Sin haber cometido
ningún delito, pero en condiciones similares a las de una cárcel, se encuentran
en la actualidad hacinados y en realidades más que precarias por la crisis
migratoria, miles de familias en la frontera entre EEUU y México. A pesar de
haber sido levantados con el objetivo de acoger a la masiva de inmigrantes que
huyen de la guerra y la miseria, estos centros están lejos de ser un lugar en
donde las personas puedan vivir en tranquilidad y alejarse de la dura realidad
que los aqueja.
En el transcurso de este verano, los estadounidenses han
demostrado que, independientemente de su afiliación política, repudian el odio
y la deshumanización de los inmigrantes, una actitud que podría haber incitado
la matanza del fin de semana pasado en El Paso. Muchos están indignados por el
cruel abandono de los niños que se encuentran detenidos a lo largo de la
frontera —abuso infantil como política inmigratoria—, lo que ha instado al
Congreso a ejercer las tan necesarias facultades de supervisión.
Pero la verdadera puesta a prueba es si los legisladores
harán uso de su “poder financiero” a fin de lograr un cambio real para los
niños manteniendo unidas a las familias y desviando el enfoque de la detención.
Debido a que los senadores y representantes se encuentran en
sus hogares por el receso de agosto, los estadounidenses tienen ahora una
oportunidad crucial para exigir que se haga un cambio.
A mediados de junio entrevistamos a niños detenidos en el
centro de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, en calidad de supervisores
del así denominado Acuerdo de Flores de 1997 que exige que el gobierno libere a
niños de los centros de detención lo más antes posible y que, estando
detenidos, gocen de condiciones de reclusión sanitarias y seguras.
Nos encontramos con niños sucios, hambrientos, enfermos y
asustados que se encontraban recluidos por mucho más tiempo que las 72 horas
impuestas por la ley, algunos hasta por varias semanas o más. En el pasado, ya
habíamos participado de visitas de supervisión bajo el Acuerdo de Flores en
centros de detención controvertidos. Pero nada nos preparó para lo que vimos,
oímos y olimos en Clint. Como abogadas, como madres, como estadounidenses, nos
vimos obligadas a alzar la voz.
Desde entonces, las pruebas de abuso infantil en los
establecimientos controlados por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos se han tornado indiscutibles. Un órgano de control del
Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe que condena la detención
prolongada, el hacinamiento y el maltrato de niños y familias detenidos por la
Patrulla Fronteriza. NBC News, la división de noticias de la cadena televisiva
estadounidense NBC, obtuvo casi 30 informes de incidentes que documentan
supuestos abusos, agresión sexual y maltrato de niños detenidos en Yuma,
Arizona. Los mismos agentes confirmaron a The New York Times sobre las
condiciones inmundas y de hacinamiento.
Esta crueldad se presenta a pesar de que la liberación es
una opción totalmente viable.
Casi todos los niños y familias que solicitan asilo se
presentan ante el tribunal cuando reciben el apoyo adecuado. Los datos
obtenidos en los últimos años arrojan que asignar un abogado o un trabajador
social a las familias solicitantes de asilo garantiza que comparecerán en las
audiencias en los tribunales de inmigración en el 99% de los casos cuando están
representadas por un abogado, y en el 99% de los casos cuando se les asigna un
trabajador social en el marco de lo que era el Programa de Gestión de Casos
Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos,
un sistema de apoyo para familias solicitantes de asilo no detenidas,
constituidas principalmente por madres y niños de Centroamérica.
Hace poco, el Congreso celebró seis audiencias sobre niños
en jaulas y la persistente separación de familias. Las audiencias constituyen
un primer paso importante. Bajo el escrutinio público, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos ha reducido la cantidad de niños bajo
su custodia de más de 2.500 a mediados de junio, recluidos durante varias
semanas, a menos de 350 al 17 de julio.
El secretario interino del Departamento de Seguridad
Interna, Kevin McAleenan, declaró el 18 de julio que los niños ahora se
encuentran recluidos bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza “menos de 35
horas, en promedio”. Si bien el gobierno aún no ha publicado datos que
corroboren esta declaración, esto parece indicar que está reaccionando a la
atención dirigida a su conducta ilegal.
