Piden extradición de militares condenados por Operación Cóndor

 Delegación visita Chile para pedir extradición de militares condenados en Italia por Operación Cóndor 

Tras más de 20 años de investigaciones y procesos judiciales, la Corte Suprema italiana concluyó el año pasado el “Proceso Cóndor”. Iniciado en 1998 tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, el proceso condenó a cadena perpetua a 24 militares y represores latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor, seis de ellos chilenos.

Entre el 15 y el 25 de abril, una delegación italiana compuesta por un abogado y representantes de las víctimas, quienes impulsaron el proceso en Italia, visitará el país para tomar contacto con las partes civiles y testigos del juicio Cóndor que se llevó a cabo en Roma, conocer los lugares donde ocurrieron los hechos delictivos y solicitar la extradición de los condenados. Junto con ello, tendrán diversos encuentros con los familiares de las víctimas, así como con testigos del juicio en Roma, y con autoridades parlamentarias y de gobierno.

La delegación está compuesta por Arturo Salerni, abogado defensor de familiares de víctimas de la Operación Cóndor; Jorge Ithurburu, apoderado de varias de las partes civiles en el juicio, quién además acompañó y asistió a las familias de los desaparecidos chilenos desde sus primeras denuncias en 1999 hasta las sentencias de 2019 y 2021; y Sofia Ithurburu, oficial de medios de 24marzo.it, organización no gubernamental que durante estos años impulsó la acción y apoyó a familiares y abogados en el proceso.

Los militares condenados por el juicio son acusados de torturar, hacer desaparecer y asesinar en los años 70 a 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano: seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, cuatro chilenos secuestrados en Chile, y trece uruguayos secuestrados en Argentina. A éstos se agregan otros 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero cuya desaparición es atribuida a uno sólo de los imputados, el ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que fue miembro del servicio de inteligencia de la armada uruguaya.

Los chilenos condenados, todos ellos a cadena perpetua, son Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía de Investigaciones; Carlos Luco Astroza, funcionario de la PDI (ambos en libertad actualmente); el ex suboficial Orlando Moreno Vásquez; el ex coronel Rafael Ahumada Valderrama; y los ex brigadieres y miembros de la DINA Pedro Espinoza Bravo y Manuel Vásquez Chahuán. Todos fueron condenados por la desaparición, torturas y muerte de sus víctimas en el marco de la Operación Cóndor. Hasta el momento solo se ha pedido la extradición de los tres primeros, mientras que las de Ahumada, Espinoza y Vásquez se encuentran en proceso.

Para abordar en profundidad este fallo histórico, que impone cadenas perpetuas inapelables, la delegación realizará un punto de prensa en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos este jueves 21 de abril, a las 12 horas.

Para más información: +569 6227 7558 / comunicaciones@museodelamemoria.cl

Las víctimas del proceso

Juan José Montiglio Murúa: 24 años, PS, Jefe de unidad del GAP, fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe de Estado, llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13/09/1973. Permanece hasta hoy en calidad de detenido desaparecido. Por su caso se condenó al ex coronel Rafael Ahumada Valderrama, cuya extradición fue solicitada y está pendiente de resolución.

Omar Roberto Venturelli Leonelli: 31 años, ex sacerdote, militante del MIR, profesor del Departamento de Educación la Universidad Católica, Sede Temuco. Fue detenido en Temuco el 25 de septiembre de 1973 cuando se presentó voluntariamente, tras ser llamado por radio. Llevado al Regimiento Tucapel y luego a la cárcel de Temuco. La familia señaló que se les informó que el 4 de octubre habría sido dejado en libertad; desde esa fecha lo buscaron sin resultado. Por su caso fueron condenados los ex integrantes de la PDI Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza, y el ex suboficial Orlando Moreno.

Juan Bosco Maino Canales: 27 años, MAPU, estudiante. Fue detenido el 26 de mayo de 1976 junto a otros dos militantes del MAPU, el matrimonio formado por Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, en el departamento de la pareja. Todos fueron llevados a Villa Grimaldi, desde donde se les pierde el rostro. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

Jaime Patricio Donato Avendaño: 41 años, miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, fue detenido el 05/05/1976 junto a otros cuatro dirigentes del PC, en una «ratonera» montada por agentes de la DINA en el inmueble ubicado en calle Conferencia N° 1587. Por su caso fue condenado a cadena perpetua el brigadier Pedro Espinoza Bravo.

