Guantánamo, veinte años de horror. Art. Baltasar Garzón

Han pasado 20 años desde que llegaran a Guantánamo los primeros detenidos. El centro de detención norteamericano está ubicado en una base naval situada en el este de Cuba. El gobierno cubano reclama continuamente su cierre y considera que se encuentra en territorio ocupado. La prisión se construyó en 96 horas, tras los terribles ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y ha llegado a contar con 780 prisioneros. Pertenecían a 49 nacionalidades distintas, sobre todo afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes y, cuando fueron detenidos, sus edades oscilaban desde los 13 a los 89 años. Guantánamo es un lugar inexpugnable donde la tortura y la impunidad estaban —y es de suponer que están aún—, a la orden del día.

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Sin duda sigue siendo una demostración de lo peor de un Estado y de lo que los seres humanos son capaces de inferir a sus semejantes. En estas dos décadas solo han sido procesados doce de los recluidos y de ellos dos fueron condenados por una comisión militar. Hoy quedan aún 39 personas presas, 27 de ellas, por tanto, sin cargos. Las 27 personas sobre las que no pesa acusación alguna en todo este tiempo permanecen allí en el concepto de que son detenidos de guerra en el conflicto con Al Qaeda, sin que se vea final a su situación.  Señalo, como recordaba recientemente el diario La Vanguardia, que el juicio a los cinco presuntos cabecillas del 11-S, entre ellos el supuesto líder Jalid Sheij Mohamed, sigue sin iniciarse después de diez años de audiencias previas.

En 2002, desde el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, yo había dictado un procesamiento contra el ciudadano español Hamed Abderraman Ahmed —alias Hamido y preso en Guantánamo— como integrante de la célula española de Al Qaeda y, en diciembre de 2003, emití una orden de detención. Esto me sirvió para reclamar a Estados Unidos su extradición. Se consiguió su libertad en febrero de 2004 a cambio del compromiso del Gobierno de José María Aznar de mantenerlo en prisión, asunto que está claro era en realidad de mi competencia en base al procedimiento abierto. El 13 de febrero, Interpol me confirmó su entrega. Recuerdo que, ese mismo día, recibí la llamada del ministro de Justicia, José María Michavila pidiéndome la seguridad de que el detenido no sería puesto en libertad, pues podría perjudicar las elecciones que se iban a celebrar el 14 de marzo siguiente. Le respondí de forma contundente que lo que me decía estaba fuera de lugar.

Impactante declaración

Aquel iba a ser el primer caso en el mundo en el que se conseguía liberar a una persona de aquella prisión. Se trataba de que alguien que había estado privado de todos sus derechos los recuperara, sin perjuicio de las imputaciones que se le pudieran hacer y que eran anteriores a su marcha desde España a Afganistán. Una vez que llegó, ordené que fuera sometido a un exhaustivo examen médico, pero antes, le pregunté sobre la detención y el trato recibido en Guantánamo.

Reproduzco mis notas de aquellas fechas: “Me habló de celdas individuales de hierro (jaulas) de 2 x 1,5 m; con salida, no todos los días, de quince minutos al exterior, en silencio permanente, con capucha en la cabeza, golpes en el rostro, sucesivos interrogatorios sin abogado. Durante más de dos años, esta persona ha vivido una situación de no derecho. He acordado que le ingresen en el Gregorio Marañón, a pesar de que los informes médicos no son desfavorables. He experimentado una sensación confusa. Por una parte, la satisfacción de que me hayan entregado a un presunto terrorista, pero, por otra, la pena, el malestar, la repugnancia y el desasosiego que me produce la desorientación que traía, el calvario que ha tenido que pasar en ese campo de concentración. He autorizado que la familia lo vea en espacio abierto y cómodo (el despacho del secretario y no en los calabozos) por si esta alternativa le pudiera traer lo vivido en Guantánamo. El letrado Javier Nart ha estado muy profesional y me ha comentado que presentará una demanda de responsabilidad civil contra los Estados Unidos”.

