Foto: tropezon.cl
El narcotráfico centra su acción de introducirse cada días con mayor fuerza en los países de América del Sur y de mantener abierta la demanda de Estados Unidos, principal mercado a nivel mundial que estimula e impulsa la producción de drogas en la región. Por su parte, la creación de organismos latinoamericanos y el avance de convenios comunes, expresan la voluntad de los países de la región por enfrentar en forma conjunta la amenaza del narcotráfico, lo cual indica el desplazamiento de Washington en su rol que por años desempeñó en la zona como rector de las políticas antinarcóticos.
El incremento de la inseguridad, los elevados niveles de pobreza y el creciente consumo de drogas reflejan la debilidad de los programas implementados bajo la supervisión norteamericana. Sin embargo, Estados Unidos y Europa siguen siendo los principales mercados que impulsan el tráfico de drogas producidas en Latinoamérica, sin embargo, fuentes oficiales reportan un aumento del consumo en varios países del Cono Sur.
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), Sudamérica dejó de ser una plaza incipiente y hoy se comercializa allí el 20 por ciento de la producción de sustancias psicotrópicas del mundo, con tendencia a subir.
En su informe sobre 2010, la Unodc expresa que el hecho de contar con una economía sólida y un mayor poder adquisitivo convierte a países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en mercados emergentes y en una nueva veta para los narcotraficantes.
La entidad apunta a Colombia como el primero entre los países productores de cocaína a nivel mundial con un 40 por ciento, al igual que Perú, aunque aclara que los mercados ilegales colombianos tienen mayor alcance global. Atendiendo a la más reciente evaluación de la Unodc, Perú tiene 57 mil hectáreas de cultivos de coca, base para fabricar cocaína, y Colombia alrededor de 61 mil 200, seguidos por Bolivia con 31 mil hectáreas.
La Unodc considera a Bolivia el país sudamericano que más invierte en la lucha antidroga y erradicación de coca excedentaria, para lo cual asigna unos 30 millones de dólares de su producto interno bruto. El gobierno de Evo Morales puso en marcha este año una nueva estrategia contra el narcotráfico, encaminada a establecer mayores controles a los cultivos de la hoja de coca.
Se trata de una "respuesta real, sostenible, con participación social y basada en el respeto a los derechos humanos", sostuvo el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. El gobierno de La Paz declaró una lucha sin cuartel al tráfico ilícito de estupefacientes en ese país, donde el cultivo de coca está permitido por considerársela elemento ancestral que forma parte de la cultura andina.
Pese a que Estados Unidos insiste en demostrar que la guerra antinarco en América Latina no ha fracasado, la incertidumbre en relación con los resultados hace presa de los gobiernos nacionales, que apuestan por enfrentar el problema, en forma más autónoma, sin su vecino del norte. En contrapartida, unen esfuerzos para combatir ese flagelo desde mecanismos de Concertación Regional como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y ahora con la recién constituida Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Convocados por el Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de Drogas, delegados de la Unasur analizaron a finales de noviembre, en la capital boliviana, el incremento del consumo de cocaína en la región. Los asistentes al foro debatieron la ejecución de un plan de acción, que contiene como ejes fundamentales la reducción de la demanda. el desarrollo alternativo, la reducción de la oferta, el lavado de dinero y las medidas de control.
El plan conjunto ha sido considerado por analistas un desafío que marca una importante pauta en el proceso de integración regional, al erigirse en mecanismo vital de control del comercio ilegal de sustancias psicotrópicas. La reunión de la Unasur, grupo que integran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, concluyó con la creación del Observatorio Sudamericano antidrogas.
El observatorio, que tendrá por sede a Paraguay y laborará en línea con similares nacionales, contempla el fomento del intercambio de información y métodos de investigación entre los estados miembros.
A propósito de la cita de la Unasur, los gobiernos de Bolivia, Brasil y Estados Unidos esperaban firmar un acuerdo antidroga, con el respaldo de la ONU como supervisora. El convenio tripartito tenía previsto, entre otros, el intercambio de inteligencia militar, uso compartido de radares, monitoreo de fronteras y vuelos de aviones no tripulados. La firma del proyecto fue pospuesta varias veces desde marzo y en noviembre encaró un nuevo revés por supuestas imprecisiones en la redacción, relacionadas con el rol protagónico del Estado boliviano en el enfrentamiento a ese fenómeno.
El gobierno de Evo Morales demandó primero la firma de un convenio marco sobre los nexos diplomáticos con la Casa Blanca, complicados desde 2008, cuando Bolivia expulsó del país a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a la que acusó de conspiración.
Morales sostuvo que la DEA promovió un complot contra su administración y por esa razón no volvería a operar en Bolivia porque, aseveró, lejos de luchar contra el narcotráfico, esa agencia controlaba allí el narcotráfico con fines geopolíticos. A inicios de noviembre, La Paz y Washington acordaron establecer la lucha antinarcóticos sobre la base del respeto a la soberanía y la no injerencia en asuntos internos, pero el convenio -que incluye a Brasil- no llegó a concretarse y ni siquiera fue fijada una fecha futura.