La delegación

Arturo Salerni, abogado de la familia Montiglio y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), querellantes en la causa. Es, además, abogado de la familia de víctimas de Uruguay, Argentina y Bolivia. Presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y Derechos Civiles (CILD, cild.eu)

Jorge Ithurburu, apoderado de varias de los familiares de víctimas de la Operación Cóndor, ha acompañado las denuncias desde su judicialización en 1999, hasta las últimas sentencias dictadas en 2021. Presidente de la organización 24marzo Onlus (24marzo.it).

Sofia Ithurburu, agregada de prensa de 24marzo. Contacto: sofia@24marzo.it / redazione@24marzo.it / Watsap: +393392875195

El represor chileno Walter Klug Rivera fue detenido en CABA

La división Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) capturó este sábado al mediodía al coronel retirado del Ejército Walther Klug Rivera, condenado por delitos cometidos durante la dictadura pinochetista en Chile, que se encontraba prófugo desde hace días en la Argentina. La detención de Klug Rivera --que ya se había fugado a Europa en 2015-- se produjo en la calle Moreno al 3000, de la Ciudad de Buenos Aires, e interviene en el caso el juez federal Julián Ercolini.

#WalterKungRivera #DerechosHumanos # #Dictadura #Tortura #Desaparición

Klug Rivera esperará detenido hasta el lunes hasta que deba presentarse ante el juez Ercolini, que llevará adelante el trámite para extraditarlo a Chile. Según explicaron fuentes, el represor chileno fue aprehendido en la vía pública después de tareas de seguimiento de la PFA tras un intento fallido de salida del país que tuvo Klug durante la semana.

La fuga fue informada por la agrupación Londres 38, que dio a conocer que Klug burló nuevamente a la Policía de Investigaciones (PDI), para cruzar las fronteras. La ministra extraordinaria de causas de violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó una orden de captura internacional a la Interpol.

Tras su primera fuga, Klug fue extraditado a principios del 2020 por el secuestro del alumno de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fernández, en 1973. No obstante, la causa fue desestimada por la Justicia a finales del 2020, por lo que el represor quedó en libertad. La condena por el caso Endesa aún no había sido resuelta. Finalmente el genocida fue sentenciado por su participación en el secuestro, homicidio y desaparición de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico en el sector cordillerano cerca de Los Ángeles.

Durante cuatro años Klug vivió tranquilamente en Alemania, en un pueblito pintoresco en las orillas del río Rhin, a 100 kilómetros al sur de Colonia. En un viaje a Italia, en el verano de 2019, la policía detuvo al chileno-alemán buscado por la Interpol. A principios de febrero de 2020, Italia extraditó a Chile al exoficial de 69 años de edad pero que luego logró escapar hacia la Argentina.

Tras el golpe de Estado en 1973, el entonces teniente de 23 años, Walther Klug Rivera, organizó un campo de detención y tortura en las caballerizas del Regimiento de Infantería No.3 de Montaña Los Ángeles. Cientos de prisioneros fueron torturados en ese espacio, muchos de ellos asesinados. Klug visitaba constantemente la cárcel local buscando prisioneros para trasladarlos al regimiento. Según organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los más de cien desaparecidos de la región Biobío pasaron por ese campamento.

Prisioneros que lograron sobrevivir caracterizaron a Klug como particularmente brutal y sádico. La abogada de derechos humanos Patricia Parra, que representa a familiares de desaparecidos, explicó que el genocida junto al comandante del Regimiento, Alfredo Rehren Pulido, y al jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), Patricio Martínez Moena, eran los responsables principales de tortura y asesinato en esa base militar.

Sin embargo, Klug pudo continuar su carrera, incluso finalizada la dictadura, y ascendió al cargo de coronel. Recién en octubre del 2014, poco después de su jubilación, la Corte Suprema de Chile lo condenó a diez años y un día de prisión en el denominado caso ENDESA. 

Fuente: Página 12

Plan Cóndor: "Argentina es el país que más avanzó en el juzgamiento de los delitos"

La alianza entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil durante las dictaduras militares para afinar la efectividad del terrorismo de Estado en la región es para Lessa el ejemplo más nefasto de lo que significa la cooperación internacional entre países. Pero dice que tuvo una consecuencia no buscada por sus perpetradores: dejó rastros. Las conclusiones de sus indagaciones.