Ahora, el Congreso debe hacer más a fin de asegurar que los
niños refugiados se encuentren a salvo y en libertad con sus familias. El
pueblo estadounidense debe exigir esos cambios en agosto.
A fines de junio, los líderes demócratas de la Cámara de
Representantes impulsaron un proyecto de ley de gastos adicionales de la
Comisión de Seguridad Interna del Senado que incluía casi US$ 2.000 millones
para expandir la detención, pero con fondos insuficientes para acelerar la
liberación de los niños u ofrecerle otras alternativas a la reclusión.
Emitir un cheque en blanco para ampliar el espacio de
detención no resuelve el problema de los abusos a menores en la frontera. Si
los miembros del Congreso se toman en serio la protección de los niños, cambiarán
su enfoque respecto del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos para el próximo año, y aprobarán en septiembre una ley que
establezca estándares para el cuidado de niños detenidos.
En primer lugar, el Congreso debe ordenar a las agencias de
inmigración que la liberación de los solicitantes de asilo, en lugar de la
detención, no sea la excepción sino la norma. En cambio, el gobierno cerró
abruptamente el Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control
de Inmigración y Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, en junio de 2017, a
pesar de la financiación del Congreso, el demostrado ahorro de costos, y las
altas tasas de cumplimiento. El Congreso debe exigir su reinstauración.
Incluso las cifras de comparecencia de familias solicitantes
de asilo sin representación legal o acceso al Programa de Gestión de Casos
Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas son apabullantes:
el 81,6% acude a la audiencia inicial y el 76% se presenta a todas las audiencias,
según los datos del Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC, por
sus siglas en inglés).
Cuesta US$ 38 por día para que una familia participe del
Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración
y Aduanas, según la Comisión de Mujeres Refugiadas, un grupo defensor de
personas desplazadas por conflictos y crisis, en comparación con los US$ 319
por día por cama en un centro de detención familiar o US$ 775 por día por niño
en un establecimiento de seguridad con fines de lucro en Homestead, Florida.
En segundo lugar, el Congreso debe asegurar que
profesionales debidamente capacitados y acreditados tomen decisiones sobre el
bienestar infantil, no los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos.
Estados Unidos tiene la gran responsabilidad de proteger a
los niños. La separación de familias solo es apropiada en circunstancias
excepcionales, como cuando un miembro de la familia constituye un riesgo
inminente de causar un daño a un niño o si estar separados realmente es en el
mejor interés del niño. Pero, actualmente, los agentes de la Patrulla
Fronteriza que carecen de una capacitación especializada en bienestar infantil
separan de manera rutinaria a los niños de cualquier adulto que no sea su padre
o madre, como en el caso de sus tías y abuelas (ellos sostienen que es para
proteger a estos niños de la trata), y aún separan a niños de sus padres,
también niños pequeños, causándoles un trauma a largo plazo.
El Congreso no debe permitirles a las agencias fronterizas
extender el falso manto de la protección infantil sobre sus prácticas
rutinarias perjudiciales.
Exhortamos a todos los estadounidenses que son testigos de
los abusos contra niños y familias inmigrantes a que no se detengan. Las
vigilias, marchas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos que
envían a sus representantes marcan la diferencia. Y ahora pueden hacer mucho
más. Dado que los senadores y representantes están de regreso en sus hogares
durante el receso, visítenlos en sus despachos locales. Asegúrense de que los
representantes sepan que sus votantes quieren que se tomen medidas y se ejerza
la supervisión.
Organicen movilizaciones en sus ciudades para otorgarle
mayor importancia a las experiencias que viven estos niños e inviten a sus
representantes a pronunciarse con ustedes en contra de esta práctica. Si ellos
no se suman a esta iniciativa, movilicen al distrito para hacerlos
responsables. El Congreso tiene el poder para dejar de financiar la crueldad en
la frontera cuando regrese a Washington en septiembre.
El secretario general de la ALDHU, Juan de Dios Parra,
explicó: “Actualmente se están produciendo graves atentados contra los derechos
humanos en muchas fronteras en el mundo; los diferentes estados deberían respetar
los derechos de todas aquellas personas que deben dejar sus casas en busca de
una vida mejor. Los niños son, a veces, los que reciben las peores
consecuencias. Los centros de reclusión no son ninguna solución ni para el
estado ni para las personas migrantes”.