Los asistentes al Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de Drogas, celebrado en Bolivia, coincidieron en que debe ser la Unasur, y no Estados Unidos, quien certifique la lucha contra el narcotráfico. "Para problemas regionales necesitamos propuestas regionales", aclaró el embajador brasileño en La Paz, Marcel Biato.
Los mandatarios que asistieron a la cumbre fundacional de la Celac en Caracas, a inicios de diciembre, también dejaron fuera a Estados Unidos al abordar la necesidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Según el presidente venezolano, Hugo Chávez, la Casa Blanca se opone a aceptar su responsabilidad y pretende imponer políticas cuando ha sido probado que ese país es el mayor consumidor de alucinógenos en el mundo y que sus bancos lavan capitales del narcotráfico.
Su homólogo boliviano, Evo Morales, denunció que el narcotráfico ha sido convertido por países como Estados Unidos en el mejor instrumento de opresión y dominación de las naciones latinoamericanas. "Nos acusan que nos oponemos a las políticas del imperio, a las políticas del sistema capitalista, parece que el narcotráfico es el mejor instrumento para oprimirnos, el mejor instrumento para dominarnos", dijo.
El mandatario boliviano apostó por hacer realidad "una lucha frontal y efectiva contra el narcotráfico" que comprometa a los Estados miembros de la Celac con el intercambio de iniciativas e información. Los representantes de los 33 países que integran esa comunidad abogaron por la unidad y demandaron a las naciones consumidoras de droga una mayor participación y responsabilidad en el control de los flujos de capital, de armas y de químicos precursores.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso a los miembros de ese mecanismo de integración regional asumir e impulsar el debate sobre el narcotráfico y llevarlo al ámbito de las Naciones Unidas. "No podemos bajar la guardia", alertó Santos tras afirmar que América Latina debe solicitar "una discusión fría, analítica y creativa" por el embate que supone ese flagelo para países como México y el resto de las naciones de Centro, Sudamérica y el Caribe.
Por su parte, The New York Times reveló en diciembre la reiterada participación de la agencia antidroga norteamericana en el lavado y contrabando de capitales procedentes del narcotráfico mexicano. La noticia citó a funcionarios federales que relataron cómo miembros de la DEA manipularon cientos de miles de dólares para "identificar de qué manera mueven su dinero las organizaciones criminales y quiénes son sus líderes". Según el periódico, al pretender obtener mayor información sobre los carteles y los narcos, los agentes se convierten en cómplices conscientes del lavado de fondos procedentes del narcotráfico.
Un reciente estudio conjunto de agrupaciones independientes estadounidenses criticó a la Casa Blanca y su autoproclamada guerra contra las drogas, la cual se apoya en el argumento de que el narcotráfico amenaza la seguridad nacional. La investigación, realizada por el Grupo de Trabajo para América Latina, el Centro de Estudio para la Política Internacional y Washington para Asuntos Latinoamericanos, llamó al gobierno norteamericano a, primero que todo, poner su "casa en orden".
El análisis considera imperativo que Washington asuma la lucha interna contra la demanda de drogas, el lavado de divisas y el contrabando de armas. Apunta al vulnerable sistema bancario norteamericano como instrumento fundamental para el blanqueo de fondos y uno de los principales proveedores de armas a las mafias, en particular a la mexicana y la suramericana.
El documento pone en duda el alegado éxito por parte del gobierno estadounidense del Plan Colombia, basado en la militarización, y advierte que no es recomendable para otras naciones con problemas de narcotráfico.
Ricardo Soberón, analista internacional y Director del Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos de Perú, denunció recientemente el doble estándar del gobierno estadounidense en materia de lucha antidroga. Soberón recordó que cables secretos del Departamento de Estado norteamericano, difundidos por el portal Wikileaks en 2010, revelaron reconocidos vínculos de militares peruanos con el narcotráfico y cuestionaron la voluntad del gobierno de Lima de combatir ese flagelo.
Pero de acuerdo con el experto, Washington ignoró esos reportes y optó por felicitar públicamente al gobierno peruano por supuestos éxitos en el combate al narcotráfico.
"Está claro que para el Departamento de Estado norteamericano es mucho más importante la relación política con el gobierno del Perú, en su apoyo a Colombia y su enfrentamiento a Hugo Chávez, que la corrupción", puntualizó. Añadió Soberón que las felicitaciones al gobierno peruano son parte de la chismografía diplomática, típico de la administración estadounidense, empeñada en mantener una conveniente relación estratégica con Latinoamérica. (Prensa Latina, Dic 2011)
Descargue el Informe 2010 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc):
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