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jueves, 1 de abril de 2021

La "evaluación" de los derechos humanos en el mundo de EEUU


Costa Rica es el único país de América Latina que, según Washington, "no tiene informes de abusos importantes contra los derechos humanos".

#HRR2020



Estados Unidos va a denunciar las violaciones contra los derechos humanos sin importar dónde se produzcan y si son cometidas por países aliados, prometió este martes (30.03.2021) el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, marcando una ruptura con el Gobierno de Donald Trump.

En el primer informe anual sobre los derechos humanos editado bajo el Gobierno de Joe Biden, el Departamento de Estado aseguró que Washington va a oponerse a las "violaciones de los derechos humanos donde sea que se produzcan y sin importar quienes sean los responsables, si son rivales o aliados".



Blinken insistió especialmente en señalar el "genocidio cometido contra los uigures mayoritariamente musulmanes" en la región china de Xinjiang y la represión de las Fuerzas Armadas birmanas contra manifestantes que se oponen al golpe de Estado. "La tendencia en materia de derechos humanos sigue avanzando en la dirección equivocada. Vemos evidencias de eso en todas las regiones del mundo", indicó a la prensa durante la presentación del informe.

El funcionario también criticó al Gobierno de Trump, que centró su política en algunos derechos específicos como la libertad religiosa, a veces en detrimento de derechos de minorías o del acceso al aborto. "No hay una jerarquía que haga que algunos derechos sean más importantes que otros", afirmó. Como parte del cambio de tono, Blinken reconoció los desafíos que enfrenta su propio país, incluyendo la lucha contra el "racismo sistémico. Esto es lo que separa la democracia de las autocracias: nuestra capacidad y nuestra voluntad de confrontar nuestras deficiencias abiertamente", señaló anticipándose a posibles críticas.

¿Qué dice el informe sobre América Latina?

Entre las violaciones a derechos humanos analizadas, el informe reporta señalamientos de "ejecuciones ilegales o arbitrarias" a manos de los cuerpos de seguridad en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Asimismo, Washington registra casos de "torturas y casos de tratos o penas crueles" en Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua  y Venezuela.

El documento también registró problemas "con la independencia del Poder Judicial" en Argentina, Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Asimismo, Estados Unidos señala distintos niveles de gravedad en los "actos de corrupción" gubernamental de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

Por otra parte, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, dentro de las que se incluyen algunos casos de "violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura", estuvieron presentes en 2020 -según Washington- en Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

De igual forma, Estados Unidos criticó la "falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer" o la violencia contra "personas LGBTI" en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. En contraste, la Casa Blanca afirmó que Costa Rica "no tiene informes de abusos importantes contra los derechos humanos".

Fuente: DW ama (afp, reuters, efe)

El secretario General de la ALDHu, Juan de Dios Parra, comentó al respecto: "Es bueno saber qué opina Estados Unidos de los derechos humanos de los otros países; sin embargo existen otras organizaciones que realizan esta tarea de un modo mas imparcial. Los derechos humanos no deben ser usados como un arma económica, militar o de cualquier otra clase. Los derechos humanos hay que protegerlos incluso dentro de la propia frontera".

Qué piensa el departamento de estado de EEUU de:



Para verlo con traductor, ir a google translate y compiar la dirección del enlace

martes, 30 de marzo de 2021

“Justicia para Victoria”: condenaron el asesinato de una salvadoreña en Tulum a manos de la policía (México)

El video del asesinato de Victoria, una taxista de Tulum, Quintana Roo, se viralizó rápidamente en redes sociales el pasado 27 de febrero. En las imágenes se aprecia como un policía somete a la mujer por la espalda hasta que esta deja de respirar y muere por asfixia.

“No murió, la mataron”, escribió la periodista Denise Dresser, quien se unió a los miles de mensajes que exigen a las autoridades sancionar a los responsables por la muerte de la mujer originaria de El Salvador.



De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, policías municipales que tripulaban la patrulla 9273 abordaron a una mujer, identificada actualmente como Victoria Salazar, quien caminaba sobre la avenida La Selva, con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

Al menos cuatro elementos, tres hombres y una mujer, la tiraron al suelo y aplicaron exceso de fuerza sobre la víctima. A los pocos minutos, comenzó a gritar y a decir que se le dificulta respirar por el peso que tenía encima y finalmente quedó tendida en el piso.

En lugar de llamar una ambulancia, los agentes tomaron el cuerpo y lo subieron a otra unidad tipo camioneta con jaula con numero 9267,para llevarla al centro de salud más cercano para su valoración médica, al ver que nos serían atendidos, decidieron ir a Protección Civil (PC), donde les confirmaron que ya había fallecido.

“A Victoria la mataron por hacer lo mismo que miles de turistas blancxs hacen todos los días en Tulum. A Victoria no solo la mataron por ser mujer. La mataron por ser migrante, por ser morena, por no ser rica. La mató un México feminicida, racista y clasista. #JusticiaParaVictoria”, escribió una usuaria de Twitter (@barbymcs).

Adilia de las Mercedes, otra usuaria de la red social también señaló: “La Violencia Policial mató a Victoria. Que su nombre no se olvide: Victoria Salazar”. Mientras que otros comentarios acusaban el ferviente abuso de autoridad que tuvo lugar en las calles de Tulum.

“Victoria, una víctima más del clasismo, machismo, xenofobia y racismo de México, del abuso de poder policíaco. Ella no murió, a ella la mataron, y a nosotras no nos podrán callar nuestro grito de ¡JUSTICIA!”, fue otro de los comentarios aparecieron en redes sociales.

Miles de mujeres compartieron el caso de Victoria y recalcaron que su condición de mujer migrante habría sido uno de los principales factores para el abuso policial. Mientras que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGe) informó que se ejercerá acción penal en contra de los policías municipales implicados en el caso.



La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, se pronunció sobre el caso y aseguró que las autoridades ya se encuentran en contacto con sus familiares. Agregó que la embajada del país en México se coordina actualmente con las autoridades locales para realizar las diligencias pertinentes.

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos en El Salvador, Apolonio Tobar, condenó que los policías mexicanos hayan privado a Victoria del derecho a la vida de mujer migrante salvadoreña y exhortó a las autoridades a investigar los hecho y reparar los daños a la familia de la víctima.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo anunció que abrió una queja de oficio por violaciones al derecho humano a la vida, con el propósito de que se investiguen a los servidores públicos implicados.


"Los protocolos de la policía a nivel internacional deberían ser revisados y supervisados por las autoridades. Existe mucha violencia policial hacia personas por discriminación de tipo clasista, por raza, por sexo o cultura. En una policía bien formada no se deberían dar este tipo de sucesos. Además, los métodos y la fuerza utilizados para esa intervención son desproporcionados y excesivos. No deberíamos mirar hacia otro lado; deberíamos sancionar y eliminar este tipo de prácticas a nivel internacional". Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU. 


Fuente: Infobae