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martes, 5 de abril de 2022

Tres posibles evoluciones para el coronavirus que provoca el COVID-19

 

La agencia de la ONU encargada de velar por nuestra salud indica que, en cualquiera de ellos, todos los países deben seguir vigilantes y recomienda cinco medidas para mantener al virus bajo control.

#OMS #Covid-19 #ONU #Coronavirus


La Organización Mundial de la Salud ha presentado este miércoles su tercera actualización del Plan Estratégico de Preparación, Preparación y Respuesta para el COVID-19, en la que observa tres posibles evoluciones del coronavirus SARS-CoV-2, una la más probable, otra la más benigna y la última la más temida.

La actualización, que se espera sea la última según el director de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Gebreysus, señala que el escenario más probable sobre la evolución de la pandemia es que el coronavirus siga mutando y cause una enfermedad menos grave.

“Basándonos en lo que sabemos ahora, el escenario más probable es que el virus siga evolucionando, pero que la gravedad de la enfermedad que causa se reduzca con el tiempo a medida que aumenta la inmunidad debido a la vacunación y la infección”, explicó  Tedros en la rueda de prensa semanal sobre el estado de la pandemia en el mundo.

Es posible que se produzcan picos periódicos de casos y muertes cuando la inmunidad disminuya, lo que puede requerir un refuerzo cíclico para las poblaciones vulnerables.

La segunda posibilidad es el mejor de los casos posibles: el surgimiento de variantes menos graves contra las que no sean necesarios dosis de refuerzos o nuevas fórmulas de vacunas.

Sin embargo, la actualización señala que no es descartable el peor escenario, la aparición de una variante más virulenta y altamente transmisible. Frente a esta nueva amenaza, la protección contra los casos de  enfermedad grave y de muerte, ya sea debido a  la vacunación previa o por la infección, disminuirá rápidamente.

Para hacer frente a esta situación habría que modificar considerablemente las vacunas actuales y garantizar su aplicación a las personas más vulnerables ante las formas graves de la enfermedad.


Cómo acabar con la fase aguda de la pandemia

Ante este trío de posibilidades, el director de la OMS se preguntó a si mismo ¿cómo podemos avanzar y acabar con la fase aguda de la pandemia este año? Y  su respuesta fue que los paísess inviertan en cinco componentes básicos

Primero: mantener la vigilancia, el trabajo de los laboratorios y la recopilación de información de salud pública

Segundo: vacunar, continuar con las medidas sociales y de salud pública, y sostener el compromiso de las comunidades

Tercero: ofrecer atención clínica para el COVID-19, e invertir en sistemas de salud resistentes

Cuarto: avanzar en la investigación y el acceso equitativo a las herramientas y los suministros

Quinto: una coordinación a medida que la respuesta pasa del modo de emergencia a la gestión de la enfermedad respiratoria a largo plazo

“Tenemos todas las herramientas necesarias para controlar esta pandemia: podemos prevenir la transmisión con mascarillas, distanciamiento, higiene de manos y ventilación. Y podemos salvar vidas asegurando que todo el mundo tenga acceso a las pruebas, los tratamientos y las vacunas”, indicó Tedros.


Debe mantenerse el objetivo mínimo del 70% de vacunación

Por ese motivo, aseguró que vacunar al 70% de la población de cada país sigue siendo esencial para controlar la pandemia, priorizando a los trabajadores sanitarios, a las personas mayores y a otros grupos de riesgo.

A este respecto, el director de la OMS se mostró sorprendido de que haya personas en la comunidad sanitaria mundial que consideren que el objetivo del 70% ya no es pertinente.

“Muchos países de ingresos altos y medios han alcanzado este objetivo, y han visto una disociación entre casos y muertes. Aunque algunos países de ingresos altos están desplegando la cuarta dosis para sus poblaciones, un tercio de la población mundial aún no ha recibido una sola dosis, incluido el 83% de la población de África. Esto no es aceptable para mí, y no debería serlo para nadie”, aseguró antes de remachar: “Si los ricos del mundo disfrutan de los beneficios de una alta cobertura vacunal, ¿por qué no deberían hacerlo los pobres del mundo? ¿Acaso algunas vidas valen más que otras?”



Acción frente a otras pandemias

El responsable de la Organización Mundial de la Salud comentó que, al mismo tiempo que su Organización sigue respondiendo a la pandemia, también está poniendo en marcha nuevas medidas para ayudar a mantener el mundo a salvo de futuras epidemias.

“Hoy lanzamos una nueva estrategia para ampliar la vigilancia genómica a nivel mundial de los patógenos con potencial epidémico y pandémico. Y mañana pondremos en marcha una nueva estrategia mundial contra los arbovirus, la familia de virus propagados por los mosquitos que incluye el dengue, el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, y que suponen una amenaza para más de la mitad de la población mundial”, anunció.

lunes, 7 de febrero de 2022

La agenda de la ONU para 2022

 “LA ONU señala que se producen 1 500 millones de vacunas al mes, pero la distribución es ‘escandalosamente desigual’”.



El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha propuesto al mundo la agenda de las Naciones Unidas para el 2022, la cual presenta un resumen tétrico de la realidad que vive la humanidad y evidencia la necesidad de liderazgos ilustrados para enfrentar el fracaso de la gobernanza global.

Según Guterres, al mundo le urge entrar en modo de emergencia y apagar un incendio de cinco focos.

Covid-19. La pandemia evidencia la desigualdad y exclusión de miles de millones de seres humanos que aún no han sido vacunados. Guterres señala que los fabricantes producen 1 500 millones de vacunas al mes, pero la distribución es “escandalosamente desigual”. Urgió a combatir la desinformación sobre las vacunas, a la que calificó como una “plaga”.

Sistema financiero. Guterres lo calificó como “moralmente corrupto, que favorece a los ricos y castiga a los pobres”. La inflación récord, las alzas de precios de energías y las altas tasas de interés deben ser consideradas como una “extorsión”, al argumentar que es una receta para la inestabilidad, la crisis y la migración, por lo que es imperativo reformar los mecanismos de gobernanza financiera global.

Crisis climática. Indicó que el calentamiento global trae un conjunto de golpes devastadores que han obligado a la migración de 30 millones de seres humanos y dijo que los países menos culpables son los más perjudicados, pese a ser los más vulnerables.

Ciberespacio. La falta de gobernanza del Ciberespacio trae un creciente “caos digital” que beneficia a las fuerzas más destructivas, busca controlarnos o manipularnos, cambiar nuestros comportamientos, violar nuestros derechos humanos y socavar las instituciones democráticas apuntó. Propuso un Pacto Global Digital como parte de la Cumbre del Futuro en el 2023.

Conflictos violentos. Guterres sostiene que es imperioso gestionar las divisiones geopolíticas y buscar mecanismos de cooperación que garanticen la paz y la seguridad.

Autor: Luis Gallegos Chiriboga

Fuente: El comercio

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, añadió al respecto: "Estos cinco problemas están relacionados y todos ellos significan la pérdida de derechos por parte de la población. Aunque se avanzó en democracia durante el último siglo, ésta (actualmente) no defiende necesariamente los derechos de las personas. Muchas de las democracias actuales están incrementando la distancia social entre la población, convirtiéndose en un marco legal de desigualdad. Así, mediante leyes aprobadas por los órganos parlamentarios, se sientan unas bases menos justas en diferentes ámbitos como: en el sistema de salud, el pago de impuestos,  la educación, el trasporte o los servicios básicos. Todo ello resta derechos, representatividad y poder a la población, que ve como el estado se empequeñece en pro de la defensa y enriquecimiento de terceros".


sábado, 29 de enero de 2022

Pobreza extrema en América Latina: retroceso de 27 años en la región

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, compartió su informe sobre pobreza del año 2021 y los resultados no son para nada alentadores. 

#Pobreza #Gini #AméricaLatina #DerechosHumanos



La crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia. Esa crisis de salud se ha convertido en una crisis social, llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años, informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado de 81 a 86 millones.

Mientras se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33,0% al 32,1% de la población, bajando ligeramente el número total de personas en situación de pobreza de 204 a 201 millones.

Los mayores incrementos de la pobreza tuvieron lugar en Argentina, Colombia y Perú, donde alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales. En Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay creció entre 3 y 5 puntos porcentuales y en Bolivia, México y la República Dominicana, creció menos de 2 puntos porcentuales. El único país de la región que experimentó una disminución de la pobreza y la pobreza extrema en 2020 fue Brasil.

“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”, señala el informe anual Panorama Social de América Latina 2021.

El aumento de la pobreza extrema es “consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia en algunos países, que no alcanzaría a ser compensada por el incremento esperado de los ingresos del empleo”.


30 años de retroceso

Según el informe, la región experimentó una notoria regresión en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020, la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

En el estudio, la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices, entre ellos el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se constató un aumento de esta.

De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema habría sido alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9 puntos porcentuales más elevada en promedio en siete países.

