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martes, 5 de julio de 2022

Los muertos de nadie. Art Opinión Baltasar Garzón

“No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos han sido los heridos. “Centenares”, dicen. Cien arriba, cien abajo, ¿a quién importa? (…) La culpa es de los muertos. Los violentos son los muertos. Los responsables son los muertos. Las autoridades de los pueblos sólo pueden felicitarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin derechos estén muertos, que los sin pan estén muertos…” Estas líneas, con las que me identifico, son de Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger.

Las ha dedicado a los migrantes que se dejaron la vida en la valla que separa Melilla de España, pero son vigentes para todos los que lo hicieron antes, para los que lo volverán a hacer y para todos aquellos que en cada país emprenden el viaje empujados por la frustración y la necesidad, jugándose la vida o perdiéndola para alcanzar el sueño de occidente que enmascara miseria, humillación y mucha angustia.

Reflexiono sobre ello a veces, sobre todo con las imágenes de aquellos ilegales que han atravesado la línea del deseo y besan la tierra de Ceuta o de Melilla tras una travesía de espanto. Han llegado pero el futuro no solo es incierto, sino que trae malas perspectivas. Me impacta que la mayoría sean adolescentes y jóvenes. Es normal porque es la edad de los sueños, lo malo es el despertar.

En Melilla hemos visto morir a más de 40 personas, según los datos de las oenegés, hostigadas al parecer por la gendarmería marroquí —donde también hubo dos fallecidos— aplastadas contra la alambrada de la que creen firmemente que marca la diferencia entre una mala vida y una vida por conocer. Las noticias que han ido llegando de cómo sucedió la tragedia llevan a que todo ser humano con sentimientos note un estremecimiento en la piel y desolación en el alma. Saber que a un crío de 17 años que ha pasado tres con el objetivo de alcanzar este destino incierto, que ha acampado los últimos ocho meses en el monte cercano para, finalmente, hacer el intento definitivo, las autoridades marroquís le identifiquen como líder de la mafia responsable de esta macabra historia es tan alucinante como descorazonador.


Insensibilidad y espanto

Hay veces que hablar sin la suficiente información trae malas consecuencias. Es lo que le ocurrió al presidente del Gobierno español cuando, a primera hora de la mañana, tras los hechos, aparentó mostrarse insensible con las víctimas y justificó y alabó la acción de los gendarmes y guardias civiles. Son declaraciones que más parecen propias del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que en estos temas de devoluciones en caliente y represión en la frontera no parece que prodigue la sensibilidad. Quizás la concentración en cómo afrontar su debut entre los grandes mandatarios del mundo les hizo olvidar lo esencial ante unos hechos tan graves como los sucedidos en nuestras fronteras con el Magreb.

Desde luego es sumamente importante formar parte del club selecto de la OTAN y hacer cuentas para participar, sin disfraces, de la carrera armamentista; con la ambición justificada de que el país tenga su justo lugar en el mundo, pero esto no es excusa. Porque se puede estar alineado con las mayores potencias y triunfar como gobernante, pero si se deja de lado a los vulnerables, a quienes forman parte de la esencia progresista de tu ideología y de la política que pretendes defender, no generarás confianza y estarás abocado al fracaso como persona.

Por ello, imagino el horror de Pedro Sánchez cuando le dieron más datos sobre lo sucedido. No dudo que sintió espanto por la tragedia, pues no le tengo por indiferente, pero también debió quedar conmocionado como político por las repercusiones. Después se condolió sinceramente por las víctimas y sus familias y volvió a los otros asuntos. Con el presidente de EE. UU, Sánchez firmó un acuerdo para abordar la solución a una migración segura, ordenada y regular, apenas unos días después de que, en Texas, 50 migrantes perdieran la vida deshidratados en el interior de un camión en el que pretendían alcanzar el paraíso norteamericano. Ambos presidentes pretenden gestionar los flujos migratorios irregulares, que son dos palabras frías que suelen darse de bruces con las siguientes que pronunciaron: “garantizar un trato justo y humano de los migrantes”.


