Un señor delegado presidencial en la "Macrozona Sur", Cristián Barra, que ha brillado por su ausencia y previamente por su inutilidad en los cargos que ha ocupado en las administraciones piñeristas, trata ahora de "instalarse", como se dice ahora, con una declaraciones irresponsables contra las Fuerzas Armadas. Las acusa de "falta voluntad" en La Araucanía: "Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera".
Que una autoridad nombrada por el presidente, aunque en un cargo un tanto etéreo, haga declaraciones contra la institucionalidad vigente de manera tan irresponsable, y en un tema tan delicado, es simplemente insólito. Si las fuerzas de la Defensa Nacional no intervienen en materias de orden público, de no mediar determinados estados de excepción y no de cualquier manera cuando estos se declaran, es porque la propia constitución de 1980 se lo impide.
En la derecha se está incubando una respuesta a su incapacidad de gobernar y al desquiciamiento policial creciente instando a recurrir a la represión al margen de la ley, como si la historia reciente del país no tuviera suficiente de esa criminal y a la postre inútil medicina propia de los regímenes autoritarios y de las mentes obtusas y violentas. Un señor González, ex comandante en jefe de la Armada, de paso no muy brillante por el servicio, se ha permitido incluso decir que "si usted diera luz verde a las Fuerzas Armadas para que controláramos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas", refiriéndose al conflicto en la zona de la Araucanía.
Esta fanfarronería de sherif del condado debe ser contrastada con la actitud que ex altos mandos del Ejército han manifestado públicamente con cordura al subrayar que la intervención de las FF.AA. terminaría agravando el problema. Por mi parte, sostengo que, entre otras cosas, terminaría dándole legitimidad a las minorías que actúan con violencia frente a un problema que se arrastra por 500 años y que requiere de una solución política, como la que han construido países como Canadá, Australia o Nueva Zelandia.
El señor Barra y el señor González debieran tener un mínimo de lucidez y tomar conciencia que los problemas sociales y políticos no se resuelven a patadas en el mundo de hoy (como lo hicieron efectivamente sus antecesores de manera sangrienta en 1973, provocando una herida en la historia de Chile que no termina de cerrar), y menos una reivindicación histórica como la que nace del despojo alevoso de las tierras del pueblo mapuche, por mucho que volver cinco siglos atrás o tres siglo atrás o un siglo y medio atrás sea difícil. Pero para eso está la política, para resolver problemas. Y sobre todo cabe recordar como terminó el régimen dictatorial de las FF.AA.: con tres años de protestas populares entre 1983 y 1986 que los mandos militares no pudieron controlar, a pesar de los centenares de asesinados, de los quemados y de los encarcelados y torturados. Aunque el régimen disponía de todo el poder de fuego imaginable, dirigido por un dictador sin escrúpulos, tuvo que dar paso, así y todo, al fin pactado de una dictadura que ya no podía sostenerse en momentos en que se aproximaba el fin de la guerra fría.
El intento del gobierno de Piñera de autorizar que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales al margen de todo estado de excepción, contradice radicalmente el camino emprendido desde 1990. Este sitúa a las Fuerzas Armadas en tareas de defensa nacional y de eventual apoyo a otras tareas del Estado, pero solo en situaciones de excepción que requieran su concurso, debidamente autorizadas por el parlamento. La reforma constitucional presentada por el gobierno, en nombre de un supuesto resguardo de la "infraestructura crítica" pero en realidad como respuesta a la rebelión social de octubre de 2019, fue aprobada en el Senado por la derecha con el apoyo de la mayoría de los senadores DC y PPD. Esta grave regresión para la democracia no obtuvo, en buena hora, un quórum suficiente en la Cámara de Diputados. Pero el gobierno insiste en querer arrastrar a las Fuerzas Armadas a un conflicto civil de orden social y político, del que definitivamente no deben participar. A Sebastián Piñera, si algo tiene de hombre de Estado, solo le cabe destituir al señor Barra. Y desistir en lo que le queda de gobierno de sus intentos de refugiarse detrás de las Fuerzas Armadas ante su incapacidad para resolver los problemas del país.
Entretanto, el ministro de Defensa Baldo Prokurica ha hecho una declaración más bien sensata, que indica el camino a seguir con lógica republicana: "nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las FF.AA. tienen un rol definido durante el Estado de Excepción, al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías”.
Post Data: se ha anunciado que le han "aceptado la renuncia" a Barra. Menos mal.
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