EEUU contra el juez

En el 2009 inicié la apertura de una causa judicial para investigar a los responsables de las torturas contra los presos de Guantánamo. Se sumaron varias denuncias y querellas. Hoy todavía, como aquel día de 2004, me sobrecoge el relato de las víctimas. La práctica de la tortura ha sido una tentación y una constante a lo largo de la historia. En múltiples investigaciones así se ha constatado (dictaduras, Guantánamo, Abu Ghraib, terrorismo, cárceles, interrogatorios). Es la negación en sí misma de la racionalidad del ser humano y la negación más grosera del Estado de derecho.

Como es natural, las autoridades norteamericanas nunca colaboraron sino para impedir la investigación con la colaboración inestimable de algunos funcionarios españoles, según se desveló en el 2010 por WikiLeaks. No se me olvidan aquellos cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid que hablaban de «torcer el brazo a Garzón» o «sospechamos que Garzón va a conseguir toda la publicidad para el caso a no ser que se le obligue a abandonarlo». Probablemente esa publicación salvó precisamente el caso e hizo que los magistrados de la Audiencia Nacional confirmaran la competencia y ordenaran la continuación de la investigación. El Tribunal Supremo español calificaría Guantánamo de limbo judicial, considerando que cualquier prueba obtenida allí era ilegal.  

El informe del Senado USA

El 9 de diciembre de 2014, un informe del Senado norteamericano dejaba claro que Guantánamo constituye la escenificación de la barbarie de un sistema que perdió toda referencia humanitaria y que olvidó el Estado de derecho en las cloacas de los centros de detención clandestinos, prisiones secretas y en cada golpe o humillación sobre personas desvalidas, privadas de los más elementales derechos. En un artículo que publiqué días después en la web de mi Fundación, FIBGAR, reseñaba lo mismo que hoy pienso, que la justificación de la necesidad de aplicar estos métodos para combatir el terrorismo, además de constituir una aberración jurídica, es falsa y soporta un engaño de más de doce años, compartido por muchos gobiernos y sistemas judiciales que han permanecido en un ominoso silencio. Y que la vergüenza se extiende a todos aquellos países cuyos dirigentes han consentido y siguen consintiendo las ilícitas acciones de las agencias norteamericanas y de quienes les ayudan o soportan.

Pero, más aún, que ese dictamen del Senado confirmaba que tales acciones criminales de la CIA en Guantánamo fueron inútiles pues los detenidos —que no habían sido juzgados— ante estos métodos expeditivos, firmaban declaraciones falsas que debían servir para justificar a los altos responsables de esa agencia de información y a las autoridades USA que torturaron sistemáticamente como medio para luchar contra el terrorismo y como política de Estado para someter a otros países.

La Jurisdicción Universal

En cuanto a la administración estadounidense, el presidente George Bush admitió que los talibanes y afganos detenidos quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares violaba las leyes internacionales. Fueron excarcelados 500 de los arrestados. Otros 200 saldrían de su encierro durante el mandato de Obama, quien planteó cerrar el centro en un año. Llegó Donald Trump y paralizó este proceso. Joe Biden alcanzó la presidencia con la promesa de clausurarlo. Hasta la fecha solo se ha trasladado a un preso. La postura de su administración es clara: Guantánamo es “una mancha moral”, como declaró el portavoz del Departamento de Estado Ned Price. Pero Biden se enfrenta a la postura de los republicanos en el Senado que rechazan cualquier posibilidad en este sentido. Consideran a los reclusos peligrosos y se prohíbe que se utilicen fondos públicos para su transporte a cualquier destino o para mejora alguna en las instalaciones penitenciarias.

En Londres, actualmente se suceden protestas por lo que denominan presos eternos. “Acusadles o soltadles”, reclaman los manifestantes. Guantánamo se constituye como una vergüenza y un paradigma de lo que un país que se disfraza de derechos humanos, es capaz de hacer contra ellos equivocando el mensaje de salvaguarda del mundo.