Memoria leve

Sería deseable que así fuera. Antes de estas historias tan trágicas tuvimos aquí a cientos de niños marroquíes enviados a la península por el rey alauita en una “invasión” de migrantes que tenía como objetivo destacar el poderío del vecino de enfrente, no tan amable ya, que fueron devueltos a su tierra de manera poco regular y cuyo regreso a España reclama ahora la justicia. Otro punto discutible para el ministro de Interior. La eterna sangría de las muertes en el mar de quienes se embarcan en patera aquí y en todo el Mediterráneo es una llamada más para las conciencias.

Hemos cerrado los ojos, pero tenemos a los refugiados sirios en manos de Recep Tayyip Erdogan, amigo hoy por su placet a Suecia y Finlandia, pero mal enemigo y dudoso demócrata. La factura que puede pasar a nuestras democracias el presidente turco es inquietante. ¿Qué decir del primer ministro británico Boris Johnson, empeñado —pese a las advertencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— en enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo político? Aún señalo otra deuda pendiente: ¿recuerda alguien a los refugiados afganos? ¿Aquellos que tanto ayudaron a los países civilizados? ¿Y a los afganos que tuvieron que quedarse allí? ¿A las mujeres que han retrocedido en sus derechos hasta épocas feudales debajo de sus burkas? Todo es apariencia y todo es falsedad. Recuerdo la difícil llegada a España del fiscal general de Afganistán, en claro riesgo de muerte. Costó mucho trabajo rescatarlo. Llegó con su familia, le hospedaron y le olvidaron. Finalmente, abandonado, tuvo que buscar refugio en Nueva Zelanda.

Nuestra memoria es leve y nuestra capacidad de escandalizarnos ha bajado el listón acercándose a la apatía con demasiada premura. Ya saben que la indiferencia permite que la impunidad se abra camino y eso es malo. Malo para los Estados de Derecho, malo para las sociedades, malo para quienes lo único que pedimos es que cada mañana el espejo nos devuelva una mirada ética irrenunciable.

En la cumbre

La Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha una investigación sobre lo sucedido en Melilla. La ONU ha clamado contra estos duros hechos. El Papa Francisco pide que tales desgracias no se repitan. Organizaciones no gubernamentales, jueces progresistas, ciudadanos manifestándose por la calle el fin de semana, desean establecer un freno a la crueldad. Marruecos tendrá que explicar qué sabía, por qué permitió que se llegara a este punto, si auxilió a las víctimas e identificó a los fallecidos. España debe aclarar si permitió o no que la gendarmería recogiera en nuestro territorio a migrantes que ya habían conseguido llegar hasta aquí. Hay que establecer responsabilidades penales en su caso, evitando que el silencio caiga sobre estas muertes.

En Madrid, estos días, se han prodigado las comitivas oficiales, los besamanos, los manteles con platos elaborados, los oropeles en un mundo paralelo de los que tanto abundan. La sociedad política internacional derrochaba pulcritud y buenas palabras en sus debates geoestratégicos que transcurren a años luz de la realidad, mucho más básica y dolorosa, que sufren a diario millones de seres humanos. Esa contraposición es fea y avergüenza. Del mismo modo que produce bochorno la fotografía de los y las parejas de los líderes del mundo occidental ante el Guernika. ¿Qué diría Picasso? Su obra denunciando la guerra de Franco, brutal como todas las guerras, sirvió para que los co-representantes de una organización cuya razón de ser es el conflicto bélico exhibieran su armonía, pero ninguno reclamó la paz. La artista peruana Daniela Ortiz reaccionó pidiendo la retirada de sus obras en exposición en el museo Reina Sofía, por considerar aberrante ese posado ante un cuadro que simboliza el grito contra la guerra en favor de la concordia.

Ajenos a tal distorsión, los asistentes a la cumbre OTAN se han mostrado muy satisfechos. Como balance se marcaron los desafíos: beligerancia rusa, China y sus intereses en Asia Pacífico, el yihadismo al sur y más millones para Ucrania. Acuerdos históricos, dijeron. La organización española perfecta, en palabras del secretario general Jens Stontelberg, y Madrid una hermosa ciudad. Nadie, parece, piensa en la tensión y consecuencias que la eventual ampliación de la organización puede traer.

