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viernes, 24 de junio de 2022

LA HORA DE LA PAZ

 Santiago de Chile, 24 de junio de 2022

Señor Guillermo Lasso, presidente Constitucional de la Republica del Ecuador.

En su despacho.

Estimado señor presidente, en los últimos días hemos asistido con angustia a una creciente ola de violencia derivada de las protestas que protagonizan miles de ciudadanos indígenas y de sectores urbanos marginales en varias ciudades del Ecuador.



Hace algunos días la ALDHU expresó que no se debía desconocer que, tras estas protestas, se encuentra la desesperación de sectores empobrecidos de la sociedad a quienes cada día les cuesta más enfrentar el costo de la vida.

La voz de los desesperados se ha hecho sentir fuerte y claro -así lo ha manifestado usted mismo, en varias de sus declaraciones ante el país-nadie ha permanecido impasible ante el clamor popular, que incluso ha motivado la adopción de medidas de alivio económico y social por parte del gobierno.

Valoramos los llamados al diálogo que usted en su calidad de primer mandatario ha invocado. A nuestro juicio, ese es el camino correcto para resolver los agudos problemas que aquejan a muchos de los que se encuentran movilizados.

El diálogo, es la oportunidad para la paz y a él debemos aferrarnos como el único mecanismo que puede devolver a la sociedad las mínimas condiciones de convivencia pacífica y civilizada que permitan, a través de la profundización, la democracia, la participación y la búsqueda genuina del bien común, encontrar las mejoras respuestas para resolver los innegables problemas por los que atraviesa la nación.

Sin embargo, hemos atestiguado como al interior de la protesta se emboscan grupos organizados que, deliberadamente, cometen actos de violencia que destruyen bienes públicos y privados, atentan en contra de la seguridad de la población, cortando los suministros básicos, el abastecimiento alimentario, contaminando fuentes de agua, impidiendo el libre tránsito de ambulancias, y, en fin, amedrentando e inhibiendo el derecho de la gente a vivir en paz.

Hemos visto con extrema preocupación como algunos ciudadanos indignados ante esta ola de violencia, se vienen organizando para responder a las acciones de estos grupos, pudiendo derivar en enfrentamientos entre hermanos ecuatorianos, precipitando al país a un abismo de incalculables proporciones.

Quienes propician la escalada violenta de la protesta, desdeñan el diálogo y agudizan a graves extremos este conflicto, sin duda van tras objetivos muy diferentes al de la genuina protesta social.

Ecuador merece vivir en paz. La zozobra actual debe ser superada; ya varias familias están llorando a sus muertos e intentando salvar a sus heridos; el uso progresivo de la fuerza obliga al personal de la Policía Nacional y de las FFAA a extremar sus comportamientos operativos para no afectar los derechos humanos de los manifestantes; cuestión que es aprovechada y mal interpretada por los violentos como señal de debilidad; tras los uniformes se encuentran también otros ecuatorianos, que padecen los mismos problemas que aquejan a quienes se manifiestan, y que sin embargo, exponen su vida y seguridad en el cumplimiento del deber de intentar restaurar el orden público y proteger a la población.

Son incontables los heridos, entre estos servidores públicos y también sus familias merecen nuestra solidaridad.

Señor presidente, hace unos minutos, invocó a las organizaciones de derechos humanos a que nos mantengamos en supervisión de los acontecimientos que puedan vulnerar los derechos de los ecuatorianos.

La ALDHU, recoge su invocación y en muestra de ello seguiremos desplegando observadores atentos al curso de los acontecimientos; no somos neutrales, nuestra causa siempre será la vida, la paz, y la libertad; por eso, sostenemos que la primera y mayor responsabilidad en cautelar estos valores, corresponde a la autoridad como depositaria de la soberanía de la nación, ya que es el Estado y sus autoridades quienes tienen los instrumentos políticos, los recursos materiales y la autoridad jurídica para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Será necesario un enorme esfuerzo por parte de todos quienes amamos al Ecuador, para recuperar las condiciones de la convivencia. Tras estas horas aciagas, el Ecuador tendrá que reconciliarse y encontrar con generosidad y buena voluntad, los espacios para el reencuentro en paz, que como usted dijo, es el único escenario.

