(Rebelión, Mario Sosa) El día de ayer,
26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un
proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y
político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes
(de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas
y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los
crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada.
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| Ríos Montt, Ex Dictador de Guatemala, acusado de genocidio |
A estas
cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la
organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de
Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de
concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a
través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados
militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos,
hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de
reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos
hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y
las heridas del pueblo guatemalteco.
Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver
la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de
Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En
su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó,
dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña
Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza
83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos
que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta
base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios
como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes
evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través
de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la
jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se
le acusa.
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| Familiares de miles de victimas del genocidio piden justicia |
En la primera deliberación judicial por este caso,
el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes,
declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos
de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares
directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y
etnocidio ocurridos en Guatemala.
Ante la contundencia de las evidencias, el general
genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de
articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a
proceso.
Después de las argumentaciones de las partes procesales
en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios
de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de
genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución
económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso
para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un
juicio y determine la culpabilidad del acusado.
Empieza a dar fruto, asimismo, la querella
interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un
hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad
que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la
justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones
de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se
siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y
represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado
guatemalteco.
Esta decisión judicial es sin duda un aliciente
esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en
este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y
militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un
resultado producto de la lucha contra quienes desde dentro y fuera del Estado
no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a
las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en
el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad,
se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para
que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la
justicia y la reparación.
En casos de genocidio como estos, que con tales
resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los
responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas,
45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de
la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y
militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino
también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado
estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño
de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la
Segunda Guerra Mundial.
Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el
general genocida.
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