Entre tanto, al sur del sur de Europa, en algún pueblo de Sudán, un crío está haciendo planes con sus amigos para iniciar un viaje difícil y peligroso. Quizás no vuelva a ver su aldea. En muchos pueblos, las madres lloran hoy sin saber si sus hijos están vivos. En Etiopía, la gente huye de la guerra en el Tigray y de las masacres bajo el mutismo de los grandes países. Vuelvo al texto del arzobispo emérito de Tánger y me sobrecoge: “Yo no puedo decir que los responsables de esas muertes son los Gobiernos de España y Marruecos; yo no puedo decir que los Gobiernos de España y Marruecos tienen las manos manchadas de sangre; yo no puedo decir que los Gobiernos de España y Marruecos llenan de víctimas un frío, cruel, prolongado e inicuo corredor de la muerte. No lo puedo decir, pero lo puedo pensar, y es lo que pienso”. Tiene razón Santiago Agrelo y, como él, yo también hago míos a estos muertos de nadie. Quizás si las grandes naciones implementaran el diálogo en vez de la confrontación y si dedicaran un poco de sus presupuestos multimillonarios para evitar el hambre, las cosas cambiarían favorablemente para todos.

lunes, 9 de agosto de 2021

Cuestión de vida y de muerte.

Art. Opinión Baltasar Garzón.

“No es cuestión de risa, es cuestión de vida y de muerte". Recuerdo estas palabras de la Fiscal General del Estado el 2 de marzo de este año, en una comparecencia ante el Congreso destinada a presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado de 2020 y 2019, en relación con los asesinatos de mujeres. Dolores Delgado reprochaba así los murmullos y risitas de los diputados de Vox que niegan la violencia de género como uno de los más nauseabundos pilares de su oferta programática.



Según cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, hasta el 4 de agosto 30 mujeres habían muerto en 2021. De ellas, solo siete habían presentado denuncia previa. Sus presuntos asesinos fueron sus parejas, exparejas o pareja en fase de ruptura. 

Son unas cifras que van a todo galope y que amenazan con igualar o incluso superar el horrible balance de 2020, cuando en pleno auge de la pandemia fueron asesinadas 45 mujeres. El patrón se repite este año. Las estadísticas son sombrías y desesperanzadoras y de ellas da fe el último informe sobre evolución del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España. 

Y es dramático porque desde 2003, año en el que empezaron a oficializarse estos datos, son 1.108 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Con todo lo fríos que son, los números permiten dimensionar el problema y medir su evolución para adoptar mejores medidas de prevención y protección. Por ello es útil recordar que las cifras reflejan una escasa disposición a denunciar por parte de las víctimas. Ese aspecto me preocupa sobremanera, porque esto quiere decir que estas mujeres, acosadas en la intimidad de su vida familiar o personal, temerosas por la suerte de sus hijos, no se atreven a dar el paso para señalar a su agresor cotidiano y pedir ayuda. Sin duda que en ello intervienen diferentes factores, desde la dificultad para reconocerse en situación de riesgo, pasando por el miedo a la reacción del agresor, la inseguridad ante el vacío económico que puede generarse tras la denuncia o incluso por un sentimiento de culpa al pensar que se merece esta situación por no ser la esposa o la madre que se espera de acuerdo con los patrones culturales vigentes que siguen otorgando un gran papel al patriarcado. Hay múltiples factores, pero todos ellos dejan en evidencia que, como sociedad, no hemos sido capaces de crear la red de protección que requieren las mujeres en esta situación de vulnerabilidad. Mujeres que no ven salida y que callan sumidas en su infierno diario, sin posibilidad de hallar respuestas en un entorno hostil o, cuando menos indiferente, en una sociedad insensible y en una justicia que es reacia a ofrecer la protección urgente y necesaria que precisan.