Hacemos un llamado a los ciudadanos del Ecuador, sus líderes sociales y políticos, las instituciones, los medios de comunicación y a los periodistas, a contribuir a detener la escalada de violencia y evitar que la actual crisis se siga profundizando. Llamamos también a las autoridades responsables del orden público, a extremar el cuidado y prudencia en el desarrollo y uso de sus protocolos y recursos operativos para evitar más víctimas.

Las instituciones de la democracia ecuatoriana deberán identificar, detener y sancionar a los responsables de las afectaciones a la vida y seguridad de sus semejantes, a quienes hayan violado los derechos humanos, a quienes hayan ejercido violencia o abusado de la fuerza y también a quienes embozados tras la genuina protesta hayan sido lo responsables de intentar manipularla y conducirla a la generación de un estado de caos y destrucción.

Por nuestra parte, nos esforzaremos por contribuir al logro de estos propósitos que invocamos, y ofrecemos nuestro concurso para realizar una observación e investigación independiente cuyas conclusiones esperamos que coadyuven a establecer la verdad y habilitar la justicia que merece alcanzar el país una vez superada esta crisis.

Señor presidente, reciba usted las seguridades de nuestro reconocimiento y respeto.


Atentamente,

Juan de Dios Parra, secretario general de ALDHU.

lunes, 20 de junio de 2022

Aldhu pide dar una oportunidad a la paz. (Ecuador)

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), expresa su profunda preocupación ante el curso que están tomando los acontecimientos, derivados del paro nacional convocado por la CONAIE.

Fuente imagen: El Universo

La radicalización de las manifestaciones por un lado y la instalación del estado de emergencia con la consecuente suspensión de las garantías constitucionales por otro, se tensionan aún más por la decisión de grupos de civiles organizados para ejercer acciones de control y represión que solo corresponden al estado.

Lo de Ecuador es grave y exige a todos quienes prefieren vivir en democracia, honrar sus convicciones, proponiendo y habilitando condiciones para el reencuentro y la paz.

Es imprescindible entender que tras la protesta hay desesperación y angustia de miles que están siendo víctimas del  creciente empobrecimiento y a quienes les cuesta cada vez más, sobrellevar la vida.

También es preciso comprender el miedo y la rabia que provoca en la población, la ola de vandalismo y destrucción causada por grupos interesados en caotizar la situación, con inconfesables fines.

Las autoridades tienen la primera y mayor responsabilidad ya que en ellos se ha delegado la soberanía popular y cuentan con las facultades políticas y materiales para superar con éxito estos retos. 

Todos los demás (parlamento, medios de comunicación, iglesias y sociedad civil) deben contribuir a pacificar y desarmar los espíritus con generosidad y creatividad.

Es de sabios impedir que los violentos terminen imponiendo su dinámica, arrastrando al país al abismo  

Ecuador merece una oportunidad para la paz.


Juan de Dios Parra 

Secretario General ALDHU.


sábado, 21 de mayo de 2022

La hora de Colombia

Es indudable que cualquier proceso de construcción y consolidación de la paz siempre enfrenta un camino lleno de obstáculos, pero ello no deben ser óbice para quienes se empeñan en perseverar en la senda elegida, pues son conscientes de que era, es y siempre será la única alternativa posible. La paz, fruto del entendimiento, la negociación y el acuerdo, siempre será mejor que el doloroso recurso a la violencia para imponer las ideas propias, por muy buenas que estas puedan llegar a parecer. Esto, que se aplicó y aún se aplica a Colombia, es también válido en otros contextos, como la guerra en Ucrania, pues antes o después los que hoy envían sus tropas al enfrentamiento, deberán volver a la mesa de negociaciones si en realidad quieren establecer una paz duradera para sus pueblos.



El que otrora pareciera un interminable e irresoluble conflicto colombiano, un buen día llegó a su fin, y fuimos muchos los que alrededor del mundo acompañamos ese proceso y nos alegramos y emocionamos con los nuevos horizontes que se abrían para tantas y tantas personas dentro como fuera de Colombia. Mi recuerdo y homenaje para las víctimas, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en especial a mis amigas y amigos del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) ejemplo de organización y consecuencia para tantas otras comunidades nativas de Latinoamérica.

