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sábado, 26 de noviembre de 2011

CHILE: CÓMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA Y EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Foto: prensagraficaenlacalle.blogspot.com
CHILE: COMPLICES CIVILES DE LA DICTADURA Y EN LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
Desde el  regreso a la  democracia, los organismos de Derechos Humanos hemos denunciado la complicidad de cientos de civiles con el terrorismo de Estado en Chile.  Desgraciadamente aún los  jueces y tribunales aún no se hacen cargo de esta situación. Los civiles fueron el soporte ideológico de las acciones militares y represivas. Es un hecho irrefutable  decir que los militares fueron puestos en el poder para establecer un programa económico, que beneficiaba a un grupo poderoso de civiles, entre los cuales hubo políticos  y por supuesto  empresarios. 


La dictadura chilena, por otro lado montó un entramado de poder burocrático de muy alto nivel, conformado por asesores, profesionales, académicos,  ideologos, y financistas, que sustentaron el poder militar. Esos cómplices civiles siguen hoy insertos en la clase política chilena, en la dirigencia empresarial y en los medios de comunicación. Ahora, muchos reniegan de su pasado pinochetistas e intentan desvincularse de los crímenes de la dictadura, y pasan como hombres honorables, ostentando altos cargos, habiendo amasado importantes fortunas y siendo parte de la vida social del Chile democrático, sin que su pasado les pese ni les intranquilice.
El procesamiento a los violadores a los derechos humanos se ha focalizado equívocamente solo en los militares, pero como es evidente,  los militares no actuaron solos.  Los tribunales chilenos mantienen abiertas unas 350 causas por desapariciones, torturas, detenciones ilegales  y actos de  conspiración, que involucran a unos 700 militares. Pero los cómplices civiles, en su gran mayoría, gozan de la más amplia  y vergonzante impunidad.
Uno de esos civiles, cómplices en la violación de los derechos humanos, es Fernán Gazmuri Plaza, actualmente Presidente de la Asociación Chile de Seguridad, ACHS.
Hace algunos días, la Periodista Mónica Pérez de TVN fue galardonada con el “Premio Carmen Puelma”, que otorga, la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS. En el acto de entrega del galardón – que bien ganado se lo tiene Mónica Pérez – se ve a Fernán Gazmuri Plaza, en compañía del Ministro del Interior, frente a lo cual cabe hacerse la pregunta,  si la exitosa periodista premiada, sabía de las andanzas de ese distinguido  empresario, que le entregó el premio.
Con esto no estamos cuestionando, ni a la ACHS, ni al premio, que son anteriores al advenimiento de Gazmuri, ni menos a la periodista Mónica Pérez,  inocente en todo este hecho. Solo se trata de resaltar la impudicia de un hombre sobre el cual, pesa en su conciencia el haber sido cómplice de crímenes atroces.
Así es. Según denuncias de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y por relatos acreditados por ex trabajadores de la Empresa Elecmetal, el día 17 de Septiembre de 1973, se perpetró un crimen que hasta el presente está impune.
La Empresa Elecmetal, durante el Gobierno de la Unidad Popular, estuvo en manos de los trabajadores y después del Golpe, fue devuelta a sus antiguos dueños, nombrándose a Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta Militar. Tal como lo relata el Informe Rettig los sucesos se desarrollaron de la siguiente forma:
El 17 de Septiembre de 1973, la empresa ELECMETAL había reiniciado sus actividades después de los sucesos acaecidos el 11 del mismo mes.  Ese mismo día los trabajadores reiniciaron sus labores, ello de acuerdo a la solicitud hecha por las nuevas autoridades.

Alrededor de las 10:00 horas del día anteriormente indicado, se hizo presente en la empresa un contingente de carabineros y militares, quienes en forma selectiva procedieron a detener a algunos de los trabajadores.  Las detenciones decían relación con los cargos que a la fecha ocupaban en el sindicato de la empresa y en el llamado Cordón Industrial Vicuña Mackenna, sector geográfico en el que se ubicaba la empresa.

La detención se produjo en presencia de los ejecutivos, dueños de la empresa y de los demás trabajadores, entre los cuales se encontraba un hermano de dos de las víctimas.