“El Plan Cóndor fue la manera más nefasta que pudo existir de cooperación entre países”, afirmó Francesca Lessa, una investigadora italiana y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford que dedicó su carrera a indagar las bases, los alcances y las consecuencias de aquella coorperación que desarrollaron Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para afinar la efectividad del terrorismo de Estado en la región. Después de casi una década, Lessa ingresó en la fase final de su segunda investigación. El análisis de la base de datos que armó para la ocasión, que reúne 763 víctimas de coordinación represiva en América del Sur entre 1969 y 1981, le está permitiendo alcanzar algunas conclusiones. Entre ellas, surge Argentina destacada por su proceso transicional: “Dio un paso superador en el sentido reparador”, puntualizó.

--¿Por qué?

--Porque Argentina fue el país que más avanzó, sin dudas más que los demás países, en la investigación y el juzgamiento de los delitos que tuvieron lugar en el marco del Plan Cóndor. Lo hizo como resultado de políticas de Estado. En Chile hubo juicios, en Uruguay también. La diferencia principal es que Argentina ha tomado el hecho como un todo, a partir de la costumbre de juzgar en megacausas estos hechos. Entonces fueron muchas más las víctimas tenidas en cuenta en el juicio, pero también jueces y fiscales analizaron de manera general lo que sucedió como resultado de la coordinación represiva. Así, se logró que la sentencia considerara que el Plan había sido una asociación ilícita transnacional, algo que resultó fundamental para definir el hecho y superador en términos de reparación regional. Fue impactante oír las experiencias de familiares de víctimas paraguayas, uruguayas, chilenas, que esperaron la sentencia en las cancillerías de sus países. En Chile y en Uruguay se posó la atención en las víctimas, que en Chile incluso fueron solo chilenas. No al contexto. Argentina hizo más que Justicia: escribió una historia compartida, fijó memoria como región.

A Lessa le fascina cómo en Argentina la memoria vinculada con las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar “circula en las calles”, camina entre el trajín cotidiano. En la década de los 2000, trabajó su tesis de doctorado en Relaciones Internacionales sobre la justicia transicional entre Argentina y Uruguay. Meses antes de culminar esa investigación, supo cómo continuaría: el juicio por los crímenes que tuvieron lugar durante la última dictadura en el marco del Plan Cóndor.

Llegó a Buenos Aires para presenciar el debate oral, audiencia tras audiencia. Se quedó los tres años que duró. Luego, se estableció en Uruguay, ya que decidió que centraría su investigación en las víctimas uruguayas, pero en 2017 la Universidad de Oxford, la base desde donde desplegó el trabajo, le pidió que abandonara ese país. Es que al igual que militantes de derechos humanos y dirigentes políticos, había recibido amenazas de muerte de parte del autodenominado Comando Barneix  Entonces, su trabajo volvió a dar un giro. Regresó a Argentina y apuntó a analizar el Plan Cóndor desde la región entera.

--¿Qué fue lo primero que pudo concluir?

--Que el Plan Cóndor fue y es el ejemplo negativo más nefasto de lo que significa la cooperación internacional entre países. En general, las cooperaciones se diseñan y llevan a cabo para mejorar la vida de los ciudadanos, de quienes participan de esos vínculos. En el caso del Cóndor, su objetivo fue afinar y efectivizar la implementación de la represión sin límites de fronteras. Otra es fue que lo que se conoce como Operación Cóndor fue parte de un proceso histórico más amplio: pude rastrear casos de coordinación represiva con los mismos patrones de Cóndor hasta incluso el año 69. Casos de refugiados brasileños que habían exiliado a Uruguay tras la dictadura de 1964. El mismo patrón que Cóndor: intercambiar información, hacer operativos conjuntos, traslados clandestinos de personas. Incluso hay registros de cooperación entre las policías regionales desde principios del siglo XX, cuando se preocupaban por la presencia del anarquismo en la región.

--¿Eran las policías las que coordinaban las operaciones de cooperación previas al Cóndor? ¿Qué cambia?

--Tras la dictadura de Brasil, se observa como la doctrina de seguridad nacional en la región va tomando fuerza. La cantidad de víctimas de la cooperación represiva crece exponencialmente en la segunda mitad de los 70. Entre el 69/73 hay alrededor de 40 casos. Más uno se acerca a mediados de los 70, más crece ese número. A partir del 76, cuando sucede el Golpe de Estado en Argentina, el número se dispara a 450 hasta 1979, en tres años. Las prácticas se vuelven más frecuentes y sistematizadas. Sucede el Plan Cóndor. Incluso cambia esto que preguntás: los actores en esta coordinación. Hasta la segunda mitad de los 70, las Policías son los actores principales de la represión coordinada. Las Fuerzas Armadas toman intervención a partir de 1975. Las policías siguen involucradas, porque son las que tienen hecho todo el trabajo de inteligencia en en cada país, pero son las Fuerzas Armadas las que empiezan a tomar las decisiones.