Pese a lo anterior, el Panorama Social 2021 consigna que en los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para paliar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89.700 millones de dólares, mientras que en los primeros diez meses de 2021 el gasto anunciado en estas medidas fue la mitad: 45.300 millones de dólares.

“La ‘recuperación’ económica de 2021, que causó cierta euforia en algunos países, no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”, declaró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada.

Aumento de la desigualdad también

El documento sostiene que la desigualdad incrementó entre 2019 y 2020, con lo que se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002. El Coeficiente de Gini —utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso— aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020. Este deterioro tiene relación directa con las repercusiones de la pandemia.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, en promedio cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar.

Ese cierre escolar ha impactado sobre la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres. Por ello, el retorno seguro a clases presenciales es urgente en 2022, subraya la comisión regional de las Naciones Unidas.


No habrá recuperación económica si no se controla la pandemia

En el estudio, la CEPAL recalca que sin control de la crisis sanitaria la recuperación económica no será sostenible, y advierte que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante el COVID-19.

La región presenta el mayor número de defunciones informadas por COVID-19 a nivel global (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que seguirá creciendo mientras la pandemia persista. Estas representan el 28,8% del total de defunciones por COVID-19 notificadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4% de la población mundial.

A 26 de enero de 2022, el 62,3% de la población de América Latina y el Caribe (en torno a 408 millones de personas) contaba con una pauta completa de vacunación, por lo que la CEPAL hace un llamado a incrementar los esfuerzos, de tal manera que a mediados de 2022 todos los países de la región hayan vacunado al 70% de su población con el esquema completo.

Para alcanzar dicho objetivo, apunta la Comisión, urge fortalecer los programas de compra de vacunas y los mecanismos de cooperación y coordinación regional, en línea con el Plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe aprobado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y elaborado por la CEPAL.

“La pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y promover que estos sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad en la región”, declaró Alicia Bárcena.



Un nuevo contrato sobre fiscalidad

Un pacto social requiere de un nuevo contrato fiscal con progresividad, acompañado de objetivos muy concretos, como darle sostenibilidad financiera a una protección social universal y con niveles de suficiencia adecuados que incluya al conjunto de la población, apuntó.

También urge reestructurar los sistemas de salud, avanzar hacia una cobertura universal, con atención oportuna y de calidad para toda la población, y que el Estado actúe como garante del derecho a la salud.

Finalmente, el informe aborda la propuesta de la CEPAL de transitar hacia una sociedad del cuidado, que supone reconocer que los cuidados son una necesidad universal y a la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, las condiciones socioeconómicas y de ingresos y las diferencias territoriales. “La universalidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados que precisa la región”, concluye el documento.

Fuente: ONU Noticias

miércoles, 21 de abril de 2021

La Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó el estado de la situación


 

La Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jueza Elizabeth Odio Benito, presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos el Informe Anual de Labores 2020 de la Corte Interamericana. #InformeCorteIDH2020 

Durante el 2020 el promedio de tramitación de casos disminuyó a 19 meses, lo cual es inferior a los dos años anteriores. Se emitieron 19 sentencias de fondo y 4 de interpretación 43 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia 14 resoluciones sobre medidas provisionales 6 resoluciones de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia. 

Se emitió la Opinión Consultiva OC-26/20 sobre “La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos”. 

Actualmente: Estamos supervisando 24 medidas provisionales vigentes. Se encuentran en trámite tres solicitudes de Opinión Consultiva de temas actuales en materia de derechos humanos. En 2020 se sometieron a conocimiento de la Corte 23 nuevos casos contenciosos. 

Conoce más sobre la Presentación del #InformeCorteIDH2020 aquí: 







miércoles, 14 de abril de 2021

AMÉRICAS: La pandemia ahonda en decenios de desigualdad, abandono y abusos y en la región más afectada por Covid-19

 El #COVID-19 ha puesto al descubierto y agravado la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que las #Américas sea la región más afectada por la pandemia, ha afirmado hoy #Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su #InformeAnual.



En las Américas, el Informe 2020/21. Amnistía Internacional. La situación de los derechos humanos en el mundo, documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas, las personas negras y otros grupos históricamente olvidados han soportado los peores efectos de la pandemia, mientras algunos líderes han aprovechado la crisis para intensificar su ataque a los derechos humanos.

“Durante el pasado año vimos cómo ciertos líderes de las Américas respondían a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. No podemos seguir transitando por el camino que lleva al desastre, repitiendo los errores que han dejado a la región asolada por la desigualdad, la discriminación y la destrucción, incluso antes del brote de COVID-19”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Las Américas ha sido la región más afectada por el COVID-19, con más de 54 millones de casos y 1,3 millones de muertes. Estados Unidos, Brasil y México presentan las cifras absolutas de víctimas mortales más altas del mundo; luego de que sus gobiernos, al igual que los de Nicaragua y Venezuela, emitieran mensajes confusos sobre salud, no implementaran políticas para proteger a las personas que corren más riesgo, o no garantizaran una transparencia plena.

Al comenzar el año 2020, las Américas era la región más desigual del mundo, situación que sólo empeoró con la pandemia, al caer en la pobreza otros 22 millones de personas, en tanto que el número de las que vivían en la pobreza extrema aumentaba en 8 millones. El COVID-19 golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que las medidas gubernamentales con frecuencia menoscabaron los derechos económicos, sociales y culturales de quienes se hallaban en las situaciones de mayor precariedad.

Al menos 10.558 trabajadores y trabajadoras de la salud de las Américas han muerto a causa del COVID-19 a la fecha del 5 de marzo de 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países se quejaba de que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual. En algunos casos, quienes alzaban la voz podían ser objeto de sanciones, como en Nicaragua, donde al menos 31 trabajadores y trabajadoras de la salud fueron despedidos por expresar sus motivos de preocupación. En Chile al menos 80 trabajadoras y trabajadores de la salud han fallecido por COVID-19, y Amnistía Internacional también pudo constatar que durante el peak de la pandemia a mediados de 2020, trabajaron muchas veces en situaciones de colapso, inseguras y sin un apoyo efectivo. “Lamentablemente, casi ninguna de las recomendaciones que hicimos en ese momento han sido acogidas, y preocupa ver que con el peak que vivimos actualmente, el personal de la salud está enfrentando situaciones similares”, señala Ana Piquer.

Las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, en muchos casos estuvieron relacionadas con la aplicación de las restricciones asociadas al COVID-19, y en algunos países se obligaba a las personas a someterse a cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias ni de distancia física. Ante la persistente huida de la violencia, la pobreza y los efectos de la crisis climática, varios gobiernos detuvieron a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer el COVID-19, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo. 

Con el pretexto de aplicar medidas de salud pública, las autoridades de Estados Unidos detuvieron y deportaron sumariamente a casi todas las personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, y expulsaron a más de medio millón de migrantes y solicitantes de asilo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, entre ellos más de 13.000 niños y niñas no acompañados hasta noviembre de 2020. 

Las deficientes condiciones sanitarias y el hacinamiento caracterizaban muchas prisiones de la región, donde las inadecuadas medidas del Estado negaban a la población reclusa el derecho a la salud y la exponían a contraer el COVID-19. Hubo al menos 90 motines en prisiones de la región para protestar por las precarias condiciones ante el aumento de la preocupación por la pandemia entre marzo y mayo. En Chile la organización emitió tempranamente una carta abierta con preocupaciones en este sentido. 

Las restricciones asociadas al COVID-19 también afectaron a la libertad de expresión, que continuó amenazada en Bolivia, Brasil, Cuba, Uruguay, Venezuela y México, que fue el país más mortífero del mundo para periodistas en 2020. La policía o las fuerzas armadas también negaron o restringieron indebidamente el derecho de asociación y de reunión pacífica, y se registró uso ilegítimo de la fuerza en más de 12 países.

La injusticia y la discriminación raciales persistieron en las Américas, y el homicidio de George Floyd impulsó a millones de personas en Estados Unidos a secundar las protestas de Black Lives Matter. La policía de Estados Unidos reprimió violentamente esas protestas y no protegió a manifestantes pacíficos de contramanifestantes violentos. Mientras tanto, la violencia policial en Brasil se intensificó durante la pandemia; la policía mató al menos a 3.181 personas —el 79% de ellas negras— entre enero y junio. La impunidad y la falta de acceso a la justicia seguían siendo un grave motivo de preocupación en gran parte de la región.

La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en las Américas, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios. Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron inadecuadas e insuficientes.

Muchos gobiernos no han hecho lo suficiente para conceder prioridad a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia. El aborto seguía estando penalizado en la mayoría de los países, lo que suponía un grave obstáculo para el derecho a la salud. El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana seguían prohibiendo totalmente el aborto, y 18 mujeres continuaban en la cárcel por cargos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador.

Por otra parte, Argentina hizo historia en diciembre al convertirse en la mayor nación de América Latina en legalizar el aborto gracias a la campaña sostenida de un dinámico movimiento feminista. 

Las personas LGBTI fueron objeto de violencia y homicidios en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron víctimas de homicidio en el continente el año pasado.

