Michelle Bachelet denuncia que personas que colaboran con el trabajo humanitario y las investigaciones de derechos humanos de la ONU en Venezuela están sufriendo represalias.
Bachelet además dijo que han recibido denuncias que individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias. “Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”.
Todo esto se produce en un momento en el que la asistencia humanitaria es “esencial”. La Alta Comisionada dijo salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra el COVID-19.
La denuncia, incluye a los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares. “Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas”.
Por otro lado, la Alta Comisionada aseguró que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año. Es decir, un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.
La misión “continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo Valiñas, esperando presentar “conclusiones sólidas” en septiembre de este año y en 2022.
En el reporte se señala que la “represión continúa (...) contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno”, alertando de “36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias”.
Además se han “identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año”, la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, que ya fue tachado de escuadrón de exterminio.
Fuentes: La tercera, Noticias ONU, El pitazo (Youtube)
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