EE. UU. se reincorporará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en enero

Está previsto que Estados Unidos regrese al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en enero, después de que la antigua Administración Trump se retirara del controvertido organismo en 2018.

"Trabajaremos duro para asegurarnos de que el consejo defienda sus más altas aspiraciones y apoye mejor a quienes luchan contra la injusticia y la tiranía en todo el mundo", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado después de la votación del jueves. “El camino hacia la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales estará lleno de desafíos”.

Washington obtuvo 168 votos a favor, mucho más de la mayoría simple necesaria de 97. Eritrea, con 144 votos, fue el más bajo entre los 18 nuevos países elegidos para el Consejo.

La enviada de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo que regresar al Consejo cumple con la promesa de campaña del presidente Joe Biden de reunirse con el organismo a fin de garantizar que funcione para cumplir con su mandato.

"Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición, desde la presentación de resoluciones y enmiendas hasta el ejercicio de nuestro voto cuando sea necesario", dijo el embajador Thomas-Greenfield en un comunicado. “Nuestros objetivos son claros: apoyar a los defensores de los derechos humanos y denunciar las violaciones y abusos de los derechos humanos”.

Una de las principales críticas al Consejo de Derechos Humanos es que algunos de esos violadores de derechos son miembros del organismo, una crítica que reconoció el secretario Blinken.

“El consejo proporciona un foro donde podemos tener discusiones abiertas sobre las formas en que nosotros y nuestros socios podemos mejorar”, dijo. "Al mismo tiempo, también adolece de graves defectos, incluida la atención desproporcionada a Israel y la membresía de varios Estados con un historial atroz en derechos humanos".

Blinken dijo que los Estados deben rechazar los intentos de "subvertir los ideales sobre los que se fundó el Consejo de Derechos Humanos".

"Estados Unidos no debería otorgar su legitimidad a un organismo que incluye a perpetradores de abusos contra los derechos humanos como China, Venezuela y Cuba", dijo el senador estadounidense Jim Risch, el miembro republicano de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. "Además, el Consejo continúa gastando de manera desproporcionada la mayor parte de su tiempo y atención persiguiendo a nuestro aliado, Israel".

El enfoque del Consejo en el trato de Israel a los palestinos fue una de las principales razones por las que la administración Trump se retiró en 2018.

Voto incontestado

En total, 18 países se postularon para los 18 escaños disponibles en el Consejo de 47 miembros con sede en Ginebra, lo que hizo que el resultado fuera una conclusión inevitable, lo que generó algunas críticas.

"El hecho de que no exista competencia en la votación del Consejo de Derechos Humanos de este año, convierte en una burla el uso del término 'elección", explicó Louis Charbonneau, director para la ONU de la organización Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés).

Además señaló que "permitir que abusadores seriales de derechos como los Emiratos Árabes Unidos, Camerún y Eritrea se unan al Consejo, para unirse a otros abusadores serios como China y Rusia, envía una señal equivocada sobre el máximo organismo de derechos de la ONU".

Los miembros recién elegidos son: Benin, Gambia, Camerún, Somalia y Eritrea, por África; India, Kazajstán, Malasia, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos; de la región de Asia y el Pacífico; Lituania y Montenegro por Europa del Este; Paraguay, Argentina y Honduras en América Latina y el Caribe; Finlandia, Luxemburgo y Estados Unidos del grupo conocido como Europa Occidental y otros.

La toma de posesión de sus asientos tendrá lugar el 1 de enero de 2022 por períodos de tres años.

Cuerpo imperfecto

Se espera que los países que se unan al Consejo “mantengan los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos” tanto en el país como en el extranjero.

El historial de derechos humanos de Washington también fue objeto de algunas críticas internas.

“La elección incontestada de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos no cambia el hecho de que estamos muy atrasados en nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos”, dijo Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. "Desde poner fin al encarcelamiento masivo hasta desmantelar el racismo sistémico y proteger los derechos de los inmigrantes, la Administración Biden debe tomar medidas audaces para promover los derechos humanos y la justicia racial en el país y en el extranjero".

Fuente: La voz de américa

Migración a Estados Unidos: ¿qué ha cambiado realmente Biden en la frontera con México?

En la campaña electoral, Joe Biden se comprometió a reformar el sistema migratorio estadounidense, "tomando medidas urgentes" para acabar con las políticas de Donald Trump.

Al llegar a la presidencia en enero, el demócrata ordenó la reunificación de los niños migrantes con sus familias, puso fin a la construcción del muro fronterizo y pidió revisar de los programas de inmigración legal cancelados por su predecesor.

Pero a aquellos que buscan ingresar por la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de Biden les pidió paciencia y dijo que su administración necesita tiempo para prepararse para gestionar la llegada de personas.