Los pueblos indígenas se vieron muy afectados por el COVID-19 debido al acceso inadecuado a agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales y falta de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y a medios de vida. Por otro lado, varios países declararon esencial el sector minero durante la pandemia, con lo que expusieron al contagio a pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas continuaron amenazados, ya que muchos gobiernos no garantizaban su consentimiento libre, previo e informado antes de dar luz verde a importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras.

América Latina y el Caribe seguía siendo la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos, en particular quienes trabajan para defender sus tierras, territorio y medioambiente. Colombia seguía siendo el país más letal del mundo para los/as defensores/as. No obstante, 2020 también trajo consigo motivos de esperanza, pues los/as defensores/as de los derechos humanos lograron grandes victorias y se negaron a ser silenciados.

En noviembre, México se convirtió en el país número 11 de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para la protección del medioambiente y los/as defensores/as de los derechos ambientales, por lo que entrará en vigor el 22 de abril de 2021. Lamentablemente, Chile sigue quedando fuera de este acuerdo, al haberse negado a firmarlo. Por otra parte, aunque las acciones sobre el cambio climático siguieron siendo limitadas en el continente, Chile fue el primer país de la región, y uno de los primeros del mundo, en presentar un objetivo de reducción de las emisiones en 2030, aunque estos compromisos siguen siendo débiles respecto de las necesidades para afrontar los desafíos urgentes que el cambio climático impone.

“Aunque el primer año de la pandemia ha sido especialmente difícil para las Américas, sacamos fuerza de la pasión y resiliencia que hemos visto en activistas de toda la región, sobre todo de las mujeres, las personas jóvenes y activistas antirracistas. Su valentía ante la adversidad nos dice que podemos construir un mundo más justo para todas las personas”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.

“Los gobiernos de las Américas deben reconstruir la región sobre la base de la equidad, la compasión y la humanidad. El primer paso en esta dirección es conceder prioridad a las necesidades de quienes han quedado excluidos por decenios de abandono y políticas de división y garantizar su acceso a las vacunas contra el COVID-19. También deben tomar medidas audaces e integrales para abordar los desproporcionados efectos sociales y económicos de la pandemia en las personas que históricamente han sufrido discriminación, garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades de vivir en condiciones de seguridad y de disfrutar de sus derechos humanos”, concluye Erika Guevara Rosas.


miércoles, 10 de marzo de 2021

Rector Ignacio Sánchez y científico Alexis Kalergis, los auténticos artífices del éxito de la vacuna Sinovac en Chile

por Marco Fajardo

9 marzo, 2021

El director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), académico e investigador de la Universidad Católica (UC), que dirige el rector Ignacio Sánchez, había tenido buenas experiencias previas con el laboratorio chino Sinovac Biotech, que antes de la pandemia ya contaba en el país con la autorización para vacunas contra la hepatitis e influenza. El científico señala que la estrategia científica que utiliza Sinovac les dio confianza en términos de seguridad e inmunogenicidad, pues se trata de una vacuna basada en el virus inactivado, una metodología más tradicional, o de primera generación, que ha sido usada en grandes poblaciones humanas por varias décadas. El rector Sánchez destacó que, a través del trabajo científico de Kalergis –financiado con fondos públicos y aportes privados–, la UC pudo firmar un convenio que permitía al país tener la disponibilidad de hasta 20 millones de dosis de vacuna por año, por un período de tres años. Meses después de que se materializara esta importante alianza, el convenio recién le fue traspasado al Gobierno a través del Minsal, desde donde se desarrollaron –junto a la Cancillería– las gestiones para tener el número de vacunas que ha sido responsable de la campaña de vacunación masiva con Coronavac implementada en el país.



Un contacto científico previo, la visión de la Universidad Católica y la buena experiencia anterior con otras vacunas, permitió la importación de la vacuna china Sinovac a Chile. Esa es la verdadera historia.

Para ello fue clave el equipo científico liderado por el bioquímico Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), académico e investigador de la Universidad Católica (UC), con un papel fundamental de esa casa de estudios.

El científico cuenta que, antes de la pandemia, comenzaron a explorar una colaboración desde la UC con Sinovac, junto con sus colegas Susan Bueno y Pablo González, de la Facultad de Ciencias Biológicas, para el desarrollo de vacunas contra virus respiratorios. Hoy además se realizan estudios clínicos con un seguimiento a personas vacunadas.

“Durante el 2019 ya habíamos comenzado a discutir los alcances de esta colaboración científica, en base a nuestros resultados con las vacunas para patógenos respiratorios, como el virus respiratorio sincicial (VRS) y el metapneumovirus, ambas desarrolladas por la UC en nuestro país”, recuerda.

Estudios clínicos

Cuando se desató la pandemia, Sinovac los contactó para colaborar en el desarrollo de su vacuna contra COVID-19, mediante la realización de estudios clínicos en Chile.

“Dado que la estrategia científica que utilizó Sinovac para generar esta vacuna para COVID-19 nos dio confianza en términos de seguridad e inmunogenicidad, decidimos participar en la colaboración que resultó en la firma de un acuerdo para asegurar el suministro de millones de dosis para Chile de forma oportuna y por medio del Estado, que hoy en día ya están siendo aplicadas de manera masiva en la población a través del Programa Nacional de Inmunizaciones del Minsal”, señala Kalergis.

En ese sentido, destacó que el rol de la ciencia y las universidades chilenas en este proceso ha resultado clave, por medio del trabajo local en torno a vacunas, así como a través de la ejecución de estudios científico-clínicos con colaboradores en otros países.

Origen

El aporte de la UC se inició hace más de un año, con el trabajo de sus investigadores en conjunto con los de Sinovac Biotech, explica el rector Ignacio Sánchez.

Desde la ciencia e investigación se crearon lazos y confianzas que hicieron posible desarrollar el proyecto de investigación de Fase Clínica III, para probar la eficacia de la vacuna en voluntarios, datos que serían de gran relevancia para conocer el comportamiento de la vacuna, destaca.

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viernes, 5 de marzo de 2021

América Latina es la región en desarrollo más afectada del mundo por la pandemia

 Un año después de la llegada del coronavirus a América Latina y el Caribe, la pobreza, la desigualdad y el desempleo avanzaron a un ritmo sin precedente en la región, convirtiéndola en la más afectada por el COVID-19 en el mundo.




La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó este jueves un análisis del impacto de la pandemia que alerta una vez más sobre los problemas estructurales en los países de la región y llama a invertir en un estado de bienestar y una sociedad del cuidado.

El “Panorama Social de América Latina 2020” da cuenta de una contracción del Producto Interno Bruto regional de 7,7% y del cierre de 2,7 millones de empresas con el consecuente incremento del desempleo, que afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Demasiadas muertes

Pero lo peor de todo es que con sólo el 8,4% de la población mundial, la región haya registrado el 27,8% de las muertes por COVID-19, destacó la secretaria ejecutiva de la CEPAL durante la conferencia de prensa de divulgación del documento.

En este sentido, Alicia Bárcena subrayó la importancia de adoptar sistemas universales de protección social.

“Esto quiere decir cubrir a toda la población independientemente del tipo de su inserción en el mercado laboral u otras características personales. Un sistema de protección social debe darle acceso a la salud universal a todas las personas, eso no puede depender del ingreso, la salud debe ser un bien público universal”, recalcó Bárcena.

Problemas estructurales

Bárcena explicó que la emergencia sanitaria profundizó las desigualdades estructurales que a lo largo de los años han dado como resultado altos niveles de informalidad, falta de protección social y baja productividad.

Además, la pandemia evidenció graves carencias y fragilidad en los sectores de la salud, la educación y los cuidados.

Del mismo modo, magnificó la división por género del trabajo y el sector de los cuidados, revirtiendo la inclusión de la mujer en el mercado laboral a niveles de hace una década.

Pese a las medidas de emergencia…

El estudio señala que todo esto ocurrió a pesar de las medidas de emergencia que tomaron los gobiernos para encarar la crisis y más aún, advierte que la pobreza y la pobreza extrema seguirán creciendo hasta un punto que no se había observado en muchos años.

“Las medidas de protección social han evitado un mayor aumento de la pobreza y pobreza extrema pero hay un retroceso de doce años en la pobreza y de 20 años en la pobreza extrema”, dijo la responsable de la CEPAL.

Detalló que esas medidas cubrieron a cerca del 50% de la población y costaron unos 86.000 millones de dólares entre marzo y diciembre del año pasado. Sin embargo, la cifra de latinoamericanos pobres que viven con un ingreso máximo de tres veces la línea de pobreza llegó a 491 millones, es decir, el 80% de la población de la región.

Bárcena enfatizó que, no obstante insuficientes para detener la crisis, estas medidas han ayudado a paliarla de alguna manera, así sea mínima, permitiendo que la población beneficiada con transferencias de dinero y otras ayudas satisfaga sus necesidades vitales.

“De no haberse implementado, la situación sería peor”, aseveró.