La Jurisdicción Universal, instrumento que nos permitió en España llevar a cabo esta instrucción y los juicios posteriores, se había revelado como una herramienta capaz de poner en jaque los ataques sistemáticos y arbitrarios por parte de cualquier régimen por poderoso que fuera, pero la política soporta mal las presiones y, en demasiadas ocasiones, los jueces no luchan como debieran por su independencia. La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, con el gobierno del PP, venía a echar el cierre definitivo tras una primera reforma en 2009 con un gobierno socialista, que la limitaba. Si España había sido un referente mundial, los intereses geopolíticos remataron la actitud combativa contra la impunidad y el amparo a los vulnerables.

En cuanto a Guantánamo, siempre busqué la fórmula para sacar de aquel lugar de pesadilla a quienes podía. Las consecuencias que me han reportado mis convicciones han sido diversas y evidentes. Pero todo ello no ha hecho sino reafirmarme, hoy y durante estos veinte años, en que la defensa de las víctimas y las garantías del Estado de Derecho se deben mantener por encima de cualquier componenda, y que es crucial denunciar a aquellos que buscan poner obstáculos al ejercicio de la Justicia independiente. Por muy poderosos que sean.

Fuente: Infolibre.es

Guantánamo, en su 20 aniversario, sigue siendo condenado por las “violaciones implacables” de derechos humanos y la impunidad en la prisión.

 A veinte años de la llegada de los primeros detenidos al enclave estadounidense en Cuba, los relatores destacaron las detenciones arbitrarias sin juicio y la tortura perpetrada en esa base militar durante ese periodo. Asimismo, repudiaron la impunidad de los responsables de esos abusos.

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Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* condenó este lunes el centro carcelario de Guantánamo, afirmando que se trata de un lugar donde se cometen violaciones implacables y continuas de las garantías fundamentales de los detenidos y que constituye una mancha en el compromiso del gobierno de Estados Unidos con el estado de derecho.

Al cumplirse veinte años de la llegada de los primeros detenidos al enclave estadounidense en Cuba, los relatores se refirieron a las detenciones arbitrarias sin juicio y a la tortura o malos tratos perpetrados en esa base militar durante ese periodo como prácticas “inaceptables” para cualquier gobierno, pero particularmente para el estadunidense, que se dice protector de los derechos humanos.

En este contexto, sostuvieron que Guantánamo es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas y prohibición de la tortura patrocinada por el Estado, así como de la impunidad de la que gozan los responsables.

“Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo”, declararon en un comunicado conjunto.

Una vez más, los expertos pidieron al gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, que regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros respetando el principio de no devolución, que brinde remedio y reparación a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes, y que obligue a que los responsables de los actos de tortura que rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.

Estados Unidos, miembro del Consejo de Derechos Humanos

“Como miembro recién electo del Consejo de Derechos Humanos, los expertos piden nuevamente a Estados Unidos que cierren esta instalación y terminen este feo capítulo de violaciones despiadadas de los derechos humanos”, apuntaron.

Los expertos señalaron que en 2003, esa prisión albergaba a 700 reclusos y subrayaron que dos décadas después aún quedan 39 detenidos de los cuales sólo nueve han sido acusados ​​o condenados por algún delito y trece serán trasladados.

Refirieron que entre 2002 y 2021, murieron nueve detenidos bajo custodia, dos por causas naturales y, según los informes, siete se suicidaron. Ninguno de ellos había sido acusado o condenado de delito alguno.

“Guantánamo es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales”, enfatizaron.

Todo esto, agregaron, pese a la repetida e inequívoca condena de la operación de esa prisión.

Los expertos en derechos humanos expresaron especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todo este tiempo y repudiaron la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a las que obliga el derecho internacional.

“El estrés y la vulnerabilidad de estas personas y la angustia que viven sus familias continúan sin fin a la vista”, lamentaron.

Comisiones militares

Los relatores especiales denunciaron los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcaron la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos.

Acentuaron las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de derecho que dan lugar a un limbo legal en Guantánamo con su aprobación y apoyo.

Para concluir, los expertos encomiaron la valiente y ardua labor de los abogados defensores que han luchado para proteger el estado de derecho y que han revelado las violaciones de los derechos humanos por parte de las comisiones militares.