Mejor justicia

¿Cómo combatir esta inhibición que lleva en demasiadas ocasiones a la muerte? Los jueces, lo fiscales, los abogados… tenemos mucho que reflexionar en este sentido. Es sabido que la Fiscalía trabaja con un equipo de fiscales formados de manera especializada y que coordina la acción de diferentes departamentos relacionados con esta materia, para mantener una dinámica continua de conocimiento y sensibilización, con instrucciones claras de acompañamiento a la víctima durante todo el proceso e incluso tras la ejecución de la sentencia.

En cuanto a los jueces, creo que la formación inicial debería tener mucho más contenido en esta materia y no solo en lo que se refiere a los conocimientos teóricos, sino especialmente en cuanto a la aplicación del Derecho, que debiera tener en cuenta de manera transversal unos criterios de igualdad de género aplicados a lo cotidiano, tanto a los casos que resuelven, como en su entorno laboral e inclusive en su propio espacio personal. El machismo no debiera tener cabida en el Poder Judicial, ni en el ámbito de cualquier otro operador jurídico y en general de toda persona que trabaje en la administración de justicia. 

La responsabilidad de implementar y elaborar programas de concienciación en la judicatura y mantener una vigilancia continua y rigurosa contra aquellas actitudes que atentan contra los derechos de las mujeres es del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, tan cuestionado por su falta de renovación, anunciaba el 8 de marzo del 2019, Día Internacional de la mujer, la puesta en marcha del primer curso obligatorio en perspectiva de género, a raíz del Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica y de Género, lo que es digno de celebrar. Sin embargo, a dos años de estos cursos, asociaciones de jueces y juristas han hecho pública su opinión de que, por el momento, no han dado grandes frutos. El curso se dirigía a jueces, juezas y fiscales que quieran acceder a cualquier tipo de especialidad dentro de la carrera judicial. 


Demasiado tarde

Este curso, como requisito, parece una buena iniciativa, pero he aquí un escollo importante: la medida es hacia futuro, por lo que quienes ya disponían previamente de plaza en juzgados relativos a violencia de género no están obligados a cursarlo ni a acreditar su formación en la materia. Esto podría ser considerado como una afectación grave del derecho a la igualdad en la aplicación del derecho, ya que un caso podría ser tratado de una manera u otra, según toque un juez o jueza con o sin esta especialización. La formación debe ser inicial y también continuada. No hay excusas porque existe una gran oferta de clases y cursos específicos, incluso en modalidad online (de auge con la pandemia pero que ha llegado para quedarse) y de formación de formadores.

A modo de ejemplo, recuerdo un caso en que el Tribunal Constitucional, en agosto de 2020, concedió amparo a una mujer que, en el curso de un procedimiento de divorcio, denunció maltrato psicológico por parte de su pareja. En opinión del Constitucional los hechos no se habían investigado suficientemente por lo que ordenó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que anulara su decisión de archivo, reabriera la investigación y llevara a cabo nuevas diligencias. En suma, se trataba de un toque de atención a los jueces a fin de que garanticen una investigación suficiente y eficaz. Y que respeten los criterios que nos vinculan a los dictámenes de Tribunales como el Europeo de Derechos Humanos.

Puedo imaginar el largo camino de esta mujer, en búsqueda de justicia, en todo lo extenuante y oneroso que debe haber sido, y lo prohibitivo para tantas otras mujeres que necesitan urgentemente de una respuesta rápida y certera. 

Ocurre que en demasiadas ocasiones los jueces llegan tarde. De eso se lamentan profesionales de la judicatura que a diario se enfrentan al problema. Recuerdo un interesante artículo de El Confidencial que leí el año pasado, en el que tres magistradas analizaban la realidad habitual, insistiendo en la necesidad de “trabajar y centrar esfuerzos en mejorar lo que sucede antes y después de su intervención”, haciendo hincapié en la prevención y el seguimiento y cómo evitar que la mínima parte de denunciantes se echen para atrás. Las juezas entrevistadas reclamaban información, formación y concienciación social como elementos básicos para conseguir que se rompa la barrera escalofriante del 80% de quienes padecen en silencio sin informar de su estado; lleguen las denuncias para poder brindar protección y que cuando llegue la intervención se esté aun a tiempo de salvarles la vida.