Que se mantengan las ayudas

En este renglón, la CEPAL considera imprescindible que se mantengan al menos todo el 2021 las transferencias monetarias de emergencia: “Hemos demostrado que son importantes, pertinentes y necesarias para contener la pobreza, pero tenemos que aumentar su nivel y cobertura”, abundó Bárcena.

De cara al porvenir de la región, señaló varios desafíos: “en primer lugar, una agenda de cooperación para lograr “un acceso más equilibrado, equitativo, simétrico a las vacunas. Todo va a depender de cómo podremos vencer pronto a esta pandemia, porque todavía no ha pasado”.

También instó a abordar la situación de las mujeres, el colectivo más afectado, con la intención de crear una sociedad del cuidado para que puedan regresar al mercado laboral.

La sociedad del cuidado que promueve la CEPAL se refiere a proteger la salud y a las personas y a cuidar al planeta para lograr un desarrollo sostenible que beneficie a todos.

Estado de bienestar

“Pero nuestro mayor desafío es lograr un estado de bienestar sostenible y para ello debemos poner mucha atención a la estructura productiva ya que actualmente es muy desigual y sigue dejando afuera a las pequeñas, medianas y microempresas”, consideró.

Bárcena argumentó que la pandemia ha puesto de relieve muchas fragilidades como las de los sistemas de salud, productivo y laboral.

Para impulsar el estado de bienestar, la CEPAL aboga por un pacto social y político genuino que aborde las diferencias en el acceso a recursos y que se ocupe de las desigualdades profundas y las brechas estructurales que existen en la región.

La secretaria ejecutiva exhortó a los países de la región, sobre todo a los que producen materias primas, a “invertir para cerrar las brechas estructurales y apuntalar los estados de bienestar y las sociedades del cuidado”.

Fuente: Noticias ONU


Comentario ALDHU

El Secretario General de la ALDHU, Juan de Dios Parra, comentó al respecto: "Las desigualdades en la sociedad latinoamericana se han potenciado estructuralmente; en muchos casos; incluso muchos estados promovieron políticas para favorecer a los grupos con mayores recursos. Si queremos unas sociedades más justas, equitativas y menos confrontacionales, debemos eliminar la violencia estructural que realiza el estado contra los más desvalidos, necesitados y que mayor ayuda necesitan. Convirtiendo al estado en un organismo que trabaje para la población; legislando para regular las desigualdades que provoca el libre mercado, aunque parezca obvio". 

miércoles, 3 de marzo de 2021

Chile: A pie por Colchane: cómo la política de gobierno forzó un ingreso desesperado de migrantes


Desde antes de la pandemia de COVID-19 comenzó a producirse un flujo incipiente de personas de nacionalidad venezolana que ingresaban por la frontera entre Chile y Bolivia, específicamente por el paso de Colchane. La información recogida en entrevistas a actores claves en temáticas de migración en las comunas de Iquique, Huara y Colchane, señalan que la mayoría de las personas que cruzan por este paso provienen de Perú, Ecuador y Bolivia, y un porcentaje menor viaja directamente desde Venezuela.[1]  El objetivo común es llegar a Iquique, para luego continuar el viaje al sur del país en donde los esperaban familiares y amigos ya instalados en el territorio nacional. Sin embargo, en octubre de 2020 el ingreso por este paso creció de manera exponencial, llegando a cerca de 200 personas por día de acuerdo a los registros de la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien en las últimas semanas esta cifra ha oscilado, en el promedio no ha disminuido significativamente. Día a día siguen ingresan


La pandemia afecta con mayor fuerza a la población más vulnerable, y la población venezolana residente en Chile como en otros países de América del Sur constituye uno de los grupos de mayor riesgo debido a su situación migratoria. La pérdida de fuentes laborales; el escaso apoyo brindado por estos Estados a las personas inmigrantes en el contexto de la pandemia; políticas y discursos xenófobos y racistas que comenzaron a manifestarse en distintas ciudades de varios países latinoamericanos como Colombia, Ecuador y Perú, terminaron por generar condiciones insostenibles para muchos, quienes en un intento desesperado por encontrar un lugar que les permitiera continuar un proyecto de vida, decidieron buscar un nuevo destino. En este contexto, Chile emerge como una posibilidad, especialmente para quienes tienen familiares y/o redes que pueden apoyar su inserción[2].

Frente a los primeros indicios de un mayor número de personas queriendo ingresar a territorio nacional en 2019, la respuesta de Perú y Chile fue incrementar las medidas de control en la zona fronteriza de Tacna y Arica. Esto obligó a las personas migrantes a buscar nuevas rutas de ingreso al país. Las alternativas se fueron haciendo conocidas, y a raíz de esto comenzó a desarrollarse una infraestructura que posibilita el ingreso a Chile desde Perú, pasando por la frontera con Bolivia en Desaguadero, luego Oruro, Colchane, Huara e Iquique.


Fuente: Matriz de seguimiento de desplazamiento (DTM) OIM Chile. Enero 2019. Disponible aquí.

En la actualidad existe una oferta de transporte en buses, convi, taxis y camiones que recogen a grupos de personas y los dejan en puntos específicos, eludiendo los escasos controles policiales. Es frecuente que no se cumpla lo acordado y los transportistas los abandonen en distintos puntos del desierto, obligándolos a caminar durante horas y bajo condiciones extremadamente difíciles. Hay que recordar que Colchane está a 4.000 mts de altura con altísimos niveles de sequedad y temperaturas que oscilan en estos meses entre los 0º y 18º. Es muy posible el desarrollo de redes de tráfico de personas. La mayoría de los conductores y facilitadores son en cualquier caso personas que ven en el transporte una oportunidad de trabajo, respondiendo a una demanda emergente. Hay quienes acercan a las personas migrantes desde Bolivia a Colchane, y otros que los bajan desde Colchane a Huara u otros poblados nortinos.

Una vez en Colchane, las personas deben bajar a Iquique, que se encuentra a 237km de distancia. Si les queda algo de dinero, podrán pagar por un pasaje pero, en caso contrario, muchos inician a pie este trayecto. Las y los entrevistados señalan que son testigos de cientos de caminantes que llegan a pie a Huara, muchos de ellos con altos niveles de deshidratación y en estado de shock. Como nos indicó un funcionario del INDH de la zona, se trata de personas jóvenes, en muchos casos con niños pequeños, e incluso adultos mayores que caminan por horas en condiciones extremas para el ser humano, más aún cuando su cuerpo no está habituado a las condiciones de altura y falta de oxígeno. Es en esta etapa donde falleció producto de una descompensación Yusely Coromoto Inostroza, venezolana de 45 años que viajó para reencontrarse con sus dos hijos que la esperaban en Santiago. Otras personas han sido recogidas en el desierto, completamente desorientadas y al límite de sus fuerzas. Adultos mayores han sufrido caídas y niños han perdido los dedos de sus pies.  Es frecuente, relatan, que dejen abandonadas sus pertenencias en este camino, llegando con lo puesto a Huara o a otros poblados del altiplano chileno.

El gobierno se apresuró a indicar que las razones del incremento ocurrido a contar de octubre se debían a un efecto “llamada”, producido luego del debate parlamentario sobre el proyecto de Ley de Migraciones, el que habría generado una suerte de “expectativa de ingreso”. Pero lo cierto es que las razones están bastante alejadas de la discusión legislativa. El incremento del cruce por pasos no habilitados y los mayores riesgos que corren estas familias obedece a una política de cierre implementada por el propio gobierno a través de medidas que prometían una migración más ordenada, pero que han hecho del cruce de frontera una pesadilla llena de riesgos, costos e inseguridades. Todo esto se profundizó con la crisis sanitaria y el cierre de fronteras.

Las medidas de cierre comenzaron en abril de 2018 cuando se estableció la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD)[3], y continuaron al año siguiente con la implementación de una Visa Consular de Turismo (VCT) para toda persona venezolana que quisiera ingresar como turista a Chile (misma medida que se tomó hace unos años con la población haitiana y dominicana, con la que ya se había observado que repercutía en mayores vulnerabilidades de la población afectada). Producto de la pandemia, en 2020 se cerraron las fronteras, y unos meses más tarde se decidió suspender la Visa de Responsabilidad Democrática. El problema de estas medidas no son las visas en sí mismas, que podrían ser una solución de implementarse adecuadamente, sino más bien la generación de una expectativa de ingreso regular que se diluye en cuanto se comienzan a hacer los trámites para su obtención.

Datos analizados desde el Servicio Jesuita a Migrantes con información solicitada por Ley de Transparencia a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, indican que a noviembre de 2020 se habían solicitado 223.801 VRD. De este total se habían otorgado y con proceso cerrado 59.525 (27%). El problema de fondo es que 163.961 de estas solicitudes, es decir el 73%, habían sido rechazadas y 307 (0,1%) estaban aún sin resolver. Las excusas asociadas a las demoras que ha tenido este proceso en el camino van desde escasez de personal del consulado chileno en Venezuela (OEA, 2020), hasta desconocimiento de las personas sobre la realización correcta de la solicitud. Cuando se plantea una solución pero no se entrega la infraestructura necesaria para llevarla a cabo (recursos económicos y humanos), no se trata de una solución real sino de un redireccionamiento de las esperanzas hacia una fila invisible donde se apila, en el mejor de los casos, la frustración y los meses a la espera de una respuesta. Todo para recibir al final del proceso un correo indicando que esta visa que prometía un ingreso regular y con documentos desde el primer día, ha sido denegada.

