Guatemala. Asesinan a defensora indígena de Derechos Humanos y dejan un “encarguito”

ña Dominga Ramos, de 53 años de edad, defensora maya comunitaria de derechos, mamá y abuela, esposa de Don Miguel Ixcal, defensor principal del Comité de Desarrollo Campesino CODECA/MLP, fue asesinada en su domicilio, el 05 de marzo reciente, a horas 5:30 de la tarde, en presencia de su nuera y nietos, en la Comunidad Las Delicias, Municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez, a 180 Km al sureste de la ciudad de Guatemala.

“Era un hombre con la gorra puesta al revés, tenía en el brazo un tatuaje verde. Ingresó hasta aquí caminando y preguntando por Dña. Minga… Mi suegra se levantó de la hamaca, abrió la puerta, le habló al maleante… Éste le dijo: ‘Este encarguito es para Ud.’, mientras sacaba el arma de su cintura, le disparó varias veces contra mi suegra… Ella cayó al suelo, él se fue… Yo intenté esconderme detrás de las tablas…”.

ste es el testimonio de Judith Raquel, nuera de Dña. Dominga, quien salió al encuentro del asesino, y en cuya presencia asesinaron a su suegra de 8 disparos de bala en su humilde vivienda.

Dominga Ramos, una defensora organizada en resistencia por la nacionalización de la energía eléctrica

Como consecuencia de los excesos y arbitrarios cobros que realiza la empresa distribuidora de electricidad ENERGUATE, usuarios de este servicio, desde hace algunos años atrás, en diferentes departamentos del país, se organizaron y declararon en resistencia exigiendo la nacionalización de dicho servicio. Dña. Dominga era una defensora activa en resistencia.

Aunque no se sabe a ciencia cierta el móvil de su asesinato, pero la defensora Ramos estaba organizada en resistencia en su comunidad, integrante activo del movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), cuyas siglas aún están pintadas en la entrada de su vivienda anunciando la candidatura a la Alcaldía de Miguel Ixcal, su esposo, en 2019.

Dominga Ramos, era esposa de Miguel Ixcal dirigente/defensor central de CODECA/MLP

Desde hace varios años atrás, la familia de Dominga Ramos, y Ella, estaban organizadas y activas en las diferentes contiendas electorales. Finalmente en 2018, junto al resto de las comunidades en resistencia del país, lograron constituir el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y en las pasadas elecciones generales del 2019 quedaron en el cuarto lugar a nivel nacional, y segundo, a nivel municipal con la candidatura de Miguel Ixcal.

Ixcal, actualmente es asesor político de la única Diputada de MLP, Vicenta Jerónimo, en el Congreso de la República.

El esposo de Dña. Dominga también es dirigente central del movimiento Comité de Desarrollo Campesino CODECA, integrante del Comité Político de esta organización a nivel nacional.

Si CODECA ya era una “piedra en el zapato” para la libre hegemonía del sistema neoliberal  y el colonialismo norteamericano en Guatemala, con su brazo político (MLP) se ha convertido en una amenaza sociopolítica real en ciernes frente a la oligarquía transnacional en Guatemala. El último acto de MLP fue desenmascarar, mediante su única Diputada en el Congreso, el “banquete neoliberal” entre los diputados pagado por los impuestos de los empobrecidos. Esto fastidió en demasía a los ricos del país.

¿Qué es, de quién es y para quién es el “encarguito”?

El “encarguito”, anunciado a Dña. Dominga por su asesino, es un mensaje performativo que busca “escarmentar”, “redomesticar” a la mediana rebeldía sociopolítica de las comunidades en resistencia articulados en el movimiento CODECA/MLP. Reafirmar el ejercicio del poder fáctico en la “finca Guatemala”.

El destinatario del “encarguito” no es únicamente el defensor/asesor Miguel Ixcal quien puja desde las urnas y las calles por hacer cambios estructurales desde la Alcaldía de Santo Domingo.

El “encargo” está dirigido a todas las y los defensores de derechos organizados o no en resistencia, utilizando el “vehículo familiar más sensible”: asesinato de la madre, frente a sus seres queridos. De los 17 asesinatos últimos de defensores de CODECA, ésta es la primera vez que utilizan a una mamá para “transmitir” el letal mensaje.

