CHILE: REDES DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Foto: fian.hn

CHILE: REDES DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

En Marzo de 2011, el Senado de Chile aprobó por unanimidad  la  Ley sobre la Tipificación del Delito de Trata de Personas y Tráfico licito de Migrantes, estableciendo penas de hasta 15 años de cárcel para quienes cometan los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

La Ley sanciona al que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. En segundo término, castiga al que promueva o facilite la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero.

Además, condena al que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos.

A pesar de haber entrado en vigencia dicha Ley, que tipifica el delito de trata de personas, esa práctica parece ser una realidad extendida en Chile, según lo informado por la prensa local respecto a la existencia de redes de tráfico de ciudadanas de República Dominicana que  son traficadas a Chile con propósitos de explotación sexual.  

La policía detuvo a 14 personas en un operativo que permitió desmantelar a dos bandas dedicadas a la trata de personas de nacionalidad dominicana, que obligaban a las mujeres a prostituirse. El operativo se realizó con allanamientos de domicilios y locales nocturnos en cuatro ciudades del país, y terminó con la detención de siete personas dominicanas, seis chilenas y una ecuatoriana.

Las bandas reclutaban a las personas en principalmente en República Dominicana se les prometía trabajo en Chile e ingresos entre 2.000 y 3.000 dólares mensuales y facilidades para el traslado y la vivienda. Para  ingresar al país, se les pedían 1.200 dólares,  aunque al llegar  las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución. 

Esta situación se asienta en el país,  entre otros fenómenos, debido al  incremento de la migración  transfronteriza  que en Chile ha aumentado  muy fuertemente en los últimos años, sumado al subregistro de los migrantes que se encuentran en calidad de irregulares, y a la feminización de las migraciones  hacia Chile, lo cual  constituye  un contexto favorable para la acción del tráfico y trata de personas.  Por otro lado, en términos económicos el  delito de trata de personas es uno de los más rentables a nivel mundial después del tráfico de armas y drogas.  Por tanto, no resulta extraño que en Chile exista una  realidad oculta en este tipo de delitos, que tanto la autoridad administrativa, como las policías y el ministerio público no han enfrentado con la fuerza que amerita.

Esta situación, constituye  lo que puede ser una situación mucho más extendida, con redes no conocidas, y con vínculos en otros países de América Latina. Al respecto es sintomático que la falta de control respecto a este grave delito, es monitoreada por la Embajada de Estados Unidos en Santiago, quien emite informes anuales al respecto.

Es así como en el  informe para 2011 sobre Trata de Personas de la Embajada  americana en Santiago expresa que… “Chile es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños objeto de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Dentro del país, muchas víctimas son mujeres y niñas chilenas que responden a falsas ofertas de trabajo y así son sometidas a la trata sexual. En menor medida, las mujeres y niñas chilenas también son objeto de la trata sexual en países vecinos como Argentina, Perú y Bolivia, así como también en España. Mujeres y niñas de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y otros países latinoamericanos son atraídas a Chile por ofertas de trabajo fraudulentas y, posteriormente, son obligadas a ejercer la prostitución o a realizar servicio doméstico forzado. Se ha identificado en los sectores minero y agrícola de Chile a personas extranjeras víctimas de la trata con fines laborales, procedentes principalmente de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y China. Se ha informado que se consigue a menores para que, contra su voluntad, actúen como “mulas” para transportar drogas en las fronteras con Bolivia y Perú”.

La Embajada continua su análisis  muy pormenorizado expresando que “El Gobierno de Chile no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; no obstante, está realizando considerables esfuerzos para ello. Durante el período del informe, las autoridades chilenas aumentaron sus esfuerzos de aplicación de la ley contra los delitos de la trata sexual. Dichos esfuerzos cambiaron en comparación con el período anterior, ya que aumentó el número de investigaciones y condenas por promover o facilitar la prostitución de menores, mientras que disminuyó el número de investigaciones y condenas por el delito de trata transnacional con fines de explotación sexual. Como notable señal de progreso, cabe mencionar que en marzo de 2011 el Congreso chileno aprobó legislación integral antitrata que había estado pendiente en el Senado desde 2007. Pero durante el período del informe las autoridades chilenas no investigaron en forma activa la trata con fines laborales. El gobierno ofreció servicios limitados a las víctimas adultas de la trata sexual y a las víctimas de la trata laboral, pero aumentó los servicios especializados para menores”

La red de ciudadanas dominicanas desarticulada recientemente, representaría por tanto, solo una pequeña parte de un delito que parece ser muy extendido en Chile, y que a pesar de la Ley aprobada, no ha sido lo suficientemente investigado.  La situación es más grave por cuanto, Chile además ha firmado y ratificado en 2002, la Convención contra la delincuencia organizada transnacional y los dos protocolos del mismo año: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

La firma de estos Convenios y Protocolos por parte de Chile,  establecen un compromiso que obliga a armonizar el marco jurídico nacional con las normas internacionales, en cuanto a aplicar esas normas y a adoptar todos los resguardos para su fiel cumplimiento.

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ALDHU)