Una de las cosas más destacables de este proceso de paz fue que no se renunció a la justicia, no se bendijo la impunidad con leyes de amnistía, como la de Pinochet en Chile, las de Obediencia debida y Punto final en Argentina, o la torcida interpretación que hizo hace no muchos años el Tribunal Supremo español sobre la Ley de Amnistía de 1977. Con soluciones novedosas y que están haciendo historia, Colombia ha buscado los mecanismos especiales para hacer justicia, a pesar de las dificultades y de los defectos propios de un sistema nuevo, que pretende conciliar la justicia con el proceso de paz, demostrando que ambas son posibles, necesarias, complementarias y no excluyentes como tantas veces erróneamente se ha señalado.


Fuente: El Espectador

sábado, 1 de mayo de 2021

FARC reconoce crímenes de lesa humanidad ante tribunal de paz en Colombia

 Líderes de la disuelta guerrilla de las FARC en Colombia aceptaron este viernes su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas que les imputó el tribunal surgido del acuerdo de paz.




"Reconocemos expresamente la responsabilidad por los hechos y conductas descritas por la Sala en el auto" de imputación emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 28 de enero, indicaron en una carta siete antiguos jefes rebeldes que firmaron el histórico pacto de paz en 2016.

"Dichos hechos y conductas consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares", añadieron.

En un comunicado, la jurisdicción informó que revisará el documento entregado por los exguerrilleros y las observaciones de las víctimas para evaluar si hay "un reconocimiento pleno de las delitos imputados y aportes a la verdad".

De ser así, impondrá sanciones que "pueden incluir restricciones efectivas de la libertad" de entre dos y cinco años. De lo contrario, los imputados se exponen a penas de hasta 20 años en prisión.

"Hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar las personas que fueron secuestradas por las FARC (...), del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas y sus familias", declaró el ahora senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Lozada.

Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados por
crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.

Entre esos mandos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda Comunes, surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido. Uno de los involucrados falleció en enero.

Se trata de la primera imputación de la JEP desde su creación en 2017. El tribunal juzga los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado.

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.

En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la justicia transicional por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.

Desde entonces, pidieron perdón en distintas ocasiones a las víctimas, además de comprometerse a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de poder ejercer la política como partido y obtener penas alternativas a la prisión.

- Asesinatos de excombatientes -

Al mando del país cuando se firmó la paz, el expresidente Juan Manuel Santos saludó en Twitter "la contribución a la verdad, con el reconocimiento de las FARC de su responsabilidad en los secuestros", que "es un paso muy importante hacia la reconciliación".

La ONU, encargada de vigilar la implementación del acuerdo, se sumó a las felicitaciones.

Es "un avance importante en derechos de las víctimas" y una muestra del "compromiso continuo" de los excombatientes con el acuerdo, valoró el jefe de la misión local de paz, Carlos Ruiz Massieu, en la misma red social.

Pero sigue siendo "fundamental proveer todas las garantías y proteger la vida de todos los y las excombatientes comprometidos con aportar la verdad y reconocer responsabilidad" para seguir avanzando en el proceso, recordó.

De los 13.000 exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz, 272 fueron asesinados en cuatro años, en medio del repunte de la violencia que vive el país, alimentado por la expansión de grupos armados en regiones alejadas.

Otros se rearmaron y forman parte de las disidencias, que suman unos 2.500 hombres armados y se nutren principalmente del narcotráfico y la minería ilegal, según inteligencia militar.

En un comunicado reciente, la JEP denunció que las agresiones contra excombatientes eran parte de una "tragedia humanitaria" y pidió al Estado actuar para impedirlas.

Opuesto desde un inicio a los acuerdos que considera indulgentes con los rebeldes, el gobierno de Iván Duque aún no se ha pronunciado sobre el reconocimiento de los secuestros por parte de Comunes.

Fuente: Yahoo Noticias AFP (lv-dl/jss/yow)

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Estamos contentos de que la Jurisdicción Especial para la Paz esté dando sus frutos. Deseamos que Colombia llegue a tener paz algún día; ese gran país lo merece".