la falta de un impuesto que grave la renta personal, por lo que todos los paraguayos, "sean ricos o pobres, están pagando el mismo impuesto indirecto, el de valor agregado (IVA).

Consideró que esa iniquidad se refleja en que "el peso en el bolsillo es diferenciado" y su consecuencia directa representa "una carga cuatro veces mayor para los sectores más pobres de la población".

La ausencia de un impuesto a la renta personal, que se debate desde el 2003 y cuya entrada en vigor fue aplazada hasta el 2013 debido a presiones de grupos de poder, "hace que (Paraguay) sea el único país de América Latina que aún no tiene vigente este impuesto directo", mantuvo Sepúlveda.