De acuerdo a testimonios y otros antecedentes recibidos por esta Comisión, las cinco personas fueron detenidas al interior de la empresa ELECMETAL, por un contingente integrado por carabineros y militares.  Fueron conducidos dos vehículos distintos, uno de los cuales pertenecía a ELECMETAL.  Se desconoce el recinto al que son conducidos y donde fueron ejecutados

Sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública y remitidos al Instituto Médico Legal por carabineros del Retén Macul.  La fecha de sus muertes corresponde al día 17 de septiembre entre las 10:50 horas y las 06:30 horas del día 18 de septiembre, siendo la causa de la muerte en todos los casos, múltiples heridas a bala. 

Considerando las circunstancias de su detención; la causa de su muerte y que los cuerpos fueron remitidos al Instituto Médico legal por carabineros, esta Comisión se formado la convicción que Augusto Andino Alcayaga Aldunate, José Rosa Devia Devia, Juan Dagoberto Fernández Cuevas, Miguel Alberto Fernández Cuevas y José Maldonado Fuentes, fueron ejecutados por agentes del Estado, constituyéndose una violación a sus derechos fundamentales al margen de todo proceso y justificación.

Los ejecutivos de la Empresa citados por el Informe Retigg son entre otros, Gustavo Ross, Gerente, y Fernán Gazmuri Plaza, Director. El propietario de la Empresa era Ricardo Claro Valdés.

Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció cómo sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.
La investigación de este crimen está en tribunales bajo el rol 21 – 82 – 98 caratulado como “Episodio Elecmetal”, causa investigada  por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Luis  Zepeda Arancibia.
Es importante destacar que en este caso aparezca igualmente implicado el destacado empresario y asesor prominente de Pinochet, Ricardo Claro, que finalmente muere casi en olor de santidad, como un prohombre del empresariado, filántropo y mecenas, sin que nunca se investigaran siquiera las sospechas de su participación en hechos luctuosos. Entre otros, que la Compañía Sudamericana de Vapores, empresa de su propiedad, cediera a la armada, el buque "Lebu", para que sirviera como centro de detención y tortura y como transporte de detenidos.
Al igual que Claro, Gazmuri Plaza,  en los últimos 38 años, ha gozado de los privilegios del poder económico y político, accediendo  a altos cargos directivos empresariales. Ha sido Presidente de Citroen Chile, Gerente General de ELECMETAL, Director de Cristalerías Chile, ARMCO Chile, Inversiones Hendaya, Quimetal, Cemento Polpaico y Agsametal. Vicepresidente de Cámara Internacional de Comercio. Miembro fundador de Magenta Computación, Bresler, Hush Puppies Chile y Agrícola Río Tinto. Actualmente es Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y miembro del directorio de la Universidad De Las Américas.
Paradojalmente este año ha sido elegido Presidente de la Asociación  Chilena de Seguridad, ACHS, entidad que está llamada justamente a velar por la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, que según declara  su misión consiste en, "procurar para el hombre de trabajo, en conjunto con las empresas asociadas, ambientes laborales sanos, seguros y exentos de riesgos, a fin de preservar en plenitud su integridad tanto física como síquica”. Otra incongruencia es que en calidad de presidente de la ACHS, que Gazmuri participe como anfitrión en la entrega del Premio “Carmen Puelma” que se otorga para “incentivar el periodismo positivo, entendiéndose como tal,  aquel que resalta valores y principios éticos y morales como parte de su labor profesional y de apoyo al progreso y engrandecimiento del país”.
Las contradicciones son evidentes e implacables, el hecho  que un violador de los Derechos Humanos, presida una entidad de “seguridad de los trabajadores” y otorgue un premio que resalta los valores éticos y morales.
El Caso de Fernán Gazmuri Plaza, es uno de tantos cómplices civiles de violaciones a los derechos humanos, que siguen en la impunidad. Es hora de generar las condiciones para que estos personajes finalmente enfrenten la justicia y se ponga en práctica el principio de la igualdad ante la ley, y se apliquen  los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. 

 Ronald Wilson (ALDHU)









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