Frente a la imposibilidad de ingresar a través de esta vía, cientos de venezolanos y venezolanas seguían ingresando a través del mecanismo tradicional por el que todos los extranjeros ingresan al país; es decir, con una visa de turismo que se estampa en el paso fronterizo correspondiente, para posteriormente solicitar una residencia temporal, que es el primer paso para el proceso de regularización. La respuesta del gobierno fue más dura que la primera vez[4], pues impuso el 22 junio de 2019 la Visa Consular de Turismo, una semana después de que el Gobierno de Perú anunciara la misma medida. La exigencia de esta visa fue inmediata, lo que generó que todos aquellos que estaban en camino hacia Chile o listos para cruzar por el paso de Chacalluta en el norte del país, se quedaran sin poder ingresar. Esto derivó en que cerca de 500 personas quedaran varadas en la frontera de Perú y Chile.

El argumento dado para establecer este requisito fue que el ingreso como turistas debía ser sólo para quienes fueran realmente turistas, argumento bastante espurio ya que el resto de los extranjeros que desean quedarse en Chile continúan ingresando como turistas y luego solicitan un cambio de visa a través del Departamento de Extranjería. Además, ¿quién podría pensar que la mayoría de personas venezolanas que buscan ingresar a Chile lo hacen con un objetivo turístico? La motivación de esta medida, por tanto, era contar con un mecanismo administrativo para frenar el ingreso de quienes se habían vuelto indeseables a los ojos del Estado chileno. Aquellos que pudieran acreditar recursos para mantenerse como turistas, podrían ingresar; a quienes buscaran en cambio una oportunidad para quedarse en el país solos o junto a sus familias, la puerta se les cerraba sin contemplación. Los datos analizados por el Servicio Jesuita a Migrantes por medio de información solicitada por Ley de Transparencia a la Subsecretaría de RREE, reflejan esta nueva gobernanza migratoria. Al 31 de noviembre de 2020 se habían solicitado 44.785 VCT, sin embargo, sólo el 15,5% habían sido otorgadas (con proceso cerrado o en espera), el 1,6% se encontraba sin resolver y 37.093, esto es el 82,8% habían sido rechazadas.

La última vía de ingreso regular para una persona venezolana es solicitar refugio. El reconocimiento que hace el Estado de Chile al estatus de refugiado ha sido históricamente bajo, pero en los últimos años se volvió casi inexistente. Diversos organismos internacionales y de DDHH han reconocido la crítica situación por la que atraviesa Venezuela y la necesidad de aplicar los criterios de la Convención de Cartagena (1984) que son más amplios que los criterios establecidos por la Convención de Ginebra. La Convención de Cartagena establece la necesidad de reconocer la condición de refugiado a quienes hayan huido debido a que su vida, seguridad o libertad se encuentra bajo amenaza producto de “la violencia generalizada, la agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público” (Convención de Cartagena, 1984). Sin embargo, Chile simplemente cerró las puertas a esta figura. El primer semestre de 2020 hubo 432 solicitudes de refugio, y 7 personas fueron reconocidas por el Estado de Chile como refugiadas.

Este escenario hace virtualmente imposible que una persona o un grupo familiar proveniente de Venezuela pueda ingresar a Chile de manera regular. El problema es la falta de comprensión de la realidad que enfrentan las personas venezolanas, materializada en su desesperación por intentar ingresar al país, a la cual el gobierno ha respondido con medidas de clausura y un consecuente reforzamiento de la seguridad en las fronteras. La crisis humanitaria por la que atraviesan las y los venezolanos fue reconocida por el propio Presidente hace unos años cuando decidió viajar a Cúcuta[5]. Sin embargo, la política interna se ha mostrado indolente frente a esta crisis, construyendo además discursos que criminalizan y estigmatizan las únicas formas de ingreso que quedan disponibles. Es que en materia migratoria no hay visa ni muros ni fuerza militar que pueda detener el movimiento de personas en busca de una esperanza. Esto es precisamente lo que no se ha entendido: la necesidad de poner como eje central la crítica situación que enfrentan y disponer de mecanismos que contribuyan a su inserción e inclusión social y laboral. Según información de la PDI, solicitada por Ley de Transparencia desde el SJM, si en 2019 nueve personas venezolanas ingresaron por paso no habilitado, esto aumentó a 3.333 el mismo año, y en 2020 (hasta noviembre), dicha cifra superó los 10 mil.

Criminalizar, expulsar, degradar y amedrentar sólo consigue extender el dolor y la angustia de quienes tuvieron que dejar su país y profundiza el temor a un futuro que se ve cada día más oscuro. Una respuesta política que ponga a la base la protección humanitaria y la dignidad de las personas permite sustentar las decisiones en valores como la solidaridad y el cuidado, valores tan a la baja en estos momentos de crisis. Soluciones existen y están a la mano. Brasil ha aplicado un criterio colectivo para reconocer y otorgar refugio, Ecuador incrementó de manera importante el reconocimiento de refugio, Argentina ha extendido los criterios de la Visa Mercosur hacia la población venezolana, Colombia ha impulsado medidas para entregar permisos temporales a quienes no cuentan con documentos. Si bien no hay todavía soluciones perfectas, resulta urgente una disposición para avanzar hacia ellas.

Esta columna fue editada por Juan Pablo Rodríguez.

Fuente: CiperChile

NOTAS Y REFERENCIAS

[1] Este informe se realizó en base a la revisión de recortes de prensa y entrevistas a actores claves e informantes calificados en Colchane e Iquique, realizados en el contexto de este proyecto. Las organizaciones consultadas fueron: Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Fundación Superación de la Pobreza (FUSUPO), funcionario de la Municipalidad de Iquique, Funcionario del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH-Tarapacá).

[2] Uno de los problemas que enfrenta la población venezolana es la dificultad de regularizar y asentarse en los distintos países de la región. La pandemia generó graves problemas en Ecuador y Peru, países con alta población venezolana, por lo que muchos venezolanos que residían allí decidieron migrar a un segundo o tercer lugar, alargando y haciendo más complejas sus trayectorias migratorias.

[3] La migración venezolana se ha abordado a través de medidas adhoc vía decretos presidenciales inspirados en una aproximación securitista y de cierre de fronteras que ha mantenido el actual gobierno.  Si bien es esperable que una crisis como ésta requiera de medidas especiales, el problema es que estas están más centradas en dificultar el ingreso que en dar seguridad frente a las múltiples vulnerabilidades que enfrentan.

[4] Correspondiente a las medidas migratorias tomadas por el gobierno en abril del 2018 mediante decretos, bajo la retórica de “ordenar la casa”, periodo en que se anunció la implementación de la visa de turismo para personas provenientes de Haití y de responsabilidad democrática para personas provenientes de Venezuela.

[5] CNN Chile, 22 de febrero del 2019. «Piñera en Cúcuta: ‘Nuestra presencia es para solidarizar con la lucha del pueblo venezolano por recuperar su democracia'»


domingo, 27 de diciembre de 2020

Internacional: Mueren asesinados 59 periodistas en 2020, 22 de ellos en América Latina

 En la última década fueron muertos cerca de 900 trabajadores de los medios de comunicación en el mundo. La agencia de la ONU que registra estos crímenes destaca la fragilidad de la libertad de prensa en el contexto de la pandemia de COVID-19, precisamente cuando el periodismo es más relevante para la protección de los derechos humanos.


La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó este miércoles que el 2020 registró un total de 59 periodistas asesinados, cuatro de ellos mujeres. América Latina y Asia Pacífico fueron las regiones más letales para esos profesionales, con 22 informadores abatidos en cada una. Los países árabes sumaron nueve asesinatos y África seis.

De acuerdo con los datos de la UNESCO, durante los últimos diez años 888 periodistas y trabajadores de medios, es decir uno cada cuatro días, fueron abatidos por desempeñar su trabajo de informar al público.

Estos crímenes se siguen cometiendo con gran impunidad, según consta en el informe sobre la seguridad de los periodistas publicado en noviembre por la agencia de la ONU, que muestra que en 2020 no hubo ninguna consecuencia en el 87% de los casos.

Los embates impunes contra los comunicadores debilitan la libertad de prensa en una coyuntura histórica que hace particularmente importante la información veraz, advirtió la directora general de la UNESCO.

Pandemia, la “tormenta perfecta” contra el periodismo

“En 2020 hemos sido testigos de la relevancia del periodismo para nuestras democracias y para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sido ´la tormenta perfecta´ que ha afectado a la libertad de prensa en todas partes”, dijo Audrey Azoulay.