--¿También hubo cambios en la clase de operativos?

--Asesinatos y desapariciones hubo siempre. Pero menos previo a que la región quedara en su totalidad en manos de dictaduras. En Argentina hubo una operación muy grande contra algunos integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, del Ejército Revolucionario del Pueblo y de la Junta Coordinadora Revolucionaria en el que detienen a más de 30 personas en abril de 1975 y, tras torturarlos y mantenerlos detenidos clandestinamente, son pasados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Si hubiera sucedido en 1976, los habrían desaparecido. El endurecimiento más fuerte se dio a partir del Golpe de Estado de Argentina. Porque ese golpe derriba el último bastión, aunque mínimo, que quedaba de democracia.

--Usted presenció el juicio por el Plan Cóndor, entrevistó a familiares y sobrevivientes… ¿Sabían las organizaciones políticas de la existencia de la coordinación regional entre dictaduras?

--Es una pregunta que siempre hice cuya respuesta cuesta. Los uruguayos exiliados en Buenos Aires me contaron que sí, que habían visto cuando su exilio a policías uruguayos en las calles de Buenos Aires. Pero aseguran ellos, y aseguran el resto de las víctimas, que nadie se imaginaba el tamaño de la violencia y lo meticuloso de la coordinación. Cuando uno mira los operativos era una cosa sistemática de un día por el otro. El hecho de estar en otro país generaba esa sensación de seguridad, una seguridad muy efímera, que en realidad no existía porque la persecución no respetaba fronteras, eso quedó registrado. Y esa es otra de las conclusiones a las que llegamos con la investigación: la burocracia de la coordinación represiva en el Plan Cóndor tuvo una consecuencia no buscada por sus perpetradores y es que dejó rastros.

--¿Cómo es eso?

--Hay mucha documentación que prueba que hubo un plan de cooperación entre países para perseguir a militantes políticos, para acallarlos en el caso de Uruguay, por ejemplo, cuyos exiliados eran muy activos en la denuncia de lo que ocurría allí. Sin ir más lejos, el acta constitutiva del plan, firmado en 1975 en Santiago de Chile, entre Argentina, Chile y Uruguay. En Argentina, el trabajo de especialistas en revisar los archivos de algunos ministerios de Argentina, que comenzó en 2010 (desfinanciado por el gobierno de Mauricio Macri en 2015) localizó mucha data. Los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires aportaron lo suyo. El Archivo del Terror, en Paraguay (perteneciente a la Policía), que se encontró de casualidad. En Chile no se encontró nada, en Brasil muy poco y en Uruguay, algo a medias. Con la última desclasificación de los documentos de inteligencia que los Estados Unidos que entregaron a Argentina hay muchos documentos de la CIA que hablan del Cóndor. 

Fuente: Pagina 12 argentina

ARGENTINA: SE PROMULGÓ LEY ANTITERRORISMO

Organismos de DDHH se oponen a la Ley

Quedó promulgada la Ley Antiterrorismo a pesar de las protestas de organismos de derchos humanos y organizaciones sociales. La Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, firmó hoy el decreto que promulgada Ley 26.734, cuyo texto modifica extractos del Código Penal. 

Organizaciones de Derechos Humanos repudiaron la aprobación por el Congreso de la Nación del proyecto de Ley Antiterrorista elaborado por el poder ejecutivo, que según los defensores de DDHH,  subordina la legislación argentina a la estrategia norteamericana de dominio de los pueblos del mundo, con el pretexto de la "guerra contra el terrorismo y el lavado de dinero", impuesta por el GAFI "Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales", y llaman al pronunciamiento y movilización popular contra esta normativa represiva mediante la cual es posible calificar como "terrorista" a la lucha social contra la injusticia, mientras los verdaderos terroristas siguen impunes y celebran la nueva ley como un triunfo de la cultura de la muerte.

"La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo. Tuvo en épocas recientes, en el menemismo... ahora el gobierno se ufana de no reprimir pero pretende ajustar aún más la legislación represiva, para que penda como una amenaza sobre los sectores populares", advirtieron diversas organizaciones de Derechos Humanos y de Trabajadores.

Juez Zaffaroni, considera la
Ley Antiterrorista como un disparate

El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni afirmó, durante una entrevista con Radio Nacional Córdoba, que la sanción obligatoria de la ley "es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas". "El GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo", sostuvo Zaffaroni.