"No estamos diciendo 'no vengas'", dijo esta semana el principal funcionario de seguridad nacional de Biden, Alejandro Mayorkas. "Estamos diciendo 'no vengas ahora'".

Aquí te presentamos lo que Biden hizo y no hizo hasta ahora y en qué se diferencia de Trump en materia de migración.

Depende de a quién le preguntes, pero los números definitivamente están aumentando. En enero, el mes en el que Biden asumió el cargo, 5.871 niños no acompañados cruzaron la frontera -comparados con los 4.995 de diciembre- según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CPB, por sus siglas en inglés).

Y la CPB informó de un promedio de casi 3.000 arrestos por día en enero, en comparación con menos de 30.000 durante todo un mes el año pasado.

Sin embargo, el gobierno de Biden cuestionó que todavía haya una "crisis" en la frontera.

"La respuesta es no", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a un periodista esta semana. "Creo que hay un desafío en la frontera que estamos manejando", añadió.

Y el repunte sigue siendo modesto en comparación con 2019, cuando los agentes fronterizos retuvieron a más de 76.000 menores no acompañados.

Pero la presión está aumentando en la frontera sur y algunos informes sugieren que las cifras van camino de superar los máximos históricos de ese año.

A puerta cerrada, los comentarios de Mayorkas sugieren que él podría estar de acuerdo con esto.

El mes pasado, dijo a agentes de alto rango en la frontera que "se preparen ahora para las oleadas en la frontera", según los correos electrónicos obtenidos por el diario The Washington Times.

¿Son los niños no acompañados retenidos?

Sí.

Mientras estaba en el cargo, Donald Trump causó indignación por las condiciones dentro de las instalaciones fronterizas que en las que se internan a menores.

Las imágenes del interior de los centros de detención mostraban a niños hacinados en jaulas de metal, otros durmiendo bajo mantas de papel de aluminio.

Algunas de estas instalaciones de la era Trump, ahora renovadas y mejoradas, se están utilizando nuevamente.

Hasta ahora, Biden sigue con la política de emergencia del coronavirus de la era Trump, que permite a las autoridades estadounidenses expulsar a casi todos los inmigrantes indocumentados que buscan ingresar al país, pasando por alto las leyes y protecciones migratorias habituales.

Pero a diferencia de Trump, Biden decidió permitir la entrada de niños y adolescentes migrantes.

En la actualidad, unos 200 niños migrantes cruzan la frontera cada día y miles de menores fueron retenidos en la frontera suroeste del país en las últimas semanas y enviados a centros de detención.

El lunes, Mayorkas dijo que los menores son retenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para "procesarlos" por un máximo de 72 horas.

Luego, los niños son entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) "para atender las necesidades de esos niños", afirmó Mayorkas, incluida la investigación de las familias que albergarán a los niños mientras sus casos son adjudicados a un tribunal de inmigración.

El HHS retiene a niños y adolescentes durante un mes en promedio, detalló.

¿Cuál es la defensa de Biden?

Los grupos de derechos humanos y miembros del propio partido de Biden criticaron la decisión de mantener a los niños bajo la custodia del gobierno durante las semanas o meses que lleva el proceso de selección de las familias de acogida.

Algunos de los críticos de Biden aseguran que el proceso se remonta a las políticas de la era Trump y que el principal cambio es que los niños permanecen detenidos durante menos tiempo bajo el gobierno del presidente Biden.

Mayorkas desentimó las comparaciones con los programas de inmigración de Trump, diciendo que son "absolutamente inexactas" y que su departamento estaba actuando en el "mejor interés" de los niños migrantes.

Pero algunos activistas dicen que, dado que la mayoría de los niños llegan con planes de reunirse con las personas que los van a acoger, generalmente amigos o familiares, deben ser transferidos de inmediato a su guarda.

¿Qué está pasando con el programa Permanece en México?

En el primer día de mandato de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió una polémica política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias de inmigración en Estados Unidos.

Alrededor de 70.000 migrantes se inscribieron en los Protocolos de Protección al Migrante (PPM), conocido informalmente como el programa "Permanecer en México", desde que se puso en práctica en enero de 2019.

El mes pasado, el gobierno de Biden comenzó a procesar gradualmente a estas decenas de miles de personas que esperan en México, permitiéndoles ingresar a Estados Unidos mientras se realizan las audiencias de sus casos.

Aún así, funcionarios de Biden enfatizaron que los migrantes no deberían intentar ingresar a Estados Unidos en este momento, diciendo que se necesita más tiempo para reconstruir los sistemas de asilo que, dicen, fueron desmantelados por Trump.