El papel de la ultraderecha

Vivimos un momento tormentoso en el que la ultraderecha, que ha ido avanzando con la ayuda de la derecha convencional, maneja como un mantra la negación de la violencia machista y acribilla con bulos y textos propagandísticos tal rechazo. En marzo de 2020 el grupo parlamentario de Vox presentó una Proposición no de Ley relativa al Pacto de Estado contra la violencia de género, instando a su modificación y a la elaboración de una Ley de Violencia Intrafamiliar. Pedían penas iguales para todos los casos de violencia en el ámbito de la familia, independientemente del sexo de la víctima y del agresor, y medidas de protección para todas las víctimas sin admitir que la mayoría de las agresiones se dirigen hacia la mujer por el hecho de serlo. En enero de este año hacían gala de similar desprecio mediante enmiendas contra el Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, que entraron en vigor meses antes como real decreto.

Vox volvió a sacar a pasear su discurso negacionista en enero de 2021, cuando restó importancia a las víctimas de esta lacra estructural a través de las enmiendas registradas al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, unas medidas que entraron en vigor a principios de abril vía real decreto y que ahora se tramitan como proyecto de ley.

La extrema derecha española ningunea, directamente, informes como la Macroencuesta sobre Violencia sobre las Mujeres, del Ministerio de Igualdad que en septiembre de 2020 ponía en evidencia cómo más de 11 millones y medio de mujeres mayores de 16 años, un 57% del total, han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista solo por el hecho de ser mujeres. El 99,6% de sus agresores fueron hombres. 


Las risas de Vox

Esta actitud machacona de Vox contra la evidencia empírica de la existencia de la violencia de género, abre paso y es un aliciente para aquellos que se sienten amenazados en sus privilegios como machos alfa. Lo decía alto y claro la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rossell recientemente, al afirmar que no podía descartarse que el repunte de violencia que vivimos desde el fin del estado de alarma puede tener que ver “con hombres envalentonados e indignados con el feminismo". Concuerdo con Rossell que existe responsabilidad política en esa forma de presentar las cosas, que muestra al hombre como víctima e induce al silencio de la mujer por el hecho de no creerla. 

Debemos pues actuar no solo contra esta lacra feminicida sino contra quienes la consideran como un hecho normalizado y no reprobable. La violencia de género existe. La omisión y la negación llevan a la tortura y al asesinato; a que la vida de miles de mujeres, que forman parte de más de la mitad de la población, discurra en un bucle infinito y callado de dolor e impotencia. Las risas que Dolores Delgado reprochó a Vox en aquella sesión parlamentaria, no eran sino los clavos que pretenden cerrar el ataúd de la esperanza, porque, como ella misma dijo, no es cuestión de risas, sino cuestión de vida y de muerte.


Baltasar Garzón Real es jurista y Presidente de FIBGAR

Fuente: Infolibre

miércoles, 4 de enero de 2012

EN ARGENTINA SE INVESTIGARAN CRÍMENES DE LA DICTADURA FRANQUISTA ESPAÑOLA


Juez Baltazar Garzón estableció un principio


A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas. 

El juez Baltasar Garzón ha defendido una vez más su actuación a la hora de investigar los crímenes cometidos durante de la dictadura franquista. "Hice lo que tenía que hacer desde el punto de vista judicial", asegura. El magistrado, que será juzgado el 24 de enero por haberse declarado competente para actuar en este caso, ha insistido en que "cualquier otro juez debería haber hecho lo mismo", algo que ha reconocido "complicado" porque "el franquismo en España es algo que todavía está vivo y latente".

Siguiendo el principio abierto por Garzón, la magistarda federal argentina ha pedido a España  aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco. 

El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977.

El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.

Asimismo, la jueza pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, según las mismas fuentes.

La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.

Hitler y Franco en Hendaya
Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante.

En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.

Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.

Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.

La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 violentados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.


Leer más Información en:



El Cardenal Primado de España Enrique Plá y Daniel,
 cómplice de los crímenes franquistas