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| ¿Donde Están? |
Las autoridades de México deben aprobar y aplicar leyes que
tipifiquen como delito las desapariciones forzadas de acuerdo con el derecho
internacional de los derechos humanos.
Nuevo León, próximo a la frontera con Estados Unidos, es uno de
los estados mexicanos que han experimentado una oleada de violencia en los
últimos años, que incluye secuestros y desapariciones forzadas en las que están
implicados miembros de bandas criminales, las fuerzas armadas y la policía.
El 19 de enero, las autoridades estatales llevarán a debate un
proyecto de ley para tipificar como delito las desapariciones forzadas. De
aprobarse esta ley, Nuevo León se sumaría a los otros ocho estados mexicanos
que ya cuentan con una legislación similar.
“En muchas de las
desapariciones forzadas que se producen en México está implicada la policía municipal o
estatal, lo que significa que la jurisdicción federal y la
legislación federal actual pueden no tener competencia sobre ello”, ha
explicado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“La aprobación de esta ley clave en Nuevo León reforzaría los
esfuerzos de todo el país por introducir una legislación al respecto y
garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de casos presentes y
futuros de desapariciones forzadas.”
Los casos de detenciones y secuestros ilegales de México en los
que están implicados funcionarios públicos normalmente no se investigan, ya que
las autoridades prefieren que toda la responsabilidad recaiga únicamente sobre
las organizaciones criminales.
“Según el derecho internacional, los Estados deben evitar las
desapariciones forzadas y llevar a los responsables ante los tribunales”, ha
dicho Javier Zúñiga.
“Las autoridades no deben esperar a que se apruebe la nueva
legislación para actuar de forma inmediata en los numerosos casos en los que
existen indicios evidentes de la implicación del ejército, la armada o la
policía.”
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| Campaña contra la Desaparición Forzada en México |
Casi 50.000 personas han sido asesinadas y miles de ciudadanos
continúan desaparecidos en todo México desde diciembre de 2006, fecha en la que
el presidente Calderón ocupó su cargo y comenzó a hacer uso de las fuerzas
armadas para luchar contra las redes de crimen organizado.
El conflicto entre los cárteles de la droga se ha extendido a
muchos estados y ciudades como Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.
Existen numerosas denuncias por connivencia de funcionarios
públicos. La respuesta militar a las bandas criminales está teniendo como
resultadograves
violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen
actos de tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos. La respuesta
general a todos estos delitos es la impunidad.
Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado
cientos de casos de secuestros y desapariciones en el estado. Afirman que la
policía estatal y municipal, con frecuencia acusada de connivencia con bandas
criminales, ha estado implicada directa o indirectamente en el 40 por ciento de
estos casos.
De acuerdo con el sistema de gobierno federal de México, cada
uno de los 31 estados que componen el país, junto con el Distrito Federal de
Ciudad de México, tiene su propia jurisdicción penal. Esto significa que la
responsabilidad de investigar y enjuiciar delitos como desapariciones forzadas,
detenciones ilegales y secuestros generalmente recae en los estados y no en las
autoridades federales.
Las víctimas de estos delitos y las ONG se encuentran con
innumerables obstáculos para lograr que estos casos se investiguen de forma
efectiva y para aclarar el papel desempeñado por los funcionarios estatales.
México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, pero no ha reconocido la competencia del
Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar los informes
presentados por las víctimas u otros Estados Parte en la Convención.
“Al no contar con leyes adecuadas que garantizan la
investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas de forma
efectiva como un tipo de delito, México no está cumpliendo con sus obligaciones
internacionales”, ha afirmado Javier Zúñiga.
“Pedimos a los legisladores de Nuevo León y de otros estados
mexicanos que cambien esta situación.” (Amnistía Internacional)
La Campaña Nacional contra la Desaparición
Forzada en México se pronuncia sobre la urgencia y necesidad de tipificar el
delito de Desaparición Forzada en Nuevo León y en los estados del país que aun
no lo han hecho. Ciudad de México 19 de Enero del 2012.
La desaparición forzada de personas en nuestro
país se incrementa alarmantemente todos los días. Ante esta situación en su
informe preliminar el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU
en su visita a nuestro país señaló la importancia de que el Estado Mexicano y
los gobiernos estatales, realizaran todo lo conducente para que se tipificara
en todos los estados del país el delito de desaparición forzada, ya que, hasta
marzo del 2011, sólo 8 de las 32 entidades tenían la tipificación del delito, y
también señaló que esta tipificación tenía que ser la adecuada y armonizada de
acuerdo a los tratados internacionales.
Hasta el momento sólo 8 estados de la
república ( Aguas calientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal,
Guerrero y Oaxaca) cuentan con la tipificación del delito de desaparición
forzada, sin embargo, las tipificaciones tienen muchas deficiencias, ya que la
definición del delito de desaparición forzada que se señala en ellos (
contenida en el Artículo 215-A, del código penal federal) posee, claras y
graves ausencias.
La
Desaparición Forzada -cometida o favorecida en definición por agentes
gubernamentales-, es una grave violación a derechos humanos, que ha sido
reconocida como tal por el Estado Mexicano al signar importantes leyes
internacionales en la materia, como la Convención Interamericana sobre la
Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entre
otras.
Estos instrumentos internacionales establecen
la obligación de reconocer el delito en las legislaciones locales de aquellos
países que las suscriben. Asimismo se señala que el delito debe ser autónomo, y
se caracteriza por contener al menos tres elementos concurrentes que deben estar
presentes: a) privación de libertad contra la voluntad de la persona; b)
intervención de agentes estatales, al menos indirectamente por asentimiento, y
c) negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona.
Por lo que una adecuada tipificación tendría
que incluir una correcta definición del delito de desaparición Forzada tal cual
se encuentra en el Artículo II de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas. De esta manera, ante la gravedad de los
crímenes de desaparición forzada que se cometen en nuestro país, es necesario
que se tipifique el delito de desaparición forzada de personas a la brevedad en
todos los estados de la república donde no está tipificado como es el caso de
Nuevo León, estado en el que tanto familiares de desaparecidos como
organizaciones de Derechos Humanos, como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos, A.C. (CADHAC) están impulsado dicha tipificación.
Por
ello la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México insta al
Congreso del Estado de Nuevo León a que en el próximo inmediato período
Extraordinario de Sesiones apruebe el dictamen por el que se tipifica el delito
de desaparición Forzada; dictamen producto de las Mesas de Trabajo realizadas
en 2011.
Parte de nuestros esfuerzos y exigencias como
Campaña al Estado mexicano ha sido este importante punto, que se encuentra
también en nuestras peticiones hechas en el Informe Desaparición Forzadas en
México 2011, entregado en marzo del año pasado al Grupo de Trabajo sobre
desaparición forzada de la ONU, por lo que, como parte de nuestras demandas y
como parte de los muchos pendientes que tiene el Estado Mexicano en esta
materia (como la promulgación de una Ley general contra la desaparición forzada
de personas) y que son urgentes atender tanto por las autoridades locales como
por el gobierno federal, nos sumamos a este importante esfuerzo que están
Impulsando organizaciones de familiares de desaparecidos y de derechos humanos
en el norte del país. Por la presentación con vida de todos los desaparecidos
en México.
Juicio y castigo a los responsables.
Atentamente Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México
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