"Un mensaje para las personas que están pensando en venir a nuestra frontera: deben esperar", aseguró Mayorkas el lunes. "Se necesita tiempo para reconstruir el sistema desde cero", agregó.

¿Qué pasa con las personas indocumentadas que ya están en EE.UU.?

El gobierno de Biden tomó varias medidas para reformar el sistema legal de inmigración del país.

Propuso un importante proyecto de ley de inmigración que ofrecería un camino de 8 años hacia la ciudadanía a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que están en el país.

La legislación también brindaría protección permanente a los jóvenes migrantes que se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés), conocidos como Dreamers.

Estas políticas a favor de la inmigración, que aumentarían en gran medida la inmigración legal basada en la familia y en el empleo, enfrentará una gran oposición en el Congreso, no solo de los republicanos sino también de algunos demócratas moderados.

Fuente: BBC Mundo

Merece la pena luchar por la verdad, por Baltasar Garzón.

 El mero hecho de que hoy pueda compartir las siguientes reflexiones es ya para mí motivo de alegría. Ante posturas intolerantes, que pretenden silenciar los planteamientos críticos, aprecio tener la oportunidad de compartir las cavilaciones que, en mi caso, solo persiguen un único objetivo: contribuir a construir un mundo mejor.

Existe un exquisito debate filosófico sobre la verdad, en el que destacan las teorías de la correspondencia, de la coherencia o del pragmatismo, o aquella más amplia discusión sobre el esencialismo y el existencialismo, temas de los que me habría encantado escribir hoy aquí. Por desgracia, tengo que referirme a algo bastante más decadente como es el uso sistemático de la mentira como arma de actuación política y el ataque reiterado, incluso físico, hacia quienes intentan descubrir la verdad y desenmascarar esas falsedades con pruebas contundentes.

Según la UNESCO, en los últimos catorce años (2006-2019) alrededor de 1.200 periodistas han sido asesinados por informar. Naciones Unidas asegura que en nueve de cada diez casos, los culpables no son condenados y advierte que esta impunidad da lugar a más asesinatos. El pasado 2 de noviembre, a propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la ONU hizo un llamamiento para terminar con esta grave violación de los derechos humanos que generalmente se vincula, directa o indirectamente, con otros actos delictivos como la corrupción y la delincuencia organizada.

El asesinato de periodistas y la falta de castigo ponen en riesgo no sólo a la misma profesión del periodismo, sino también y muy especialmente al derecho que todos tenemos a conocer la verdad; a que se nos informe de aquello que nos afecta a pesar de los poderosos a los que interese mantenerla oculta. Es también condición necesaria del ejercicio del derecho a votar de manera libre e “informada” y por ello está en la base de la democracia. Baste pensar en estos días en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con Donald Trump usando y abusando sistemáticamente de la mentira y la desinformación en cuanto a la pandemia, poniendo en peligro su salud, la de sus más cercanos colaboradores y la de sus votantes en cada acto de campaña, tras asegurar que la enfermedad para él ha sido una bendición de Dios o simulando un patético baile. Resultaría cómico de no ser por la tragedia que supone para miles y millones de estadounidenses y para todos quienes, en diferentes latitudes, han padecido sus políticas neofascistas.

Por ello, es de celebrar que cuando el triunfo de Joe Biden era ya inminente y Trump se atrevió a comparecer ante los medios a denunciar un fraude electoral sin prueba alguna, varias cadenas de televisión interrumpieran la transmisión en directo, aseverando que las palabras del presidente de Estados Unidos carecían de todo sustento en la realidad. Sus ciegos seguidores salieron armados a las calles para “protestar” a la puerta de los centros de votación, mientras los servicios de inteligencia organizaban la protección personal de Biden y desarticulaban, al menos, un intento de atentado a un local en el que se recontaban votos.

Periodistas asesinados

Preocupa que esto sucediera en Estados Unidos, otrora garante de la democracia y que no escatimó esfuerzos en enfrentarse al fascismo junto a los demás aliados en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler. Hoy el fascismo se asoma desde el interior del país. La pregunta es: ¿Acabará todo aquí y se apaciguará la ultraderecha? ¿O por el contrario se mantendrán en su deriva autoritaria y se acudirá a la violencia? Los próximos días lo dirán.