Los firmantes del comunicado son la relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer; sobre la trata de personas, Siobhán Mullally; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; sobre el derecho a la integridad física y salud mental, Tlaleng Mofokeng; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

Fuente: Noticias ONU

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Es necesario que exista un esfuerzo por parte de los países democráticos por respetar las reglas de este sistema. En este caso, la utilización de métodos contrarios a los derechos humanos, a la libertad y a la democracia muestran un desprecio hacia el resto de democracias y hacia las personas que no forman parte de su círculo. La democracia se debe defender en democracia y no mediante otro tipo de actuaciones que ponen en riesgo todos los valores que quisieran defender". 

Cuba: Cierra 2021 con cientos de presos políticos y sin amnistía en el horizonte

 Para manifestantes del 11 y 12 de julio, las condenas impuestas en juicios sumarios pueden oscilar desde 12 meses hasta 27 años en cárcel.

#Cuba #2021 #presospolíticos

Para finales de 2020, organizaciones dedicadas a la promoción de la democracia y los derechos humanos reportaban la cifra de 134 presos y condenados por motivos políticos en Cuba. Un año después, en el país caribeño hay cientos de personas privadas de su libertad por no comulgar con el régimen “socialista”. Las elevadas cifras emergen casi en su totalidad del estallido social del 11 de julio de 2021, cuando residentes de la mayoría de las provincias se lanzaron a las calles con reclamos heterogéneos bajo un común denominador: pedían “cambios”.

Eran momentos en que la etiqueta #SOSCuba se había vuelto viral en redes sociales debido al activismo ciudadano y a la solidaridad de decenas de personalidades internacionales como la exestrella porno Mia Khalifa, quien llegó a dar los “buenos días” a todos excepto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Se vivió también, por esas fechas de julio, la desesperación por la escasez de oxígeno para tratar a pacientes de COVID-19, el retorno de los apagones de fin de siglo, la falta de medicamentos y alimentos básicos, así como productos de primera necesidad.

Por acumulación —no de un año sino de 62—, los cubanos llegaron a las calles. Hicieron suyo el lema ‘Patria y vida’ de la canción homónima, y por unos días la esperanza volvió a la nación y no dejó indiferente al exilio. Los manifestantes demostraron que no era imposible gritar Libertad frente a los ojos del poder. Sobre todo, si el símbolo de ese reclamo es una anciana con un cubierto, golpeando una cazuela vacía. La “abuelita” cubana, como muchos empezaron a llamarla, se convirtió en un ícono de la resistencia y del estallido social. Su imagen recorrió pantallas y quedó grabada no solo en un mural de la Calle 8 en Miami, sino también en cada uno de sus coterráneos.

Del orgullo a la indignación

Los sentimientos, a lo largo de estos meses, han ido mutando. El orgullo inicial y la esperanza de cambio que suscitaron las protestas, tomaron forma de indignación por las severas condenas que imponen los órganos de justicia cubanos a los manifestantes. Pocos días después de las protestas comenzaron las detenciones y los juicios sumarios colectivos en los que fueron sentenciadas al menos 67 personas según admitió el Ministerio de Justicia (MINJUS). Fueron juicios colectivos (con o sin abogados defensores) en los que las penas de cárcel varían entre 8 y 12 meses. A medida que han pasado los meses, otros manifestantes han sido enjuiciados por la vía ordinaria en tribunales municipales.

Mientras los meses anteriores transcurrieron en espera de juicios a unos 800 manifestantes, diciembre ha venido a sustituir la pausa por la prisa en los tribunales. En la semana laborable del 13 al 17 de diciembre, de acuerdo con la plataforma Justicia 11-J —de documentación de presos políticos— dieron curso a juicios contra manifestantes del 11 y del 12 de julio, a los que la Fiscalía ha llegado a pedir hasta 27 años de privación de libertad. Si bien algunos familiares fueron notificados con muy poca antelación, la plataforma investigó que estaban previstos al menos 8 juicios a alrededor de 100 manifestantes del 11-J en varias provincias del país, que se suman a las otras 37 personas sancionadas en juicios ordinarios en semanas previas.

