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| Juez Baltazar Garzón estableció un principio |
A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.
El juez Baltasar Garzón ha defendido una vez más su actuación a la hora de investigar los crímenes cometidos durante de la dictadura franquista. "Hice lo que tenía que hacer desde el punto de vista judicial", asegura. El magistrado, que será juzgado el 24 de enero por haberse declarado competente para actuar en este caso, ha insistido en que "cualquier otro juez debería haber hecho lo mismo", algo que ha reconocido "complicado" porque "el franquismo en España es algo que todavía está vivo y latente".
Siguiendo el principio abierto por Garzón, la magistarda federal argentina ha pedido a España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco.
El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977.
El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.
Asimismo, la jueza pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, según las mismas fuentes.
La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.
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| Hitler y Franco en Hendaya |
Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante.
En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.
Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 violentados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
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| El Cardenal Primado de España Enrique Plá y Daniel, cómplice de los crímenes franquistas |
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