El acceso a la verdad es tan importante que tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión están recogidas en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos lo sabemos, o deberíamos saberlo. Este es uno de los temas que abordo en mi último libro, recién publicado: La encrucijada. Ideas y valores frente a la indiferencia, y al que dedico un capítulo completo, porque soy consciente de que la cifra de periodistas asesinados no es sino el ataque a la libertad de expresión en su forma más letal y salvaje, y, más aún, un atentado hacia la ciudadanía y la democracia misma. Asesinar a periodistas cercena el derecho de la sociedad a conocer la verdad. Su muerte violenta lleva a reflexionar sobre la importancia de lo que esos periodistas tenían que desvelar y cuán incómodos eran para ciertos intereses, que se sintieron con la necesidad y se creyeron con el derecho de “matar al mensajero”.

No es solo una práctica de lugares como América Latina, África u Oriente Próximo, pues también en Europa se asesina a periodistas. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, en 2019, dos informadores fueron asesinados en nuestro continente y 36 sufrieron prisión.

En Europa, el botón de muestra, el más conocido, con toda seguridad, es el caso de Julian Assange. En estos momentos la libertad de prensa está en el banquillo. Assange se enfrenta a un juicio acusado de espionaje por haber publicado hace 10 años, en noviembre de 2010, los diarios de guerra de Iraq y Afganistán -Afghan War Diary e Iraq War Logs- en la agencia de noticias que él mismo creó, Wikileaks. En estos documentos se desvelaron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos contra civiles por parte del ejército norteamericano. No me detendré en detallar el calvario por el que está pasando Assange ni la persecución de que hemos sido objeto sus abogados , desde que el Gobierno de Estados Unidos hizo de su capa un sayo y emprendió la caza y captura del que han considerado un enemigo público por el solo hecho de informar al mundo entero de la verdad, sin que hasta el día de hoy haya sido desmentido o contradicho en modo alguno. Recomiendo el artículo de opinión publicado en infoLibre y titulado La farsa kafkiana del juicio político a Julian Assange. 

Assange ha sido, es y será siempre recordado como uno de los máximos exponentes del periodismo de investigación, pero en la actualidad se enfrenta a un juicio en Londres en el que próximamente se decidirá su extradición a los Estados Unidos, donde le espera la cárcel, pero también la tortura, como ya ocurrió con una de sus fuentes de información, Chelsea Manning.

El uso de la mentira

Ahora bien, como ciudadanos también tenemos la obligación de acceder a la información de manera crítica, poniéndolo todo en cuestión, verificando las fuentes y contrastando los hechos. Ello nos enriquecerá y contribuirá a que podamos participar en los debates sociales desde el conocimiento y la reflexión. Quizás, si nuestros políticos estuvieran más interesados en construir diálogos desde ese conocimiento y esa reflexión, seríamos testigos de unos debates más sesudos y con menos carga viral de intolerancia, odio e ira.

La ultraderecha, y quienes se le aproximan desde la derecha democrática, usan las mentiras para generar en nosotros emociones muy poderosas y movilizadoras como son el miedo y el odio. La mentira emotiva se difunde con una velocidad de vértigo y, junto con la desinformación, se han convertido en una de las más graves amenazas contra la democracia. Aquí reside la gran estrategia de los neofascistas, que la toman prestada a Goebbels para intentar acceder al poder a toda costa, tanto en España como a nivel internacional. Con mentiras y verdades a medias, intentan sembrar miedo y odio hacia un enemigo único, generalmente indefenso, al que culpan de todos los males posibles. Antes fueron los judíos en la Alemania nazi, hoy su objetivo son los inmigrantes, las feministas, los ambientalistas, los líderes sociales y los pueblos originarios o quienes profesan una religión “no occidental”, metiéndolos en el mismo cajón de sastre al calificarlos a todos de radicales, terroristas, antipatriotas o simplemente de delincuentes; en suma, de enemigos. Aquí los buenos y allá los malos. Difunden así un argumento tan simple como falaz.

No puedo dejar de mencionar que existe también un “pseudo-periodismo” dedicado a atacar precisamente a los propios periodistas independientes, desprestigiándolos gratuitamente por inmiscuirse donde supuestamente no se debe. Algunos periodistas, afortunadamente una minoría, han renunciado a los principios que inspiran la profesión y a todo código deontológico e incluso colaboran en la elaboración de noticias falsas y campañas de desinformación.

Por tanto, a quienes lean estas líneas les pido enérgicamente que se informen y lo cuestionen todo; que reflexionen y debatan desde el pensamiento crítico; que huyan de las informaciones sesgadas o que huelan a chamusquina (porque les aseguro que la mentira y las medias verdades apestan). Solo de esta manera podremos entre todos apuntalar con firmeza sistemas democráticos que respeten los derechos de los ciudadanos. La lucha por la verdad debe ser imparable e implacable porque hay mucho en juego, como nuestra libertad y la propia democracia. Pero, créanme, es una lucha que siempre merece la pena.

Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar.

Fuente: infolibre.es