La crisis desatada por el COVID-19 ha llegado a amenazar la supervivencia de los medios de comunicación, que han perdido sus ingresos por publicidad, dando lugar a un entorno aún más precario para sus trabajadores.

Por si esto fuera poco, la legislación de emergencia y las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus han servido de coartada en muchos países para restringir la libertad de expresión y de prensa.

En este marco muchos periodistas han sido penalizados por denunciar fallas en la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades. Estas condiciones hacen temer que la profesión periodística desaparezca.

Bien público

“Frente al inicio del año nuevo, llamo al mundo a defender la información como un bien público. Proteger el periodismo es proteger la verdad”, enfatizó Azoulay ante este panorama.

El mes pasado, la UNESCO echó a andar una campaña mundial de concientización de la importancia de la seguridad de los periodistas, cuyo lema es precisamente “Protege el periodismo. Protege la verdad”.

 Además de los asesinatos, el organismo destacó el aumento del acoso y los ataques a los profesionales de la información en el contexto de la pandemia. Citó, por ejemplo, las agresiones que sufrieron durante la cobertura de las manifestaciones de protesta, como ocurrió en el caso de las movilizaciones de Black Lives Matter.

Detalló que en el primer semestre del año los trabajadores de la prensa fueron agredidos o detenidos en 125 protestas realizadas en 65 países. La UNESCO agregó que estos incidentes aumentaron en la segunda mitad de 2020.

Las periodistas: doble blanco de ataques

En un comunicado, la agencia se refirió con gran preocupación a las periodistas, quienes suelen ser doble objetivo de ataques: por su profesión y por su género. Especificó que estas profesionales padecen en especial acoso y violencia de género en línea.

Una encuesta mundial sobre el tema realizada en octubre indicó que el 73% de las periodistas participantes habían experimentados violencia en línea y el 20% afirmó que a esas agresiones siguieron otros abusos o ataques presenciales.

Como parte de su compromiso de concienciar sobre el papel de la información como bien público, la UNESCO promueve la transparencia en las plataformas de internet con el propósito de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos a desafíos como la desinformación y el discurso del odio. También aboga por un pensamiento crítico y un panorama mediático plural.

Fuente: Noticias ONU

domingo, 1 de noviembre de 2020

Reanudación del Trabajo y la Producción basada en la Economía Digital: La experiencia de China contra la Pandemia

Artículo opinión para el 

I SEMINARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Autor: Pan Deng 


La pandemia del COVID-19 está muy extendida en todo el mundo, lo que representa una grave amenaza para el desarrollo económico y social a la vida normal de las personas. Como el primer país del mundo que enfrentó el coronavirus, China ha experimentado colosales pruebas y presión de la opinión pública.

Cuando la campaña contra el virus en China estaba en el momento más tenso y difícil, muchos países latinoamericanos nos expresaron su apoyo a través de notas diplomáticas, llamadas telefónicas de líderes políticos, así como donaciones por parte de gobiernos y civiles. También confirmaron los esfuerzos del gobierno chino en la lucha contra la pandemia y expresaron reiteradamente su oposición contra la discriminación a los ciudadanos chinos. La Unión de Estudiantes Peruanos en China envió sus videos de condolencias a la División Iberoamericana de la Asociación de Exalumnos Retornados del Extranjero. El ilustrador peruano Vianhue también dibujó caricaturas en las que la gente de todos los países se preocupaba por China y la ciudad de Wuhan. Nuestra asociación remitió inmediatamente este valioso apoyo a todos sus miembros a través de nuestro sitio web oficial y al mayor número posible de chinos que están superando dificultades a través de las estaciones nacionales de radio y televisión.

Aunque la prevención de la epidemia en algunos países y regiones está relativamente bajo control, el virus sigue extendiéndose y arrasando por todo el mundo y el shock que genera ha retrasado los campos políticos, económicos y sociales. América Latina se ha convertido reiteradamente en la zona más afectada y todavía no hay un "punto de inflexión" a la vista. La nación china aprecia mucho la gratitud y siempre recordaremos el valioso apoyo brindado por los hermanos y hermanas latinoamericanos en tiempos difíciles. La nación china enfatiza la sinceridad. Cuando los amigos se encuentran en dificultades, sin duda nos echaremos una mano. Ya en abril de este año, a petición del lado peruano, China envió un grupo de expertos médicos anti-epidémicos al Perú, uno de los dos únicos grupos de expertos en América Latina. Hoy día, la primera vacuna contra el COVID-19 del mundo que ha sido desarrollado por China también ha entrado en ensayos clínicos fase III en Perú. Se espera que los peruanos y los chinos compartan al mismo tiempo la restauración de la salud, ciencia y tecnología. Estos son sólo dos ejemplos de China y América Latina ayudándose mutuamente en la lucha contra la pandemia y también explican el verdadero significado de una comunidad con futuro compartido.

Hoy, el Dr. CARLOS TELLO MALPARTIDA y el Sra. Magister LUZ CASTAÑEDA PÉREZ me invitaron a compartir con los presentes la experiencia de China en el uso de la economía digital para luchar contra la epidemia y reanudar la producción. Aunque no soy un experto en este campo y también sé que lo que un país hace no debe y no puede replicarse en otro, como un observador, sólo quiero dar información a mis compañeros basado en los sucesos a mi alrededor, combinadas con mis sencillas ideas.


Estimadas académicas y académicos, profesoras y profesores,

La evolución de la historia mundial desde la revolución industrial en el siglo XVIII ha demostrado que cada revolución tecnológica y transformación industrial tendrá un gran impacto en la división internacional del trabajo y las relaciones internacionales de producción, se convertirá en la fuerza impulsora central de la política económica mundial y el desarrollo social.

En los últimos cinco a diez años, una nueva generación de tecnologías de la información ha profundizado en diversos campos del desarrollo económico y social de manera extensa y profunda, especialmente en las áreas de inteligencia artificial, información cuántica, comunicación móvil, Internet de las cosas, blockchain, etc, y también ha impulsado el rápido desarrollo de la economía digital. Están surgiendo nuevas tecnologías, nuevas industrias, nuevos formatos y nuevos modelos, lo que hace que el mapa de innovación global y la estructura económica mundial sean reconstruidos, y la estructura de distribución internacional de la productividad esté experimentando los cambios más significativos desde la Segunda 

Para la Cumbre de Líderes del APEC del año pasado, más de 20.000 representantes de diversos países e instituciones se prepararon para  debatir temas como la economía digital junto con los líderes de los países miembros. Por invitación de un periódico local, escribí un artículo titulado APEC y China, Chile y el futuro. En la tercera parte del artículo, escribí sobre la construcción de la conectividad regional a través del desarrollo de la economía digital, y sobre esta base, la integración de cadenas de suministro, cadenas industriales, cadenas de valor y cadenas de ventas con el fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en los países afectados. Aunque la reunión fue finalmente cancelada, este artículo fue publicado después de una breve modificación en la revista PUNTO.CN. El contenido de esta parte se ha conservado por completo. Los compañeros interesados pueden consultarlo.

Debido a que solamente en pocas regiones están en curso la investigación y el desarrollo de las tecnologías de la información de nueva generación y el cultivo de la economía digital, hay países que son buenos en la observación y el aprendizaje pero que no son capaces de gestionar de forma independiente, por lo que estos países se han dado cuenta de su importancia y han lanzado sus propias estrategias nacionales de información y comunicación. Sin embargo, con la excepción de algunos políticos y profesionales con visión más profunda, la mayoría de ellos todavía carecen de un profundo entendimiento de esto, por lo que son incapaces de conocer las necesidades reales de su país para la nueva generación de tecnologías digitales y de comunicación (TICs). Esta situación epidémica nos proporciona una escena para el pensamiento en profundidad y el diseño a largo plazo.

Por ejemplo, en las zonas en las que han aparecido personas infectadas, pero que la transmisión comunitaria aún no se ha producido, la investigación epidemiológica debe llevarse a tiempo, es decir, detectar "el infectado previo" y "el infectado derivado" de cada persona infectada y deben determinarse rápidamente para intervenir rápidamente en la cadena de transmisión entre casos. Sobre esta base, se deben rastrear y gestionar los contactos cercanos en esta cadena, lo cual es muy importante para evitar la propagación de la epidemia en la medida de lo posible. La reanudación del trabajo y la producción inevitablemente traerá el flujo de personas a gran escala, lo que también hace posible que todos los pacientes que no producen anticuerpos se vuelvan susceptibles a la infección mientras haya una persona infectada.

Por lo tanto, es muy importante identificar, rastrear y gestionar con precisión a los pacientes confirmados, pacientes sospechosos y portadores de virus asintomáticos infectados con coronavirus y sus contactos cercanos. En áreas de China, se promovió el uso de plataformas de información como el código de salud personal. Los residentes solicitan códigos de salud electrónica a través de la plataforma en línea para obtener permisos de viaje y reanudación del trabajo etc. Los departamentos gubernamentales correspondientes, los empleadores y las residencias comunitarias evalúan exhaustivamente los niveles de riesgo de salud individual para lograr la certificación de salud en períodos especiales.