Más juicios antes de Navidad

Hasta ahora, aunque el MINJUS admite 67, Justicia 11-J ha documentado la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios, y de juicios ordinarios a 204 personas. Al menos otras 204 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio. Antes de Navidad, durante la semana del 20 al 24 de diciembre, documentan 8 juicios a unos 55 manifestantes del 11J en varias provincias del país, sumándose a los 108 juzgados la semana pasada. “Entre los delitos que se imputan están instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, denegación de auxilio, desobediencia, resistencia, evasión de presos y detenidos, y daños. Continúan los juicios por el delito (contra la Seguridad del Estado) de sedición”, expone la plataforma y precisa que además serán juzgados esta semana, sin relación con las protestas del 11J, los activistas y exprisioneros políticos Tony Salazar Deulofeo y Carlos Álvarez Rojas.

Asimismo, el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C. alertó en un comunicado que la vida del activista Demis Valdés Sarduy corre peligro tras declararse en huelga de hambre desde hace más de una semana exigiendo atención médica. Valdés Sarduy participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio Placetas, Villa Clara, en el centro de la isla, y fue detenido el 18 de julio en el Hospital de Placetas donde se encontraba con su hijo enfermo. Fue trasladado a la Prisión La Pendiente, ubicada en Santa Clara, donde lo mantuvieron incomunicado. La vista oral del juicio de los procesados por las protestas del 11J ocurrió los días 15, 16 y 17 de diciembre en la ciudad de Placetas.

Reclamos y huelga

El reclamo de este centro busca que “las organizaciones de derechos humanos” y “los gobiernos libres del mundo” intercedan “ante el régimen de La Habana por la vida de Valdés Sarduy”, quien “padece estrechez de la uretra y tiene un marcapaso que debieron reprogramarle desde mucho antes de ir a prisión”.

“A modo de protesta mantiene una huelga de hambre a tal punto que en la vista oral se desmayó y lo retiraron una hora de la sala. El abogado solicitó un cambio de medida, pero no hay respuesta al mismo”, explicó desde Cuba Librado Linares García, líder del Movimiento Cubano Reflexión, quien agregó que al activista se le impide hablar por teléfono con su esposa.

Esta organización declaró que durante el mes de diciembre “se comenzaron a acelerar los juicios, luego se interrumpieron y comenzaron de nuevo”. Para un juicio celebrado el 14 de diciembre en el Tribunal de Juan Delgado y Carmen, en el municipio 10 de Octubre, La Habana (correspondiente a la Sala de la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial), “según fuimos informados, se sacaron los presos de madrugada, vestidos de civil, la casi totalidad de ellos eran de [la prisión] Combinado del Este, [en el este de la capital], y vinculados a los sucesos del 12 de julio en [el barrio habanero] La Güinera, las peticiones fiscales estaban entre 15 y 30 años de privación de libertad”.

En el mismo tribunal intentó testificar Aldo Delgado, familiar del manifestante cubano-canadiense Luis Compte, a quien le piden 24 años de cárcel. Contra toda lógica, Delgado fue detenido en el juicio. Nadie está a salvo en la repartición de sanciones que dirige el Estado cubano.

Con más de 1.300 personas en un listado de detenidos creado por iniciativa ciudadana —700 de ellas presas al día de hoy—, el gobierno se sigue mostrando tal cual es: impiadoso, conservador, atascado en rígidos y viejos esquemas sin cabida para el disenso ciudadano. Tan centrado está en perpetuarse en el poder, que se torna ciego y sordo ante la realidad espeluznante de mantener en sus cárceles, como parte de la alta cifra de presos políticos, a menores de edad. Diversas organizaciones y personas dentro y fuera de Cuba se han pronunciado por su liberación. Sin embargo, para los presos políticos, sean jóvenes o adultos, no parece haber amnistía en el horizonte.

Fuente: Diario las américas

CIDH, preocupada por acciones en Cuba para "desalentar derecho a la protesta"

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por las violaciones al debido proceso y las "penas desproporcionadas" denunciadas por organizaciones sociales en Cuba y señaló que tienen como misión "desalentar" el derecho a la protesta.