Si bien el “encarguito” fue transportado por un “subalterno deshabitado”, pero los remitentes son agentes del sistema neoliberal colonial que se incomodan de sobremanera con la emergencia de movimientos sociopolíticos portadores de esperanzas para el país.

El 5 de marzo, a las 5:30 horas, mientras los enemigos de los derechos humanos de los empobrecidos ejecutaban el asesinado de Dominga Ramos, el Estado de Guatemala detallaba la “declaratoria de estado de calamidad” frente al Coronavirus que aún no llegó a Guatemala. Es la dura y triste realidad de la misión de defensores de derechos en un país sin derechos, y con privilegios para pocos.

Fuente: Ollantay Itzamná

Defensor latinoamericano de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos

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GUATEMALA: RÍOS MONTT, UN GENOCIDA EN LA ANTESALA A SU CONDENA

(Rebelión, Mario Sosa) El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt. Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. 

Ríos Montt, Ex Dictador de Guatemala, acusado
de genocidio

A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca. Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.

Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.

Familiares de miles de victimas del genocidio
piden justicia

En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.

Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.

Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario. Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.

Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.

Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justifica. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes desde dentro y fuera del Estado no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas. Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.

En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.

EX GENERAL ASUMIRÁ PRESIDENCIA DE GUATEMALA

General Otto Pérez Molina, nuevo Presidente de Guatemala

(Adital, Giorgio Trucchi) El próximo 14 de enero, el general retirado Otto Pérez Molina, candidato del derechista Partido Patriota (PP), asumirá la presidencia de Guatemala. Durante su campaña prometió "mano dura” contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, logrando captar el voto de una población atemorizada por los altos índices de violencia en el país. Sin embargo, el regreso al poder de un militar con un pasado oscuro está despertando seria preocupación en varios sectores de la sociedad, que se rehúsan a olvidar la historia reciente del país

El 5 de julio 2011 tres activistas estadounidenses y la organización indígena Waqib Kej denunciaron al próximo presidente de Guatemala ante el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura.

Según ellas, el ex general entrenado en la nefasta Escuela de las Américas estuvo involucrado en el genocidio perpetrado durante los años 80 contra la población indígena, cuando se desempeñó como oficial de operaciones en la provincia de Quiché, una de las más afectadas durante la guerra civil.

Jennifer Harbury, una de las denunciantes, acusó a Pérez Molina de ser responsable de la tortura y desaparición en 1994 de su marido, el guerrillero guatemalteco Efraín Bámaca. En ese periodo, el general retirado era jefe de inteligencia militar.

Genocidio

Incertidumbre frente al nuevo gobierno

El sociólogo Carlos Figueroa Ibarra afirma que Guatemala vivió en la segunda mitad del siglo pasado "el genocidio más grande que se haya observado en la América contemporánea”. Entre 1954 y 1996, aproximadamente 150 mil guatemaltecos fueron ejecutados extrajudicialmente y 45 mil más fueron desaparecidos de manera forzada.

Lo ocurrido durante el conflicto fue investigado en el marco del Proyecto lnterdiocesano "Recuperación de la Memoria Histórica" (REMHI). La presentación del informe final "Guatemala: Nunca más” estuvo a cargo del obispo Juan José Gerardi, director e la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

En sus conclusiones, el informe evidenció que por lo menos el 60 por ciento de las más de 55 mil violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población fue responsabilidad directa del Ejército. Dos días después de la presentación, el 24 de abril de 1998, monseñor Gerardi fue brutalmente asesinado.

Ahora, el regreso de un ex alto mando militar al poder está generando fuerte preocupación en varios sectores de la sociedad guatemalteca.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Foto: taringa.net

Lejos de mejorar, la violencia y la situación de los Derechos Humanos en Guatemala sólo empeoran. La constatación es del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que divulgó un informe con datos del mes de noviembre para llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional. El informe alerta sobre el hecho de que la violencia ha crecido un 3,3% en relación con los 11 meses del año anterior.

De acuerdo con el GAM, en diez años de impunidad y violencia más de 53 mil personas perdieron la vida, cifra que supera las muertes ocurridas en 36 años de guerra civil. Otro dato que revela la situación del país es el aumento de la violencia y crueldad de los delitos contra las mujeres. En 2011, los índices de actos violentos contra ellas también subieron. Las informaciones son un alerta para la puesta en práctica de acciones integrales que puedan cohibir la criminalidad.