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| ¿Donde Están? |
Las autoridades de México deben aprobar y aplicar leyes que
tipifiquen como delito las desapariciones forzadas de acuerdo con el derecho
internacional de los derechos humanos.
Nuevo León, próximo a la frontera con Estados Unidos, es uno de
los estados mexicanos que han experimentado una oleada de violencia en los
últimos años, que incluye secuestros y desapariciones forzadas en las que están
implicados miembros de bandas criminales, las fuerzas armadas y la policía.
El 19 de enero, las autoridades estatales llevarán a debate un
proyecto de ley para tipificar como delito las desapariciones forzadas. De
aprobarse esta ley, Nuevo León se sumaría a los otros ocho estados mexicanos
que ya cuentan con una legislación similar.
“En muchas de las
desapariciones forzadas que se producen en México está implicada la policía municipal o
estatal, lo que significa que la jurisdicción federal y la
legislación federal actual pueden no tener competencia sobre ello”, ha
explicado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“La aprobación de esta ley clave en Nuevo León reforzaría los
esfuerzos de todo el país por introducir una legislación al respecto y
garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de casos presentes y
futuros de desapariciones forzadas.”
Los casos de detenciones y secuestros ilegales de México en los
que están implicados funcionarios públicos normalmente no se investigan, ya que
las autoridades prefieren que toda la responsabilidad recaiga únicamente sobre
las organizaciones criminales.
“Según el derecho internacional, los Estados deben evitar las
desapariciones forzadas y llevar a los responsables ante los tribunales”, ha
dicho Javier Zúñiga.
“Las autoridades no deben esperar a que se apruebe la nueva
legislación para actuar de forma inmediata en los numerosos casos en los que
existen indicios evidentes de la implicación del ejército, la armada o la
policía.”
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| Campaña contra la Desaparición Forzada en México |
Casi 50.000 personas han sido asesinadas y miles de ciudadanos
continúan desaparecidos en todo México desde diciembre de 2006, fecha en la que
el presidente Calderón ocupó su cargo y comenzó a hacer uso de las fuerzas
armadas para luchar contra las redes de crimen organizado.
El conflicto entre los cárteles de la droga se ha extendido a
muchos estados y ciudades como Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.
Existen numerosas denuncias por connivencia de funcionarios
públicos. La respuesta militar a las bandas criminales está teniendo como
resultadograves
violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen
actos de tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos. La respuesta
general a todos estos delitos es la impunidad.
Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado
cientos de casos de secuestros y desapariciones en el estado. Afirman que la
policía estatal y municipal, con frecuencia acusada de connivencia con bandas
criminales, ha estado implicada directa o indirectamente en el 40 por ciento de
estos casos.
De acuerdo con el sistema de gobierno federal de México, cada
uno de los 31 estados que componen el país, junto con el Distrito Federal de
Ciudad de México, tiene su propia jurisdicción penal. Esto significa que la
responsabilidad de investigar y enjuiciar delitos como desapariciones forzadas,
detenciones ilegales y secuestros generalmente recae en los estados y no en las
autoridades federales.
Las víctimas de estos delitos y las ONG se encuentran con
innumerables obstáculos para lograr que estos casos se investiguen de forma
efectiva y para aclarar el papel desempeñado por los funcionarios estatales.
México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, pero no ha reconocido la competencia del
Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar los informes
presentados por las víctimas u otros Estados Parte en la Convención.
“Al no contar con leyes adecuadas que garantizan la
investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas de forma
efectiva como un tipo de delito, México no está cumpliendo con sus obligaciones
internacionales”, ha afirmado Javier Zúñiga.
“Pedimos a los legisladores de Nuevo León y de otros estados
mexicanos que cambien esta situación.” (Amnistía Internacional)