Como parte de su 181 periodo ordinario de sesiones, que arrancó hoy, la Comisión acogió una audiencia pública dedicada a la "situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba", en la que participaron distintas organizaciones civiles y ningún representante del Gobierno de la isla.

"Cuba tiene obligaciones en materia de derechos humanos que debe de cumplir", afirmó el relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón, en su intervención.

#CIDH reiteró su preocupación ante las violaciones a la #LibertadExpresión y garantías de debido proceso observadas en el marco de las protestas sociales, y resaltó su compromiso en continuar monitoreando la situación y recabando información #181PeriodoCIDH pic.twitter.com/uqf6hTMCtc

— CIDH - IACHR (@CIDH) October 21, 2021

Sobre las movilizaciones, la abogada cubana Laritza Diversent, de la organización Cubalex, indicó que desde ese día se ha registrado la detención de 1.130 personas, de las cuales 572 están privadas de la libertad.

Al respecto, Ralón se dijo "de sobremanera" preocupado por las denuncias sobre "una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas", que consideró tienen como "única finalidad" desalentar "el libre ejercicio del derecho a la protesta".

El funcionario lamentó que hayan tenido lugar en la isla "procesos sumarios, donde no hay garantías" en los que se han llegado a imponer penas de prisión de "18 años de cárcel o de varios años" por ejercer el derecho a manifestar, que aseguró "debería estar protegido y garantizado".

Por su parte, la activista Katherine Mojena Hernández expresó en su exposición la "profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y que siguen sucediendo hasta la fecha" en la isla

Fuente: Cooperativa.cl

La Asamblea General rechaza una vez más de forma abrumadora el embargo a Cuba

La Asamblea General de las Naciones se pronunció una vez más este miércoles de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales.

La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania).

Con su voto de hoy, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe. La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la sesión pasada sobre el tema, en noviembre de 2019.

La resolución A/75/L.97 se suma a las 28 que se han adoptado anualmente desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

“Acto de genocidio”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presente en la sala, afirmó en el debate que precedió la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y agregó que según la Convención de Ginebra de 1948, “constituye un acto de genocidio”.

Se trata, dijo, “de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia, que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo”.

El canciller cubano preguntó qué les ocurriría a otras economías, incluso de países ricos, si se les sometiera a condiciones similares.

Precisó que de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9157 millones de dólares a precios corrientes y que en el último lustro las pérdidas superaron los 17.000 millones de dólares. Los daños acumulados en las seis décadas ascienden a 147.853 millones de dólares.

Que cese la persecución

“El reclamo de Cuba es vivir sin bloqueo, que cese la persecución de nuestros lazos comerciales y financieros con el resto del mundo”, recalcó.

Rodríguez Parrilla aseveró que el bloqueo “es un acto políticamente motivado” descrito a la perfección “en el infame memorando” del Departamento de Estado estadounidense del 6 de abril de 1960 que llama a poner en práctica “todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros” para provocar hambre y desesperación con el objetivo de derrotar al gobierno.

En este sentido, el diplomático acusó a Estados Unidos de querer provocar inestabilidad política y social en el contexto de las dificultades económicas causadas por su propia política de castigo al pueblo cubano.

Política anacrónica

No obstante, los intentos de mostrar un fracaso del sistema y de sostener que el bloqueo no es un factor significativo de las dificultades económicas del país no han funcionado sino que han tenido un efecto de aislamiento de Estados Unidos de la comunidad internacional, que pugna por el fin del embargo.

“Muchos alegan pragmáticamente, incluso dentro del gobierno estadounidense, que se debe poner fin al bloqueo porque es una política anacrónica e ineficaz que no ha logrado ni logrará su objetivo y ha terminado por desacreditar y aislar al propio Estados Unidos”, enfatizó.

Para concluir, Rodríguez Parrilla agradeció las muestras de solidaridad internacionales y aseguró que, “como el virus, el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar”.

Estados Unidos

Antes de la votación, Rodney Hunter, coordinador político de la Misión de Estados Unidos ante la ONU anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba.

“Las sanciones son un conjunto de herramientas de nuestro esfuerzo más amplio para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, señaló.