 

La norma, que fue aprobada en el Senado por 39 votos a 22, considera como delito de terrorismo los actos "que sean cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligue a gobierno nacional o extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

 

Para Zaffaroni, la ley “es un disparate” y reiteró que el GAFI "nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes (las declaraciones del ministro de la corte fueron realizadas antes de sus aprobación), nos va a sancionar económicamente".

Ver más información en:

http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/2123-argentina-se-promulg%C3%B3-la-ley-antiterrorista.html

Texto de la Ley:

http://www.centroalac.org.ar/files/LeyAntiterrorista.pdf

EEUU DESCLASIFICA INFORMACIÓN SOBRE ROBO DE NIÑOS EN DICTADURA ARGENTINA

El Departamento de Estado de los Estados Unidos envió a las Abuelas de Plaza de Mayo un documento desclasificado que prueba que existió un plan sistemático para la apropiación de niños, hijos de detenidos-desaparecidos, durante la pasada dictadura militar (1976-1983), el cual resultará clave para la justicia.

La Embajada de Estados Unidos entregó a las Abuelas de Plaza de Mayo, a través de la Cancillería, un documento relevante para probar el plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura. El archivo había sido desclasificado parcialmente en 2002 y publicado por Página/12. Allí se demuestra que el dictador Reynaldo Bignone reconocía en 1982 la apropiación de bebés y se negaba a devolver a los niños a sus familias.

En el cable diplomático consta una comunicación entre el embajador argentino Lucio Alberto García de Solar y Elliott Abrams, funcionario de la Secretaría de Estado de ese país, durante 1982, en la que se informa que los desaparecidos están muertos, pero que sus hijos han sido entregados a otras familias para ser criados y que la decisión del entonces dictador Reynaldo Bignone era no revisar el tema. Este documento fue entregado por el Departamento de Estado en 2002, aunque con alguno de sus párrafos tachados, es decir, sin desclasificar. Las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron al gobierno de los Estados Unidos tener acceso al archivo completo, lo que se concretó ayer.

« Las Abuelas celebramos el acceso a esta información y agradecemos a la Cancillería argentina los mecanismos para lograr la gestión, así como también a la embajadora de los Estados Unidos Vilma Martínez, por su buena disposición para llevar adelante la desclasificación de estos archivos trascendentes. Esperamos que este sea el inicio de la desclasificación de todos los documentos con que cuentan los Estados Unidos de América, en particular de agencias como la CIA y el FBI, para contribuir al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país », señaló la organización que preside Estela de Carlotto en un comunicado. « Este documento –agrega– había sido requerido como prueba para el juicio relativo al plan sistemático de apropiación de niños, ya que su contenido es clave para probar que, lejos de tratarse de hechos aislados, existió una política definida desde la cúspide de las fuerzas armadas para que la apropiación de bebés se llevara a cabo ». La periodista Victoria Ginzberg declaró sobre este archivo en el juicio oral por el robo de niños durante la última dictadura.

Leer más información en:

http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=3413:eeuu-entrega-pruebas-a-las-abuelas-de-la-plaza-e-mayo-del-robo-de-ninos-por-los-militares&catid=4:internacional&Itemid=5

Documento Desclasificado

ALDHU SALUDA A LA JUSTICIA ARGENTINA Y PARLAMENTO URUGUAYO POR LAS GRANDES DECISIONES CONTRA LA IMPUNIDAD

Foto: rfi.fr

(Santiago de Chile, 28 de Octubre de 2011)  La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU, saludó y felicitó las decisiones adoptadas el día de ayer por la justicia argentina que condenó a cadena perpetua a los principales genocidas de la dictadura, entre ellos al Capitán Alfredo Astiz, “El Angel de la muerte”, responsables de la mayor parte de los detenidos desaparecidos en ese país.

En el mismo momento que el Parlamento Uruguayo consagró una ley que declaró imprescriptibles los crímenes contra la humanidad, acabando así con las trabas para el juzgamiento de los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar.

Ambos acontecimientos constituyeron avances históricos hacia la justicia y por el fin de la impunidad.

En Chile, el Senador Juan Pablo Letelier en conjunto con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, está impulsando que el Senado chileno apruebe una norma que impida a los jueces, aplicar la prescripción en los casos de crímenes de lesa humanidad, con lo cual se lograría detener la cadena de fallos que están favoreciendo a los violadores de los derechos humanos ante la ausencia de una ley que evite la impunidad.

Esta iniciativa pondría a Chile en la misma senda de justicia que Argentina y Uruguay.