Según mi observación, los gobiernos locales siempre destacan el apoyo de las tecnologías en la información y confían en la ciencia para la prevención y el control de las pandemias. Específicamente, se refleja por lo menos en los siguientes cinco aspectos.

1. Apoyar el uso del Internet, big data, computación en la nube, inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías para el monitoreo y análisis de la situación epidémica, rastreo del origen del virus, ubicación de pacientes, de movimiento de personal y de gestión comunitaria para llevar a cabo la prevención y el control científico y preciso de la epidemia.

2. Apoyarse en la plataforma de Internet para llevar a cabo el acoplamiento preciso de la oferta y la demanda de materiales médicos de prevención epidémica, así como la producción eficiente, la coordinación integral y la gestión de la recolección.

3. Organizar empresas de tecnología informática e instituciones de investigación científica médica para buscar de manera combinada la solución a problemas clave, y utilizar inteligencia artificial, big data, informatización y otras tecnologías para acelerar la velocidad de detección y diagnóstico del virus, así como la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, la prevención, control y tratamiento, es decir, “eficientar” la lucha contra la epidemia.

4. Guiar a las empresas para fortalecer su capacidad de utilización de Internet, hacer uso completo de los recursos de prevención y control de la epidemia y herramientas informáticas en línea, y establecer un sistema de administración para la prevención y el control en conjunto en línea y fuera de conexión.

5. Apoyar y mejorar el servicio minorista en línea y el sistema de distribución de logística durante la epidemia, fortalecer el desarrollo de productos y servicios culturales digitales en diversos campos como libros, cine, televisión, juegos electrónicos, y formar un modelo rico y diversificado de compras y entretenimiento "sin contacto" para garantizar la demanda de productos de primera necesidad en la vida del pueblo y satisfacer sus necesidades espirituales.


Señoras y Señores,

Hace medio año, durante el momento más difícil, dejé la capital donde vivía habitualmente y regresé a mi ciudad natal a más de 1.000 kilómetros de distancia para acompañar a mis padres y a mi abuela, desde donde pude llevar a cabo la investigación del proyecto con mi equipo a través de Internet, realizar videoconferencias con mis colegas de todo el mundo a través de teléfonos móviles, enseñar clases a estudiantes de todo el país a través del sistema desarrollado por la escuela, guiar sus papeles, comprar materiales y enviar y recibir documentos a través de supermercados en línea y entrega exprés. Al mismo tiempo, he estado viviendo con mis familiares mayores durante casi medio año. Esta es una experiencia que no me esperaba después de salir de casa a la universidad hace más de 20 años y que probablemente no se pueda repetir en el futuro. Considero esos días como los más inolvidables y cálidos en mi vida.

No lo supe hasta que me reuní con mis compañeros de clase en mi ciudad natal después del brote. Durante ese tiempo, además de la mayoría del personal médico y de los servidores públicos de base, los empleados de la industria de la comunicación siempre se apegaron a sus puestos. Respondieron de manera proactiva y oportuna a los problemas relativos a su materia remitidos por el servicio al cliente, los medios e Internet, e hicieron todo lo posible para realizar el trabajo de la construcción y mantenimiento. Despacharon de manera oportuna las necesidades de los servicios de red de banda ancha, optimizaron y actualizaron las redes de banda ancha y mantuvieron la fluidez de los canales para consultas comerciales, servicios y reclamaciones. Es necesario aplicar las medidas de garantía específicas para el área de cobertura de la red donde el personal no puede salir debido al confinamiento en la situación epidémica, a fin de proporcionar un entorno de red seguro y estable para la vida cotidiana de las masas populares y la reanudación del trabajo y la producción de las empresas.

Desde esta perspectiva, los medios digitales han desempeñado un papel fundamental en el apoyo y salvaguarda del sustento básico de la gente cuando luchan contra la epidemia en China. Por supuesto, esto se debe al hecho de que aproximadamente en la última década, el gobierno chino ha otorgado gran importancia a las tecnologías de la información y la comunicación, la continua inversión e innovación de las empresas locales en este campo y la aplicación de tecnologías conexas se han popularizado y penetrado en la vida cotidiana de los ciudadanos. Aunque la comunicación entre personas se bloqueó durante la epidemia COVID-19, el buen funcionamiento de la plataforma de información garantizaba el flujo constante de capital, tecnología e información, y también garantizaba que cierta logística pudiera llevarse a cabo sin contacto.

Sin embargo, en la etapa temprana de la epidemia, se expusieron algunos problemas con gran margen de mejora. Por ejemplo, campos de salud pública, como la detección de virus y la telemedicina, campos de seguridad pública como el monitoreo comunitario y herramientas de gobernanza multisocial como drones, plataformas de análisis de datos, inteligencia artificial, 5G y robots de respuesta a desastres públicos.

Algunas escuelas tienen deficiencia con la educación a distancia. Algunas empresas fallan con el teletrabajo, las ventas en línea, la logística y la distribución, por lo que también han aumentado las pérdidas causadas por la epidemia. Mientras tanto, las barreras sociales y las molestias laborales y de consumo causadas por la política de aislamiento de la gente también han cambiado la percepción de la gente hacia la nueva generación de dispositivos móviles.

De hecho, estos problemas se reflejan en varios países a diversos grados, pero sólo porque la tecnología de la información de China tomó forma antes de la epidemia y la economía digital formó un marco básico, es que se pudo llenar rápidamente las deficiencias necesarias, lo que ayudó a generar una victoria rápida por fases y permitió en poco tiempo la entrada de producción en el ciclo de recuperación.


Mis sabios colegas,

Fue durante ese tiempo cuando las actividades sociales se redujeron debido a la epidemia que se me dio la oportunidad de pensar como un académico jurídico. Anteriormente, ya fuera en Europa, Estados Unidos, China y otras partes, las élites sociales, especialmente las de la comunidad de ciencia jurídica, discutían la generación de nuevas tecnologías digitales y de comunicación, que se centraban principalmente en la "conveniencia" o los "derechos humanos". Con la llegada del COVID-19, descubrieron que la tecnología digital y de comunicación ya no es un problema de "bueno o malo", sino un problema de "garantía básica". Porque otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho al ocio y a socializar, ya no pueden ejercerse sin el apoyo de las TICs.

Para el gobierno, la infraestructura tradicional, como el transporte urbano, el transporte transfronterizo, la logística o la energía se han vuelto inflexibles debido a la falta de infraestructura TIC. Con la activación de las TICs, el consumo, el transporte, la conectividad y los servicios públicos pueden fluir en función de la infraestructura tradicional. En la era digital, la infraestructura de las TICs es el elemento principal de la integración del sistema económico en un país o una región.

Por esta razón, es necesario que los colegas que tienen cierta influencia en las políticas públicas de varios países reflexionemos sobre si nuestras respectivas regiones han hecho realmente progresos necesarios en el desarrollo de la infraestructura digital en las últimas décadas. ¿Puede la disposición de la infraestructura digital permitir a nuestro país afrontar el próximo reto como el del "SARS-CoV-2"? Bajo el contexto de que el mundo ha entrado en la era 5G, ¿deberían los países relativamente subdesarrollados seguir posicionándose como receptores graduales de la transferencia de nuevas tecnologías o deberían introducir directamente las últimas tecnologías para ponerse al día con la tendencia de los tiempos?

Es necesario compartir con ustedes que China ya ha respondido positivamente a los problemas antes mencionados disipando la neblina del COVID-19. Ya el 6 de marzo, el Ministerio de Industria e Información de China celebró una reunión especial para "Acelerar la construcción de nuevas infraestructuras". En la realidad, las decisiones de más alto nivel se habían tomado días antes.

Desde el punto de vista tradicional, la "infraestructura" se refiere principalmente a instalaciones de ingeniería que proporcionan servicios públicos para la producción social y la vida de los residentes, es un sistema de servicio público utilizado para garantizar el normal desarrollo de las actividades sociales y económicas en un país o región, y es la base material para la supervivencia y desarrollo de la sociedad. La nueva infraestructura proporcionada por el departamento autorizado actualmente incluye tres aspectos:

En primer lugar, la infraestructura de la información. Se refiere principalmente a la infraestructura generada con base a la evolución de la tecnología y la información de nueva generación, como por ejemplo, la infraestructura de redes de comunicación representada por el 5G, Internet de las cosas, Internet industrial e Internet satelital, la nueva infraestructura tecnológica representada por la inteligencia artificial, la computación en la nube y blockchain, y la infraestructura de energía informática representada por el centro de datos y el centro de computación inteligente.

En segundo lugar, la infraestructura convergente. Se refiere principalmente a la infraestructura convergente formada por tecnologías aplicadas como Internet, big data e inteligencia artificial para apoyar la transformación y mejora de la infraestructura tradicional, como la infraestructura de transporte inteligente y la infraestructura de energía inteligente.