Hunter reconoció los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y añadió que por eso Estados Unidos provee al país caribeño suministros humanitarios, además de ser “uno de los principales socios comerciales de Cuba”.

“Cada año autorizamos miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano”, insistió.

A favor del multilateralismo

Los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea, al igual que los bloques de países, que tomaron la palabra durante la sesión reiteraron la urgencia de ponerle fin al embargo estadounidense a Cuba, particularmente en la emergencia que vive el mundo frente a la pandemia de COVID-19.

Del mismo modo, encomiaron la manera en que la isla caribeña ha sorteado la crisis sanitaria e, incluso, desarrollado vacunas contra el coronavirus.

Acabar con el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba es impostergable, fue la voz unísona, llamando a defender el multilateralismo y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Fuente: Noticias ONU

CÁRCEL DE GUANTÁNAMO, petición de cierre

Excancilleres y personalidades de Latinoamérica exhortan a Biden al cierre de Guantánamo

Veintitrés excancilleres y una cincuentena de personalidades políticas, académicas y diplomáticas de la región pidieron a Estados Unidos la clausura definitiva de la prisión

#Guantanamo #Cuba #latinoamérica Derechoshumanos

A través de una carta pública, 78 personalidades políticas, académicas y diplomáticas de Latinoamérica exhortan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo, Cuba, donde todavía permanecen 40 detenidos. Lo hacen luego de la solicitud que 24 senadores demócratas le hicieron al mandatario para clausurar definitivamente el recinto establecido en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De acuerdo a un reciente informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas, los apresados se encuentran en una especie de limbo legal, fuera del alcance del sistema judicial y constitucional estadounidense. Entre los firmantes de la misiva latinoamericana se encuentran 23 excancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Perú, junto a otras voces de países como Nicaragua y Uruguay.

“Entendemos que esa solicitud de los legisladores apunta a reivindicar el respeto a la ley, la centralidad de los derechos humanos y de la democracia en la política interna e internacional de Estados Unidos. Sin embargo, tal decisión trascendería la dimensión local y enviaría un claro y significativo mensaje al mundo y a América Latina en particular, en cuyo territorio se encuentra establecida esa prisión”, asegura la carta pública firmada por la Mesa de Reflexión Latinoamericana, una comunidad de relaciones internacionales de América Latina, que agrupa a nombres relevantes del mundo diplomático de la región. Entre los firmantes se encuentran los excancilleres Susana Malcorra (Argentina), Celso Amorim (Brasil), Carlos Iturralde Ballivián (Bolivia), José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés (Chile), Rodrigo Psrdo (Colombia), Bernardo Sepúlveda (México), entre otros. El peruano Rafael Roncagliolo, canciller de Ollanta Humala entre 2011 y 2013, se involucró activamente en la redacción de la carta a Biden hasta pocas horas antes de su muerte, que se produjo este sábado.

Para los latinoamericanos, el gesto de cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo, “en una hora tan crucial como la que vivimos, contribuiría a crear un nuevo espacio de conversación en el continente americano”. Se refieren a asuntos como el fortalecimiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la desigualdad, la cooperación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, y la reestructuración del sistema interamericano. La Mesa de Reflexión Latinoamericana, que nació en 2020 a propósito de la discusión sobre la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apela a consolidar una “deliberación moderna, respetuosa e ineludible que se deben Estados Unidos y América Latina”, según la misiva que será hecha pública este lunes, a la que tuvo acceso EL PAÍS.

En este contexto, las personalidades políticas, académicas y diplomáticas de la región consideran que el cierre de la prisión de Guantánamo puede llegar a convertirse en un “símbolo de gran valor en ese nuevo espacio de análisis de las relaciones interamericanas, en horas de incertidumbre y desafío”. El Gobierno del republicano George W. Bush estableció una prisión militar de alta seguridad en la base naval que Estados Unidos tiene en Guantánamo (Cuba) para concentrar a los arrestados acusados de terrorismo en la operación internacional que el país inició tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas en Nueva York

Fuente: El País

ROCÍO MONTES Santiago De Chile - 02 MAY 2021 - 14:49 ECT