En tercer lugar, la infraestructura de innovación. Se refiere principalmente a la infraestructura con atributos de bienestar público que apoya la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de productos, como la infraestructura científica y tecnológica, la infraestructura científica y educativa y la infraestructura de innovación en tecnología industrial.

Cabe destacar que con la revolución tecnológica y la transformación industrial, la vinculación y ampliación de nuevas infraestructuras no son estáticas.


Distinguidos y queridos asistentes en el público,

Desde una perspectiva integral, el estallido de la epidemia COVID-19 constituyó tanto un "impacto" como un "estímulo" para el desarrollo de las economías digitales en diversos países. Entre ellos, los sectores que tienen un alto grado de integración en línea y fuera de conexión y que tienen que completar transacciones en ciclo cerrado a través del mercado fuera de conexión se han visto muy afectados. Sin embargo, esta parte de la oferta y la demanda aún existe, y repuntará fortalecida después del brote. En aquellas áreas donde las actividades en línea puedan reemplazar con facilidad a las fuera de conexión, la aparición de la epidemia las ha estimulado a desarrollarse en contra corriente. 

El beneficio más favorable es que la epidemia ha permitido a los usuarios incrementar los hábitos de consumo en línea. A medida que avanza la lucha contra la epidemia, la dependencia de la gente al Internet para satisfacer sus necesidades de relaciones sociales, de información, ocio, compras y otras necesidades de la vida cotidiana se ha consolidado y la demanda de comercio electrónico como servicio de vida diaria, educación en línea, servicio médico en línea y otros servicios han aumentado significativamente, y sus usuarios se propagan e infiltran gradualmente a residentes en ciudades no tan principales, a grupos de personas de mediana edad, ancianos y otros grupos. 

La digitalización de diversos sectores y el desarrollo de Internet a gran escala se enfrentan a nuevas oportunidades. El papel del internet a gran escala en la gestión de emergencias sociales se tornó relevante por completo durante el período anti epidémico, mejorando en gran medida la conciencia del gobierno y de las empresas sobre el mismo. Por tanto, la digitalización de diversas industrias y el desarrollo de la Internet industrial se enfrentan a nuevas oportunidades.

Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Tecnología Informática de mi Gobierno ha solicitado claramente el apoyo a la transformación digital de las empresas, la profundización de la aplicación de nuevas tecnologías como Internet industrial, software industrial (APP industrial), inteligencia artificial y la promoción de nuevos modelos y nuevas formas de producción como "Innovación y Desarrollo (I+D)" coordinada, producción robótica, operaciones remotas y servicios en línea. Se consolidarán aún más las políticas orientadas a la transformación digital empresarial y el desarrollo de Internet industrial.

Seguro que, al igual que en China, después del principio del período especial de "anti-epidemia", el rápido desarrollo de la economía digital en diversos países enfrentará nuevas oportunidades. Para aprovechar estas nuevas oportunidades a tiempo y convertirlas en una verdadera fuerza impulsora para el desarrollo acelerado de la economía digital, es necesario fortalecer la orientación de las políticas y la garantía de los mecanismos.

Como una persona ordinaria que se preocupa y ama profundamente a América Latina en el otro lado del mundo, puedo darme cuenta de que muchos países de América del Sur son países basados en recursos naturales y todavía están en proceso de industrialización. Muchos países son ricos en recursos naturales, pero sus cualidades están relativamente concentradas, por lo que no pueden formar una cadena industrial completa en un distrito o un país, por lo que pueden caer fácilmente en el extraño círculo de "la maldición de recursos". Sin embargo, desde la perspectiva de toda la región latinoamericana, los países tienen grandes diferencias en las reservas naturales, la fuerza laboral fuerte y el enorme potencial de consumo. Si podemos atravesar la cadena de producción y la cadena de consumo de los países nacionales y vecinos y toda la región a través de la nueva generación de TIC, y recopilar, procesar y analizar todos los elementos a través de las TIC, podemos planificar, gestionar y desarrollar mejor la economía regional desde la base de recursos hasta la producción, y convertir la "región esperanzadora" en la "región próspera".

Por supuesto, su significado no se limita en absoluto a esto. Una América Latina próspera puede deshacerse eficazmente de la dependencia externa y emprender el camino del desarrollo económico independiente y dar pleno juego a sus ventajas generales para llevar a cabo una cooperación económica y comercial igual con otras economías importantes del mundo. Esto hará que los países latinoamericanos se deshagan de su posición irrazonable en la división internacional del sistema laboral que ha tenido durante mucho tiempo, y hará que el desarrollo económico sea más fácil de resistir el impacto de las fluctuaciones cíclicas de la economía global.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló en un informe en el primer semestre de este año que "esta pandemia dará lugar a cambios duraderos en América Latina. Algunas empresas ya están ajustando su negocio para acelerar el desarrollo de la automatización y la digitalización. Considero esta información como una señal auspiciante, y también estoy muy feliz con su práctica de tener más empresarios y que la orientación del estímulo preferencial del gobierno para la transformación económica se dirija al propio país.

Además, lo que quiero decir es que aunque muchos países de América Latina han publicado su propia política nacional sobre la nueva generación de tecnologías de la información y la comunicación mucho antes de la epidemia, aún necesitan continuar promoviendo la innovación de mecanismos favorables al desarrollo de la economía digital. Promover el desarrollo de la economía digital no solo debe centrarse en el impacto a corto plazo de responder a la embestida de la epidemia, sino también debe ponerse a la altura estratégica para llevar a cabo la orientación de políticas y el diseño de mecanismos con el fin de adaptarse a las tendencias de la transformación y las olas industriales causadas por la nueva ronda de la revolución tecnológica. 

Por un lado, hay que perfeccionar e implementar seriamente las políticas y mecanismos relacionados con el desarrollo de la economía digital previamente lanzadas, y en particular, hay que prestar mucha atención a la promoción acelerada de la formulación y perfeccionamiento de reglas detalladas en apoyo para su implementación.

Por otro lado, es necesario continuar promoviendo la innovación en la supervisión de la economía digital y fortalecer la supervisión durante y después de su uso a través de la realización de modelos innovadores como "supervisión del Internet +" y supervisión diferenciada basada en la credibilidad. Para un campo que carece tanto de experiencia para seguir como de infinitas posibilidades, la innovación de la economía digital requiere un mecanismo de corrección de errores, pero también de tolerancia a las fallas.


Mis hermanas y hermanos peruanos y latinoamericanos,

Curiosamente, la China actual y América Latina están trabajando juntos para hacer frente al COVID-19 completamente desconocido, después nos enfrentaremos a la era igualmente desconocida de la economía digital. Si la primera es disipar la neblina y crear una comunidad de vida y salud, la segunda es dar bienvenida a la comunidad del bien vivir. Estas dos tareas nos hacen sentir que nosotros y las personas de todo el mundo estamos interrelacionados y somos interdependientes. Tenemos que abandonar el debate ideológico, cruzar la trampa del choque de civilizaciones, respetar la ciencia, respetar la ley del desarrollo social, respetar el camino del desarrollo y el modo elegido independientemente por cada país, y lograr una cooperación beneficiosa bajo el concepto de una gran familia.

Me tomo la libertad de ocupar el valioso tiempo de mis compañeros y escucharme, a un chino común y corriente que no tiene antecedentes en economía ni tecnología de la información, para compartir con ustedes mis ideas sobre este tema. Sólo soy un investigador ordinario que se preocupa por América Latina. Por lo tanto, si hay algún error en mi discurso de hoy, espero que mis colegas sean tolerantes y comprendan algunas declaraciones ambiguas de buena fe.

En China, la comunidad de chinos que se preocupan por América Latina es cada vez más grande. Por ejemplo, la División Iberoamericana de la Asociación de Exalumnos Retornados del Extranjero, de la cual soy miembro, tiene más de 500 miembros solo en Beijing. Entre ellos se encuentran ex diplomáticos en América Latina jubilados y empleados que utilizan el español como idioma de trabajo en varios puestos. También hay algunos estudiantes que son licenciados de filología hispánica y están estudiando para obtener otro grado, por ejemplo, derecho, ciencias políticas o periodismo. Somos muy conscientes de que "Si China logra un buen desarrollo, América Latina también, y viceversa". Representamos la amistad entre China y América Latina que ha perdurado durante generaciones ayer, hoy y mañana. Por lo tanto, los tratamos sinceramente como nuestros hermanos y hermanas.

Hoy es un día especial en la hora de Beijing. Hace sesenta años, China estableció relaciones diplomáticas por primera vez con un país latinoamericano, abriendo una era de intercambios integrales entre China y América Latina. Algunos de nosotros asistiremos a una fiesta esta noche para conmemorar solemnemente este gran día. El mes que viene, nuestra División celebrará de nuevo su 25 cumpleaños. Me gustaría presentarles a vuestros hermanos y hermanas chinos en el futuro, a fin de ampliar nuestras vías de comunicación integrales.

Esperamos que se encuentren bien y con salud.